Resumen: Se recurre la Sentencia, que estimó la demanda frente a una entidad bancaria, solicitando se declare la nulidad de la operación de Swap por vicio en el consentimiento prestado y se proceda a la restitución recíproca de prestaciones, esto es, que se condene a la entidad demandada a la restitución recíproca de prestaciones abonadas por demandante junto con los intereses que se hayan devengado, y se exonere a la demandante de tener que atender las liquidaciones pendientes de pago y el coste de cancelación del Swap. La Sentencia declaró la nulidad de la operación de swap y la obligación de las partes de restituirse recíprocamente las prestaciones, justificando su decisión al advertir error vicio en la demandante. Recurrió la parte demandada, La Audiencia desestimó el recurso manteniendo la declaración de nulidad del contrato, lo que conlleva la obligación de las partes de restituirse recíprocamente las prestaciones, No se han cumplido debidamente los deberes de información que pesan sobre la entidad financiera, lo que incide directamente sobre la concurrencia del requisito de la excusabilidad del error, pues si el cliente minorista estaba necesitado de esta información y la entidad financiera estaba obligada a suministrársela de forma comprensible y adecuada, el conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero complejo contratado en que consiste el error, le es excusable al cliente.
Resumen: Promovida demanda de nombramiento judicial de árbitro que dirima en equidad la controversia suscitada entre las partes en relación al incumplimiento del subcontrato que les vinculaba, el TSJ estima dicha solicitud confeccionando una relación de tres ingenieros de la lista remitida por el Ilustre Colegio Ingenieros Superiores de Caminos de Madrid, para su designación por sorteo. La Sala, que constata la existencia de convenio arbitral en la estipulación 18ª del subcontrato suscrito por las partes, examina con detenimiento si en dicha cláusula consensuaron las partes un procedimiento para la designación de árbitro, considerando que en ella no se prevé un arbitraje institucional, pues no se encomienda la gestión o administración del arbitraje a una entidad o Corte de Arbitraje, sino que sólo se dice que el arbitraje se realizará por un Ingeniero insaculado del listado del Colegio correspondiente, sin fijar claramente quién ha de realizar la insaculación. Podían haber procedido las partes a ella de mutuo acuerdo y la actora se dirigió a la demandada advirtiendo que de no recibir noticias suyas iniciaría el procedimiento de designación judicial, sin que la demandada hiciera manifestación alguna ni acudiera al Colegio profesional para instar la designación por insaculación, con lo que su silencio pudo bien interpretarse como renuencia al cumplimiento de lo convenido. En esta consideración accede la Sala al nombramiento judicial postulado.
Resumen: Promovido juicio verbal en demanda de nombramiento de árbitro que resuelva en equidad la controversia surgida entre las partes derivada del contrato de suministro inmobiliario de vestuarios suscrito por las mismas, el TSJ, estimando la solicitud deducida en ella, accede al nombramiento, confeccionando una terna para el posterior sorteo entre sus componentes en presencia de las partes y de la Letrada de la Administración de Justicia. La Sala constata que en la estipulación 8ª del contrato de suministro se contiene convenio arbitral de sumisión a arbitraje de equidad por un Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos insaculado del listado del Colegio oficial correspondiente. Con base en dicha cláusula y en la ausencia de oposición de la demandada, allanada a la pretensión formulada, declara procedente el nombramiento de un árbitro que, por la materia a resolver, ha de tener la condición de Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos y ser insaculado del listado del Colegio oficial de Madrid.
Resumen: Promovida demanda de juicio verbal en solicitud de nombramiento judicial de árbitro que solvente, en equidad, las controversias surgidas entre las partes en relación al reintegro de las retenciones practicadas en garantía de la correcta ejecución de las obras contratadas, el TSJ desestima la demanda promovida. La Sala recuerda que es presupuesto de la intervención judicial en el nombramiento de árbitro la existencia de convenio arbitral y que no haya resultado posible su designación a través del procedimiento acordado por las partes o, de no haberse previsto un procedimiento, que haya existido oposición del demandado a su nombramiento por acuerdo. En el caso examinado existe una cláusula compromisoria de sumisión a arbitraje, que prevé un procedimiento de designación de árbitro por insaculación del listado del Colegio de Ingenieros Superiores de Caminos, Canales y Puertos; no constando que la actora se haya dirigido al Colegio instando la designación mediante la correspondiente insaculación ni que se haya dirigido a la demandada a efectos de iniciar dicho procedimiento dando cumplimiento a la cláusula. Considera por ello la Sala que falta el presupuesto legal de la designación judicial de árbitros previsto en el art. 15.3 LA y desestima la demanda promovida a tal fin.
Resumen: La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda y declara la nulidad del contrato denominado "confirmación de swap" o permuta de tipo de interés suscrito entre las partes. Apela la entidad bancaria demandada reiterando, en primer lugar, la declinatoria de jurisdicción, por sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje. La Sala estima el recurso y declara la incompetencia de la jurisdicción civil para el conocimiento de la cuestión planteada en la demanda. Argumenta en síntesis, el contenido de la cláusula de sumisión a arbitraje está claro al referirse a cualquier cuestión litigiosa derivada del contrato , "Las Partes acordamos que, los conflictos o controversias que puedan surgir en relación con este Contrato Marco, su interpretación, cumplimiento y ejecución se someterán a Arbitraje de Derecho"; y para valorar la posible nulidad por vicio del consentimiento, o, más concretamente, por un eventual error en el consentimiento derivado esencialmente de la insuficiente información acerca del riesgo y consecuencias asumidos por el cliente de la entidad bancaria, ha de analizarse sin duda el contenido del contrato, interpretarse sus cláusulas para así, en definitiva, poder concluir si se trata o no de un producto de alto riesgo y si la información que se ofreció fue o no suficiente para afirmar o negar eficacia al consentimiento prestado.
Resumen: En ejecución del acuerdo alcanzado en Junta de la sociedad codemandada por sus dos únicos accionistas en orden a la regularización de las deudas que la compañía pudiera tener con ambos, se designó judicialmente para la determinación de tales deudas o créditos árbitro que dictó laudo fijando el crédito contra la sociedad de uno sólo de los socios. El otro promovió contra la sociedad y el socio acreedor demanda de anulación del laudo arbitral dictado, que el TSJ desestima. Respecto a la alegada vulneración del orden público, recuerda la Sala que este proceso no es una nueva instancia que posibilite el reexamen de las cuestiones debatidas en el arbitraje; vuelve sobre el concepto de orden público a los efectos de este proceso y concluye que no lo vulnera la no apreciación de las reglas de la prescripción en un arbitraje de equidad. En cuanto a la resolución de cuestiones no sometidas a arbitraje, el Tribunal destaca el matiz diferencial que la congruencia tiene en el arbitraje respecto a la del proceso civil, poniendo de relieve la mayor flexibilidad que la función arbitral, particularmente de equidad, ofrece en la interpretación de la cuestión a decidir. La Sala declara que la declaración sobre las características de la deuda, contenida en la parte dispositiva del laudo, no excede de las cuestiones sometidas a la decisión del árbitro, y concluye que el laudo tampoco resuelve sobre materia indisponible de índole laboral sustraída al arbitraje.
Resumen: El demandante presentó demanda frente a la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, en ejercicio de una acción de nulidad del contrato sobre opciones financieras suscrito entre las partes, y subsidiariamente de anulabilidad, con efectos restitutorios en todos los supuestos. La parte demandada opuso declinatoria por falta de jurisdicción al estar sometida la cuestión litigiosa a arbitraje. En 1ª instancia se dictó auto por el que se declaró no haber lugar a la declinatoria y continuó el procedimiento que finalizó con sentencia estimatoria de la demanda. La entidad de crédito reprodujo la declinatoria de jurisdicción por sumisión a arbitraje en su recurso de apelación, y el tribunal de apelación estimó procedente la declinatoria promovida y el recurso de apelación: el demandado no tiene la condición de consumidor y no puede, por ello, obtener la protección que nuestro ordenamiento jurídico confiere a los consumidores en este ámbito, por lo que el pacto de arbitraje es válido y eficaz, sin que sea posible el control de abusividad de la cláusula que se reserva únicamente para consumidores y usuarios. La nulidad del contrato se integra en el ámbito del pacto de sumisión a arbitraje que delimita un ámbito de absoluta generalización de las cuestiones que se han de someter a él: todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato u operación relacionada con el, directa o indirectamente.
Resumen: La sociedad condenada en el procedimiento arbitral promovió demanda de anulación del laudo dictado en él fundándola en la inexistencia o invalidez del convenio arbitral, irregular designación de árbitros y extralimitación en la decisión pronunciada. El TSJ desestima la demanda interpuesta. El Tribunal declara que el propio contrato de promoción de telefonía móvil para empresas suscrito entre las litigantes (con la firma y sello de la ahora demandante) contiene cláusula expresa de sumisión a arbitraje, no siendo la actora consumidora final de los terminales de telefonía móvil contratados, al haberlos integrado en el proceso de producción de su empresa, y tampoco abusivas las cláusulas del contrato concluido. Añade que el árbitro se designó conforme al procedimiento pactado por las partes en el referido contrato, sin que fuera objeto de recusación por la falta de imparcialidad ahora alegada. Rechaza la identidad de sujetos y objeto entre el procedimiento arbitral sustanciado y el institucional promovido ante la Secretaría de Estado de Comunicaciones, que es alternativo del procedimiento de arbitraje propiamente dicho, advirtiendo que en el caso examinado no se está ante la reclamación del usuario final ante la operadora, sino de la distribuidora y vendedora de los terminales frente a la compradora de los terminales y líneas contratadas, que los integró en el proceso de producción propio de su empresa.
Resumen: El demandante sostiene que han surgido controversias sobre el cumplimiento del contrato, no habiendo podido ser resueltas de forma extrajudicial, por lo que solicita el nombramiento de árbitro conforme a la cláusula del contrato que indica que, todas las disputas y discrepancias de la naturaleza que sean entre comprador y vendedor por motivo de interpretación o cumplimiento de la orden de compra se resolverán por medio de un arbitraje de equidad conforme a la Ley Española de Arbitraje Privado. Mientras que la parte actora pretende se nombre como árbitro al profesional que propone, la demandada solicita se encomiende a la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La Ley de Arbitraje supedita la intervención del Tribunal a que no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes, por lo que debe analizare la buena o mala fe que evidencia la conducta pre-procesal de las partes, y al cumplimiento efectivo del convenio arbitral, examinando la documentación al efecto, el convenio arbitral pactado, el procedimiento seguido, el requerimiento a la parte contraria, el desacuerdo entre las partes, la negativa a realizar tal designación y el transcurso del plazo convenido. Las partes aceptan el sometimiento a arbitraje de equidad, el Tribunal hará el nombramiento entre los árbitros ad hoc, en todo caso por insaculación entre tres, pero no podrá encomendarlo a una Corte de Arbitraje, la Ley no permite el nombramiento institucional.
Resumen: Promovida demanda de nombramiento judicial de árbitro que dirima en equidad la controversia suscitada entre las partes, el TSJ estima dicha solicitud confeccionando una relación de tres ingenieros de la lista remitida por el Ilustre Colegio Ingenieros Superiores de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, para su designación por sorteo. La Sala, que constata la existencia de convenio arbitral en una de las estipulaciones de los contratos de pedido suscritos por las partes, examina con detenimiento si en dicha cláusula consensuaron las partes un procedimiento para la designación de árbitro, considerando que en ella no se prevé un arbitraje institucional, pues no se encomienda la gestión o administración del arbitraje a una entidad o Corte de Arbitraje, sino que sólo se dice que el arbitraje se realizará por un Ingeniero insaculado del listado del Colegio correspondiente, sin fijar claramente quién ha de realizar la insaculación. Podían haber procedido las partes a ella de mutuo acuerdo y la actora se dirigió a la demandada advirtiendo que de no recibir noticias suyas iniciaría el procedimiento de designación judicial, sin que la demandada hiciera manifestación alguna ni acudiera al Colegio profesional para instar la designación por insaculación, con lo que su silencio pudo bien interpretarse como renuencia al cumplimiento de lo convenido. En esta consideración accede la Sala al nombramiento judicial postulado.