• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: ANGEL AZNAREZ RUBIO
  • Nº Recurso: 3/2018
  • Fecha: 12/09/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La no firma del contrato, denominado "Contrato de depósito en Guardamuebles recomendado por la Federación española de empresas de mudanzas (FEDEM)", por parte del depositante, ni en las condiciones generales ni particulares, hacen que lo en él convenido no pueda afectar o perjudicar a quien no lo suscribe. No habiendo un pacto válido y expresivo de una conjunta voluntad negocial, determina que rija, sin limitación, la presunción legal de sometimiento al arbitraje.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JOSE FRANCISCO VALLS GOMBAU
  • Nº Recurso: 5/2018
  • Fecha: 12/09/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulte la existencia de convenio arbitral, aunque hemos de añadir, igualmente, que también podrá ser rechazada cuando la cuestión no sea materia susceptible de arbitraje. En el presente caso, la cláusula arbitral obra incorporada al contrato suscrito entre las partes de fecha 12 de octubre de 2014, cuyo tenor literal dice: Cualquier cuestión que surja entre las partes sobre la interpretación o el cumplimiento del presente contrato será sometida a un arbitraje de equidad con arreglo a las normas que regulan este tipo de procedimiento. Por lo expuesto parece clara la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, procediendo, por ende, el nombramiento judicial de árbitro.
  • Tipo Órgano: Juzgado de lo Social
  • Municipio: Plasencia
  • Ponente: MARIA DEL PILAR RODRIGO DEL HOYO
  • Nº Recurso: 267/2018
  • Fecha: 31/07/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El sindicato UGT basa su impugnación en el hecho de que la arbitró debió dirimir la controversia suscitada en torno al número de representantes a elegir, conforme al censo que tomó como referencia la Mesa Electoral y que por no ser impugnado pasó a ser censo electoral, de acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 1844/1995, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa, y el artículo 72 del ET, lo que determinaría que el número de delegados de personal a elegir sería de uno. No puede decirse que la Árbitro se haya extralimitado en su actuación, dado que resulta evidente que el censo laboral tomado como referencia para las elecciones adolecía de f información necesaria para la verificación de la legalidad de la decisión de la Mesa Electoral. La Árbitro actuó dentro de las funciones que le otorga el artículo 41.1 del Reglamento y 76.6 del ET,librando requerimiento al Ayuntamiento a fin de que se remitiera el censo laboral, en el que se incluyera la relación de trabajadores fijos, incluidos los discontinuos, y trabajadores vinculados por contrato de duración determinada superior a un año a la fecha de la convocatoria de la elección, así como relación de trabajadores contratados por término de hasta un año en el periodo de un año anterior a la convocatoria de la elección, debiendo reflejarse la duración del contrato y el número de días trabajados hasta la fecha de citada convocatoria.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Pamplona/Iruña
  • Ponente: JESUS GINES GABALDON CODESIDO
  • Nº Recurso: 783/2016
  • Fecha: 27/07/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se reclama la nulidad del contrato de permuta financiera vinculado a un préstamo. Se opone la excepción de sumisión de arbitraje por el pacto de arbitraje inserto en el contrato marco, y la sala la rechaza por entender que el pacto de sumisión no incluye las pretensiones de nulidad, validez o invalidez del contrato. Se rechaza asimismo la excepción de caducidad por entender que el plazo de la misma no puede comenzar desde la perfección del contrato, sino desde su consumación, y porque en los contratos de suscripción de valores complejos tampoco puede comenzar sino desde que el cliente conoció o tuvo la oportunidad de conocer el error causante de la nulidad, lo que en el caso no cabe entender que sucediera sino desde la suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar. En cuanto al fondo, se da lugar a la nulidad por error en el consentimiento debido al incumplimiento de la obligación de informar que incumbía al demandado de acuerdo con la normativa MIFID. La sala rechaza que el aquietamiento a anteriores liquidaciones por el actor pueda ser tenida como actos convalidatorios del contrato.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Logroño
  • Ponente: JAVIER MARCA MATUTE
  • Nº Recurso: 1/2018
  • Fecha: 26/07/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda solicitando la anulación del Laudo Arbitral alegando que no ha tenido la oportunidad de presentar alegaciones ni practicar prueba, infringiendo las normas de arbitraje y causándole indefensión. La actora reconoce en su escrito inicial que la Junta Arbitral de Consumo le ofreció el sometimiento a arbitraje y que fue aceptado por D. Gregorio, lo que resulta corroborado por la documentación aportada. El actor afirma que fue citado para un acto de mediación, con trámite de audiencia y sin más límites se procedió a dictar el Laudo Arbitral impugnado, sin que se le haya llegado a citar para hacer alegaciones y para practicar prueba en el proceso arbitral, lo que ha supuesto vulneración de las normas de arbitraje, causándole indefensión. La Sala indica que de la documentación presentada se constata la insostenibilidad del motivo pues, si bien es cierto que la empresa del actor fuere querido para una mediación previa al arbitraje, ésta resultó infructuosa, comunicando la convocatoria a la audiencia de arbitraje con designación del correspondiente Colegio Arbitral. En cualquier caso la Sala no entiende que indefensión se habría producido. EL segundo motivo sobre la falta de motivación del laudo ha de correr la misma suerte, el orden público ha de entenderse como el conjunto de principios, normas y derechos fundamentales del Ordenamiento Jurídico Español, en consecuencia, queda fuera de éste concepto las deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado de resolver.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 48/2017
  • Fecha: 26/07/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las partes al suscribir el contrato pactaron dos anexos, la estipulación del pacto arbitral se encuentra en el anexo nº 1, al que se remitía el texto del contrato marco. La novación contractual no afecta al arbitraje, por lo que no existe razón para que una parte del contrato quede sometida a arbitraje y otra excluida, quiere esto decir que los anexos pueden quedar sometidos al arbitraje. La Sala recuerda que a la hora de ponderar la existencia y efectos de un convenio arbitral, es imprescindible preservar las exigencias de la buena fe y de la congruencia con los propios actos, siendo posible apreciar la existencia y validez de un compromiso arbitral, aun de forma tácita, por actos concluyentes, como haber consentido un previo procedimiento arbitral sin protestar la inexistencia o invalidez del convenio. En el segundo motivo alega el demandante que la institución arbitral se ha extinguido por efecto de la ley, realmente plantea la falta de imparcialidad de la Cámara de España que se subrogó a todos los derechos y obligaciones del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, y esto enlaza con el tercer motivo, la imparcialidad. No se discute la parcialidad de los árbitros que han dictado el Laudo sino el hecho de que la Corte de Arbitraje haya administrado el árbitro sin conocimiento de las partes. Así, resulta obvia la falta de imparcialidad de la Corte, lo que supone infracción del principio de igualdad, motivo por el que se estima la demanda declarando la nulidad del Laudo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Palmas de Gran Canaria (Las)
  • Ponente: CARLA MARIA DEL ROSARIO BELLINI DOMINGUEZ
  • Nº Recurso: 1/2018
  • Fecha: 23/07/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La parte actora solicita se designe árbitro que dirima sus controversias con la demandada, solicitando se dé traslado a la demandada que opone, si bien es cierta la constitución de una sociedad civil entre ambas litigantes, así como la actividad de la misma, participaciones sociales, duración, y la intervención de árbitros de equidad según ley, no lo es las comunicaciones de disolver la sociedad, interesando la designación de árbitro. De conformidad con la Ley de Arbitraje, la competencia para el nombramiento de árbitro corresponde a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia donde tenga lugar el arbitraje o, el que corresponda al domicilio o residencia habitual de cualquiera de los demandados. En caso de no ser posible designar árbitro mediante el procedimiento acordado por las partes, cualquiera de ellas podrá solicitar el nombramiento de árbitros, sustanciándose las pretensiones por el cauce del juicio verbal. Las partes pueden acordar el procedimiento para la designación de los árbitros siempre que no se vulnere el principio de igualdad, caso contrario, se podrá solicitar al Tribunal la designación de los árbitros. El Tribunal únicamente podrá rechazar la petición cuando aprecie de los documentos aportados la inexistencia de convenio arbitral, o cuando la cuestión no sea materia de arbitraje. En este caso la voluntad de las partes es clara, el tribunal confeccionará una lista de tres nombres por cada árbitro, teniendo en cuenta los requisitos exigidos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JOSE FRANCISCO VALLS GOMBAU
  • Nº Recurso: 2/2018
  • Fecha: 19/07/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No encontramos en el contrato elementos propios de un contrato de trabajo. Así datos de la empresa y del trabajador, centro de actividad, tipo de trabajo y categoría, jornada, vacaciones, salario y duración de la relación laboral. No estimamos, en consecuencia, que el pacto de no concurrencia derive del contrato de trabajo que existió entre el vendedor y la compradora por más que existan referencias al mismo en el contrato mercantil. En su consecuencia, no existe ni error patente ni vulneración de derechos fundamentales a los efectos de la impugnación del presente laudo, cuando el árbitro ha motivado extensa y razonadamente tanto sobre su arbitrabilidad como en relación con las peticiones de la demanda como de la reconvención relativas a la validez de la cláusula controvertida, incumplimiento y penalidad. Fue el actor quien al acudir a la vía de lo social tras tener conocimiento de que la contraparte iba a iniciar el arbitraje provocó la situación de duplicidad arbitral y jurisdiccional (ante la Sala de lo Social), y la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva no queda comprometida cuando no se trata de declarar la existencia de hechos, por un lado, y su inexistencia, por otro, sino afecta a valoraciones jurídicas sobre cuestiones complejas y que el árbitro se encontraba facultado por su naturaleza mercantil y arbitrabilidad, siendo que quedaba afectado el fondo de comercio, a cuya salvaguarda se dirigían las cláusulas de competencia cuestionadas.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Sevilla
  • Ponente: JOSE MARIA FRAGOSO BRAVO
  • Nº Recurso: 4633/2018
  • Fecha: 18/07/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por el Juzgado de primera instancia de Carmona se dicta sentencia estimando íntegramente la demanda interpuesta por un arbitro en reclamación de la mitad de sus honorarios, devengados por su intervención en un procedimiento, que termino por laudo, dictado por dicho arbitro, en Sevilla el seis de febrero de 2013, por haber sido nombrado judicialmente arbitro en procedimiento de juicio Verbal en un Juzgado de Sevilla, frente a una de las partes en conflicto en el procedimiento resuelto por dicho arbitro. La parte condenada recurre en apelación alegando nuevamente falta de competencia objetiva y funcional del Juzgado de primera instancia que dicto la sentencia recurrida, aparte de la inexistencia de la obligación que se reclama. La Audiencia estima el primer motivo de recurso, después de analizar que la acción ejercitada no es declarativa sino de ejecución de lo resuelto en el laudo arbitral, por lo que la competencia objetiva y funcional no corresponde al Juzgado de Carmona sino al Juzgado de Sevilla, al ser el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado los laudos o resoluciones arbítrales que se pretenden ejecutar. Y en cuanto al otro no entra, pero precisa que el punto 6 del art. 37 de la Ley Arbitral lo que obliga al arbitro es a pronunciarse en el laudo sobre la condena en costas, pero no a la determinación de su cuantía.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
  • Nº Recurso: 6/2018
  • Fecha: 25/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El laudo arbitral no impone las costas a las partes, afirma que la estimación ha sido parcial, debe aplicarse la regla de proporcionalidad, e indica que cada parte deberá asumir sus costas. La actora considera este razonamiento erróneo, primero porque piensa que las demandadas han sido vencidas en la pretensión más importante, la solicitud de condena a ejecutar el acuerdo. Pero las demandadas solicitaron reconvención, que se condenara a la actora a que ejecutara el acuerdo y se procediera a la permuta de las participaciones sociales de las compañías involucradas, y el arbitro afirma que ha incumplido la demandante. En consecuencia, el árbitro busca proporcionalidad y fundamenta que este principio obliga a evaluar o ponderar el éxito o el fracaso de cada parte en atención a lo pretendido por cada una y lo obtenido por ellas. En este caso, tanto la posición de la demanda como la de la defensa son posiciones razonables resultantes en un litigio igualmente razonable. Ambas partes han obtenido éxito parcial en sus respectivas pretensiones, en el modo de ejecución del acuerdo, y la otra parte éxito en la no imposición de la pena convencional del monto de 1 millón de euros y parte de la indemnización solicitada por daños y perjuicios. Así, cada parte ha triunfado parcialmente en sus reclamaciones, sin obtener éxito completo, lo que vienen a confirmar la decisión que se adopta conforme a los parámetros legales establecidos. La decisión del árbitro resulta lógica y racional.