• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 3337/2009
  • Fecha: 08/02/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central por la que dicho tribunal se declara incompetente por razón de la materia para conocer de las reclamaciones económico-administrativas acumuladas interpuestas contra Acuerdos de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. En este sentido, esta Sala y Sección, a partir de la Sentencia de 14 de julio de 2015 (recurso de casación 6365/2008), ha venido dictando una serie de sentencias aplicando las consecuencias de la Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2015 (FJ.5), declarando que «la reciente STC 44/2015 ha desestimado un recurso de inconstitucionalidad?contra la disposición adicional 48ª de la Ley 2/2004?, por la que se añadió la disposición adicional 9ª a la Ley 25/1990. El Tribunal Constitucional considera que la obligación establecida por la referida disposición adicional 9ª es ciertamente una prestación patrimonial de carácter público, a efectos de la reserva de ley del art. 31.3 CE; pero entiende que no reúne las características propias de un tributo, de manera que no entra dentro del supuesto de hecho del art. 134.7 CE». Tras lo expuesto decaen todos los motivos de casación en cuanto que están basados en la inconstitucionalidad del descuento litigioso así como los motivos centrados en cuestionar la naturaleza del mismo, por considerar que se trata de un tributo con base en preceptos de legalidad ordinaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 1449/2010
  • Fecha: 13/04/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestimación del recurso de casación deducido contra la liquidación efectuada a la recurrente por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, al amparo de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006, al entender que tal liquidación no tiene naturaleza tributaria. El presente recurso no difiere en nada que sea jurídicamente relevante al ya resuelto por esta Sala en la sentencia dictada el 11 de febrero de 2016 en el recurso de casación núm. 838/2009, pues la propia parte recurrente afirma que la regulación contenida en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006 es prácticamente idéntica a la de la Disposición Adicional Novena de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre (introducida por la Disposición Adicional cuadragésima octava de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre). Por tanto, en aplicación del principio de unidad de doctrina procede llegar ahora a la misma decisión alcanzada en aquellas sentencias, sin que para satisfacer el deber de motivación sea necesario transcribir sus razonamientos jurídicos, pues estos son conocidos de la parte aquí recurrente, dado que lo era también en aquellos recursos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 5505/2008
  • Fecha: 17/07/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución- liquidación de 8 de julio de 2005 derivada de lo dispuesto en la disposición adicional noventa de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre. Desestimación. 1º,porque el artículo 24 de la CE consagra determinadas garantías procesales que rigen en sede jurisdiccional; no en sede administrativa, y cualquier merma de las posibilidades de defensa que hipotéticamente hubiera podido haber en vía administrativa habría quedado luego subsanada no sólo por la interposición del recurso de alzada, sino sobre todo por la del recurso contencioso-administrativo. 2º, porque los medios de prueba propuestos no hubieran servido para enervar, por sí solos, las conclusiones a las que llegó la Sala de instancia, y la parte recurrente disponía de los datos relativos a las ventas realizadas a sus distintos clientes en el período de referencia, sin que, por tanto, necesitara de complemento documental alguno para constatar las cifras correspondientes. 3º, porque la liquidación debe hacerse sobre las ventas del ejercicio del año inmediatamente anterior. Es jurisprudencia constante de esta Sala la de que un mismo reproche de ilegalidad a la sentencia impugnada no puede articularse a la vez como error in procedendo y error in iudicando, ya que los requisitos legalmente exigidos para unos y otros -así como, en su caso, las consecuencias- no son coincidentes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 4716/2008
  • Fecha: 17/07/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución-liquidación de fecha 22 de junio de 2005, derivada de lo dispuesto en la Disposición Adicional 9ª de la Ley 25/1990. Desestimación. 1º, porque el artículo 24 de la Constitución consagra determinadas garantías procesales que rigen en sede jurisdiccional, no en sede administrativa, y cualquier merma de las posibilidades de defensa que hipotéticamente hubiera podido haber en vía administrativa habría quedado luego subsanada no sólo por la interposición del recurso de alzada, sino sobre todo por la del recurso contencioso-administrativo. 2º, porque los medios de prueba propuestos no hubieran servido para enervar, por sí solos, las conclusiones a las que llegó la Sala de instancia, y la parte recurrente disponía de los datos relativos a las ventas realizadas a sus distintos clientes en el período de referencia, sin que, por tanto, necesitara de complemento documental alguno para constatar las cifras correspondientes. 3º, porque la liquidación debe hacerse sobre las ventas del ejercicio del año inmediatamente anterior. Es jurisprudencia constante de esta Sala la de que un mismo reproche de ilegalidad a la sentencia impugnada no puede articularse a la vez como error in procedendo y error in iudicando, ya que los requisitos legalmente exigidos para unos y otros -así como, en su caso, las consecuencias- no son coincidentes
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS CUDERO BLAS
  • Nº Recurso: 5499/2008
  • Fecha: 15/07/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se declaró conforme a derecho una liquidación efectuada al amparo de la Disposición Adicional Novena de la Ley del Medicamento. Desestimación del recurso de casación porque: 1) El Tribunal Constitucional ya ha declarado que la obligación establecida por la referida disposición adicional 9ª es ciertamente una prestación patrimonial de carácter público, a efectos de la reserva de ley, pero entiende que no reúne las características propias de un tributo. 2) Cualquier merma de las posibilidades de defensa que hipotéticamente hubiera podido haber en vía administrativa habría quedado luego subsanada no sólo por la interposición del recurso de alzada, sino sobre todo por la del recurso contencioso-administrativo. 3) No tiene sentido que la recurrente insinúe que la cifra utilizada por la Administración es incorrecta -o, cuanto menos, dudosa- sin aportar al mismo tiempo toda la información de que ella misma dispone. 4) La liquidación debe hacerse sobre las ventas del ejercicio del año inmediatamente anterior, lo que impide tomar en consideración precios posteriores y distintos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Málaga
  • Ponente: MARIA ROSARIO CARDENAL GOMEZ
  • Nº Recurso: 662/2011
  • Fecha: 21/10/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Resolución impugnada de 12 de abril de 2011, impone al titular de una oficina de farmacia 96.706,25 euros por una infracción muy grave tipificada en el artículo 76.2 de la Ley 22/2007 de 18 de diciembre de Farmacia de Andalucía: en visita de Inspección a un almacen se encontraron varias cajas de medicamentos procedentes del farmaceútico quien es reconocido como responsable del almacén como uno de sus proveedores habituales. El art. 101.2.b.2 de la ley 29/2006, de 26 de julio de garantías y uso inadecuado de los medicamentos considera infracción grave: 2ª Elaborar, fabricar, importar, exportar, dispensar o distribuir medicamentos por personas físicas o jurídicas que no cuenten con la preceptiva autorización. La Sala estima el recurso: puede considerarse que a partir del 20 de agosto de 2011 es cuando puede considerarse típica y previsible la conducta imputable por la Administración Sanitaria a D. Rodrigo siendo así que con anterioridad hemos de considerar que no estaba tipificada la conducta, y no cumpliéndose esta condición temporal en el presente supuesto debe estimarse por ello el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 647/2004
  • Fecha: 15/11/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acuerdo-Marco de Condiciones de Concertación de las Oficinas de Farmacia, aprobado por el Gobierno de Navarra mediante resolución de 13 de mayo de 2002. La sentencia de casación razona que la inconstitucionalidad de los artículos 29 y 30.4, inciso final, de la Ley Foral 12/2000, no supone la inconstitucionalidad del régimen de concierto con las oficinas de farmacia, y que aunque resulta necesaria la uniformidad derivada de la financiación pública del medicamento según el sistema de precios de referencia o equivalente y que la dispensación de medicamentos no puede ser objeto de un sistema de concierto que permita una adhesión voluntaria al mismo por parte de los farmacéutico, sin embargo añade que las Comunidades Autónomas pueden establecer la regulación complementaria respecto de este último punto, siempre que respeten el núcleo esencial del deber de dispensación establecido por la norma básica, y mejorar la regulación uniforme mínima, siempre que se respeten los mínimos establecidos por la norma básica estatal. Por todo ello, estima el recurso de casación y declara la nulidad del Acuerdo Marco en todas aquellas previsiones que establezcan o estén vinculadas al régimen dual regulado en la Ley 12/2000 respecto de la dispensación de medicamentos y de las condiciones económicas en la atención farmacéutica en los términos expuestos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Pamplona/Iruña
  • Ponente: MARIA DE LAS MERCEDES MARTIN OLIVERA
  • Nº Recurso: 405/2014
  • Fecha: 22/12/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna el Acuerdo del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra por el que se estima parcialmente el recurso de reposición formulado contra el acuerdo que resuelve el expediente sancionador seguido por la comisión de una infracción sanitaria de carácter muy grave prevista en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, por haber dispensado medicamentos sin factura o albarán que lo sustente. En la resolución del recurso de reposición se estima la alegación formulada contra la apreciación de reincidencia, rebajando el importe de la sanción. La Sala declara que la Administración ha acreditado un déficit de envases existentes entre los suministrados por los almacenes de distribución a la oficina de farmacia y los dispensados por esta en el período inspeccionado y queda acreditada la culpabilidad. En cuanto a la proporcionalidad de la sanción y su motivación, la Administración rebajó la sanción de 130.000 euros a 100.000 euros, al considerar que la agravante de reincidencia no podía ser aplicada, en cuanto que la infracción anterior y su correspondiente sanción no había adquirido firmeza en vía administrativa, y considera que se da intencionalidad por el volumen de envases. De este modo, queda motivado, y la multa impuesta es proporcional, dado el elevado número de envases cuya dispensación en legal forma no se ha justificado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 9574/2004
  • Fecha: 22/11/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Decreto Foral 197/2001 de 16 de Julio, por el que se dictan normas de desarrollo de la Ley Foral 12/00 de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica en materia de oficinas de farmacia. Tras tener por no invocadas las infracciones de normas autonómicas, se estima el recurso de casación por incongruencia omisiva de la sentencia, toda vez que la asociación alegaba, en su escrito de demanda, la lesión del principio de igualdad respecto la preferencia establecida en el artículo 4.2.d) del Decreto impugnado, y la sentencia guarda absoluto silencio al respecto. Desestimación del recurso contencioso-administrativo, pues es lógico que se otorgue preferencia a los farmacéuticos ya establecidos, y la supuesta discriminación que se denuncia no es tal, pues obedece a una justificación objetiva y razonable. Además, el Decreto impugnado atiende al principio básico de correspondencia entre las respectivas planificaciones sanitaria y farmacéutica. Por otra parte, nada impide que se supere el número mínimo de oficinas de farmacia regulado en la Ley foral. La inconstitucionalidad de los artículos 29 y 30.4, inciso final, de la Ley Foral no supone, sin embargo, la inconstitucionalidad del régimen de concierto con las oficinas de farmacia, siempre que quede al margen el cumplimiento de las obligaciones legales. Y la impugnación de los artículos 4.2.b), 4.9 y 8.1 carece de objeto, pues ya fueron declarados nulos por sentencia del Tribunal Supremo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 168/2011
  • Fecha: 03/05/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Legalidad de la prescripción por personal de enfermería. La Sala Tercera del TS defiende la plena constitucionalidad de la prescripción enfermera, declarando que ni la propia prescripción enfermera ni la orden de dispensación enfermera de medicamentos "no se muestran, siquiera indiciariamente que contravengan la Constitución por atribuir nuevas competencias profesionales de prescripción a los enfermeros". Inexistencia de vulneración de los límites sustantivos de la potestad reglamentaria; la interdicción de la arbitrariedad, las técnicas de la díscrecionalidad y la materia reglamentaria. En el caso de los medicamentos con receta médica que podrían ser prescritos por enfermeros, la prescripción por el médico de medicamentos sujetos a receta médica no se ve alterada con el Real Decreto impugnado ni con la regulación contenida en la Ley del Medicamento: "La novedad radica en que el enfermero podrá indicar el uso de medicamentos sujetos a prescripción médica, es decir, tras haber sido recetados por el médico, mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros y validados por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud". No vulneración de los límites sustantivos de la potestad reglamentaria; la interdicción de la arbitrariedad, las técnicas de la discrecionalidad y la materia reglamentaria. El voto particular aboga por haber planteado la cuestión de inconstitucionalidad.