Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de robo con intimidación. Exigencias que la presunción de inocencia impone a la valoración de la prueba de cargo. Valoración de las declaraciones testificales y en el análisis de sus posibles contradicciones. El reconocimiento del acusado como autor de los hechos a partir de los datos aportados por la víctima. El conocimiento previo como dato esencial. Indicios que corroboran en lo esencial la declaración de la víctima. La intimidación relevante para integrar el delito de robo.
Resumen: El Juzgado de lo Penal condena al acusado como autor de un delito de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa previsto y penado en los artículos 237, 238.1 y 241 del código Penal, a la pena de un año de prisión. La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación alegando infracción de precepto legal, en concreto la no aplicación del artículo 20.2 eximente de drogadicción, a consecuencia del síndrome de abstinencia que sufría el recurrente, y también alega infracción del artículo 21.4ª por no aplicación. Solicita la revocación de la sentencia y la libre absolución. La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación, confirma la sentencia y desestima la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal alegadas en el recurso.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. La valoración probatoria y la tipicidad. Ámbito de conocimiento del tribunal de apelación a la hora de revisar la sentencia de instancia y, en concreto, la valoración probatoria. La prueba de la autoría del empleo de fuerza para acceder al vehículo en el que se produjo la sustracción. La prueba de indicios. La separación del juez del criterio establecido por los peritos siempre que se motive el porqué. La prueba del ánimo de lucro como fin del apoderamiento buscado. Presunción de inocencia e in dubio pro reo.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito intentado de robo con violencia de menor entidad. El respeto a la valoración de las pruebas en la instancia salvo error manifiesto. La conducta de apoderamiento ilícito con violencia integrada por el forcejeo con el vigilante del establecimiento cuando el acusado huía con los efectos sustraídos. La transformación del hurto inicial en robo violento. Cuando la fuerza o intimidación se desarrollan antes de la consumación del delito y tienen por objeto vencer las resistencias personales que impiden al culpable la disponibilidad del bien codiciado, estamos ante un delito de robo. Consumación y tentativa. La determinación de la pena al concurrir la menor entidad.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de hurto agravado y a otros dos como autores de un delito de receptación. La presunción de inocencia y la valoración de la prueba. El error en tal valoración. La facultad revisora del tribunal de apelación. La apreciación como prueba de cargo de las declaraciones testificales y de la propia manifestación incriminadora del acusado. La receptación, la razón de su punición y los elementos que la integran. El conocimiento por el acusado de la procedencia ilícita de los bienes y el ánimo de lucro. La prueba indiciaria de dichos elementos subjetivos: la irregularidad de las circunstancias de la compra o modo de adquisición, la clandestinidad de la misma, la inverosimilitud de las explicaciones aportadas para justificar la tenencia de los bienes sustraídos, la personalidad del adquirente acusado o de los vendedores o transmitentes de los bienes o la mediación de un precio vil o ínfimo. El ánimo de lucro como cualquier tipo de ventaja, utilidad o beneficio. Valor de la declaración incriminatoria del coacusado, la necesidad de su corroboración periférica. La cuantificación de la responsabilidad civil.
Resumen: El Juzgado de lo Penal condena al acusado como autor de un delito de robo con fuerza las cosas en concurso de leyes a resolver por la regla de absorción del concurso aparente de normas penales con un delito de robo de uso de vehículo de motor en grado de tentativa, concurriendo la agravante de reincidencia, a la pena de dos años y un día de prisión. La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación alegando vulneración del derecho a la presunción de inocencia solicitando la revocación de la sentencia y la libre absolución. La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación, confirma que la sentencia ha señalado que se ha practicado prueba plena en el juicio con resultado concluyente, la sentencia analiza cada uno de los indicios, en primer lugar el ADN claramente incriminatorio en cuanto que sitúa al acusado en el lugar de los hechos, dentro del vehículo, incluso con vestigios genéticos en la carcasa donde están los cables de encendido, junto con las declaraciones del propietario del vehículo que acreditan que estaba cerrado y estacionado, faltan efectos y hay desperfectos, tanto de forzamiento como intento de encendido. No se ha infringido el derecho la presunción de inocencia.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. Presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba. El control en segunda instancia de las pruebas de cargo de carácter personal que han sido valoradas por el tribunal de instancia en virtud de la inmediación que proporciona el juicio oral. Valor probatorio de las declaraciones de agentes de policía en relación con hechos que han presenciado o investigado de forma directa. Valor como prueba de cargo de los indicios: la doctrina jurisprudencial. Su análisis en segunda instancia.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó a los acusados como autores de un delito de robo con fuerza. Exigencias que impone la presunción de inocencia a la valoración de la prueba. La valoración de pruebas personales y el respeto a la apreciación realizada por el juez de instancia. Insuficiencia de la grabación de la vista oral como medio de valorar la prueba personal. La identificación realizada por los agentes de la Guardia Civil a partir de las grabaciones de cámaras de seguridad. Existencia de indicios complementarios. La escasa nitidez de las imágenes se compensa con el hecho de que los agentes conocían a los acusados de anteriores investigaciones. Las explicaciones poco coherentes de los acusados no puede, por sí misma, servir para enervar el principio de presunción de inocencia y fundamentar el dictado de un fallo condenatorio. No aplicación del principio in dubio pro reo.
Resumen: Se desestima el recurso del condenado, y se estima el recurso del Mº Fiscal, que denunciaba la indebida inaplicación del art. 89.1 CP, al haber revocado la Audiencia Provincial la expulsión de territorio nacional acordada por el Juzgado de lo Penal, sobre la base de no haberse dado un trámite de audiencia "en condiciones de efectividad". La decisión del Tribunal de apelación vulnera, de entrada, la doctrina de la voluntad impugnativa, puesto que el acusado, en su recurso, había planteado una única discrepancia con la sentencia de instancia, limitada a la valoración de la prueba. Es evidente que la cuestión sobre la que resuelve no guardaba relación ni conexión alguna con las pretensiones deducidas por el recurrente ni con las consideraciones expresadas en apoyo del único motivo por el que discrepaba de la sentencia de instancia, vetando a las demás partes, en este caso el Ministerio Fiscal, la oportunidad para oponerse. En todo caso, no se explica por el Tribunal, ni desde luego se comprende por qué, en relación a la expulsión, estima que no se ha cumplido el trámite de audiencia del acusado en lo que denomina "condiciones de efectividad", esto es, qué otros trámites debían haberse observado y fueron omitidos, o en qué otras condiciones debía haberse celebrado el juicio. No se ha vulnerado el derecho de audiencia del acusado, pudo alegar lo que tuvo por conveniente, oponiéndose a la pretensión del Ministerio Fiscal y aportar los medios de prueba pertinentes.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento por un delito un delito de homicidio agravado cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y un delito de robo en concurso real. La solicitud de asilo y la incoación del expediente no suspenden la tramitación del procedimiento de extradición, sino que únicamente determinan la suspensión de la ejecución de la entrega en extradición del reclamado hasta que se dicte la oportuna resolución por la autoridad administrativa. No se aprecia riesgo de ser sometido a penas que atenten contra su integridad corporal o a trato inhumanos o degradantes. Condicionamiento de la entrega a prestarse por las autoridades reclamantes la garantía de que, en el caso de serle impuesta al reclamado pena de cadena perpetua, el cumplimiento de la misma no sea indefectiblemente de por vida, con expresa indicación de los mecanismos legalmente previstos para su revisión.
