• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Bilbao
  • Ponente: ANGEL RUIZ RUIZ
  • Nº Recurso: 1014/2010
  • Fecha: 21/12/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Declaración de la conformidad a derecho de los actos recurridos, que por ello se confirman, con desestimación de las pretensiones ejercitadas en la demanda. Irrelevancia de que al interponerse el recurso no hubiera transcurrido el plazo para que operara el silencio tras recurso de alzada, ya que cuando se formalizó la demanda se había producido la desestimación presunta por silencio, y la demanda puede integrar, como aquí ocurre, lo que puede considerarse ampliación a la desestimación presunta del recurso de alzada.No se da vicio de haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido habida cuenta que la legitimación de FARMAINDUSTRIA debe quedar enmarcada en sus intereses dado que estamos ante un ámbito del ordenamiento jurídico en el que no está prevista la acción pública, y por ello, en principio, no puede presentarse en el proceso para defender intereses del colectivo de los médicos, ni en general de los pacientes, y porque estamos ante una decisión en el ámbito interno de la administración sanitaria de la Comunidad Autónoma, con amparo en el ordenamiento jurídico en su momento vigente.La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, redacción en su momento vigente, habilitaba a la CAPV para la adopción de la decisión recurrida. No se impusieron reservas o condiciones singulares en la prescripción de medicamentos y no se vulnera la igualdad de los ciudadanos en todo el territorio nacional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 774/2011
  • Fecha: 07/03/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso contencioso-administrativo contra el R.D.1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia estatal "Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios" y se aprueba su Estatuto. Resulta desestimado, pues no se aprecia falta de motivación. Sobre esta cuestión declara la Sala que, si bien la exigencia motivación exigible a las disposiciones generales no puede compararse con la propia de los actos administrativos. El estándar aplicable a las disposiciones de carácter general varía sustancialmente al de los actos, pues ha de buscarse en el contenido del preámbulo o exposición que precede a la norma, o en el procedimiento de elaboración de la disposición. Sin que, desde luego, resulte necesaria una explicación específica, concreta e individualizada de todas las previsiones normativas contenidas, ni deba de razonarse, de modo singular, por qué no están representados en el "Comité de Medicamentos de Uso Humano" y en el "Comité de Medicamentos Veterinarios" el colegio profesional de los biólogos, o cualquier otro relacionado con los medicamentos y productos sanitarios, sobre todo, cuando se comprueba que, respecto de la representación de profesionales en la composición de dichos Comités, el Estatuto aprobado no se ha introducido ninguna novedad. Las funciones atribuidas al Comité de Medicamentos de Uso Humano y al Comité de Medicamentos Veterinarios,ponen de manifiesto que la representación de tales profesionales, médicos y farmacéuticos,no resulta caprichosa
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT
  • Nº Recurso: 279/2012
  • Fecha: 15/07/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala llega a la conclusión, confirmando la decisión del TEAC, de que la naturaleza jurídica de la liquidación de las cantidades a ingresar correspondientes al tercer cuatrimestre del ejercicio 2006, en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, no es la propia de un tributo sino la correspondiente al ejercicio de la potestad de la Administración Sanitaria, legalmente otorgada, de intervención en los precios de los medicamentos, enmarcándose la decisión recurrida, que no es aislada, en esa política de contención del gasto público farmacéutico y del que son exponente diversas normas reglamentarias que han sido objeto de fuerte contestación por parte de los Laboratorios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ENRIQUE LECUMBERRI MARTI
  • Nº Recurso: 10/2007
  • Fecha: 19/01/2011
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Real Decreto 1338/2006, de 21 de noviembre, por el que se regulan determinados aspectos del artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios en el marco del sistema de precios de referencia. El recurso se limita a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, ya que el Real Decreto impugnado fue anulado por sentencia de nueve de marzo de dos mil diez, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 12/2007. Desestimación, pues la autorización de la "especialidad farmacéutica genérica correspondiente", al haber tenido lugar de forma previa a la entrada en vigor de dicha Ley, impedía que resultara de aplicación a los Medicamentos CARDURAN NEO el régimen transitorio previsto en la Disposición Transitoria Sexta de la citada Ley 29/2006, referido a "las innovaciones galénicas o formas farmacéuticas innovadoras", "a la entrada en vigor de esta Ley".
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER EUGENIO LOPEZ CANDELA
  • Nº Recurso: 149/2007
  • Fecha: 23/07/2008
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurrente padecía esteatosis hepática, según le fue diagnosticado, con secuelas de cansancio y pérdida de fuerza. El recurrente reclama la responsabilidad patrimonial imputable a la Agencia Española del Medicamento (AEM) por la inactividad e incumplimiento del deber de farmacovigilancia derivada de la falta de advertencia de los efectos secundarios que producía un medicamento asociado con otro. La Sala, tras rechazar la existencia de la excepción de prescripción conforme a la doctrina de los daños continuados, desestima dicha pretensión al entender que no se ha acreditado que el actor tomase el medicamento cuestionado asociado con Gemfibrozilo, como tampoco que padeciese rabdiomilisis, además de que la AEM adoptó las medidas de prevención oportunas hasta la retirada del medicamento en cuestión, existiendo una actuación rápida y adecuada, indicando previamente la contraindicación con el uso de estatinas, así como la modificación de las fichas técnicas. Además, no existe relación de causalidad entre el tiempo que duró la dispensación del medicamento que tomó y la patología advertida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO MARTI GARCIA
  • Nº Recurso: 8606/2003
  • Fecha: 18/04/2006
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia dictada en casación desestima el recurso con los siguientes fundamentos: en primer lugar, porque el acuerdo impugnado, suscrito entre la Ministra de Sanidad y Consumo y Farmaindustria para la elaboración y ejecución de un Plan Integral de Medidas de Control del Gasto Farmacéutico y Uso Nacional del Medicamento, no exige la previa intervención autorizatoria del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; dicha autorización sería exigible si se tratara de la adopción a iniciativa propia de un acuerdo sobre condiciones generales de planificación, coordinación, contratación, adquisición y suministro de medicamentos; en segundo lugar, no se invaden competencias autonómicas pues las materias objeto de compromiso, (estabilización del gasto farmacéutico y el establecimiento de un fondo económico para la ayuda a la investigación) encuentran amparo en las competencias que se atribuyen al Estado en el artículo 149.1. 15ª y 16ª de la Constitución.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO MARTI GARCIA
  • Nº Recurso: 4933/2003
  • Fecha: 09/05/2006
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación. Resolución de la Dirección General de Farmacia y Productos Químicos, que acordó autorizar la financiación por parte del Sistema Nacional de Salud de la especialidad medica Rebetol 200 mg 140 cápsulas duras con número de registro Eu1/99/107/002 (c.n. 792200) y REBETOL 200 mg 168 cápsulas duras nº de registro EU/1/99/107/002. Estimación: el análisis del artículo 22 de la Ley del Medicamento claramente muestra que las restricciones, limitaciones y reservas que el citado precepto autoriza, lo son, siempre y de forma exclusiva, por razones sanitarias objetivas. Anulación la resolución impugnada en el particular que limita su dispensación a los servicios de farmacia de los Hospitales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 6203/2006
  • Fecha: 09/02/2009
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima la casación del particular y el contencioso, y estima la casación de la Administración. 1) Particular: Se desestima el primer motivo pues la petición de planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no sirve para fundar un recurso de casación, perteneciendo a la soberanía del Tribunal de instancia dicho planteamiento. El segundo pues es doctrina TS que en casación está vedada la introducción de cuestiones nuevas, así como la improcedencia de la obtención por silencio positivo de la autorización de apertura de oficina de farmacia en los procedimientos que han de resolverse en concurrencia selectiva a quién acredite mayores méritos. 2) Administración: Se estima el motivo pues el Decreto aplicable a la pretensión administrativa paralizada se encontraba suspendido jurisdiccionalmente por lo que era ineficaz, sin que al dictarse sentencia recobrara eficacia alguna (le estaba vedaba a la administración la resolución de la pretensión).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 3714/2005
  • Fecha: 18/06/2008
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso. El derecho a la prueba no es ilimitado y corresponde a los órganos sentenciadores resolver motivadamente acerca de las pretensiones formuladas. En el presente supuesto la Sala de instancia ni ha conculcado el art. 24 CE ni las normas procesales invocadas ya que las pretendidas aclaraciones en la prueba testifical resultaba superflua e innecesaria en orden al objeto de discusión: la presencia de "pemolina", calificada como sustancia prohibida por la Resolución del Consejo Superior de Deportes de 21 de marzo de 2000, siendo intrascendente para el análisis de la sanción si el producto es anfetamina o no. Por tanto, la comisión del ilícito está acreditada y su condición de estimulante y, por ende, sustancia prohibida en el deporte se encuentra en diferentes Resoluciones del Consejo Superior de Deportes, lo cual evidencia, sin género de dudas, su naturaleza de sustancia no permitida a lo largo de los tiempos lo que conduce a la irrelevancia e improcedencia de la aclaración pretendida por el recurrente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 6365/2008
  • Fecha: 14/07/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se comunica a la actora la liquidación practicada de conformidad con la Disposición Adicional 9ª de la Ley 25/1990, y contra la desestimación de la suspensión en vía administrativa del acto anterior. Desestimación. 1º, porque el Tribunal Constitucional ya ha declarado que la obligación establecida por la referida disposición adicional 9ª es ciertamente una prestación patrimonial de carácter público, a efectos de la reserva de ley, pero entiende que no reúne las características propias de un tributo. 2º, porque cualquier merma de las posibilidades de defensa que hipotéticamente hubiera podido haber en vía administrativa habría quedado luego subsanada no sólo por la interposición del recurso de alzada, sino sobre todo por la del recurso contencioso-administrativo. 3º, porque no tiene sentido que la recurrente insinúe que la cifra utilizada por la Administración es incorrecta -o, cuanto menos, dudosa- sin aportar al mismo tiempo toda la información de que ella misma dispone. 4º, porque la liquidación debe hacerse sobre las ventas del ejercicio del año inmediatamente anterior, lo que impide tomar en consideración precios posteriores y distintos.