• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
  • Nº Recurso: 86/2017
  • Fecha: 18/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El procedimiento arbitral tiene por objeto la reclamación a Bankinter de los daños y perjuicios que el actor dice ha sufrido como consecuencia del incumplimiento de un acuerdo suscrito por las partes, por el que se obligó a satisfacer una indemnización de más de cuatro millones por su salida de la entidad por despido improcedente. La parte demandada afirma que la indemnización pactada era menor, el árbitro no ha motivado la diferencia de la indemnización. Los motivos de oposición confluyen en uno solo, vulneración del orden público, se cuestionan los fundamentos del laudo sobre el que se ejercita la acción de anulación. La Sala, analizando la prueba documental aportada concluye que la diferencia en la indemnización corresponde a los impuestos que debe abonar el actor, quien asumió el riesgo fiscal asociado a la liquidación, presentando las liquidaciones que consideraba correctas. A pesar de tratarse de un laudo de equidad, realiza un análisis minucioso de la normativa tributaria, llegando a conclusiones lógicas, no se limita a cumplir las mínimas exigencias del arbitraje de equidad, como dice el Tribunal Constitucional, los jueces árbitros designados por las partes no están obligados a la motivación jurídica aunque sí a dar a aquellas la oportunidad adecuada de ser oída y de presentar pruebas que estimen necesarias, disponen de la suficiente libertad para resolver con amplitud el conjunto de lo pactado, haciendo una interpretación racional de sus cláusulas, misión que cumple.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 9/2018
  • Fecha: 12/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La parte actora solicita el nombramiento de árbitro, los Estatutos de AGRIMECA SA dicen, "Con salvedad de los casos en los que las Leyes establecen un procedimiento especial de obligatoria observancia, las diferencias que puedan surgir entre los accionistas, como tales o entre éstos y la sociedad, o sus Administradores, serán dirimidas por tres árbitros, en equidad, nombrados de conformidad con la Ley de 5 de diciembre de 1988. ...". La Sala viene diciendo que supedita la intervención de este Tribunal para nombrar Arbitro a que no fuere posible designarlo a través del procedimiento acordado por las partes, en uno y otro caso se ha de atender a la buena o mala fe que evidencia la conducta pre-procesal de las partes, a su voluntad congruente, y al cumplimiento efectivo del convenio arbitral. La cláusula estatutaria contiene la sumisión a arbitraje en los términos reseñados, y cumplido el procedimiento establecido sin que la demandada contestase, pudo pensar el actor que se oponía a la designación de árbitro. Así, corresponde a la Sala el nombramiento de un árbitro, del colegio de tres que prevé el convenio, sin que proceda la petición subsidiaria de la demandada que propone un árbitro olvidando, salvo mejor criterio, que tal designación corresponde hacerla al Tribunal de acuerdo con el procedimiento que la Ley establece, la demandada tuvo la oportunidad de designar árbitro, no lo ha hecho en tiempo, se le requirió por correo electrónico para ello, ahora lo hará el Tribunal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 84/2017
  • Fecha: 12/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora solicita la declaración de nulidad del Laudo Arbitral de fecha 26 de julio de 2017 que acuerda estimar la reclamación formulada por D. Ángel Daniel contra transportes Cultural Madrileño SL por lo que ésta deberá abonar al reclamante la cantidad de 4.218 euros por impago de portes. Existía entre las partes un contrato de transporte continuo entre el actor y TRNASMULMA SL, y pese a ello la Junta Arbitral ha acumulado tres expedientes distintos incoados en virtud de tres reclamaciones que realmente corresponden a una sola al estar ante un solo contrato, por lo que el fraccionamiento de la deuda tenía como fin un verdadero "fraude de Ley". Sobre la petición de Nulidad la Sala indica que como ya ha dicho en otras ocasiones, se presume que existe acuerdo de sometimiento a arbitraje de las juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 15.000 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie la realización del servicio. En este caso, ni de la documentación aportada, ni de lo argumentado por el demandante podemos llegar a la conclusión pretendida de aplicación fraudulenta de la Ley de Arbitraje, ya que se acude al mismo interesando cantidades inferiores, correspondiendo a los servicios de transporte facturados de forma independiente, siendo indiferente que el servicio fuese continuado, y sin haber expresado las partes su voluntad en contra antes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 72/2017
  • Fecha: 12/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La acción de anulación de aludo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil del TSJ, reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas restringe la intervención judicial en este ámbito a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio, y si ése carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Se impugna la falta de notificación en la designación de árbitro, ninguna indefensión se deriva de ello a la demandante, la doctrina del Tribunal Constitucional es constante en la línea de que no toda infracción procesal produce una indefensión material, por ello no existe cuando no lleva consigo la privación del derecho de defensa. Será contrario al orden público el Laudo que vulnere los derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, quedando fuera de este concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias del fallo, o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión. En la tramitación de este arbitraje no se han observado algunos de los principios esenciales enumerados en la Ley, se pagó lo debido, por lo que debió declararse concluido el procedimiento arbitral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 19/2018
  • Fecha: 12/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los actores solicitan se nombre árbitro para tramitar el procedimiento de arbitraje de equidad respecto a la reclamación de cantidades entre las partes con la compensación de deudas y créditos que pudieran existir, y no para la pretensión de resolución del contrato de arrendamiento, éste ya fue resuelto por ambas partes con imposición de costas a la parte actora. La Sala viene afirmando que, para decidir si procede acordar el nombramiento de árbitro, ha de atender como elemento primordial, a la buena o mala fe que evidencie la conducta pre-procesal de las partes, pues solo puede proceder al nombramiento en caso que las partes no hubiesen llegado a un acuerdo, debiendo limitarse a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada, la existencia o no del convenido arbitral pactado, el desacuerdo entre las partes, la negativa expresa o tácita a realizar tal designación y el transcurso del plazo convenido. El Tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral. Así, verificado que no se ha podido realizar el nombramiento, el Tribunal ha de proceder al nombramiento imparcial del árbitro sin que esa decisión prejuzgue la que pueda adoptar en su propia competencia. El tribunal considera que ha de ser un jurista, con lo que el nombramiento que reúna tal condición no obsta a la viabilidad del futuro arbitraje, sea de Derecho o equidad, siendo procedente el nombramiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: ANGEL AZNAREZ RUBIO
  • Nº Recurso: 1/2018
  • Fecha: 08/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El plazo de dos meses desde la notificación del laudo para la interposición de la demanda de anulación es -al igual que los previstos para el ejercicio de las acciones de revisión de sentencias judiciales firmes o de reclamación de indemnización por error judicial, entre otras- un plazo de caducidad (no de prescripción) de naturaleza civil o sustantiva (no procesal). Por su condición de tal, y al hallarse fijado por meses, dicho plazo debe computarse de fecha a fecha,debiendo iniciarse su cómputo el día siguiente al de la recepción de la notificación o comunicación del laudo sin excluir el mes de agosto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
  • Nº Recurso: 63/2017
  • Fecha: 24/05/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La demanda se interpone por Grupo Editorial Telecinco SAU y Música Aparte SAU, ejercitando acción de anulación de Laudo e interesando de las SGAN, la Asociación Española de Editores de música, y la Organización Profesional de Editores de Música la suspensión de la ejecución del Laudo, ofreciendo caución de dieciocho mil euros. Las cuestiones sometidas a Arbitraje son las ponderaciones de valor que se otorga a las distintas franjas horarias en el Reglamento de la SGAE para hacer el reparto de música, debiendo establecer otros criterios para su establecimiento, y los criterios en emisiones de música de fondo que se transmiten con un nivel sonoro más bajo que el de las emisiones ordinarias. El Tribunal arbitral sugiere la modificación de los criterios para regular el reparto y diferente forma e repartir los beneficios. Los motivos de anulación se basan en la falta de validez del Laudo por infringir los Estatutos de la SGAE, y adoptarse el acuerdo por la Junta Directiva, sin competencia para ello, u por afectar a materias indisponibles por Laudo, lo que vulnera el orden público. La Sala resuelve en relación con la SGAE que, una cosa es cuáles sean las competencias materiales directas o por delegación de la Junta Directiva, y otra muy distinta que dicha Junta pueda someter a arbitraje a la Asociación y a sus partícipes respecto de una controversia surgida entre ellos en contra de los Estatutos, sin proceder a su previa reforma por el órgano competente sobre la materia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Pamplona/Iruña
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ URZAINQUI
  • Nº Recurso: 10/2018
  • Fecha: 21/05/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La existencia de convenio arbitral entre los socios litigantes se deriva en el presente caso del artículo 23 de los estatutos de la sociedad "Construcciones Lezondo, SL", según el cual "las dudas o cuestiones que se presenten se resolverán por arbitraje, conforme a lo establecido en la Ley 36/1988 de 5 de diciembre, sin perjuicio de las acciones que por imperativo legal puedan corresponder a los socios y a los administradores ". El arbitraje estatutario es una de las manifestaciones del convenio arbitral para la resolución de las cuestiones que se susciten entre los socios o entre estos y la sociedad, sin que del tenor de dicho artículo se desprenda su limitación a las hermenéuticas que la redacción estatutaria suscita. En la cláusula arbitral inserta en los estatutos sociales no se hizo designación de árbitro, ni se estableció un específico procedimiento para su designación. Tampoco se alcanzó con anterioridad a este juicio un acuerdo entre los socios contendientes sobre el nombramiento que hiciera innecesaria la intervención judicial. Dada la efectiva existencia de un convenio arbitral estatutario que vincula a los dos socios litigantes, sin perjuicio de la decisión que el árbitro pueda adoptar, procede el nombramiento de un árbitro para resolver en equidad el contencioso suscitado. Y en cuanto al procedimiento de designación se ha confeccionado una lista con tres nombres tomados a partir de un número al azar de la relación de abogados en ejercicio.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Sevilla
  • Ponente: FRANCISCA TORRECILLAS MARTINEZ
  • Nº Recurso: 1486/2018
  • Fecha: 17/05/2018
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Por el Juzgado de primera instancia se dicta resolución declarando su falta de jurisdicción, para conocer sobre una acción de desahucio por expiración del termino legal del arrendamiento, por haberse sometido la cuestión litigiosa al arbitraje de derecho. Recurrida en apelación, por la Audiencia se confirma dicha resolución desestimando los motivos de recurso. El primer motivo se basa en que, el pacto de sumisión a arbitraje no tenia efecto, porque el contrato original se había terminado a los dos años, siendo el actual una prorroga del mismo, por tácita reconducción, al que no sería aplicable dicha cláusula de sumisión, motivo que es rechazado por el Tribunal, al ser aplicable al contrato prorrogado las mismas estipulaciones que al original, al ser el mismo contrato. Rechazándose el otro motivo, porque las cuestiones arrendaticias no son cuestiones de orden público, que no puedan someterse a arbitraje, en el sentido de que los contratos de arrendamiento no constituyen per se materia de orden público, por más que toda la regulación positiva sea cual sea la materia responde a unos principios rectores por los que el legislador entiende debe regirse la convivencia, en este sentido cualquier normativa es materia de orden público, pero el problema no reside en dilucidar esta cuestión sino en determinar si se trata de derechos disponibles y la respuesta ha de ser positiva, visto el contenido de la regulación vigente, LAU de 1994 y la Ley 60/03 de Arbitraje.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JORDI SEGUI PUNTAS
  • Nº Recurso: 4/2017
  • Fecha: 17/05/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para que se produzca violación del indicado derecho fundamental, este Tribunal ha exigido reiteradamente que concurran dos circunstancias: a) la denegación o inejecución han de ser imputables al órgano judicial; y b) la prueba denegada o impracticada ha de ser decisiva en términos de defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida. Comoquiera que el árbitro consideró que la instada actuó con mala fe en la oposición al arbitraje, estaba sin duda facultado para apartarse del criterio de distribución proporcional de las costas alcanzado por las partes, y establecer la condena en costas más ajustada a la concurrencia de esa mala fe, lo que se tradujo en la imposición del 50% de la minuta de honorarios de la letrada de la instante.