Resumen: La Sala desestima la casación interpuesta contra sentencia de TSJ que estimó el recurso promovido, por el cauce del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, contra resolución que fijaba los servicios mínimos para las huelgas convocadas en el servicio sanitario autonómico, al considerar que no se encontraban suficientemente motivados. La Sala confirma dicha sentencia, reiterando para ello su jurisprudencia sobre el derecho de huelga y la necesaria causalización de los servicios mínimos a imponer en relación con actividades que, previamente, hayan sido calificadas como esenciales. Considera que el acto recurrido en la instancia la infringió pues aprecia desproporción en cuanto a la fijación de servicios mínimos ya que unos servicios mínimos del 100% hacen ilusorio el derecho de huelga. Además, considera que las molestias y perjuicios que los paros de los servicios sanitarios causarían a los pacientes no sirven de fundamento para la generalización de los servicios mínimos, pues solo debe establecerse el personal estrictamente necesario para el mantenimiento del servicio esencial y no la fijación de la totalidad de la plantilla, como ha ocurrido en el presente caso.
Resumen: Se confirma una sentencia que anuló los servicios mínimos de una huelga convocada en el servicio de limpieza de los Centros de Mayores de la Junta de Comunicades de Castilla-La Mancha. De una parte, la distinta naturaleza de un Centro diurno de asistencia a mayores, en relación con uno que presta servicios psíquicos, exigía un plus de motivación en el acto que demostrara la razonabilidad de los servicios mínimos, no bastando la mera referencia a los días festivos como fundamento necesario de tales servicios, pues debió demostrarse su carácter esencial para que el servicio funcionase. Por otra parte, en cuanto a la indemnización por daño moral, ha de existir un margen de apreciación del juzgador en primera instancia que lo ha de motivar razonablemente, pero no puede exigirse una prueba plena de su alcance y entidad, pues no estamos ante un daño emergente o lucro cesante, que es más fácilmente demostrable, sino ante el resarcimiento de un daño que, por su carácter afectivo y de pretium doloris, carece de módulos objetivos, lo cual conduce a valorarlo en una cifra razonable que siempre tendrá un componente subjetivo.
Resumen: La sentencia confirma la de instancia que declaró vulnerado el derecho de huelga por Euskal Telebista, al sustituir a 2 trabajadores en el marco de la huelga general de 14/11/2012, por otros de la plantilla con misma categoría y funciones y condena a abonar 5.000 euros y dar lectura del fallo en los programas emitidos, y ello por entender: 1) Que no se ha producido una modificación sustancial de la demanda -en relación a 1 y no 2 trabajadores sustituidos y a que no es hasta el acto del juicio el momento en que se alegó que la empresa después de conocer que uno de los trabajadores iba a hacer huelga cambió el turno de otro-, que no puede acogerse porque ello consta en los hechos probados y no se ha solicitado su modificación, ni produce indefensión. 2) Que no se aprecia error en la valoración de la prueba al basarse en testifical. 3) Que no es posible sustituir trabajadores huelguistas por otros internos al exceder del poder de dirección empresarial, sin que la leve repercusión de la huelga (seguida por 5 de 425 trabajadores), pueda traducirse en la sustitución de 2 cuando se ha demostrado que son imprescindibles para la emisión de un concreto programa y no se ha demostrado que sirviera para asegurar servicios mínimos esenciales o de seguridad y mantenimiento. 4) Respecto de la condena, que corresponde a la Sala de instancia fijar la indemnización y que es acorde la condena la tutela complementaria del derecho fundamental por lectura del fallo en los programas emitidos.
Resumen: La Sala estima el recurso promovido por un Sindicato contra el acuerdo del Secretario General del Consejo General del Poder Judicial, que fijaba los servicios esenciales y establecía los servicios mínimos en relación una convocatoria de huelga. La Sala, tras exponer y sintetizar la doctrina jurisprudencial y del Tribunal Constitucional en relación con el derecho de huelga, acoge las pretensiones de la parte recurrente pues considera que el acuerdo carece de la imprescindible motivación. Cuestiona que el acuerdo, sin referencia alguna a las circunstancias concretas y específicas de la huelga que pretendía reglamentar, siga las directrices y pautas fijadas en un previo acuerdo adoptado por la Comisión Permanente (ratificado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial) con ocasión de una jornada de huelga distinta y bastante anterior en el tiempo a la que da lugar a la presente controversia. Por otro lado, aunque se entendiera que tal proceder se hubiera realizado al considerar que la convenía imponer la misma regulación en ambas jornadas de huelga por resultar muy similares, la Sala también lo rechaza pues no cabe realizar una regulación reglamentaria de la huelga y de los servicios mínimos en abstracto, sin referencia a la huelga concreta. En cuanto a los servicios esenciales que establece, tampoco ofrece ninguna motivación el acuerdo, no ofreciendo las razones que le llevaron a conceptuarlos como tales.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso de casación a instancia del sindicato UGT en relación con la Orden IET/620/2012, de 26 de marzo, por la que se establece la disponibilidad y los servicios mínimos del sector eléctrico ante la convocatoria de huelga general de ámbito estatal prevista para el día 29 de marzo de 2012, entre las 0 y las 24 horas. La Audiencia Nacional desestimó el recurso. Para el Supremo no se encuentra razón alguna que explique por qué se imponen esos singulares servicios y no otros, sin que el expediente lo aclare. Tiene, por tanto, razón el sindicato UGT. Ni la Orden ni el expediente permiten conocer cuál ha sido el criterio en cuya virtud se han señalado los servicios mínimos controvertidos. En cuanto a la pretensión de resarcimiento que formula UGT, la relativa a los daños morales no se considera procedente porque la estimación del recurso supone una reparación suficiente de los perjuicios de orden moral que se hayan podido padecer. Y, tampoco en lo que hace al daño patrimonial emergente cuya compensación reclama el sindicato, 2.500 euros, porque forman parte de las costas procesales los honorarios profesionales de procurador y abogado, los cuales tienen su régimen específico en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Madrid relativa a una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., que declaraba ilegal la huelga comunicada para realizar los días 5 y 7 de diciembre de 2011. La cuestión relativa a la competencia de dicha Dirección General para dictar actos de esta naturaleza no es abordada correctamente por la Sala de instancia, ya que considera que es una cuestión de legalidad ordinaria exclusivamente que no atañe a los derechos fundamentales. El límite al ejercicio del derecho de huelga viene constituido por la fijación de servicios mínimos esenciales por la autoridad gubernativa; circunstancia que se ha venido interpretando restrictivamente y que, desde luego, no concurre en el Director de Recursos Humanos de una Sociedad Anónima. La declaración de ilegalidad de una huelga por parte de la empresa ejerce una presión sobre los trabajadores sobre la decisión de ir o no a la huelga, coartando su libertad, ante el previsible temor de sanciones, por ejercer un derecho fundamental que sólo puede ser limitado por ley.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso interpuesto por Comisiones Obreras en Toledo contra la sentencia desestimatoria del recurso contra la Orden de 3 de enero de 2012 de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha en la que se contemplaban unos servicios mínimos, respecto del transporte escolar, del 100%. La Sala declara que no puede considerarse correcta la ponderación global que hacen tanto la Orden controvertida como la sentencia recurrida para configurar los servicios mínimos. Tratándose de una huelga que afecta a distintas clases de servicios (en este caso el transporte de viajeros de uso general y el transporte escolar), la eficacia que pueda mantener la huelga en unos de esos servicios no es razón válida para anularla o vaciarla de contenido en los otros servicios de diferente clase y conlleva la falta de proporcionalidad que los recurrentes reprochan a los servicios mínimos que fueron establecidos para el transporte escolar, ya que, en lo que al derecho fundamental a la educación se refiere, la Administración no ha demostrado que la perturbación inherente a la huelga aquí litigiosa pudiera frustrar totalmente ese derecho o producir en él resultados irreversibles. Se anula la sentencia y Orden recurrida. No se acoge la pretensión indemnizatoria en el plano moral, ya que la sentencia estimatoria cumple ya una función reparadora. Un voto particular disiente sobre las costas.
Resumen: Se plantea demanda solicitando la nulidad del laudo arbitral obligatorio, de 21/12/2012, dictado al amparo del art 10 del Real Decreto-ley 17/1977 como medio de solución del conflicto planteado entre la empresa Iberia Operadora y el SEPLA con motivo de la cesión de actividad en la compañía Iberia Express y el proceso negociador del VIII Convenio colectivo para los tripulantes pilotos. Se analiza la litispendencia apreciada de oficio por la Sala de instancia. Y la Sala IV confirma tal apreciación a la vista de la estrecha vinculación entre el actual proceso y el de impugnación del primer laudo de 24/5/12. Partiendo de la excepcionalidad del laudo analizado y de cómo podría afectar a Iberia Express resulta que se ha dictado STS 4/4/2014, RC 132/13, declarando la nulidad en su integridad del laudo arbitral de 24/5/2012, en base a que Iberia Express e Iberia Operadora, en la fecha de los hechos, son sociedades distintas e independientes y la primera no fue oída, y a esta última sociedad no podía afectarle un laudo dictado en un arbitraje obligatorio, para poner fin a una huelga en la que no estaba implicada y a la que no se referiría el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27/4/12. Se declara la nulidad del laudo de 21/12/2012 por idénticos motivos a los del primer laudo.
Resumen: La sentencia estima los recursos examinados y confirma la nulidad del arbitraje, dejando sin efecto la retroacción de las actuaciones que la sentencia recurrida acuerda. Basa su decisión en que Iberia Express no estaba representada por Iberia Operadora, ni por representación expresa ni por la tácita derivada de la existencia de un grupo de empresas patológico, y que por ello el árbitro si pretendía afectar los derechos o intereses de Iberia Express debió oírla antes de dictar el laudo, y al no hacerlo violó los principios de igualdad de partes y de audiencia que deben respetarse. Añade que Iberia Express tiene la condición de tercero perjudicado por el laudo dada su personalidad jurídica independiente de la de la empresa matriz, así como que la misma no era parte del conflicto. Por otra parte, deja sin efecto la retroacción de las actuaciones al momento en que se dio audiencia a las partes para que Iberia Express fuera oída por el árbitro que indicaba la sentencia recurrida, al no ser de aplicación al procedimiento arbitral las normas que regulan los procesos judiciales.
Resumen: Se plantea demanda solicitando la nulidad del laudo arbitral obligatorio, de 21/12/2012, dictado al amparo del art 10 del Real Decreto-ley 17/1977 como medio de solución del conflicto planteado entre la empresa Iberia Operadora y el SEPLA con motivo de la cesión de actividad en la compañía Iberia Express y el proceso negociador del VIII Convenio colectivo para los tripulantes pilotos. Se declara de aplicación la LRJS, art 65.4, que regula una verdadera modalidad procedimental de impugnación de laudos arbitrales con carácter general, efectuando la conversión procedimiental, dada la naturaleza de la pretensión, aplicando los principios del proceso de impugnación de convenios colectivos. Partiendo de la excepcionalidad del laudo analizado y de cómo podría afectar a Iberia Express resulta que se ha dictado STS 4/4/2014, RC 132/13, declarando la nulidad en su integridad del laudo arbitral de 24/5/2012, en base a que Iberia Express y Iberia Operadora, en la fecha de los hechos, son sociedades distintas e independientes y la primera no fue oída, y a esta última sociedad no podía afectarle un laudo dictado en un arbitraje obligatorio, para poner fin a una huelga en la que no estaba implicada y a la que no se referiría el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27/4/12. Se declara la nulidad del laudo de 21/12/2012 por idénticos motivos a los del primer laudo por afectar a una sociedad independiente en la que no concurrían las circunstancias para que le afectara el laudo obligatorio.
