Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a s su vez estimó la demanda interpuesta contra la Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Primaria de fecha 14 de Julio de 2021 por la que se desestima la solicitud de reconocimiento del derecho para que se declare el derecho de la recurrente a que la Administración le reconozca como tiempo de servicios prestados a todos los efectos el periodo comprendido entre el 21 de Noviembre de 2018 y el 1 de Enero de 2019 que se corresponde con el tiempo en que permaneció de baja maternal y no pudo incorporarse de forma efectiva al nombramiento ofertado por el Servicio Cántabro de Salud con fecha 30 de Noviembre de 2018 quedando diferida su incorporación hasta el 2 de Enero de 2019, confirmado por la desestimación presunta por silencio administrativo. Señala la Sala que la normativa que regula la incidencia que la falta de toma de posesión en un nuevo destino durante los periodos de licencia o permiso no puede ser interpretada, en relación con aquellos permisos y licencias otorgados por razón de maternidad, tal y como se hizo por la Administración. Es decir, no sólo en contra de lo expuesto en la citada Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, sino en contradicción con el principio de no discriminación por razón de sexo que la Constitución prevé en su artículo 14.
Resumen: La Compañía en la que estuvo destinado el interesado sufrió una reestructuración pasando a denominarse segunda compañía Fiscal y de Fronteras, sin embargo, durante el tiempo en el que el recurrente estuvo prestando servicios dicha unidad no tenía la consideración de fiscal y de fronteras. Dicha unidad no era formalmente una Unidad Fiscal y de Fronteras aunque alguno de sus cometidos estuviesen relacionados con dicha especialidad, sin embargo sometió serán propios de Seguridad Ciudadana y no es obstáculo que con fecha posterior a su cese si viste concedida dicha especialidad a todos los destinados en dicha compañía puesto que los efectos se producían desde el 1 de septiembre de 2023 no afectan del recurrente, que ceso en enero de 2022. Y aunque se invoca la desigualdad de trato respecto de otro Guardia Civil, que se dice está en su misma situación, al que, presuntamente, se le habría reconocido la especialidad. Pero, no se aportan las circunstancias concretas de aquel, por lo que no es posible ahondar en dicho motivo.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez estimó demanda declarando la nulidad del despido por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a causa de discriminación por asociación, en supuesto de represalia por actuaciones contra la empresa de una hermana y del padre de la trabajadora.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, trae causa de demanda de conflicto colectivo deducida por el sindicato STEILAS y otros, contra el Departamento de Educación del Gobierno Vasco para que se reconociera el derecho del personal laboral docente y educativo contratado temporal e indefinido no fijo a la reducción de jornada por razón de edad prevista en el artículo 51 del Convenio Colectivo, derecho que hasta entonces se aplicaba solo al personal fijo. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó la demanda, siendo dicho parecer compartido por la Sala IV. En efecto, el TS tras recordar la doctrina consolidada sobre la igualdad de trato entre trabajadores temporales y fijos, señala que cualquier diferencia debe estar fundada en razones objetivas, razonables y proporcionadas. Así las cosas, considera que las dificultades organizativas alegadas no constituyen una causa objetiva que justifique la exclusión del personal temporal, pues el convenio colectivo no contempla ninguna singularidad para estos trabajadores y la planificación escolar debe adaptarse para garantizar la igualdad de derechos. Asimismo, subraya que la modalidad contractual no puede justificar un trato desigual que perjudique a los temporales y que corresponde a la empleadora organizar los procesos de selección y adjudicación con la antelación necesaria para aplicar la reducción de jornada a todos los trabajadores. Se desestima el recurso del Gobierno Vasco.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Donostia desestimó la demanda por despido presentada por la trabajadora contra la empresa UTE EAS y sus integrantes, tras considerar que el 8 de mayo de 2024 no se produjo despido sino baja voluntaria. Los hechos probados indican que la trabajadora prestaba servicios desde mayo de 2022 como agente de aparcamiento en el aeropuerto de Hondarribia para la UTE EAS, que gestionaba el servicio. El 8 de mayo de 2024, tras reincorporarse de una incapacidad temporal por accidente no laboral, manifestó al encargado su voluntad de dejar el trabajo, entregó material de la empresa y envió un correo solicitando el cese. Posteriormente, intentó retractarse mediante mensajes, pero la empresa ya había tramitado la baja con efectos desde el 9 de mayo, primer día no trabajado tras la renuncia. La trabajadora inició una nueva incapacidad temporal por enfermedad común el 9 de mayo, hecho posterior a la dimisión. Se alegaron amenazas por parte de otro trabajador, pero estas ocurrieron más de un mes después y no influyeron en la decisión inicial. El JS concluyó que la renuncia fue voluntaria, inequívoca y efectiva, sin que la posterior intención de retractación vinculase a la empresa ni convirtiese la baja en despido. En el recurso se solicitó modificar hechos probados y declarar la extinción como despido nulo o improcedente, alegando infracciones legales y constitucionales, pero el TSJ consideró que la prueba aportada no desvirtuaba la valoración de la instancia ni la conclusión sobre la voluntariedad de la baja. El recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora es desestimado y se confirma la resolución impugnada.
Resumen: Las pretensiones declarativas se sostienen sobre la base de la existencia real de un interés o un daño jurídico que se pretende reconocer o evitar. No existe tal condición en un caso, como el presente, en que se reclamaba una condena al abono de diferencias salariales respecto del nivel pretendido con fundamento en una transgresión del principio de igualdad y no discriminación por razón de la temporalidad del vínculo, siendo estas pretensiones posibles, adecuadas y necesitadas de tutela judicial aun después de finalizar la relación laboral, dadas las consecuencias económicas que podrían derivarse de una posible declaración principal estimatoria.
Resumen: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por cuatro afiliados de CCOO contra la sentencia del TSJ de Madrid que ya había rechazado su demanda de tutela de derechos fundamentales. Confirma que ni el congreso extraordinario de la Federación de Construcción y Servicios de Madrid celebrado en 2018 ni el anexo organizativo que lo reguló vulneraron los derechos de igualdad y libertad sindical de los demandantes: los censos electorales estuvieron disponibles, la organización por sectores y la fijación de lugares y horarios de votación fueron lícitas y no discriminatorias, y las comisiones internas actuaron dentro de sus competencias. Al no apreciarse incongruencia ni error probatorio ni quebranto procesal, la Sala ratifica íntegramente la resolución recurrida y declara su firmeza, sin imposición de costas.
Resumen: El Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJ de Galicia que había rechazado la demanda de conflicto colectivo del sindicato OMEGA contra el Sergas. El sindicato pedía que en las pagas extraordinarias de los médicos internos residentes se sumara, además del sueldo y del complemento de grado de formación, el importe correspondiente a las guardias (complemento de atención continuada). El Supremo descarta esa pretensión: recuerda que el art. 7 del RD 1146/2006, norma básica de la relación laboral especial de los MIR, fija como cuantía mínima de cada paga extra una mensualidad del sueldo y del complemento de grado de formación, sin mencionar el de atención continuada. Añade que la inclusión de otros conceptos solo sería posible si leyes presupuestarias, convenios colectivos o pactos individuales mejoraran ese mínimo, mejora que en Galicia no existe. A la vista de su propia jurisprudencia reciente (SSTS 337/2023, 257/2023 y posteriores), concluye que las guardias no forman parte de las pagas extraordinarias de los MIR y desestima el recurso de casación.
Resumen: La sentencia señala que ha lugar al recurso de casación interpuesto contra el auto que tuvo por debidamente ejecutada la sentencia estimatoria que declaró apto al aspirante en la prueba de entrevista personal y ordenó continuar el proceso selectivo en el Cuerpo Nacional de Policía, precisando que la nota de corte a aplicar para poder superar la siguiente prueba psicotécnica a realizar tendría que ser la fijada en el proceso selectivo del que fue indebidamente excluido. La jurisprudencia que ha dicho que la nota de corte de referencia en estos casos no debe ser esa, sino la fijada para la convocatoria en que tiene lugar dicha prueba, no puede aplicarse en el presente supuesto, pues a diferencia de los recursos en que dicha doctrina se estableció, la recurrente no impugnó la sentencia estimatoria que así lo declaró. Sin embargo, al haber denunciado el recurrente la diferente dificultad de los test psicotécnicos a los que se sometió a los aspirantes de la promoción de origen y la de la convocatoria en que se realizaron y al no existir nada en actuaciones que permita explicar la razón de esas diferencias, la Sala estima que procede, por tanto, la repetición del test psicotécnico a fin de garantizar que el realizado en ejecución de sentencia tenga la misma o parecida dificultad y características que los test que efectuó la promoción de origen.
Resumen: Se recurre la sentencia que confirmó parcialmente la estimación de la demanda de un pensionista varón por incapacidad permanente, reconociéndole el derecho a percibir el complemento por maternidad/paternidad del 5% en su pensión, pero desestimando su reclamación de indemnización por daño moral y gastos de abogado derivados de la vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, tras la denegación inicial del complemento por el INSS. El TS confirma que, conforme a la jurisprudencia del TJUE y su propia doctrina, procede reconocer una indemnización adecuada que compense íntegramente los perjuicios sufridos por la discriminación y los gastos judiciales ocasionados, fijando la cuantía en 1.800 euros como adecuada para estos casos. Sin embargo, dado que en la instancia y suplicación la petición indemnizatoria se limitó a 1.500 euros, no puede incrementarse extemporáneamente en casación, por lo que se reconoce la indemnización en dicha cantidad. En consecuencia, se estima parcialmente el recurso, casando y anulando parcialmente la sentencia recurrida, y resuelve que debe reconocerse al demandante la indemnización de 1.500 euros por daño moral y gastos de abogado, que el INSS debe abonar, manteniendo el resto de pronunciamientos.
