• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
  • Nº Recurso: 61/2017
  • Fecha: 15/03/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los motivos de anulación del Laudo Arbitral alegados en la demanda se concretan en la falta de notificación de la demanda y demás actuaciones del procedimiento arbitral, del que afirman los demandantes han tenido conocimiento al intentarse su ejecución. Las partes suscribieron un contrato de arrendamiento, haciendo constar como domicilio a efectos de notificaciones de los arrendatarios el inmueble objeto de arrendamiento y en su defecto, el domicilio familiar que consta en el contrato, pactando en el contrato que para la resolución de cualquier litigio que pudiera derivarse de la interpretación o aplicación del contrato, las partes se someten, de mutuo acuerdo, al sistema arbitral de solución extrajudicial de conflictos articulado por el Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid, con independencia de lo indicado en el presente contrato, señalando, además del domicilio, una dirección de email, y número de móvil, y añadiendo, será valida la notificación, citación o comunicación, por cualquier de los medios indicados. Presentada la demanda, la Arbitra acordó su traslado a la demandada que no fue entregado al destinatario. En la visa volvió a citar a las partes por correo certificado que no fue entregado a los destinatarios, que declaró en rebeldía. Estas actuaciones ponen de manifiesto que las notificaciones no se realizaron de la forma convenida en el contrato, no lo intentó en el correo electrónico o por SMS, por tanto, queda acredita la indefensión sufrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 89/2017
  • Fecha: 13/03/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El demandante sostiene que han surgido controversias sobre el cumplimiento del contrato, no habiendo podido ser resueltas de forma extrajudicial, por lo que solicita el nombramiento de árbitro conforme a la cláusula del contrato que indica que, todas las disputas y discrepancias de la naturaleza que sean entre comprador y vendedor por motivo de interpretación o cumplimiento de la orden de compra se resolverán por medio de un arbitraje de equidad conforme a la Ley Española de Arbitraje Privado. Mientras que la parte actora pretende se nombre como árbitro al profesional que propone, la demandada solicita se encomiende a la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La Ley de Arbitraje supedita la intervención del Tribunal a que no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes, por lo que debe analizare la buena o mala fe que evidencia la conducta pre-procesal de las partes, y al cumplimiento efectivo del convenio arbitral, examinando la documentación al efecto, el convenio arbitral pactado, el procedimiento seguido, el requerimiento a la parte contraria, el desacuerdo entre las partes, la negativa a realizar tal designación y el transcurso del plazo convenido. Las partes aceptan el sometimiento a arbitraje de equidad, el Tribunal hará el nombramiento entre los árbitros ad hoc, en todo caso por insaculación entre tres, pero no podrá encomendarlo a una Corte de Arbitraje, la Ley no permite el nombramiento institucional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 3/2018
  • Fecha: 13/03/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Solicita la parte actora el nombramiento de un árbitro para resolver las cuestiones planteadas entre las partes por incumplimiento de los contratos pactados cuya copia se acompaña, basando su pretensión en lo establecido en la cláusula sexta, cualquier cuestión que surja entre las partes sobre la interpretación o cumplimiento del contrato será sometida a un arbitraje de equidad con arreglo a las normas que regulan este procedimiento. La Ley supedita el nombramiento de árbitro por el Tribunal a la concurrencia de una circunstancia de hecho, que no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes. Para estimar la demanda debe verificarse si ha mediado o no una oposición al arbitraje del demandado con carácter previo, y la mala o buena fe de las partes. El Tribunal solo podrá rechazar la petición cuando aprecie que de los documentos aportados no resulta la existencia de un convenio arbitral. El juez no está llamado en este procedimiento a realizar un control de validez del convenio arbitral o una verificación de la controversia, lo que ralentizaría la designación y vaciaría de contenido la regla de que son los árbitros los llamados a pronunciarse. Ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros sin que ello prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del convenio arbitral. Los contratos constatan que procede el nombramiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: ANTONIO FEDERICO CAPO DELGADO
  • Nº Recurso: 1/2018
  • Fecha: 08/03/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los ahora litigantes pasaron a constituirse en sociedad civil (aun cuando incorrectamente en el contrato societario se aluda a comunidad de bienes), esto es, en un régimen de co-participación social, cada uno al 50%, con el propósito lucrativo de explotar un negocio de cafetería, tal como es de ver según el contrato de constitución de dicha fecha. De conformidad a los pactos sociales convenidos por los propios socios contratantes en el referido contrato societario, el actor manifestó su voluntad de poner fin al negocio, no solo por la edad de jubilación alcanzada, sobre todo porque las relaciones interpersonales entre ambos socios se hallaban tan deterioradas que hacía absolutamente inviable, por obvio, llevar un 'negocio en común'. El actor también requirió a la otra parte para liquidar los enseres y los bienes inmuebles comunes, a lo que éste se negó reiteradamente. El demandado nunca tuvo la intención de alcanzar un acuerdo, motivo por el que la parte actora insta el nombramiento de un árbitro conforme al pacto decimoquinto del contrato, presentando la correspondiente demanda a fin de que se inicien los trámites de juicio verbal para su nombramiento y designación y una vez aceptado el cargo se relace la provisión de fondos y se proceda la inició del proceso, cursando la petición de disolución y liquidación de la sociedad civil. La Sala procede al nombramiento a fin de que proceda a la disolución y liquidación de la sociedad, siguiendo la lista a disposición del tribunal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JOSE FRANCISCO VALLS GOMBAU
  • Nº Recurso: 9/2017
  • Fecha: 05/03/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea es si el árbitro único nombrado por el Presidente, como sucede en el presente caso, podía resolver una controversia superior a los 300 euros y en que la contraparte ni se opone ni lo recusa, alegando excepciones que resueltas en el laudo es impugnado posteriormente, en la demanda de anulación, por no haber resuelto la controversia un Colegio Arbitral. No podemos aceptar que la demandante, tras aquietarse al arbitraje de un solo árbitro, pese a tener derecho a que lo dirimieran tres, y exponer los argumentos destinados a la desestimación de las pretensiones de la parte contraria sin hacer valer la correspondiente excepción, lo alegue ante esta Sala como motivo de nulidad sólo después de que el laudo le ha sido desfavorable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 60/2017
  • Fecha: 20/02/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Ley establece un plazo de caducidad de dos meses, a contar desde la notificación del Laudo a la persona designada en el expediente arbitral, plazo que se computa desde la aclaración o complemento del Laudo en su caso. La notificación se entiende recibida el día que haya sido entregada personalmente al destinatario o en su domicilio, residencia habitual, o establecimiento. Los plazos establecidos en esta Ley se computarán desde el día siguiente al de recepción de la notificación o comunicación. Si el último día del plazo fuere festivo en el lugar de recepción de la notificación o comunicación, se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. Además, como plazo de caducidad no es susceptible de interrupción o suspensión, ni siquiera por el ejercicio de la propia acción ante órgano jurisdiccional incompetente. En el presente caso el Laudo fue notificado el mismo día que se dictó, en consecuencia, el dies a quo para computar el plazo de caducidad de la acción es el día siguiente a la recepción, siendo por tanto el dies ad quem el 7 de agosto, ya que el día 6 de agosto era festivo, en concreto domingo. En consecuencia, presentada la demanda de anulación del Laudo ante el Tribunal Superior de Justicia el día 4 de septiembre, la presentación tuvo lugar habiendo transcurrido más de dos meses desde la notificación del Laudo, y por tanto, la demanda de anulación se presentó fuera del plazo legalmente previsto, por lo que procede desestimar la demanda por caducidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 3621/2015
  • Fecha: 20/02/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se inadmiten los motivos del recurso en relación a la naturaleza de los actos del Secretario General de la Corte impugnados y a la inviabilidad de una impugnación indirecta de los Estatutos y el Reglamento de la Corte con base en dichos actos dictados en su aplicación, partiéndose de lo acordado en la instancia. Todas las resoluciones que cuestiona se han adoptado dentro del procedimiento del arbitraje. Esta actuación no puede considerase sometida a Derecho Administrativo, y el hecho de que el Consejo Superior tenga competencia para desempeñar funciones de arbitraje no implica que estas funciones estén sujetas a tal Derecho. En cuanto a la función de tutela, si bien en el título del motivo se citan como infringidos los preceptos que regulan la función que compete a la Dirección General de Comercio Interior sobre determinada actividad de las Cámaras, el desarrollo argumental del motivo se centra en invocar diversas causas de una supuesta nulidad de los Estatutos y del Reglamento de la Corte Española de Arbitraje. En cualquier caso, la sentencia no se pronuncia sobre si la Dirección General de Comercio Interior debió o no ejercer la función de tutela sobre los Estatutos y el Reglamento al resolver los recursos de alzada, sino que resuelve la controversia en otros términos, esto es, que las actuaciones del Secretario de la Corte impugnadas no son actuaciones sometidas al Derecho Administrativo y, por tanto, no cabe la impugnación indirecta de los Estatutos y el Reglamento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 73/2017
  • Fecha: 20/02/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La primera cuestión que se suscita es la falta de poder por no reunir las formalidades de la legislación colombiana. Al respecto resuelve el Tribunal que puede ser otorgado en documento privado. La demanda de anulación se articula por la negativa de CIDESAL a aportar el contrato de compraventa de acciones a favor de NATANOR, y de cuantos documentos puedan relacionarse con esa compraventa, el Tribunal Arbitral denegó la exhibición por no afectar a la cuestión controvertida de la condición de tercero a los efectos del contrato del comprador. Respecto a la documental denegada resuelve que no tiene que ver con la ratio decidendi, el Árbitro habría resuelto lo mismo de haber sido aportados y analizados estos documentos. En cuanto al fondo, alega vulneración del principio de igualdad y de orden público que tiene que ver con lo anterior, resolviendo que basta con la interpretación de las cláusulas del contrato para llegar a la conclusión y a la respuesta del Árbitro, la decisión está motivada y justificada, no resulta necesario acudir a la documental denegada para resolver. NATANOR no tiene la condición de tercero al estar participada al cien por cien por uno de los socios, esta es la base de la desestimación de la demanda arbitral. En consecuencia, aun cuando existieran tales vicios sobre la ponderación de la prueba, serían irrelevantes, adolecerían de virtualidad anulataroria de una decisión cuyo soporte básico seguiría subsistiendo, sin sombra de atribución o de arbitrariedad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 57/2017
  • Fecha: 13/02/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Comienza la resolución con el análisis de la excepción de cosa juzgada, el Laudo analiza la resolución del segundo arbitraje, llegando a la conclusión de que los hechos aquí resueltos datan de fecha posterior al primer laudo, por lo que no puede existir identidad de objeto. El siguiente argumento se refiere al error y arbitrariedad sobre la interpretación que realiza el árbitro del informe pericial aportado. El Tribunal contesta que la acción de anulación no configura una nueva instancia, no pueden reexaminarse las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La acción de anulación no abre una segunda instancia, tampoco se puede identificar la acción de anulación, con una suerte de casación donde se podía analizar la infracción de ley o de doctrina jurisprudencial. Ahora bien, esto no significa que no pueda analizarse el fondo de la controversia, ver si la resolución está motivada y si se ha valorado correctamente la prueba, lo contrario infringiría el principio de orden público. En este caso la actora discrepa de la argumentación del Laudo, contemplando sesgada y parcialmente el acervo probatorio, sin evidenciar que su motivación incurra en arbitrariedad, el deber de motivar no exige dar cuenta explícita de por qué se descarta cada uno de los elementos de prueba, el árbitro explica explica los motivos suficientemente. Y por último, en cuanto a la incongruencia por exceso, en el arbitraje no se exige la precisión con el súplico de la demanda, la alegación se desestima
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 62/2017
  • Fecha: 13/02/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las causas de anulación del Laudo Arbitral están previstas en el art. 41 LA, que restringe la intervención judicial a determinar si en el procedimiento se cumplieron las debidas garantías procesales, si el Laudo se justó a los límites marcados en el convenio arbitral, y si la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Ahora bien, de lo anterior no se desprende que no pueda examinarse la racionalidad de la valoración probatoria, la resolucion debe ser motivada y fundada en derecho, si la legalidad aplicada es fruto de un error patente, se considera arbitraria o irrazonable. En cuanto al orden público invocado, significa que el Laudo debe cumplir con las normas y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento Jurídico. Según el Laudo el propio demandante reconoce que no se ha cumplido el plazo de preaviso ni la exclusividad, por lo que no resulta de aplicación la exceptio non adimpleti contractus. La Audiencia no estima esta excepción porque no hay relación de reciprocidad entre la obligación que tiene la firma de abogados de pagar la suma convenida y el compromiso asumido por la otra parte de respetar los clientes de la firma de abogados. En este caso los trabajos descritos en el contrato se realizaron, en consecuencia procede su pago, no existe reciprocidad. Tras el análisis de los argumentos del Laudo llegamos a la conclusión de que le árbitro ha fallado conforme sus conocimientos, respetando las leyes, la demanda se desestima.