Resumen: La Sala declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Junta de Galicia contra la sentencia que estimó el recurso interpuesto por Comisiones Obreras por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona contra la fijación de los servicios mínimos establecidos durante la huelga convocada para el día 29 de septiembre de 2010. Tras destacar la necesidad de una especial motivación que justifique las medidas liitativas considera la Sala que la calificación en este caso como servicio mínimo de «la emisión, dentro de los horarios habituales de difusión, de una programación previamente grabada» ha lesionado el derecho de huelga.
Resumen: Procedimiento especial para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. Derecho de huelga. Orden de la Comunidad de Madrid de fijación de los servicios mínimos para la huelga convocada por diversas organizaciones sindicales en el Metro de Madrid. para los días 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de julio de 2010. Motivación insuficiente porque no puede entenderse motivada una limitación genérica al 50% del personal de servicio, sin hacer una distinción en las circunstancias de cada trabajo desempeñado por el mismo, de las circunstancias de cada tren o trayecto, horario, etc. Recuerda la Sala que la motivación ha de ser circunstanciada y razonada en el acto administrativo que se somete a control jurisdiccional.
Resumen: La Sala confirma el recurso de casación promovido por Metro de Madrid contra sentencia de TSJ que estimó el recurso promovido por un Sindicato contra la Orden por la que se fijaron los servicios mínimos con ocasión de unas jornadas de huelga, al apreciar que carecía de la motivación suficiente. La Sala comienza rechazando el comportamiento procesal de la Comunidad de Madrid que, al darle traslado del escrito de interposición del recurso de la empresa municipal para oposición, pretendió adherirse a dicho recurso de casación. No habiéndose personado como parte recurrente en el plazo legalmente previsto, no puede utilizarse el trámite de oposición al recurso de casación para adherirse al mismo, como reiteradamente ha señalado la Sala en precedentes anteriores. La Sala, recordando la naturaleza extraordinaria del recurso de casación y la necesidad que de ello se deriva de que en él se combatan los razonamientos de la sentencia impugnada y no los argumentos del acto administrativo, desestima el recurso pues no aprecia en el escrito de interposición la necesaria crítica jurídica de la razón de decidir de la sentencia recurrida, ya que se limita a reproducir literalmente lo vertido en la contestación a la demanda.
Resumen: La sentencia recurrida declara que Televisión Autonomía Madrid SA vulneró el derecho fundamental de libertad sindical de los demandantes con su conducta frente a la convocatoria de huelga promovida por ellos para el 22/12/2010 y condena a que indemnice a cada uno de ellos por los daños morales causados con la suma de 10.000 euros. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto al no darse la contradicción entre las sentencias comparadas porque las circunstancias fácticas concurrentes presentan unas características propias muy específicas, por lo que son difícilmente comparables. Así, en la sentencia recurrida la empresa durante la huelga realizó la retransmisión del sorteo de la Lotería de Navidad con escasas variaciones, dando una apariencia al espectador de normalidad en la retransmisión, utilizando la señal institucional proporcionada por TVE así como servicios de agencia, en lugar de sus propios reporteros; mientras que en la de contraste se produjo la retransmisión de un partido sin comentarios, sin sonido y sin publicidad por parte de una Televisión autonómica en la que se había convocado y efectuado una huelga, cuando los derechos de retransmisión pertenecían a todas las televisiones autonómicas, que articularon un sistema específico de captación de imágenes para cubrir el evento, si bien a través de empresas que se ocupaban de llevar a cabo actividades similares.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras contra la Orden de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen los servicios mínimos esenciales para posibilitar el acceso y permanencia de los usuarios a los centros educativos con motivo de la huelga convocada para los días 7 y 21 de mayo de 2008. Doctrina general de la Sala sobre la cuestión. Estimación, pues se considera que hay proporción entre los sacrificios impuestos a los huelguistas y los que padecerán los usuarios de los servicios dados los porcentajes de los servicios mínimos establecidos, al tratarse de atención a menores de 3 años y a centros que escolaricen alumnos con necesidades especiales educativas.
Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto por un sindicato contra sentencia que estimó parcialmente el recurso interpuesto pues, contrariamente a lo que sostiene la Sala de instancia, considera que no se justificó debidamente la imposición de unos servicios mínimos que exceden sensiblemente de los porcentajes que vienen siendo habituales en otros supuestos de similar naturaleza, estimándolos por ello desproporcionados e incompatibles con el derecho de huelga. En cuanto a la indemnización que se solicita para el resarcimiento de los daños materiales y morales sufridos como consecuencia de la vulneración, la Sala recuerda su jurisprudencia sobre la posibilidad de reparación de las consecuencias ilícitas derivadas de la lesión de la libertad sindical y sobre que tal criterio también pueda seguirse en el caso de otros derechos fundamentales como es el derecho de huelga, si bien, en el presente caso, no considera procedente el reconocimiento de tal compensación al no compartir que, entre los daños ilícitamente sufridos, puedan incluirse ni la partida relativa a gastos de preparación de la huelga -al tratarse de actuaciones necesarias para que ésta se pudiera producir- ni la de gastos originados con motivo de la impugnación de la resolución recurrida -pues para la Sala son cargas generales del funcionamiento de los servicios públicos, que los ciudadanos tienen el deber de soportar-. Por último, descarta igualmente que la desproporción de los servicios mínimos supusieran un daño moral.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración autonómica contra la sentencia que acordó anular determinada disposición de la Orden que fijó los servicios mínimos en una jornada de huelga. La Sala no considera que el recurso debió ser inadmitido por la Sala de instancia, al apreciar que la relación jurídico-procesal quedó válidamente constituida por el Sindicato ya que el acuerdo presentado, además de expresar la voluntad inequívoca de interponer el recurso que dio lugar al proceso de instancia, fue adoptado por la Comisión Ejecutiva del Sindicato, órgano al que le corresponde la competencia para entablar acciones.
Resumen: La Sala IV no entra a conocer del fondo de la cuestión suscitada posible vulneración del derecho a la libertad sindical al no concurrir la identidad exigida. En efecto, aunque son evidentes las similitudes entre las sentencias comparadas, ya que en ambos supuestos se trata de trabajadores que ostentan la condición de representantes que son liberados sindicales en el momento en que se efectúan determinadas jornadas de huelga en sus respectivos centros de trabajo, habiendo procedido la empresa a descontar de la retribución las horas de huelga, hay un dato que las diferencia. En la recurrida el actor es miembro del comité de huelga y es precisamente esta circunstancia la que constituye la ratio decidendi de dicha sentencia pues se argumentó que "el hecho de su efectiva participación como miembros del comité de huelga obligatoriamente exige secundar la huelga, por lo que procede el descuento salarial practicado". Esta circunstancia no concurre en la sentencia de contraste, en la que únicamente consta que el actor realizó sus labores de representación sindical, que no sólo no se suspendieron durante la huelga sino que se incrementaron por las actividades que debió llevar a cabo por su cualidad representativa.
Resumen: El TS confirma una sentencia del TSJ de Madrid que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dos organizaciones sindicales contra un Decreto autonómico por el que se fijan los servicios mínimos con ocasión de la huelga convocada para el día 29/10/2010, ya que no ofrece ninguna justificación sobre la esencialidad de los servicios. El Alto Tribunal sale al paso de los motivos casacionales esgrimidos por la Comunidad de Madrid y destaca 1) que la sentencia recurrida analiza pormenorizadamente, uno a uno, los concretos servicios mínimos correspondientes a cada sector de actividad que eran objeto de controversia; 2) que para pronunciarse sobre la validez o no de tales servicios mínimos tiene en cuenta lo que respecto de cada uno de ellos se exponía en el Decreto autonómico impugnado, y 3) que consigna, para cada uno de los servicios mínimos que anula, las concretas razones por las que considera que la justificación o explicación ofrecida por el Decreto no cubre los cánones de motivación o proporcionalidad constitucionalmente exigibles. Por otra parte, se reprocha al escrito de interposición no haber analizado de forma singularizada las razones que ofrece la sentencia de instancia para justificar su pronunciamiento anulatorio del servicio mínimo, es decir, no haber ofrecido una concreta crítica a la fundamentación jurídica de dicha sentencia.
Resumen: Establecimiento de servicios mínimos para la huelga convocada entre los días 23 a 27 de marzo de 2009 de 0,00 a 24 horas en los Servicios de Urgencia Hospitalaria del SESPA. Estimación del recurso de casación, pues resultan desproporcionados los servicios mínimos fijados en un 100 por cien, incluso en el ámbito de las urgencias médicas, pues ello equivale a cercenar el ejercicio del derecho de huelga. No hay proporción entre los sacrificios impuestos a los huelguistas y los que padecerán los usuarios de los servicios sin que la mera referencia a la "urgencia" sea suficiente motivación. La conclusión de la Sala de instancia resulta contraria a la interpretación constitucional y de esta Sala del Tribunal Supremo más arriba expuesta al no motivarse debidamente las razones para mantener el 100% de los servicios.
