• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 669/2017
  • Fecha: 21/05/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestimación del recurso por infracción procesal: la sentencia impugnada no vulnera los preceptos alegados, relativos al ámbito de conocimiento del tribunal de apelación (diferente del propio de casación: permite revisión completa con el límite del art. 465.5 LEC), valoración y carga de la prueba. Estimación del recurso de casación: la jurisprudencia consolidada configura el perjuicio para la masa activa como un sacrificio patrimonial injustificado, que no se puede equiparar con la alteración de la par conditio creditorum y que implica una aminoración del valor del activo carente de justificación. En el caso, cuando se realizaron las daciones en pago controvertidas, pese a la proximidad de la declaración de concurso, el sacrificio patrimonial que suponían no era injustificado porque se extinguieron pasivos por el doble del valor de los derechos cedidos, de modo que no existió detrimento de la masa activa; y porque la novación sufrida por los créditos concursales afectados por el concurso permitió a los acreedores cobrar sus créditos, más tarde, pero en similar proporción (quita del 50%) y en dinero. No se aprecian circunstancias excepcionales en la naturaleza de los créditos o en la condición del acreedor que permita afirmar el carácter injustificado de la diferencia de trato entre los acreedores que vieron satisfecho parcialmente su crédito. Además, la cesión de unos derechos de difícil explotación en esos momentos ahorró a la concursada los gastos de mantenimiento.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Pontevedra
  • Ponente: MANUEL ALMENAR BELENGUER
  • Nº Recurso: 54/2017
  • Fecha: 03/03/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma la sentencia que desestima la oposición formulada por los titulares del capital social de la concursada, uno de ellos, también, su administrador, frente a la rendición de cuentas presentada por la administración concursal, y la declaración de la conclusión del concurso. La rendición de cuentas se configura como un deber legal de todo administración concursal una vez finalizada su labor, que puede surgir cuando los administradores cesen en el cargo o cuando se da una de las causas de conclusión del concurso, conforme al cual se debe justificar cumplidamente la utilización que se haya hecho de las facultades de administración conferidas, en todos los informes de la administración concursal previos al auto de conclusión del concurso, e igualmente informar del resultado y saldo final de las operaciones realizadas. La intervención judicial tiene por objeto verificar si las cuentas que rinde la Administración concursal -y que han sido impugnadas- deben ser aprobadas porque indican de manera completa qué actos de administración y disposición patrimonial ha llevado a cabo, qué fondos ha percibido y qué pagos ha realizado, y en consecuencia, cuál ha sido el resultado y saldo final de las operaciones realizadas. No cabe pues la impugnación de actos que ya tuvo su cauce procesal ni la solicitud de documentación que debe estar aportada.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Pamplona/Iruña
  • Ponente: ILDEFONSO PRIETO GARCIA-NIETO
  • Nº Recurso: 653/2015
  • Fecha: 07/03/2016
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La resolución apelada resolvió el recurso de reposición interpuesto por el administrador del concurso por el que se acordaba su separación del cargo ratificando que existió mala fe en dicho administrador porque, si bien el informe emitido en la fase común y posteriores solicitudes de autorización, se informó sobre la intervención de la sociedad inmobiliaria en la liquidación y de la comisión que habría de cobrar, sin embargo esa información se habría sustraído en el Plan de Liquidación, evitando el control de los acreedores y del tribunal. Se alza el Administrador frente a dicha resolución y la Sala desestima su recurso argumentando; la apreciación de una justa causa de separación del cargo, que se establece en el artículo 37 Ley Concursal como parámetro para acordarla o no, ha de valorarse acudiendo al conjunto de normas que, dentro no solo de la propia Ley Concursal sino también de otras disposiciones, conforman el modelo de conducta exigible a estos profesionales a través de la regulación de los deberes y de las funciones que se les atribuyen; en este caso, el apelante propuso inicialmente un Plan que contemplaba la venta de activos inmobiliarios no mediante la actividad directa del liquidador/administrador concursal, sino a través de una entidad dedicada al comercio inmobiliario, la cual en todo o en parte le pertenecía y pretendiendo que la misma percibiera por ello una jugosa comisión a pagar por la masa ,hecho este suficiente para apreciar justa causa de separación.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Córdoba
  • Ponente: MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES
  • Nº Recurso: 1429/2018
  • Fecha: 29/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de primera instancia calificaba el concurso como culpable, al reputar acreditado el incumplimiento relevante por la entidad concursada CASAS DE CÓRDOBA S.L., y su responsable administrador, de los deberes de contabilidad, de solicitud oportuna concursal y de colaboración con la administración concursal, reconociendo como persona concreta afectada por la calificación al administrador único de la entidad, con las consecuencias legales que se reputaron oportunas, y en particular la inhabilitación especial del mismo por cuatro años y condena solidaria del entero déficit concursal, con expresa imposición de costas al mismo. Por la concursada como por el administrado se recurre en apelación dicha sentencia, alegando en esencia error en la valoración de la prueba, recurso que es desestimado por el Tribunal, que una vez analizados los criterios establecidos en la Ley para declarar como culpable el concurso, analiza los motivos de la declaración de culpable a la luz de las pruebas; así, con relación a la contabilidad esta no fue depositada desde el año 2009; con relación al superávit, éste se sustentaba en un activo ficticio o incierto; y, en cuanto a al defecto de solicitud concursal como al incumplimiento del deber de colaboración con la AC, no hay prueba en contrario de dichas presunciones. Por último, en cuanto a la pena y obligación de pago del déficit por el administrador es proporcional a la culpabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 457/2017
  • Fecha: 10/05/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Rescisión concursal: dación en pago de los derechos que la concursada tenía sobre ocho plazas de parking a favor de un acreedor, en pago de su crédito. Se reitera el concepto de perjuicio para la masa. La dación en pago supone un concierto de voluntades entre deudor y acreedor por el que este consiente recibir, con carácter solutorio, un aliud pro alio (una cosa por otra), con el efecto de extinguir la obligación originaria. Se trata de un negocio complejo, pues participa de las características del pago o cumplimiento de una obligación, de la compraventa y de la novación por cambio de objeto que, con efectos solutorios, extingue la primitiva obligación. Desde el punto de vista del acuerdo de transmisión de bienes o derechos que supone la dación en pago, el importe por el que se transmitían era el doble de su valor, razón por la cual no habría propiamente sacrificio patrimonial. Es únicamente desde el punto de vista de la satisfacción del crédito que se extinguía con la dación, que podría existir alguna duda sobre el perjuicio, en atención al momento y las circunstancias en que se realizó (3 meses antes de la declaración de concurso y junto a otras cesiones en pago de plazas de parking por un importe total de 4.428.600 euros). Esas circunstancias temporales de la dación en pago hubieran podido ser muy relevantes si el importe de los créditos fuera equivalente o inferior al valor de los derechos cedidos, pero consta acreditado que el importe del crédito extinguido era superior.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Cuenca
  • Ponente: JOSE EDUARDO MARTINEZ MEDIAVILLA
  • Nº Recurso: 312/2017
  • Fecha: 06/02/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por el J. de la primera instancia se dicta sentencia, por la que se califica como culpable el concurso de "ASOCIACIÓN INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CUENCA” y se declaran tres personas físicas afectadas, a las que se le condena a inhabilitación para administrar bienes a 5 años y a cubrir el déficit concursal. Frente a dicha resolución se interpuso apelación y por el Tribunal se confirma la calificación de culpable del concurso, pero se rebaja a tres años la condena de inhabilita a las personas afectadas y se deja sin efecto la condena a pagar o cubrir el déficit concursal, al estimar el motivo contra la causa de falta de colaboración con la AC y el Juez, al no ser ni persistente ni reiterada la falta de colaboración; al estimar, que cuando se presento el concurso no habían transcurrido los seis meses para presentar las cuentas de 2015, al ser una Asociación de utilidad pública; y también estimar la anulación de la condena del déficit concursal a las personas afectadas, porque la recurrida no plasma ni un solo razonamiento tendente a justificar la medida en que la conducta, que ha determinado la calificación del concurso como culpable, haya generado o agravado la insolvencia. Sin embargo desestima el resto de motivos, al ser extemporánea la solicitud del concurso o la falta de documentación aportada que fue incompleta, pues no revelaba la realidad de la información facilitada, causas de la calificación como culpable.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: MARIA ARANTZAZU ORTIZ GONZALEZ
  • Nº Recurso: 32/2017
  • Fecha: 30/03/2017
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Resuelve el Auto sobre la decisión de sobreseer la petición de concurso voluntario de una persona física por ausencia de bienes, cuando no constaba (por ser de aportación posterior) una sentencia que le reconocía un crédito por varios miles de euros. Pero esta nueva circunstancia habrá de permitir la reapertura del concurso, pues el juez decidió con la documentación que poseía. En todo caso, la Audiencia señala que el Acuerdo Extrajudicial de pago no puede basarse en cualquier tipo de comunicación con los acreedores. Además, el art 231 LC impide acudir a un AEP con un concurso abierto o mientras se está tramitando un acuerdo de refinanciación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 1036/2017
  • Fecha: 30/05/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que la AEAT instó la rescisión concursal de la cesión en pago de los derechos de uso de 2 plazas de garaje que había realizado una mercantil en situación de insolvencia, en pago de los créditos que ostentaba un tercero, unos días antes de declaración de concurso. En primera instancia se desestimó la demanda y en segunda se estimó el recurso y se acordó la rescisión concursal de la dación en pago al considerarla injustificada y perjudicial para la masa activa. Se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación por la concursada; el primero se desestima por no apreciar infracción del principio de justicia rogada, ni falta de claridad o incongruencia, ni error en la valoración probatoria del perjuicio para la masa y del estado de insolvencia del deudor, al ser conceptos que encierran valoraciones jurídicas y no fácticas; el segundo se estima al no apreciar que los actos de disposición objeto de rescisión concursal hayan ocasionado perjuicio para la masa activa, ya que las daciones en pago se hicieron meses después de la comunicación del art. 5 bis LC, no se trató de una operación aislada sino de un conjunto de ellas por importe global de 4.428.600 euros, que en todas ellas el valor de las plazas de garaje fue muy inferior al importe de los créditos, que los bienes recibidos eran de difícil comercialización; por ello, no se aprecia un sacrificio patrimonial injustificado al extinguirse pasivos por el doble del valor de los derechos cedidos.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: RAFAEL FUENTES DEVESA
  • Nº Recurso: 470/2016
  • Fecha: 08/09/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se revoca la sentencia que concede a la concursada el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho al quedar acreditada su incumplimiento del deber de información al haber omitido incluir en el inventario unos activos inmobiliarios, al margen y con independencia de su valor que tampoco se ha acreditado inexistente, pues ciertamente la ocultación de bienes hubiera determinado la calificación del concurso culpable lo que excluye de por sí el beneficio, y habida cuenta que la constatación de bienes del deudor ocultados, salvo cuando sean inembargables, determina la revocación del beneficio.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA
  • Nº Recurso: 2002/2018
  • Fecha: 21/06/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Una vez solicitado el pre-concurso, la concursada solicitó de la entidad bancaria créditos para satisfacer deudas y, a la vez, se constituyeron garantías para la devolución de esos créditos (prendas e hipoteca). El pre-concurso se desistió al haber llegado la deudora a acuerdos con los principales acreedores. Poco después volvió a solicitar otro pre-concurso, se declaran vencidos los créditos y se pide concurso voluntario. No existe cosa juzgada entre un incidente en el que se pretendía una calificación de la prenda como crédito privilegiado especial y este incidente de rescisión, en el que se plantea si dicha operación supone un perjuicio patrimonial injustificado para la masa del concurso. En este caso, la defensa de las operaciones de refinanciación no encuentran apoyo en la DA 4ª LC, porque el legislador exigió para ello el informe favorable de un experto independiente. Sin embargo, sí que estarían protegidas por el RDL 5/2005, puesto que se prestaron antes de la existencia del procedimiento de insolvencia y, además, conforme a interpretación uniforme del Derecho comunitario (TJUE) dichas garantías estaban fuera del control del garante; es decir, había desposesión de las mismas en favor del beneficiario. Sólo podrán rescindirse si se aprecia fraude en el comportamiento del banco. La Audiencia no ve sacrificio patrimonial injustificado, pues los créditos resultaron en alguna medida útiles. Ni fraude, pues conocer la insolvencia no lo es. Eso impediría la financiación.