Resumen: La agravante de reincidencia parte de la comisión previa de dos delitos de lesiones y dos delitos de quebrantamiento de medida cautelar. Todos ellos, junto al presente, de nuevo quebrantamiento de medida cautelar, cometidos en el ámbito de la violencia doméstica. Estamos ante una persona que desprecia las normas, incumple las resoluciones judiciales reiteradamente y existe una altísima probabilidad de que vuelva a delinquir. Admitir en estos casos el otorgamiento de la suspensión supondría arrojar un mensaje de impunidad y una verdadera quiebra del Estado de Derecho, en cuanto albergaría la renuncia no justificada de la jurisdicción a cumplir sus propias resoluciones judiciales y la finalidad de las penas privativas de libertad de reinserción, todo ello sin dejar de tener en cuenta que de esta forma también se protegen los derechos de las víctimas.
Resumen: La Sala estima el recurso, revoca la sentencia de instancia, y declara la nulidad de la medida de movilidad geográfica del actor, condenando a la empresa demandada a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo en las mismas condiciones que regían antes de producirse aquel, con los efectos legales inherentes a tal declaración, más la indemnización adicional por daños morales por importe de 7.501 euros, porque la empresa no ha neutralizado la sospecha de discriminación alegada; por lo que la decisión de la empresa de cambiar de puesto de trabajo a otra localidad (movilidad geográfica) no es ajena al móvil discriminatorio consistente en la discapacidad del trabajador.
Resumen: La previsión de imposibilidad de practicar una prueba testifical en el juicio oral, exigible para justificar la práctica anticipada de la prueba durante la instrucción, incluye los supuestos de menores víctimas de delitos sexuales, con el fin de evitar los riesgos de victimización secundaria, especialmente importantes en menores de muy corta edad, cuando sea previsible que dicha comparecencia pueda ocasionar daños psicológicos a los menores. De no constatarse la circunstancia de que la prueba inadmitida o no practicada era decisiva en términos de defensa, resultará ab initio, sin necesidad de ulterior análisis, que no habría existido la lesión denunciada, ya que el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes no abarca a meras infracciones de legalidad que no hayan generado una real y efectiva indefensión. Solo en el caso de que la prueba hubiera sido trascendente para modificar el fallo de la Sentencia podrá entenderse que se ha vulnerado el derecho a un proceso equitativo, por indefensión del recurrente. El derecho a la presunción de inocencia, comporta la prohibición constitucional de condena sin contar con pruebas: i) de cargo, ii) válidas, iii) revestidas de las necesarias garantías, iv) referidas a todos los elementos esenciales del delito, y v) de las que quepa inferir razonable y concluyentemente los hechos y la participación del acusado, sin quiebras lógicas y sin necesidad de suposiciones frágiles en exceso
Resumen: Confirma la condena por delito de homicidio en grado de tentativa. Concurre dolo homicida que abarca, no sólo al dolo directo o ánimo de matar, sino también al eventual que se da cuando el sujeto activo se le representa como probable el que su acción produzca la muerte del sujeto pasivo, aunque no sea deseada, y, a pesar de ello persiste en su acción. El dolo homicida puede inferirse de las relaciones previas entre agresor y agredido; comportamiento del autor antes, durante y después de la agresión (frases amenazantes proferidas, la no prestación de ayuda a la víctima, etc.); arma o los instrumentos empleados; zona del cuerpo atacada; intensidad del golpe; repetición o reiteración de los golpes; forma en que finaliza la secuencia agresiva, etc. Se aprecia la tentativa y no el desistimiento voluntario que requiere que sea voluntario, positivo, eficaz y completo. Los hechos se acreditan por la declaración de la víctima, en la que la AP. considera concurren: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación. No se aprecia la dilación indebida como muy cualificada. Se aplica la agravante de parentesco que es apreciable aunque la relación matrimonial o asimilada hubiese cesado anteriormente. Se aplica la agravante de género que se basa en móviles dominación del hombre sobre la mujer, por considerarla el autor un ser inferior. Se indemnizan las lesiones y el daño moral que no precisa motivación si fluye del mismo hecho probado.
Resumen: La sentencia se asienta en prueba de cargo suficiente, constitucionalmente obtenida y legalmente practicada, y la ha analizado y valorado racional, razonablemente y de modo idóneo para desvirtuar la presunción de inocencia. En modo alguno revela una solución arbitraria, un razonamiento irracional o ilógico, o un error patente del tribunal de primera instancia, ni tampoco ha omitido analizar alguna prueba que posibilitase una conclusión probatoria diferente. Es irrelevante que el acusado estuviera bajo los efectos del alcohol porque los hechos están acreditados, y según se declara probado la afectación de sus facultades no revestía tal intensidad como para tener alguna incidencia en la culpabilidad.
Resumen: La representación del acusado propuso como prueba anticipada en el juicio determinadas pruebas con solicitud de suspensión, pretensiones denegadas por la juzgadora de instancia, lo que motivó que se hiciera constar la oportuna protesta. Esta decisión no puede considerarse como causa de nulidad del juicio cuando la vía procesal correcta es la que ofrece el art 790.3 LECrim que permite proponer prueba para la segunda instancia en los supuestos allí señalados, entre los que se encuentran las propuestas que fueron indebidamente denegadas, siempre que se formulare protesta. Ese debió ser el único cauce procesal para intentar la práctica de una prueba que se considera necesaria, y no la invocación de una nulidad apoyada en una indefensión que nunca se ha podido producir cuando no se han agotado las vías procesales que la ley pone a su disposición. Pero es que los apelantes reproducen en su recurso los documentos que pretendieron aportar e invocan el mencionado precepto legal para proponer prueba ante la segunda instancia. Es evidente que la ahora apelante ejercitó acusación contra otra persona y en el fallo de la sentencia no existe referencia alguna a tal pretensión. Ni tampoco puede entenderse como una denegación tacita de la pretensión, ya que tal silencio no respeta el derecho a la tutela judicial efectiva. Se declara la nulidad de la sentencia para que pronuncie otra en la que se resuelvan todas las pretensiones planteadas con la correspondiente y adecuada fundamentación.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de un delito de agresión sexual con acceso carnal, mediando violencia de extrema gravedad y con uso de instrumento peligroso, y como autor de un delito leve de lesiones. Acusado que contrata los servicios de una prostituta a quien abona el servicio cuando accede a su domicilio, donde realiza sobre ella actos sexuales que la mujer no consentía, sometiendo su voluntad mediante el terror que sintió ante el empleo de dos cuchillos con los que la amenazó de muerte. Delito de agresión sexual que se realiza con la ausencia de consentimiento. Empleo de violencia o intimidación. El subtipo agravado por el empleo de extrema gravedad y uso de armas. Empleo de dos cuchillos con fines intimidatorios y de sometimiento. Pena de prisión a sustituir, una vez cumplidas dos terceras partes de la pena, por la expulsión del territorio nacional con prohibición de regreso. La sustitución de la prisión por la expulsión fue interesada en conclusiones provisionales, por lo que el acusado pudo armar prueba que neutralizase el presupuesto de su desarraigo en España.
Resumen: La Orden de Protección confiere a la víctima de los hechos un estatuto integral de protección que comprenderá las medidas cautelares de orden civil y penal, además de las medidas de asistencia y protección social establecidas en el ordenamiento jurídico, pudiendo hacerse valer ante cualquier autoridad y Administración pública. La medida cautelar de alejamiento es una medida restrictiva de la libertad de circulación como derecho fundamental y por ello la adopción de la misma está sujeta a los requisitos generales de legitimidad constitucional de una medida restrictiva de derechos fundamentales. Indicios racionales de criminalidad, riesgo y proporcionalidad. Inexistencia de riesgo ante al escasa gravedad de los hechos y la ausencia de reiteración.
Resumen: Atenuante analógica. El artículo 21.7 del Código Penal reconoce como circunstancia atenuante "cualquier otra circunstancia de análoga significación a las anteriores". Esta Sala ha interpretado con amplitud el precepto señalando que la "análoga significación" abarca a los hechos que afectan a la estructura y características de las restantes circunstancias que el artículo 21 contempla y de también de las descritas en el artículo 20 CP cuando no concurran todos los elementos que permitan su apreciación como eximente incompleta. Además se incluyen los factores de atenuación específicamente descritos en los tipos penales y los que se conecten con algún elemento esencial definidor de los mismos, básico para la descripción e inclusión de la conducta en el CP, y que supongan la ratio de su incriminación o estén directamente relacionados con el bien jurídico protegido. La menor entidad del hecho es un elemento fáctico que se tiene en consideración para la construcción de determinados subtipos atenuados. Sin embargo, en los delitos de agresión y abusos sexuales, según su redacción vigente al tiempo de los hechos, no se reconocía este factor de atenuación y desde luego la menor entidad del hecho no es dato fáctico que pueda vincularse por analogía con ninguna de las atenuantes previstas en los artículos 20 y 21 del Código Penal, por lo que no cabe apreciar esta circunstancia como dato fáctico para reconocer una atenuación por analogía.
Resumen: Actos que, desde una perspectiva de conjunto, generan una situación de dominio o de poder sobre la víctima que menoscaba su dignidad, lo que da lugar a un injusto específico que rebasa el correspondiente a cada una de las acciones individuales que integran el comportamiento habitual para declarar cometido el delito de violencia habitual que mantiene su autonomía respecto de los eventuales tipos que puedan resultar de los actos violentos que repetidos constituyen su sustrato y esencia. Delitos de amenazas y coacciones. No concurren los supuestos de que la retención de la víctima, privándola transitoriamente de su libertad ambulatoria constituya un delito de detención ilegal y sobrepase los elementos del delito de coacciones. Requisitos del delito de apropiación indebida, es necesario que el sujeto conozca que excede de sus facultades de actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades del titular sobre el dinero o la cosa entregada.
