• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 63/2017
  • Fecha: 24/05/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La demanda se interpone por Grupo Editorial Telecinco SAU y Música Aparte SAU, ejercitando acción de anulación de Laudo e interesando de las SGAN, la Asociación Española de Editores de música, y la Organización Profesional de Editores de Música la suspensión de la ejecución del Laudo, ofreciendo caución de dieciocho mil euros. Las cuestiones sometidas a Arbitraje son las ponderaciones de valor que se otorga a las distintas franjas horarias en el Reglamento de la SGAE para hacer el reparto de música, debiendo establecer otros criterios para su establecimiento, y los criterios en emisiones de música de fondo que se transmiten con un nivel sonoro más bajo que el de las emisiones ordinarias. El Tribunal arbitral sugiere la modificación de los criterios para regular el reparto y diferente forma e repartir los beneficios. Los motivos de anulación se basan en la falta de validez del Laudo por infringir los Estatutos de la SGAE, y adoptarse el acuerdo por la Junta Directiva, sin competencia para ello, u por afectar a materias indisponibles por Laudo, lo que vulnera el orden público. La Sala resuelve en relación con la SGAE que, una cosa es cuáles sean las competencias materiales directas o por delegación de la Junta Directiva, y otra muy distinta que dicha Junta pueda someter a arbitraje a la Asociación y a sus partícipes respecto de una controversia surgida entre ellos en contra de los Estatutos, sin proceder a su previa reforma por el órgano competente sobre la materia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 74/2017
  • Fecha: 24/04/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las partes pactan la sumisión al árbitro en un contrato de franquicia que no ha sido firmado, la parte actora alega como causa de nulidad que el convenio arbitral no existe, debe ser interpretado de forma restrictiva, aplicando lo dispuesto en la Ley General de Contratación. El contrato de franquicia consiste en que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios, comprendiendo el uso de determinados productos y un rótulo común. En este caso el contrato contiene una cláusula arbitral, las partes acuerdan que todo litigio se resolverá mediante arbitraje de equidad. El TS niega la extensión del convenio arbitral a quien no lo ha firmado pero en ocasiones admite su extensión si al tercero que no lo firmó le pueden afectar sus conclusiones. En este caso el árbitro aplica la teoría de los actos propios para llegar a la conclusión de que quien compró la franquicia también se subrogó en la cláusula arbitral por lo que le vincula. Como segundo motivo invoca que no ha resuelto todas las cuestiones planteadas como la motivación, recordando la Sala que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho es garantía frente a la arbitrariedad de los poderes públicos, debiendo contener las razones que permitan conocer cuáles los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. Así, no comparte lo argumentado por la actora sobre la falta de motivación del Laudo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Pamplona/Iruña
  • Ponente: ALFONSO OTERO PEDROUZO
  • Nº Recurso: 14/2018
  • Fecha: 10/12/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La demanda versa sobre el nombramiento judicial de árbitro de equidad al amparo de la Ley de Arbitraje. Las partes firmaron contrato de préstamo incluyendo en una de sus cláusulas la sumisión a arbitraje en el caso de que hubiese algún tipo de conflicto. La primera cuestión que se discute es la falta de legitimación activa, frente a la alegación de que los actores no fueron parte en el contrato de préstamo la Sala opone que los herederos suceden al difunto en todos sus derechos y obligaciones, así, aunque el préstamo litigioso no se incluye en la escritura de aceptación de herencia ello no empaña la legitimación que se discute, entre otras varias razones porque el ordenamiento jurídico admite una aceptación tácita. Tampoco puede prosperar el principal motivo de oposición, que el contrato de préstamo está cumplido y el convenio arbitral extinguido. Si no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes, cualquiera de ellas podrá solicitar al tribunal el nombramiento, que solo podrá rechazar la petición cuando aprecie de los documentos aportados que no resulta la existencia de un convenio arbitral. Por lo que se refiere al número de árbitros, nada establece la cláusula, si bien, la demanda solicita el nombramiento de un solo árbitro, dando cumplimento a lo establecido en la Ley y de acuerdo con el criterio establecido en la jurisprudencia de la Sala, para lo que se conforma el nombre de tres abogados, debiendo elegir uno por insaculación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 13/2018
  • Fecha: 13/11/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Ley arbitral supedita la intervención del Tribunal para el nombramiento de árbitro a la concurrencia de una circunstancia de hecho que se constituye en presupuesto material de la acción, es decir, en condición misma de la ostentación de legitimación activa en estos procesos con su propio y determinado objeto. La Sala, para decidir si procede acordar el nombramiento de árbitro, ha de atender como elemento primordial a la buena o mala fe que evidencie la conducta pre-procesal de las partes, a su voluntad congruente, o al cumplimiento efectivo del convenio arbitral. El Tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral. El juez no está llamado a realizar un control de validez del convenio arbitral o una verificación de la arbitrabilidad de la controversia, lo que ralentizaría indebidamente la designación y vaciaría de contenido la regla de que son los árbitros los llamados a pronunciarse. Por ello, solo debe desestimar el nombramiento de árbitros en caso excepcional de inexistencia de convenio arbitral, esto es, cuando pueda estimar que realmente no existe un convenio arbitral. En este caso, acreditada la existencia de los contratos de préstamo, se constata que, la cláusula quinta contiene un convenio de sumisión a arbitraje que indica la voluntad de las partes de someter a arbitraje las controversias surgidas. Así las cosas, procede el nombramiento del árbitro interesado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 33/2016
  • Fecha: 11/10/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ejercitada en la demanda acción de anulación del laudo dictado en arbitraje administrado por la Corte de Arbitraje de Madrid, que la parte actora fundó en la extralimitación de la árbitro con la condena a indemnizar al demandante daños y perjuicios y en el error patente en la imposición de costas, el TSJ estima en parte la demanda y anula los puntos 6 y 7 del fallo del laudo final impugnado. Tras reproducir la doctrina sentada por el tribunal acerca de la congruencia de los laudos arbitrales, la Sala declara que el laudo explica suficientemente cómo la indemnización de daños no estaba condicionada a la aplicación de la cláusula penal y cómo la decisión no era susceptible de causar indefensión material a quien ahora pretende la nulidad por una incongruencia a todas luces inexistente. Examinando el segundo pronunciamiento del laudo objeto de la demanda de anulación, la Sala considera que la motivación de la imposición de costas contraviene las reglas de la lógica; invoca como ratio decidendi una doctrina del TS patentemente inaplicable e incurre en incongruencias internas, que convierten en irracional su motivación y su decisión, a la par que se compadece difícilmente con insoslayables exigencias de la equidad jurisprudencialmente proclamadas como tales. A su juicio, la imposición íntegra de las costas por una estimación parcial de la demanda sin una motivación lógica equivale a la ausencia de motivación determinante de su anulación con el alcance que se le asigna.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL SUAREZ ROBLEDANO
  • Nº Recurso: 12/2011
  • Fecha: 23/05/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Promovido por la entidad Iberconsulting Sport S.A. juicio verbal en demanda de anulación del Laudo arbitral dictado en derecho por el árbitro único designado en arbitraje administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, el TSJ desestima la demanda interpuesta. El Tribunal constata que la amplia dicción del convenio arbitral estaba dirigida a solventar cuantas discrepancias de interpretación de los estatutos de la UTE pudieran plantearse, sin exclusión alguna; recuerda la arbitrabilidad de las cuestiones relativas a la eficacia, validez o nulidad de los contratos; limita el concepto de orden público a los principios generales y derechos fundamentales constitucionalizados, tanto en lo social como en lo económico, que son básicos e inderogables, excluyendo de él las meras infracciones de derecho sustantivo y procesal; señala que el laudo no incide en cuestiones laborales porque los despidos acordados se refieren a personal de gestión no incluido en las plantillas de las empresas; advierte que la legitimación activa no fue cuestionada en el procedimiento arbitral ni podía cuestionarla quien formuló reconvención en él; razona que el pronunciamiento sobre costas se halla suficientemente justificado en el laudo; declara que éste no se basa en las testificales cuestionadas y fue dictado en plazo, y constata que el árbitro no fue recusado en momento oportuno, no constando circunstancias que afecten a su imparcialidad objetiva o subjetiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 48/2017
  • Fecha: 26/07/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las partes al suscribir el contrato pactaron dos anexos, la estipulación del pacto arbitral se encuentra en el anexo nº 1, al que se remitía el texto del contrato marco. La novación contractual no afecta al arbitraje, por lo que no existe razón para que una parte del contrato quede sometida a arbitraje y otra excluida, quiere esto decir que los anexos pueden quedar sometidos al arbitraje. La Sala recuerda que a la hora de ponderar la existencia y efectos de un convenio arbitral, es imprescindible preservar las exigencias de la buena fe y de la congruencia con los propios actos, siendo posible apreciar la existencia y validez de un compromiso arbitral, aun de forma tácita, por actos concluyentes, como haber consentido un previo procedimiento arbitral sin protestar la inexistencia o invalidez del convenio. En el segundo motivo alega el demandante que la institución arbitral se ha extinguido por efecto de la ley, realmente plantea la falta de imparcialidad de la Cámara de España que se subrogó a todos los derechos y obligaciones del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, y esto enlaza con el tercer motivo, la imparcialidad. No se discute la parcialidad de los árbitros que han dictado el Laudo sino el hecho de que la Corte de Arbitraje haya administrado el árbitro sin conocimiento de las partes. Así, resulta obvia la falta de imparcialidad de la Corte, lo que supone infracción del principio de igualdad, motivo por el que se estima la demanda declarando la nulidad del Laudo.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO
  • Nº Recurso: 749/2015
  • Fecha: 19/04/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La concursada formula una demanda contra el Banco de Santander y contra el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, del que depende la Corte Española de Arbitraje, en petición de la resolución del convenio arbitral celebrado entre la concursada y el Banco. La demanda califica el convenio como un contrato con prestaciones reciprocas pendientes de cumplimiento que puede resolverse conforme a lo previsto en el artículo 62 de la LC por incumplimiento de una de las partes. Se funda la resolución en las irregularidades cometidas en un primer laudo que fue anulado por la Audiencia Provincial de Madrid por la falta de independencia de los árbitros dada la vinculación del Presidente del tribunal con una de las partes del litigio. El Juzgado estima la demanda. La Audiencia por el contrario la desestima al no considerar que el convenio arbitral pueda ser calificado como contrato del que resulten prestaciones recíprocas. La naturaleza contractual se excluye tanto del convenio celebrado entre el Banco de Santander y la concursada como de la relación de la concursada con los árbitros de la Corte de Arbitraje, que no es ningún contrato de mandato ni de arrendamiento de servicios, pues los árbitros no actúan como mandatarios de las partes, y menos de una de ellas, sino como titulares de la función jurisdiccional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 23/2018
  • Fecha: 13/11/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora solicita la anulación del Laudo arbitral por considerar ha resuelto una cuestión no sometida a arbitraje y haber impuesto una sanción penal pese a que el contrato no contiene convenio arbitral ni cláusula penal alguna. En segundo término afirma que el Laudo ha alterado la pretensión y la causa de pedir. Resulta esencial que las partes hayan expresado su voluntad de someterse a arbitraje con claridad y libertad en su emisión. La configuración del arbitraje es un equivalente jurisdiccional dado que las partes obtienen los mismos resultados que accediendo a la jurisdicción civil. Partiendo de la autonomía de la voluntad de las partes se viene aceptando por la Sala la extensión de la cláusula arbitral a terceros en casos de sucesión contractual, con la correspondiente asunción de derechos y obligaciones, entre ellas, la sumisión a arbitraje. Una de las cuestiones sometidas a arbitraje era la selección y provisión del cargo de Director General de la futura empresa garantizando la paridad entre ambas, habiendo resuelto el árbitro sobre esta cuestión. Sobre la segunda cuestión, si ha resuelto cuestiones no sometidas a arbitraje, afirma la Sala que la fijación del objeto no exige la precisión del súplico de una demanda, basta un ajuste racional entre lo pedido y el fallo. En este caso la parte dispositiva del Laudo no incurre en incongruencia por exceso, ni ha generado la menor indefensión. Tampoco existe infracción del orden público por error en la valoración de la prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS
  • Nº Recurso: 62/2005
  • Fecha: 22/06/2009
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El desarrollo de la función arbitral exige que ésta no se vea amenazada por reclamaciones de responsabilidad civil por los errores cometidos, por ello se limita a los supuestos de daños causados intencionalmente o mediando grave negligencia, pues la imputación al árbitro de los daños causados mediante negligencia que no comporte una infracción suficientemente caracterizada de sus deberes se opone a la autonomía funcional amparada en la autonomía de la voluntad de las partes que constituye la base de esta institución. La esencia del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del poder judicial, determinan que la intervención judicial en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario cuando no se trata de funciones de asistencia. Requisitos para la apreciación de la responsabilidad. La valoración acerca de la concurrencia de los criterios de imputación determinantes de la responsabilidad civil es susceptible de ser examinada en casación por ser una cuestión jurídica, tanto si se trata de la valoración acerca de si concurre culpa o negligencia suficiente para la imputación subjetiva, como si se trata de apreciar los aspectos jurídicos del nexo de causalidad para determinar si el resultado dañoso es objetivamente imputable al demandado.