• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 904/2013
  • Fecha: 03/03/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula la Orden de 22 de octubre de 2009, de la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, por la que se regula la constitución y funcionamiento de la Comisión de Evaluación del Medicamento de los hospitales del Sistema Sanitario Público en Aragón, por considerar que la naturaleza de la Orden es la de reglamento ejecutivo o de desarrollo y no organizativo, y se ha aprobado sin informe previo del Consejo Consultivo de Aragón y sin el trámite de audiencia. Desestimación del recurso de casación. 1º) Rechaza la falta de legitimación activa de la recurrente en la instancia, pues la regulación de la Orden no es indiferente a sus intereses comerciales desde el momento en regula la aprobación de una Guía Unificada cuyo fin es la inclusión obligatorias de medicamentos que deban dispensarse. 2º) Y en relación a la naturaleza de la Orden impugnada, porque lo que subyace en él es la interpretación de la normativa autonómica; en cualquier caso, de la Orden se deduce un contenido de desarrollo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS CUDERO BLAS
  • Nº Recurso: 5499/2008
  • Fecha: 15/07/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se declaró conforme a derecho una liquidación efectuada al amparo de la Disposición Adicional Novena de la Ley del Medicamento. Desestimación del recurso de casación porque: 1) El Tribunal Constitucional ya ha declarado que la obligación establecida por la referida disposición adicional 9ª es ciertamente una prestación patrimonial de carácter público, a efectos de la reserva de ley, pero entiende que no reúne las características propias de un tributo. 2) Cualquier merma de las posibilidades de defensa que hipotéticamente hubiera podido haber en vía administrativa habría quedado luego subsanada no sólo por la interposición del recurso de alzada, sino sobre todo por la del recurso contencioso-administrativo. 3) No tiene sentido que la recurrente insinúe que la cifra utilizada por la Administración es incorrecta -o, cuanto menos, dudosa- sin aportar al mismo tiempo toda la información de que ella misma dispone. 4) La liquidación debe hacerse sobre las ventas del ejercicio del año inmediatamente anterior, lo que impide tomar en consideración precios posteriores y distintos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: FERNANDO NIETO MARTIN
  • Nº Recurso: 536/2013
  • Fecha: 15/07/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente recurso el juzgado a quo no accede a la pretensión de invalidez jurídica que el apelante planteó contra un acuerdo del Sr. director general de Farmacia y Productos Sanitarios le impuso una sanción de 30.006 "por haber realizado distribución de medicamentos sin contar con la preceptiva autorización" La apelante arguye que la conducta que dio lugar al expediente sancionador no era ilegal en la época en la que se produjeron los hechos pues la tipificación de la conducta de "distribución" de medicamentos por parte del titular de una oficina de farmacia aparece, ex novo, con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2011, que modificó la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos de 26 julio 2006.El artículo 101 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos no es aplicable en la Comunidad Valenciana por lo que en materia sancionadora relativa a la prestación farmacéutica es directamente aplicable la Ley 6/1998. La Sala no accede a la revocación de la sentencia al considerar la ley de 2006 directamente aplicable El hecho de que sea normativa básica hace que el tipo de infracción que recoge necesariamente ha de ser aplicado. La normativa anterior, a las claras y sin mayores dudas interpretativas, prohibía distribuir medicamentos a quienes no tuviesen autorización para ello. Que luego se prevea un tipo autónomo para la distribución que tenga su origen en oficinas de farmacia no quiere decir, desde luego, que antes la conducta era impune.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 3337/2009
  • Fecha: 08/02/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central por la que dicho tribunal se declara incompetente por razón de la materia para conocer de las reclamaciones económico-administrativas acumuladas interpuestas contra Acuerdos de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. En este sentido, esta Sala y Sección, a partir de la Sentencia de 14 de julio de 2015 (recurso de casación 6365/2008), ha venido dictando una serie de sentencias aplicando las consecuencias de la Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2015 (FJ.5), declarando que «la reciente STC 44/2015 ha desestimado un recurso de inconstitucionalidad?contra la disposición adicional 48ª de la Ley 2/2004?, por la que se añadió la disposición adicional 9ª a la Ley 25/1990. El Tribunal Constitucional considera que la obligación establecida por la referida disposición adicional 9ª es ciertamente una prestación patrimonial de carácter público, a efectos de la reserva de ley del art. 31.3 CE; pero entiende que no reúne las características propias de un tributo, de manera que no entra dentro del supuesto de hecho del art. 134.7 CE». Tras lo expuesto decaen todos los motivos de casación en cuanto que están basados en la inconstitucionalidad del descuento litigioso así como los motivos centrados en cuestionar la naturaleza del mismo, por considerar que se trata de un tributo con base en preceptos de legalidad ordinaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 7015/2010
  • Fecha: 30/03/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central declarándose incompetente para revisar una liquidación derivada de la Disposición Adicional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Desestimación del recurso de casación, remitiéndose a lo razonado en las sentencias de 8 de febrero de 2016, dictadas en los recursos de casación números 3337/2009 y 3772/2009, que ratificabn la incompetencia del Tribunal Económico-Administrativo Central para conocer de la reclamación, pues la liquidación recurrida, aunque se trata de una prestación patrimonial de carácter público, a efectos de la reserva de ley, sin embargo no reúne las características propias de un tributo. Y se llega a tal conclusión tras la STC 44/2015, que desestimó un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional 48ª de la Ley 2/2004, de Presupuestos Generales del Estado para 2005, por la que se añadió la disposición adicional 9ª a la Ley 25/1990, por considerar que la obligación establecida por la referida disposición adicional 9ª es ciertamente una prestación patrimonial de carácter público, a efectos de la reserva de ley del art. 31.3 CE, pero entiende que no reúne las características propias de un tributo, de manera que no entra dentro del supuesto de hecho del art. 134.7 CE.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 3173/2010
  • Fecha: 30/03/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestimación del recurso de casación deducido frente a la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central que inadmitió por falta de competencia la reclamación económico-administrativa dirigida contra la liquidación efectuada a la recurrente por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, al amparo de la Disposición Adicional sexta de la Ley 29/2006, al entender que tal liquidación no tiene naturaleza tributaria. El presente recurso no difiere en nada que sea jurídicamente relevante a los ya resueltos por esta Sala en las sentencias dictadas el 8 de febrero de 2016 en los recursos de casación núms. 3337/2009 y 3772/2009, pues la propia parte recurrente afirma que la regulación contenida en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006 es prácticamente idéntica a la de la Disposición Adicional novena de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre (introducida por la Disposición Adicional cuadragésima octava de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre). Por tanto, en aplicación del principio de unidad de doctrina procede llegar ahora a la misma decisión alcanzada en aquellas sentencias, sin que para satisfacer el deber de motivación sea necesario transcribir sus razonamientos jurídicos, pues estos son conocidos de la parte aquí recurrente, dado que lo era también en aquellos recursos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 1449/2010
  • Fecha: 13/04/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestimación del recurso de casación deducido contra la liquidación efectuada a la recurrente por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, al amparo de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006, al entender que tal liquidación no tiene naturaleza tributaria. El presente recurso no difiere en nada que sea jurídicamente relevante al ya resuelto por esta Sala en la sentencia dictada el 11 de febrero de 2016 en el recurso de casación núm. 838/2009, pues la propia parte recurrente afirma que la regulación contenida en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006 es prácticamente idéntica a la de la Disposición Adicional Novena de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre (introducida por la Disposición Adicional cuadragésima octava de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre). Por tanto, en aplicación del principio de unidad de doctrina procede llegar ahora a la misma decisión alcanzada en aquellas sentencias, sin que para satisfacer el deber de motivación sea necesario transcribir sus razonamientos jurídicos, pues estos son conocidos de la parte aquí recurrente, dado que lo era también en aquellos recursos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 1684/2015
  • Fecha: 23/06/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sección 4ª de la Sala Tercera desestima el recurso de casación en interés de ley, pues la doctrina de la sentencia impugnada no puede considerarse gravemente dañosa para el interés general ya que se impuso una sanción a un farmacéutico por distribuir medicamentos a otras oficinas de farmacia y dicha conducta no estaba tipificada como infracción en el período de 2006 hasta 2011. Y el grave daño para los intereses generales vendría determinado, en este caso, por la consolidación de una doctrina errónea cuando el efecto fuera que la Administración no pudiera ejercer su potestad sancionadora ante las declaraciones de los tribunales que consideraban que la conducta no estaba incluida en la descripción del ilícito administrativo. Sin embargo, en este caso, tal consecuencia no se produce porque la reforma introducida por el RD Ley 9/2011, de 19 de agosto, al completar el cuadro de infracciones, impide dicho efecto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: VIRGINIA MARIA DE FRANCISCO RAMOS
  • Nº Recurso: 440/2014
  • Fecha: 15/09/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna la resolución de la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya que confirmaba el requerimiento realizado a la recurrente a fin de que se proporcionara información sobre la forma jurídica del almacén mayorista, el número de cooperativistas, accionistas o socios, si todas las personas físicas son o no farmacéuticos, y si se tratara de una cooperativa de menos de 20 cooperativistas o una sociedad mercantil de menos de 100 socios, declaración responsable de que ninguno de sus miembros/accionistas que sean farmacéuticos se encuentra en ejercicio profesional en oficina de farmacia, establecimiento comercial detallista o agrupación ganadera o servicio de farmacia hospitalaria u otras estructuras asistenciales, a fin de determinar la compatibilización del ejercicio profesional del farmacéutico y la aplicación de los principios constitucionales de seguridad jurídica, confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Ninguno de los socios tiene un derecho consolidado y adquirido a su favor sobre el almacén mayorista del que son accionistas o sobre la oficina de farmacia que regentan y por lo tanto no tienen un derecho preferencial en la nueva ordenación farmacéutica, que establece un régimen de incompatibilidad y así lo establece la Directiva europea, sin que suponga incurrir en retroactividad alguna. No se vulnera el principio de igualdad ni el de libertad de empresa
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: JOSE DE BELLMONT Y MORA
  • Nº Recurso: 411/2014
  • Fecha: 26/10/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sentencia apelada inadmite recurso por falta de acción, resolución del Secretario Autonómico de la Consellería de Sanidad, que desestima recurso de alzada contra resolución de la DG de Farmacia y Productos Sanitarios por el pago tardío de los medicamentos dispensados a los usuarios de la sanidad pública, todo ello por importe de 3655 €. La Generalidad Valenciana planteo y se estimó por el Juzgado la falta de acción de los farmacéuticos, considerados individualmente, para la reclamación efectuada. Sin embargo dicha legitimación les fue reconocida en vía administrativa y debemos recordar que el reconocimiento de legitimación en vía administrativa, impide negar tal legitimación en vía jurisdiccional. Se estima el recurso de apelación. Y la Sala estima también el recurso contencioso-administrativo en su día interpuesto: no se puede cuestionar la validez jurídica de establecer mediante convenio un régimen jurídico de pago donde no se contempla el periodo de carencia en el devengo de intereses de dos meses. Se ratificar el sistema vigente en el convenio. El concierto firmado por la Consejería de Sanidad y los Colegios de Farmacéuticos es un Acuerdo Marco tal como establece el artículo 9.1 del Decreto Ley 2/2013 de la Comunidad Valenciana, establece las condiciones de concertación para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana.