Resumen: El propio autor del delito antecedente puede perpetrar el delito de blanqueo de capitales respecto de los bienes y recursos obtenidos con ocasión de la comisión de aquel (autoblanqueo). La labor que corresponde al Tribunal de apelación en la encomienda de supervisar la valoración de la prueba hecha por el juzgador de instancia, cuando se alega ante él la infracción del derecho a la presunción de inocencia, no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador a quo, porque solo a éste corresponde esa función valorativa, sino verificar que, efectivamente, el Tribunal de instancia contó con suficiente prueba de signo acusatorio. La sentencia debe anularse cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión o también por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impiden saber lo que el Tribunal declara efectivamente probado. Para que pueda prosperar este motivo de casación, es necesario: a) que la contradicción sea manifiesta y absoluta; b) que sea insubsanable; c) que sea interna en el hecho probado y d) que resulte relevante para el sentido del fallo
Resumen: Se desestiman peticiones de nulidad en relación con las escuchas telefónicas por llevarse a cabo una instrucción prospectiva, por falta de motivación de las resoluciones que prorrogan las escuchas, por falta de autentificación de la voz de las conversaciones, por ausencia de control judicial, por vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, y por los efectos de la declaración de complejidad adoptada fuera de plazo; y otras relativas a vicios de la sentencia por predeterminación del fallo, por incongruencia omisiva, y por no valoración de la prueba de descargo. Se analizan los elementos del delito de prevaricación por el que se condena, que consistió en que los acusados se pusieron de acuerdo en crear y desarrollar un procedimiento administrativo ficticio para que la Diputación Provincial abonara unas cantidades que se reclamaban por obras realizadas al margen del proyecto de una obra subvencionada por dicho organismo. Se analiza el delito de fraude a la Administración y se llega a la conclusión de que no se ha acreditado el elemento subjetivo que requiere el tipo, esto es, que la actuación de los acusados fuera dirigida a defraudar el patrimonio de la Administración. Se analiza la participación por cooperación necesaria en el delito de Prevaricación. Se aprecia la atenuante simple de dilaciones indebidas al haber transcurrido 6 años en enjuiciarse los hechos desde la atribución de la condición de investigado.
Resumen: Se avalaba la apreciación del grave daño para la causa pública o para tercero que cimentan la aplicación del último inciso del art. 418 CP. Los hechos probados se contraen al diseño y ejecución de una trama encaminada a la difusión a cambio de precio, de datos personales y laborales alojados en la base de la SS, así como a la base de datos del SEPE, a las que el coacusado tenía acceso en su condición de Director de la oficina de empleo de la localidad de Bullas. A tal fin, se pondera: la entidad de los hechos, una sofisticada estrategia de divulgación dotada de permanencia; la afectación de los intereses de una pluralidad de ciudadanos, cuyos datos de carácter reservado fueron indebidamente divulgados y utilizados en finalidades distintas de aquellas que justificaron su obtención; la naturaleza de la información con la que se traficó, datos estrictamente personales unos, de carácter laboral otros, y algunos más de naturaleza económica y bancaria; y la ponderación del grave daño según el número total de afectados. En conclusión, la naturaleza y permanencia en el tiempo de la estrategia diseñada, el carácter de las informaciones reveladas y el número de personas afectadas, confieren un desvalor a los hechos que sobradamente soporta la calificación agravada que se aplica, en cuanto se vio gravemente comprometido el interés en la salvaguarda de secretos personales que incumbe a la Administración, y el particular de una pluralidad de personas.
Resumen: Entramado societario con la finalidad de enriquecerse y a quienes formaban parte de la trama, además de procurar financiación irregular al partido popular a través de fondos ilícitos provenientes de las conductas delictivas. Control de la voluntad de cargos públicos a cambio de favores, regalos y finalmente una retribución económica. Adjudicación contratos públicos por el Ayuntamiento mediante la tramitación de un expediente administrativo dirigido a favorecer a la empresa designada por la trama a cambio de una retribución, mediante adjudicaciones directas o contratación de las empresas del Grupo fraccionando los contratos de modo fraudulento. Creación de un fondo en efectivo denominado "Caja B" que se nutría de las comisiones pactadas con terceros a cambio de adjudicaciones públicas con las que retribuir y ocultar los cobros, y creación de un entramado financiero y societario para ocultar la procedencia de los fondos. Reconocimiento de hechos por parte de algunos acusados. Defraudación a la Hacienda Pública. Concurso de leyes entre el delito contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, y entre éste y el delito de insolvencia punible. Atenuantes analógicas de confesión como muy cualificada y de reparación del daño. Rechazo de la aplicación de la Atenuante de dilaciones indebidas. Comiso. Partícipe a título lucrativo. No prescripción de la acción civil.
Resumen: Adjudicación fraudulenta de contratos públicos mediante una estructura comercial con red de contactos con funcionarios o empleados públicos que facilitaban la contratación, y con contabilidad paralela con facturación falsa para financiar el pago de dádivas a funcionarios o empleados públicos a fin de lograr la adjudicación de los contratos públicos. Establecimiento, en connivencia con el funcionario, de una concurrencia ficticia en la que formalmente aparecían tres empresas distintas, que en realidad actuaban en unidad de dirección. Obtención de información privilegiada de los contratos, conociendo de antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras empresas. Manipulación en la valoración de los criterios subjetivos. Ofertas deliberadamente falsas sin voluntad de cumplir. Falsificación de las certificaciones por los trabajos realizados. Uso de empresas pantalla. Acuerdos para repartirse el mercado con empresas directamente competidoras. Fraude en la ejecución del contrato. Constitución de caja B para pagar comisiones a funcionarios. Legitimación activa de la Abogacía del Estado. Prescripción del delito de fraude a las administraciones públicas: legislación aplicable. Prescripción en delitos conexos. Delito de grupo criminal. Delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. Delitos continuados de cohecho activo cometido por particulares. Delito de fraude a la Administración.
Resumen: Denuncia contra la actual Ministra de Defensa y quienes se afirma son sus testaferros, por hechos constitutivos, a juicio del denunciante, de delitos continuados de fraude fiscal y evasión de capitales. Los hechos, tal y como vienen relatados en la denuncia, son susceptibles de encaje en el delito contra la Hacienda Pública, pero este delito, en las fechas de los hechos, estaba castigado con penas de hasta cuatro años de prisión, lo que, conforme a la redacción entonces vigente del Código Penal, determinaría un plazo de prescripción de cinco años que, en la fecha de la presentación de la denuncia ya había transcurrido. En cuanto a la evasión de capitales, la apertura del procedimiento es igualmente improcedente, si bien por falta de naturaleza delictiva de los hechos: la evasión de capitales no es actualmente delito, ni lo era cuando los hechos se produjeron. Aunque el delito de blanqueo de capitales, al haberse cometido en el extranjero, podría ser competencia de la Audiencia Nacional, no se ha interpuesto querella por el agraviado o el Ministerio Fiscal, lo que constituye una razón añadida a la prescripción para la inadmisión a trámite de la denuncia. Falta de concreción de los hechos constitutivos del delito de cohecho.
Resumen: Condena a dos acusados como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, a uno de ellos como autor material de un delito continuado de cohecho y otra como cooperadora necesaria de un delito de cohecho; y absuelve a otros por las mismas acusaciones. Facultades revisorias del tribunal de apelación. La revisión de sentencias absolutorias por el cauce de infracción de ley se concretan en la corrección de errores de subsunción e impide revisar la valoración de pruebas realizadas en la instancia. Responsabildiad penal de la persona jurídica. Legalidad penal aplicable a conductas anteriores a la reforma del art. 31 bis CP operada por l.O. 1/2015. Absolución de la persona juridica desde la aplicación de la legalidad penal vigente a la fecha de la sentencia. La responsabilidad penal de la persona jurídica exige que su fundamento se encuentre en la responsabilidad de la propia empresa por un defecto estructural en los mecanismos de prevención frente a sus administradores y empleados. Delito de cohecho. Acusado que emite un voto favorable a la aprobación por la corporación municipal de una resolución como contrapartida por los pagos recibidos y otros a percibir en el futuro. Cooperación necesaria en el delito de cohecho. Acusada que lleva a cabo de forma consciente y dolosa actos necesarios para ayudar a su hermano concejal en la comisión del delito de cohecho. El delito de cohecho se consuma con la solicitud o la recepción de la dádiva o promesa.
Resumen: Operación que tenía por objeto la introducción por mar de una elevada cantidad de cocaína adosada al casco de un barco procedente de un país sudamericano, que entraría por un puerto fiscal, para lo que era necesaria la cooperación del guardia civil acusado, participando también un funcionario de la Administración de Justicia, que les informaba de que no hubiera causas penales contra ellos. El guardia civil se ofrecía a cambio de dinero para franquear o dar cobertura de seguridad al puerto de cargas ilegales. Nulidad de la instalación de aparatos de escucha ambiental en vehículos. Procesos que son deducción de testimonio de otra causa principal; si se ha declarado la nulidad de las intervenciones telefónicas, afecta a este nuevo proceso, que no es aplicable al caso. Intervenciones telefónicas, indicios que han de aparecer en el oficio policial. Informe del Fiscal previo a acordar la intervención telefónica. Conexión de antijuridicidad entre la nulidad de una prueba y las restantes. Doctrina del fruto del árbol envenenado. Intervención de conversaciones de chats. Valor de la declaración incriminatoria de los coacusados. Apreciación de la tentativa en el tráfico de drogas. Delito de pertenencia a organización criminal. Tráfico de drogas de extrema gravedad. Figura del cómplice en el delito de tráfico de drogas. Atenuante analógica de confesión de la infracción.
Resumen: No hay en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ninguna disposición que imponga al juez de instrucción la obligación de dar audiencia a las partes antes de acordar el sobreseimiento. Pero se ha respetado el principio de contradicción a través de los recursos. No es la existencia de pruebas, y menos de las de naturaleza directa, lo que determina el mantenimiento de una persona como investigada, son los indicios de la participación de dicha persona en la comisión de una infracción penal, que existen en este caso. La admisión de la solicitud de sobreseimiento, pese a la previa omisión por el procurador de la parte solicitante de dar traslado a las demás de las copias, no ha generado una efectiva indefensión material a las partes recurrentes. Indicios existentes de la comisión por parte de al menos una persona con la más alta responsabilidad en REPSOL de hechos susceptibles de calificación como delitos para los que el Código Penal prevé la posibilidad de comisión por personas jurídicas. La instrucción no puede darse por finalizada, en lo que a la responsabilidad penal de REPSOL concierne, sin haber practicado diligencias de declaración y sin haberse aportado la documentación de soporte del informe de KPMG. Indicios de incumplimientos de las normas de CAIXABANK, lo que, a su vez, podría ser revelador de deficiencias en el modelo de prevención. Procedencia de la declaración testifical del responsable del área de cumplimiento normativo.
Resumen: Complemento de motivación requerido al estimarse recurso de apelación contra una sentencia anterior dictada por el tribunal. Motivación de las sentencias absolutorias: no es la misma que el de las sentencias condenatorias. Basta con que la lectura de la sentencia muestre los fundamentos probatorios de la convicción del Juzgador y las razones por las que ha rechazado otros argumentos o pruebas de signo inculpatorio. No aportación de tarjeta o USB a las actuaciones, por lo que no hay prueba de su preexistencia. Para que la Sala pudiera tener en cuenta las manifestaciones anteriores de los testigos las acusaciones debieron preguntar por tales contradicciones. Valoración del juez sentenciador de la regularidad de la custodia y la incorporación a la causa. No está prohibido el inicio de actuaciones de inspección o comprobación a partir de una denuncia anónima, sino que se exige una especial prudencia en el control de esa información antes de iniciar las actuaciones.No se denuncia la cadena de custodia de la Policía, sino la manera en que la misma accedió a los terminales, perfectamente descrita en autos y que deberá ser valorada como cualquier otra prueba, sin que por eso queda invalidada la diligencia de volcado. Exabruptos vertidos en conversaciones privadas en las que no existe la más mínima corroboración sobre intenciones reales de provocar o cometer los hechos. Inconsistencia de las declaraciones testificales de los testigos protegidos. No concurre elementos de los delitos.
