• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ENRIQUE LECUMBERRI MARTI
  • Nº Recurso: 6179/2011
  • Fecha: 12/11/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala considera ajustada a Derecho la sentencia recurrida, que sostiene la tesis que subsana la deficiencia sobre la falta de concreción de elementos correctores acudiendo a los criterios del Decreto 909/78, que no fue derogado en su integridad por el RDL 11/96, que permite para un supuesto muy concreto que no aparece regulado en su integridad, primero, subsanar o cubrir la laguna existente, -falta de los elementos correctores previstos en la norma aplicable-, segundo, adecuar la población del núcleo a la real existente partiendo de los datos del padrón municipal y, tercero, posibilitar la aplicación de la norma en un régimen transitorio, y adecuar el servicio farmacéutico en beneficio de los propios usuarios a los términos previstos y establecidos por la norma aplicable, pues lo que la norma ordena es la apertura de una farmacia por cada 2800 habitantes y que, superada esa cifra, el incremento posterior de 2000 habitantes autoriza la apertura de otra farmacia.En cuanto a a la prueba de los habitantes para determinar la población de hecho a efectos de apertura de oficinas de farmacia, la Sala viene atendiendo, tanto a las certificaciones que dejan constancia de los habitantes censados, como a los demás medios de prueba que justifiquen objetivamente la población de hecho existente y a los criterios supletorios, como contadores de suministro de agua y electricidad y número de viviendas construidas y ocupadas, siempre que se trate de datos objetivos, seguros y constatables.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN GONZALO MARTINEZ MICO
  • Nº Recurso: 54/2009
  • Fecha: 19/02/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS estima el recurso de casación para la unificación de la doctrina planteado frente a la SAN que desestimó el contencioso-administrativo promovido contra la liquidación del IVA a la importación de los ejercicios 1996, 1997 y 1998. A la hora de determinar el tipo impositivo se ha de estar a la naturaleza, cualidades e idoneidad del producto para la elaboración de medicamentos si no se ha dedicado a cosa distinta, procediendo la aplicación del tipo impositivo reducido. Del tenor literal de la norma (art. 91.2.1.3 LIVA) no se deriva que tenga que ser el importador quien fabrique el medicamento, para aplicar el tipo reducido, por lo que será de aplicación también cuando los comercialice para la obtención de medicamentos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 4373/2004
  • Fecha: 01/12/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación relativo a las Instrucciones para la implantación efectiva del Sistema de precios de referencia en la facturación de recetas del Sistema Nacional de Salud y gestión de la información agregada a dicho Sistema. El Real Decreto-ley 5/2000 establece diferentes márgenes profesionales según que las especialidades farmacéuticas dispensadas y vendidas sean genéricas o específicas. Es intención inequívoca de la norma fomentar el uso de genéricos. Al ser esos márgenes distintos la deducción tendrá que ser necesariamente diferente, pero no es esa deducción litigiosa la causante del trato diferente sino los márgenes comerciales del art. 2 del mismo texto legal, que están en función del tipo de medicamento o especialidad farmacéutica. Las deducciones operan "sobre el volumen de facturación al Sistema Nacional de Salud", y la facturación se predica de las recetas cargo de la Seguridad Social, luego ese "volumen de facturación" no se identifica con lo que aporta la Seguridad Social al precio de cada medicamento, sino con el resultante de la suma de las recetas emitidas con cargo a la Seguridad Social en ese periodo mensual, que se hace atendiendo al precio de venta al público. Éste se forma agregando al precio industrial los márgenes comerciales de distribución y comercialización, "la deducción opera" sobre ese precio que la Administración debe reintegrar al titular de la oficina de farmacia, pero previo descuento de la parte del precio del medicamento percibida del...
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 904/2013
  • Fecha: 03/03/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula la Orden de 22 de octubre de 2009, de la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, por la que se regula la constitución y funcionamiento de la Comisión de Evaluación del Medicamento de los hospitales del Sistema Sanitario Público en Aragón, por considerar que la naturaleza de la Orden es la de reglamento ejecutivo o de desarrollo y no organizativo, y se ha aprobado sin informe previo del Consejo Consultivo de Aragón y sin el trámite de audiencia. Desestimación del recurso de casación. 1º) Rechaza la falta de legitimación activa de la recurrente en la instancia, pues la regulación de la Orden no es indiferente a sus intereses comerciales desde el momento en regula la aprobación de una Guía Unificada cuyo fin es la inclusión obligatorias de medicamentos que deban dispensarse. 2º) Y en relación a la naturaleza de la Orden impugnada, porque lo que subyace en él es la interpretación de la normativa autonómica; en cualquier caso, de la Orden se deduce un contenido de desarrollo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 30/2005
  • Fecha: 01/12/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso contencioso administrativo contra el R.D. 2402/2004, por el que se desarrolla el art. 104 de la Ley 25/1990 del Medicamento, para las revisiones coyunturales de precios de especialidades farmacéuticas y se adoptan medidas adicionales para la contención del gasto farmacéutico. Conforme a lo resuelto en la STC 83/2014, la deducción controvertida, al ser impuesta coactivamente por el poder público con una evidente finalidad de interés público, ostenta la naturaleza de una prestación patrimonial de carácter público sometida en su establecimiento y configuración al principio de reserva de ley (art. 31.3 CE). Sin embargo, dicha prestación carece de naturaleza tributaria, pues con ella no se pretende establecer una nueva forma de ingreso público con la que coadyuvar a la financiación del gasto público, sino intervenir en una actividad incardinada en un sector regulado con la finalidad de racionalizar el gasto farmacéutico mediante una asignación eficiente y económica de los recursos públicos disponibles. Por tanto, no cabe hablar de vulneración de los principios de capacidad económica y de no confiscatoriedad. No se lesiona el art.14 CE, pues aunque se admitiera que los términos de comparación son idénticos -lo que no es así-, el eventual trato dispar al que pueda conducir la aplicación de la norma no carece de una justificación objetiva y razonable, en la medida que persigue reducir el gasto público mediante un uso racional de los medicamentos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SANTIAGO MARTINEZ-VARES GARCIA
  • Nº Recurso: 3314/2008
  • Fecha: 29/06/2010
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos de requerimiento de pago correpondiente a aportaciones pendientes al 31 de diciembre de 2003, con base en el incumplimiento del compromiso asumido por la mercantil recurrente en su propuesta de precio de la especialidad farmacéutica ULCERAL 40 mg, 14 cápsulas y 28 cápsulas. Tras desestimar la alegación de incongruencia omisiva, desestima el recurso. El primer motivo, en el que se alega que los acuerdos fueron adoptados sin estar incluídos en el orden del día de las sesiones, porque existía un acuerdo de reclamación ya decidido y conocido anteriormente por la Comisión, y por tanto no precisaba para su exigencia de una nueva discusión o deliberación en la Comisión sino de la ejecución del mismo. En segundo lugar, porque aunque no hubo contrato de la Administración en cuanto tal, sí hubo un compromiso del laboratorio recurrente fruto de una proposición que hizo a la Administración y que no dejan lugar a duda acerca de los compromisos que el laboratorio adquirió libremente con la Administración. En tercer lugar, porque la Administración aceptó fijar el precio que propuso el laboratorio y las condiciones que el mismo estipuló y producido el desfase en las ventas solicitó el cumplimiento de las obligaciones libremente contraídas por la empresa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO MARTI GARCIA
  • Nº Recurso: 1934/2008
  • Fecha: 09/12/2010
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso rechazando el único motivo de casación, pues no yerra la sentencia de instancia por cuanto la parte recurrente parte de un error al entender que las normas directamente aplicables al presente caso, son las que disciplinan el régimen transitorio del sistema de precios de referencia, tal y como se expresa en la argumentación jurídica de la Sentencia del Alto tribunal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 1644/2008
  • Fecha: 23/12/2009
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestimación, pues contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la Sentencia dictada en el recurso nº 532/02 no declaró nulo el artículo 22.1 del Decreto autonómico 45/2002, en el que se basa la sentencia recurrida para desestimar el recurso, sino que declaró nulo únicamente un inciso del citado artículo referido a la inspección farmacéutica. Por otra parte, el Decreto recurrido sí respeta los preceptos de la Ley del Medicamento. Por último, existe una falta de análisis y argumentación consistente del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 30/2017
  • Fecha: 29/06/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala, tras efectuar una consideración general sobre el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por los sistemas nacionales de salud que están vigentes en numerosos Estados miembros de la Unión Europea, como medio de control del gasto farmacéutico, fija la definición de "principio activo" a los efectos de la Ley 29/2006 y concluye que las presentaciones de medicamentos que quieran ser financiadas con fondos públicos deben cumplir dos requisitos: 1- que tengan el mismo principio activo , y 2-que tengan idéntica vía de administración. La controversia radica en determinar si los distintos medicamentos tienen el mismo principio activo. Partiendo de lo expuesto, y por cuanto se refiere al conjunto H86, con remisión a su Sentencia de 12 de julio de 2016 (recurso contencioso administrativo nº 966/201), resuelve que cuando la denominación del principio activo que figura en la ficha técnica del medicamento es completamente distinta la que figura en el conjunto de referencia del que forma parte, como acontece en este caso, la Administración ha de justificar por qué ha cambiado dicha denominación. Si es que estamos ante principios activos diferentes, si son idénticos, si comparten parte de la sustancia/sustancias a que se refiere el artículo 8.c de la Ley 29/2006. Añade que no es posible diferenciar entre principios activos generales y específicos, porque ha de tratarse del "componente activo" del medicamento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAMON TRILLO TORRES
  • Nº Recurso: 58/2009
  • Fecha: 01/12/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso contencioso-administrativo contra el R.D. 2130/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para aplicar las deducciones correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano con cargo a las Mutualidades de Funcionarios. Estas deducciones constituyen una prestación patrimonial de carácter público (art. 31.3 CE), sometidas, por tanto, a reserva de ley. El art. 3 del Real Decreto-Ley 5/2000 estableció una escala de deducciones para los medicamentos dispensados con cargo a la Seguridad Social, añadiendo que el Gobierno regulará el procedimiento a seguir cuando se trate de recetas de especialidades farmacéuticas dispensadas con cargo a Mutualidades de funcionarios, pero ese dato literal no puede entenderse en el sentido de que la habilitación a la esfera estrictamente procedimental, pues ello conduciría a vaciar de significado el precepto.La escala del Real Decreto impugnado es uniformemente aplicable a todas las oficinas de farmacia de España, salvo las ubicadas en Ceuta y Melilla por tratarse de "casos excepcionales en el contexto nacional" por razón de la concentración de personal militar. Salvo tal caso excepcional, no hay ninguna diferencia de trato normativo de unas oficinas de farmacia a otras. No cabe apreciar vulneración del art.14 CE, ni de la reserva de ley.La omisión del trámite de "previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos" no tiene carácter invalidante de la disposición.