• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 76/2014
  • Fecha: 25/03/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ejercitada en la demanda acción de anulación del laudo que condenó a los hoy demandantes al pago de 81.064,31 euros, el TSJ desestima la demanda. En respuesta a las distintas causas de anulación esgrimidas, la Sala a) Mantiene la imparcialidad del árbitro pese a su conocimiento previo del asunto por haber actuado en él como mediador, señalando que en absoluto puede ponerse en entredicho por el hecho de negarse el árbitro a testificar en la causa que ha de resolver. b) Declara que la controversia suscitada se acomoda al tenor de la cláusula de sumisión a arbitraje, sobre la que no consta exista transacción, laudo o decisión judicial previas, siendo el análisis del cumplimiento y consiguiente extinción de la obligación la cuestión de fondo sometida al arbitraje. c) Razona que no se ha producido extralimitación en el laudo con la resolución de cuestiones ajenas al arbitraje, poniendo de relieve la flexibilidad con que ha de interpretarse la delimitación de los puntos sometidos a la decisión arbitral, especialmente en un arbitraje de equidad. d) Agrega que el laudo razona cumplidamente el entendimiento del contrato y el porqué del incumplimiento apreciado de su cláusula 13ª, haciéndolo sin exceso alguno a partir del espíritu y la finalidad que lo han presidido. Y e) concluye negando la alegada vulneración del orden público por razón de las infracciones ya analizadas y rechazadas en los anteriores motivos de anulación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 35/2016
  • Fecha: 02/11/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se ejercita en la demanda rectora del proceso acción de anulación del laudo dictado por la corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y servicios de Madrid fundada en la vulneración del orden público, la resolución de cuestiones no sometidas a resolución arbitral y la designación de árbitro sin ajuste al convenio arbitral. El TSJ, tras advertir que el allanamiento de una de las codemandadas -que coadyuva de iure y de facto con la actora- no puede perjudicar a su litisconsorte ni predetermina el contenido de la sentencia, desestima la demanda promovida. La Sala rechaza la incongruencia por extra petitum denunciada, apelando a una interpretación flexible del convenio arbitral y el objeto del arbitraje, para concluir que ni el árbitro funda su decisión en hechos nuevos, ni altera en ella la causa de pedir de la demanda arbitral. No aprecia tampoco la irracionalidad y falta de lógica imputadas a la motivación del laudo ni la indefensión que se denuncia en la demanda de anulación. Sobre la designación del árbitro, la Corte resolvió las discrepancias entre las partes sobre el número de árbitros con el nombramiento de uno ante la falta de claridad de la cláusula arbitral sobre el particular, sin que la Sala aprecie arbitrariedad ni contravención de lo pactado o del Reglamento de la Corte en la designación de un sólo, destacando la función integradora del convenio arbitral que asiste a la entidad administradora del arbitraje.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA
  • Nº Recurso: 184/2013
  • Fecha: 04/04/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se plantea demanda solicitando la nulidad del laudo arbitral obligatorio, de 21/12/2012, dictado al amparo del art 10 del Real Decreto-ley 17/1977 como medio de solución del conflicto planteado entre la empresa Iberia Operadora y el SEPLA con motivo de la cesión de actividad en la compañía Iberia Express y el proceso negociador del VIII Convenio colectivo para los tripulantes pilotos. Se declara de aplicación la LRJS, art 65.4, que regula una verdadera modalidad procedimental de impugnación de laudos arbitrales con carácter general, efectuando la conversión procedimiental, dada la naturaleza de la pretensión, aplicando los principios del proceso de impugnación de convenios colectivos. Partiendo de la excepcionalidad del laudo analizado y de cómo podría afectar a Iberia Express resulta que se ha dictado STS 4/4/2014, RC 132/13, declarando la nulidad en su integridad del laudo arbitral de 24/5/2012, en base a que Iberia Express y Iberia Operadora, en la fecha de los hechos, son sociedades distintas e independientes y la primera no fue oída, y a esta última sociedad no podía afectarle un laudo dictado en un arbitraje obligatorio, para poner fin a una huelga en la que no estaba implicada y a la que no se referiría el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27/4/12. Se declara la nulidad del laudo de 21/12/2012 por idénticos motivos a los del primer laudo por afectar a una sociedad independiente en la que no concurrían las circunstancias para que le afectara el laudo obligatorio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 120/2013
  • Fecha: 13/11/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ejercitada en la demanda acción de anulación del laudo dictado por árbitro único designado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, fundaba la sociedad actora su pretensión en la vulneración del orden público derivada de la falta de imparcialidad de la Corte en cuanto la Cámara de Comercio es propietaria en un 31% de la entidad demandada IFEMA. El TSJ, estimando la demanda, anula el laudo impugnado. La Sala advierte con carácter preliminar que la designación de la árbitro lo fue según el procedimiento general previsto en el Reglamento de la Corte, con intervención de la actora, que confió su nombramiento a la institución, por lo que no hubo en él abuso de posición dominante. Pero constata que la participación de la Cámara con el 30,72% en IFEMA no se puso en conocimiento de las partes durante el procedimiento. La Sala considera que el consentimiento en la sumisión al arbitraje estuvo viciado al emitirse con vulneración del principio de igualdad que ha de presidir la administración del arbitraje y exige su neutralidad objetiva y subjetiva en el procedimiento. La Sala reitera que el principio de igualdad impide que quien juzga o administra un arbitraje sea parte en él y goce de una situación de privilegio en la designación de árbitros ignorada por quien se somete a la decisión de un tercero desconociendo la colusión de intereses existente. En suma, la Sala anula el laudo al apreciar en tales circunstancias la inexistencia o invalidez del convenio arbitral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 49/2017
  • Fecha: 19/10/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Promovida demanda de solicitud de nombramiento judicial de árbitro, llegaron las partes en el acto de la vista al acuerdo de que el contrato en su día concluido por ambas contenía un pacto de sumisión a arbitraje institucional de la Corte de Arbitraje de Madrid que hacía innecesaria la designación judicial de árbitro por la Sala y solicitaron del tribunal la homologación de dicho acuerdo transaccional. El TSJ dicta sentencia homologando el pacto transaccional por el que se precisa que el convenio arbitral contenido en la cláusula 11ª del contrato de distribución de exclusiva suscrito por las partes entraña su sumisión a arbitraje administrado por la Corte de Arbitraje de Madrid. Dado el carácter esencialmente disponible del objeto de este proceso, la Sala no aprecia óbice alguno en homologar el acuerdo transaccional concluido que, al dar por cierta la sumisión a arbitraje institucional, confiere a la institución convenida la designación de árbitro. Lo hace sin imposición de costas, no por efecto del pacto alcanzado sobre el particular en la transacción, sino por el sentido y resultado del requerimiento extrajudicial que precedió al planteamiento del proceso y la imprecisión de la cláusula de sumisión a arbitraje acerca de la institución arbitral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 23/2016
  • Fecha: 14/06/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Promovido juicio verbal en demanda de nombramiento judicial de árbitro que solvente la controversia surgida entre las partes en relación con el contrato de reconocimiento y aplazamiento de deuda concluido entre ellas, la parte demandada se opuso a la pretensión actora que las partes se habían sometido a un arbitraje institucional, con la consiguiente previsión de un procedimiento de designación de árbitros de entre los pertenecientes a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, que la demanda pretendía sustituir por otro. El TSJ, estimando la demanda acuerda la designación judicial de árbitro por sorteo entre una terna de árbitro y dos suplentes. La Sala constata la existencia del convenio arbitral en forma de cláusula incorporada al contrato por el que las partes acuerdan someter a arbitraje las controversias surgidas de su relación contractual. Rechaza la Sala que el convenio recoja un arbitraje institucional impeditivo del nombramiento judicial instado, pues tan sólo se prevé que el eventual nombramiento de un tercer árbitro habría de serlo de la lista de la Corte de Arbitraje de Madrid, sin añadir que hubiera de serlo por la propia Corte y el convenio encomienda la gestión del arbitraje a los árbitros designados y no a dicha Corte. Apreciando en la demandada una actitud de la demandada obstativa al arbitraje mismo, estima justificada la imposibilidad de alcanzar extrajudicialmente la designación de árbitro y accede a la demanda de su nombramiento judicial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
  • Nº Recurso: 21/2016
  • Fecha: 31/05/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Promovida demanda de designación judicial de árbitro de equidad que solvente las controversias surgidas por el incumplimiento de los contratos de servicios que vinculan a las partes, el TSN desestima la demanda. Tras verificar la Sala la existencia de convenio de sumisión a arbitraje mediante cláusulas en los contratos, examina la procedencia del nombramiento judicial solicitado, constatando la previsión contractual de un procedimiento de designación de árbitro por el Colegio de Ingenieros Superiores de Caminos, Canales y Puertos, demarcación de Madrid, cuya observancia requería instar la actividad pertinente del referido Colegio profesional. La Sala, aunque comprueba la existencia de negociaciones previas, considera que la actora no se ha dirigido al Colegio para efectuar la correspondiente insaculación de árbitro, ni ha instado a la demandada a iniciar el procedimiento convenido. Considera en consecuencia que falta el presupuesto legal para la designación judicial de árbitros: la imposibilidad de su nombramiento a través del procedimiento acordado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: ANGEL AZNAREZ RUBIO
  • Nº Recurso: 4/2014
  • Fecha: 30/01/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El contrato es por negociación, con semejante poder contractual de los contratantes y no contrato por adhesión, con desigual poder contractual y con abuso de una posición dominante. De ninguna manera se trata de un arrendador frente al cual haya que proteger al arrendatario por utilizar condiciones generales en su "actividad contractual". La sociedad arrendataria de una vivienda y plaza de garaje, suscrito por una sociedad mercantil para residencia de su apoderado y por razones de negocio, no tiene el carácter de consumidora, pues el contrato de arrendamiento firmado lo fue en el ámbito de la actividad societaria, empresarial. Al contrato de arrendamiento de 1 de noviembre de 2013 y a sus cláusulas, incluida la de sometimiento a arbitraje, por ser típico de negociación, se han de aplicar las reglas generales de la contratación y no las propias de protección de consumidores y usuarios. Luego es válido y existente el convenio arbitral, tanto la cláusula contractual de sometimiento a arbitraje, así como el convenio arbitral incorporado. Del examen de las actuaciones arbitrales y del laudo emitido no se aprecia vulneración en sentido material y procesal de principios o derechos fundamentales que conforman el marco de nuestro ordenamiento jurídico proclamados en el ordenamiento jurídico español (Constitución).
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 8/2016
  • Fecha: 10/05/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Promovido juicio verbal en demanda de nombramiento de árbitro que resuelva en equidad la controversia surgida entre las partes derivada del contrato de ejecución de las obras de terminación de dos viviendas unifamiliares, el TSJ, estimando la solicitud deducida en la demanda, acuerda nombrar árbitros para el posterior sorteo entre la terna designada del que haya de actuar como tal. La Sala constata la existencia de convenio arbitral inserto como cláusula en el contrato de referencia, que -a reserva de la decisión arbitral sobre su competencia- no plantea en principio excepción alguna a la sumisión al arbitraje y, teniendo en cuenta el allanamiento de la demandada al nombramiento de árbitro único solicitado, accede al mismo declarando que, conforme al convenio, habrá de resolver en equidad y se designado de entre el listado proporcionado por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos mediante el oportuno sorteo a partir de la terna insaculada en la forma que señala.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EUSTASIO DE LA FUENTE GONZALEZ
  • Nº Recurso: 80/1999
  • Fecha: 29/10/1999
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impugnado un acto administrativo, decidido por la CCNCC, que sometió a arbitraje la cobertura de vacíos en un sector, cuya ordenanza había sido derogada, se estima la excepción de incompetencia de jurisdicción, porque se trata de un acto administrativo, sometido a derecho administrativo en materia laboral, cuyo conocimiento compete a la jurisdicción contencioso-administrativa.