Resumen: Anula la sentencia del Juez Penal en la que absolvía a dos acusados de un delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en la Constitución Española y ordena que se dicte nueva sentencia por el mismo Juez Penal valorando la prueba que fue practicada en el acto del juicio oral. Acusados que forman parte de un movimiento político y que con ocasión del día de la Hispanidad convoca y desarrollan marchas y una serie de actos en que realizan manifestaciones ofensivas para otros actores políticos. Juez Penal que declara falsa la documental llevada a la Fiscalía para el inicio de las diligencias de investigación y que extende la nulidad al resto de pruebas practicadas en virtud de la teoría de los frutos del árbol envenado. El tribunal de apelación, sin cuestionar la falsedad de los documentos aportados como iniciadores de la investigación de la Fiscalía, constata que las restantes pruebas fueron practicadas sin relación alguna con el documento inicial de denuncia falso y que no fueron obtenidas con vulneración de ningún derecho fundamental. No se aprecia conexión de antijuricidad alguna entre el documento falso y las declaraciones de los testigos directos de las declaraciones de los acusados realizadas en una manifestación en la vía pública o de las grabaciones que se efectuaron sobre la misma a la vista del eco mediático que tales manifestaciones causaron. Nulidad por conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva.
Resumen: Se condena a un miembro de la Guardia Civil por su participación a título de cooperador necesario en la entrada de grandes cantidades de hachís en territorio nacional, recibiendo sumas de dinero por facilitar dicha entrada. Se aprecia extrema gravedad cuando la cantidad exceda de la resultante de multiplicar por mil la cuantía establecida para la apreciación de la agravación de notoria importancia. Juez ordinario predeterminado por la Ley: la mera existencia de una discrepancia interpretativa sobre la normativa legal que distribuye la competencia entre órganos de la jurisdicción penal ordinaria no constituye infracción del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la Ley. No obstante, se ha apreciado cometida tal vulneración cuando se modifican sustancialmente las normas sobre atribución de competencia y reparto legalmente establecidas, en aplicación de la tesis no avalada por norma legal alguna. Secreto del sumario: en los supuestos de excesiva prolongación del secreto no puede derivarse sin más un efecto anulatorio, pues es necesario constatar que con ello se han disminuido de manera relevante las posibilidades de defensa, no en abstracto y por vía de principios, sino en concreto. Se condena al pago de las costas de la acusación popular como excepción a la doctrina que las excluye con carácter general, pero no cuando se persiguen bienes jurídicos colectivos, como son la salud en general y el recto proceder de los funcionarios públicos.
Resumen: Denegación de la entrega por los hechos de utilización ilícita de redes de comunicaciones y acceso abusivo a un sistema informático, al no cumplir el requisito de la doble incriminación, que debe añadirse a la parte dispositiva. El relato de hechos de la solicitud de extradición resulta completado por el que consta en las resoluciones que acompaña. NO se acredita riesgo de tratos inhumanos o degradantes. No se acredita riesgo de no tener un juicio justo. Inadmisión de plano de la recusación del tribunal, basada en hechos inocuos. La nacionalidad española del reclamado no obsta a la extradición carece de virtualidad al haber sido entregado en otro expediente de extradición. El principio de doble incriminación no afecta a las agravantes aplicables en una y otra legislación.
Resumen: Recuerda la sentencia que el Tribunal Constitucional ha reiterado que la prohibición de incurrir en bis in idem procesal o doble enjuiciamiento penal queda encuadrada en el derecho a la tutela judicial efectiva, concretándose en la imposibilidad de proceder a un nuevo enjuiciamiento penal si el primer proceso ha concluido con una resolución de fondo firme con efecto de cosa juzgada, y ha admitido la anulación de pronunciamientos absolutorios con retroacción de las actuaciones al inicio del juicio oral en casos de vulneración de derechos fundamentales de las acusaciones. En el caso concreto, el Tribunal Supremo establece la repetición del juicio para una acusada respecto de hechos por los que ya había sido absuelta, como consecuencia de la estimación de su propio recurso en el que había alegado la vulneración del derecho de defensa, supondría una reformatio in peius que debe rechazarse. Secreto de las comunicaciones, se recuerda la necesidad de control judicial. No forma parte del derecho del art. 18.3 CE todo lo referido a la entrega de la cintas grabadas. Se delimita el contenido del principio de igualdad. Presunción de inocencia; se señala el alcance casacional del derecho. Dilaciones indebidas muy cualificadas: presupuestos. Derecho a utilizar los medios de prueba: se detalla el contenido del derecho. Cohecho: se delimita el concepto de acto injusto. Cooperador: dolo. Tráfico de influencias: requisitos. Continuidad delictiva, unidad natural de acción.
Resumen: Concurre el requisito de la doble incriminación: de conformidad con el ordenamiento penal español, los hechos serían constitutivos del delito de blanqueo de capitales cometido en el seno de una organización criminal. No consta que el procedimiento seguido en España tenga el mismo objeto. No corresponde a esta Sala un antejuicio o valoración previa de los hechos que conduzca a una declaración de culpabilidad o inocencia en orden a la participación del reclamado en los hechos objeto de extradición. Pero se aportan suficientes indicios acreditativos inicialmente de los hechos atribuidos al reclamado. La acción penal no ha prescrito. La nacionalidad española del reclamado no se considera suficiente para denegar la extradición, dada la naturaleza de los delitos imputados y que el material probatorio no se encuentra el España.
Resumen: Nulidad de la sentencia recurrida. En los hechos probados se contienen párrafos que no responden a la determinación de los hechos. La sentencia no permite conocer el contenido de las pruebas de cargo presentadas, y solo de forma parcial los motivos que llevaron al tribunal a desecharla. Declara la nulidad de la sentencia recurrida y su devolución a tribunal sentenciador a fin de que la complete. Imposibilidad de subsanación por la vía del recurso de aclaración.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales. Concurre el principio de la doble incriminación. No hay identidad con los hechos por los que se sigue un procedimiento en España. No incumbe en este procedimiento extradicional despejar el acaecimiento de los hechos sino comprobar la existencia de datos indiciarios. Debe atenderse a los requisitos para la prescripción de la legislación del Estado requirente, según el Tratado. La nacionalidad de la reclamada no aconseja la denegación de la extradición.
Resumen: Limitaciones del recurso de apelación contra sentencias absolutorias. Debe respetarse los hechos declarados probados en la sentencia apelada. Concurren todos los elementos del delito de estafa: el directivo acusado hizo creer a su principal que está haciendo un contrato en las mejores condiciones, pero ocultando que el 0,7 es para él, autorizándose los pagos fruto del engaño de creer que debe retribuir a su asesor local el 3 %. El desplazamiento patrimonial se produce como consecuencia de un consentimiento viciado, erróneo. Ratifica la absolución por delito de corrupción entre particulares al no haber estado en vigor cuando se cometieron los hechos. Concurren todos los elementos del delito de blanqueo de capitales. La investigación que pueda existir en Andorra, al no haberse producido aún el enjuiciamiento, no tiene efectos de cosa juzgada.
Resumen: El Tribunal del jurado declaró probado que el recurrente, en su condición de funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, tramitó diversos expedientes en la oficina de Extranjería y solicitó de las personas interesadas regalos o dinero para cumplir las funciones propias de su cargo, recibiendo de aquellos distintas cantidades de dinero, sin que una de ellas llegara a su poder al ser atendida por otra funcionaria la interesada que portaba el dinero. La prueba disponible consistió, sustancialmente, en la testifical del Jefe de la Oficina que ratificó el certificado incorporado a las actuaciones acerca de la condición de funcionario y de las funciones que desempeñaba en la Oficina de Extranjería, concretamente sobre la tramitación de los expedientes, y las testificales de las tres personas interesadas que manifestaron que acudieron a la Oficina y fueron requeridas por el recurrente para que le entregaran dinero, llegando a hacerlo efectivamente dos de ellas. Se trata, por lo tanto, de pruebas personales, cuya valoración, en principio, corresponde al Tribunal que ha presenciado la práctica de la prueba, sin que se aprecie la concurrencia de datos o elementos probatorios que permitan considerar que aquella valoración ha infringido las reglas de la lógica, las máximas de experiencia o los conocimientos científicos. El Tribunal de apelación no encuentra razones atendibles para poner en duda la testifical de esas personas.
Resumen: Auto de apertura del juicio oral en el denominado "caso de las Eólicas", por delitos, continuado de prevaricación, continuado de cohecho, continuado de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delitos de extorsión, delitos contra la Hacienda Pública. Contenido del citado Auto de apertura del Juicio oral. Concluye las diligencias previas y adopta una serie de medidas cautelares que tienen como base una imputación penal. Contiene un juicio provisional y anticipado sobre los hechos, que no vincula a las partes ni al tribunal sentenciador. Extinción de la responsabilidad criminal por fallecimiento. El Instructor acuerda no haber lugar a la apertura del Juicio Oral respecto de ciertos imputados y en relación con determinados delitos. Apertura del juicio oral contra los responsables civiles subsidiarios. Denegación de apertura del juico oral contra determinados responsables civiles subsidiarios. Apertura del juicio oral contra un partícipe a título lucrativo. Exigencia de fianzas para asegurar las responsabilidades pecuniarias. Declaración de la competencia para el enjuiciamiento.
