Resumen: Prevaricación administrativa. Nos encontramos ante un escenario de desnuda arbitrariedad en el que el recurrente impuso su voluntad no solo omitiendo normas esenciales de procedimiento, sino despreciando las que ya se habían activado por aquellos que, además, eran los legalmente competentes para ello. El recurrente adoptó una decisión, sabedor de su injusticia, que desconoció las reglas competenciales y procedimentales más elementales que regulaban la potestad administrativa de policía del municipio del que era teniente de alcalde. La conducta alcanzó, así, la tasa de antijuridicidad específicamente penal reclamada por el tipo.
Resumen: Recurre la acusación particular la sentencia que absolvió a los acusados en la instancia, Alcalde y Secretario Municipal, por delitos de prevaricación urbanística, malversación y coacciones derivados de la realización por el Ayuntamiento de un cerramiento con bloques de ladrillo que se ejecutó con infracción de la normativa urbanística, a sabiendas de su ilegalidad y con la finalidad de impedir la ejecución del proyecto de obras que el recurrente pretendía llevar a cabo en una vivienda de su propiedad y en beneficio de otra vivienda propiedad de la familia de un concejal que se vería privada parcialmente de vistas. Se alega infracción procesal derivada de la presentación fuera de plazo del escrito de calificación del Ministerio Fiscal, en el que éste interesó el sobreseimiento de la causa. Se confirma la decisión del tribunal a quo de que la presentación del escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal fuera de plazo carece de relevancia en la medida que la acusación se sostiene por la acusación particular, ahora recurrente. Se cita la doctrina jurisprudencial de que la presentación fuera de plazo del escrito de conclusiones supone una mera irregularidad formal, no determinante de nulidad ni de preclusión del trámite. Se desestima también la queja del recurrente que interesa la nulidad de la sentencia apelada por error en la valoración de la prueba. Se analizan los límites a la apelabilidad de sentencias absolutorias y el alcance del control por el tribunal de apelación sobre la racionalidad de la valoración probatoria efectuada en la instancia, para concluir en la razonabilidad y corrección de la valoración efectuada por el tribunal de instancia.
Resumen: No se aprecia vulneración del derecho al Juez ordinario: competencia de la Audiencia Nacional por el importe de la defraudación y la complejidad. Requisitos del delito de prevaricación de funcionario público. Compatibilidad de la malversación con la prevaricación. Sistema de adjudicación que sólo perseguía imponer la arbitrariedad del deseo/voluntad del adjudicante. Elementos del delito de malversación de caudales públicos: la afección a los intereses públicos defendidos por el tipo penal debe focalizarse, no desde el punto de vista del provecho económico que le reporten o no al autor, sino desde el punto de vista del perjuicio que al cumplimiento de los fines públicos que cuestan dinero le supone a la propia Administración Pública, que es la víctima malversada. Agravación por especial gravedad, en función del valor de las cantidades sustraídas y el daño o entorpecimiento producido al servicio público. Continuidad delictiva sobre el delito de prevaricación y sobre el de malversación. Fijación de la responsabilidad civil teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de la utilidad/necesidad, algunos de los resultados de los contratos auditados reportaron alguna utilidad o son susceptibles de hacerlo. Participación delictiva como cooperador necesario en el delito de prevaricación y en el de malversación. No pueden considerarse prescritos los delitos. Obligada la rebaja penológica derivada de la complicidad y la condición de extraneus de uno de los acusados. Agravante de dilaciones indebidas no aplicable como cualificada.
Resumen: Como en todo procedimiento abreviado, el ámbito objetivo del enjuiciamiento, los hechos punibles, quedaron delimitados al término de la instrucción en el auto dictado, conforme determina el art. 779.1.4ª de la LECRIM. El levantamiento de un reparo es una resolución expresamente prevista en la normativa administrativa que puede ser, como toda resolución administrativa, plenamente ajustada a derecho; y aun cuando no sea plenamente ajustada a derecho, no tiene por qué ser una conducta delictiva; será constitutiva de un delito de prevaricación cuando dicha resolución administrativa comprenda los elementos que delimita el art. 404 del Código Penal. Sin embargo, el hecho de que decisión del alcalde, o del pleno de una corporación en los casos en los que la función de levantar el reparo sea competencia de este último, no resulte ajustada a derecho determina que esa resolución constituya un delito de prevaricación.
Resumen: Absuelve a un acusado de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos de los que venía acusado. Acusado que en su condición de Alcalde presidente de un Ayuntamiento es acusado por la aprobación, adjudicación y ejecución de diversas obras, respecto de las que tramita las subvenciones correspondientes y emite facturas de pago en correspondencia con las obras realizadas. Delito de prevaricación administrativa. Elementos requeridos para la aparición del tipo penal. Se precisa una discordancia patente y clara entre esta resolución adoptada y el ordenamiento jurídico aplicable. Delito de malversación de caudales públicos. La acción típica de sustraer exige la concurrencia de ánimo de lucro en el sujeto activo, y la acción de consentir que otro sustraiga requiere el ánimo de lucro de quien sustrae, no de quien consiente; por tanto, el elemento subjetivo del injusto se satisface, respecto al consentidor, con el consentimiento del hecho y la libre decisión de tolerarlo. Facturas abonadas que se corresponden todas con obras efectuvamente ejecutadas.
Resumen: Absuelve a los acusados de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Acusados que como alcaldes y concejales de una corporación municipal realizan contratación directa e irregular de personal laboral e interinos en la corporación o autorizan pagos de nóminas y complementos retributivos contra las notas de reparo emitidas por la intervención municipal. Delito de prevaricación administrativa. Prescripción del delito por transcurso del plazo desde la fecha del hecho y la información de la imputación. Retraso exceso del Fiscal al calificar los hechos que no puede producir como efectos la nulidad del proceso, sin perjuicio de la afectación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Archivo de la causa para un acusado que carece de capacidad para entender el sentido del juicio. Elementos objetivos y subjetivos requeridos para la aparición del delito de prevariación administrativa. Conductas omisivas. No toda vulneración de la legalidad administrativa implica una prevaricación típica. Malversación de caudales públicos y requisitos que completan la tipicidad del delito. Se requiere que la autoridad o funcionario tenga una facultad decisoria jurídica o de detentación, siquiera mediata, de caudales o efectos, de hecho o de derecho.
Resumen: Naturaleza jurídica del auto de transformación en procedimiento abreviado. La decisión de archivar el procedimiento sólo puede ser adoptada cuando las diligencias de investigación practicadas evidencien de forma objetiva y clara, sin necesidad de interpretaciones subjetivas, la inexistencia de los hechos objeto de la investigación o la atipicidad de los que se demuestren existentes o que no aparezca suficientemente justificada. No puede considerarse prescrito el delito
Resumen: La sentencia recurrida absuelve a los acusados del delito de prevaricación administrativa que se les imputaba al considerar que no había prueba suficiente de que la resolución administrativa omitida (ausencia de sanción de la obra construida sin licencia e ilegalizable), se debiera al conocimiento cabal por dichos acusados (como alcaldes, tenientes de alcalde o concejales que pudieron sancionar la obra) de la ilegalidad o grave ilegalidad de dicha falta de sanción y se recurre la misma por el Ayuntamiento que ejerce la acusación particular en base a que no ha tenido en cuenta el Juzgado determinadas pruebas que considera claramente incriminatorias y, en todo caso, que incurre en error al valorarlas y la Sala desestima el recurso ya que, al margen de cuál fue o debió ser lo realmente ocurrido y del cabal sentido de la prueba practicada en el acto del juicio, no cabe condenar en apelación a quien ha sido absuelto en primera instancia cuando se pretende la condena en base a una revisión de la prueba (personal o no) practicada en juicio, y que él Tribunal no ha presenciado, sobre todo cuando tampoco ha sido oído directamente el acusado durante la apelación, en base a la jurisprudencia del TC que se cita y aun en el caso de que incluso hubiera incurrido el Juzgado en alguna equivocación y no hubiera reparado en algún extremo o contenido de alguna declaración, ello no convierte a los acusados en culpables, todo lo cual motiva el rechazo del recurso.
Resumen: Absuelve de los delitos de nombramiento ilegal de cargo público en concurso con delito de prevaricación administrativa. Se alega grabación ilegal de las intervenciones en el Pleno de la Diputación. No es intromisión ilegítima ni infracción del derecho a la propia imagen la captación, reproducción o publicación por cualquier medio de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la voz o la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. El delito requiere: a) un sujeto activo, autoridad o funcionario público; b) que se dicte una resolución (expresa o tácita, escrita u oral, con exclusión de los actos políticos o de gobierno y de los de trámite) con contenido decisorio que afecte a los derechos de los administrados o a la colectividad en general o se omita la misma en asunto administrativo; c) que sea contraria a derecho (falta absoluta de competencia, omisión de trámites esenciales del procedimiento o el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente); d) que sea ilegal (arbitraria) y no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; e) que ocasione un resultado materialmente injusto; y e) que la actuación sea a sabiendas de la injusticia de la resolución dictada u omitida, lo que excluye del tipo la comisión culposa y por dolo eventual. Se admite la participación en el mismo por parte del extraneus (inductor o cooperador necesario).
Resumen: Se confirma la condena del recurrente que, en su condición de Alcalde, intervino en 9 contrataciones, apartándose de los sucesivos y previos informes desfavorables de la Intervención municipal, en los que se formalizaba el oportuno reparo de legalidad a cada una de las diferentes contrataciones -y, en su caso, prórrogas de las mismas- objeto de enjuiciamiento efectuadas por el encausado, exponiéndose de forma pormenorizada la normativa, tanto legal como constitucional, que se infringía de materializarse las mismas; y sin que los decretos del condenado ofreciesen una justificación mínima y exigible acerca de la necesidad urgente e inaplazable de las concretas contrataciones acordadas. El Alcalde no rebatió ninguno de los argumentos que los informes desfavorables recogían, como tampoco presentó otros informes que contradijeran a aquellos, además una vez que se remitieron los Decretos para su legalidad a los Servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, dicho Servicio procedió a recurrirlos ante la jurisdicción Contencioso- Administrativa, anulándolos. La selección de personal laboral no puede contravenir las normas ni los principios constitucionales por los que imperativamente se rige el acceso a las funciones y cargos públicos de acuerdo con los arts. 23 y 103 de la CE, siendo inaceptable la contratación laboral de plano, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de méritos y capacidad.
