• Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO
  • Nº Recurso: 660/2011
  • Fecha: 30/10/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugnaba en el recurso una sanción tributaria derivada de un reintegro de una subvención como consecuencia del incumplimiento por el interesado de ciertos requisitos para su obtención. Dice la sentencia que los actos del procedimiento de restitución, con conocimiento del interesado sometido al mismo, interrumpen la prescripción de la acción para imponer la sanción con motivo de la conducta consistente en haber solicitado y obtenido una restitución superior a la aplicable a la exportación efectivamente realizada, a que se refiere tal procedimiento de reintegro. De modo que el plazo de prescripción comenzaría a contarse desde el momento en que puede imponerse la sanción a la entidad recurrente, esto es, una vez resuelto el expediente de devolución o reintegro de restituciones a la exportación mediante la resolución administrativa que pusiera fin al mismo. Este plazo no resultó interrumpido por el proceso judicial posterior en el que se impugnó aquella resolución, pues la tramitación de este proceso judicial no privaba de eficacia a la resolución administrativa expresada, que se presumía valida y producía plenos efectos desde el momento de su notificación al interesado, ni suponía obstáculo alguno para que la Administración depurara las responsabilidades en que se había podido incurrir por la beneficiaria de la subvención. Por eso, la incoación del procedimiento sancionador se produjo transcurrido el plazo de prescripción, lo que hace nula la sanción impuesta.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Pontevedra
  • Ponente: MARIA BEGOÑA RODRIGUEZ GONZALEZ
  • Nº Recurso: 158/2013
  • Fecha: 10/05/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Entre actor y demandados se suscribió en mayo de 1996 un contrato de compraventa de participaciones sociales por un precio determinado y que se abonaría, una parte a la firma del contrato y el resto sería abonado de manera trimestral durante 3 años hasta su completa satisfacción a través de diversos pagarés, que resultaron impagados. Se alega por los demandados la prescripción, pues dado que los pagos se habían acordado en trimestres o plazos inferiores al año, y habiéndose instrumentado a través de pagarés, los mismos tienen una prescripción general de 3 años. La Sala considera que se trata de un contrato de compraventa con prestación única y fraccionamiento en el pago, y al tratarse, de una obligación del pago del precio que nace de un negocio jurídico con prestación única, no son aplicables los art. 1.966 y 1.967 CC, sino el plazo prescriptivo general de quince años. Los demandados alegan asimismo una cláusula del contrato conforme a la cual éste se resolvería y quedaría sin efecto para el caso de impago de los pagarés, lo cual rechaza la Sala porque ello no opera automáticamente como obligatorio para el beneficiario, sino facultativo para el mismo, pues cabe tanto la posibilidad de resolver como de exigir el cumplimiento. Se alega la falta de intervención de la esposa en la venta, lo que se rechaza pues consta poder de la misma, habiéndose cumplido los requisitos sociales y en cuanto a la forma jurídica de la transmisión, la escritura publica no tiene carácter esencial.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Ourense
  • Ponente: ANGELA IRENE DOMINGUEZ-VIGUERA FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 712/2011
  • Fecha: 13/03/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se ejercita una acción de reclamación de cantidad por el importe de determinados productos de impresión gráfica, formulando este reconvención. Desestimadas ambas, recurre la actora, estimándose parcialmente el recurso. El demandado no niega la recepción de los productos, sino solo se opone alegando que la relación jurídica que le vinculaba con el actor no era la de un contrato de compraventa, sino un contrato de agencia, en virtud del cual promovía la venta de los productos fabricados por la demandante ante terceros, sin ser el destinatario final de las mercancías que se servían a los nuevos clientes, y percibiendo por ello una comisión sobre el importe de la venta. No obstante admite paladinamente la realidad de la deuda y su cuantía, por cuanto el mismo admite ser destinatario final de una serie de productos que son precisamente los facturados y reclamados. En otros supuestos, las mercancías se entregaban directamente al cliente, a quien se giraban las facturas, limitándose el actor a ponerlos en contacto percibiendo por ello la correspondiente comisión. Se considera la existencia de la compraventa por lo que se estima la reclamación, y existiendo unas comisiones pendientes se deducen de lo reclamado. En cuanto a la indemnización por clientela solicitada por el demandado, no resulta admisible, pues aparte de no darse los requisitos necesarios para ello, la acción se encuentra prescrita, al haber transcurrido el período anual, legalmente fijado al efecto.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Jaén
  • Ponente: JESUS MARIA PASSOLAS MORALES
  • Nº Recurso: 422/2012
  • Fecha: 11/02/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se solicita la declaración de validez y eficacia de un contrato de compraventa, reconviniendo los demandados en solicitud de la nulidad radical del mismo, en cuanto a determinadas cuotas o participaciones. Desestimada la demanda y estimada la reconvención recurre la actora. La Sala indica que ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por Ley su representación legal, lo que convierte al contrato en nulo, sin perjuicio de ratificación antes de ser revocado por la otra parte contratante. En la escritura de compraventa expresamente advierte el Notario a los comparecientes que la plena y total eficacia jurídica de ésta escritura en cuanto a la venta de Dª., queda subordinada a la ratificación en forma autentica por parte de dicha señora, insistiendo no obstante en su otorgamiento, alegando la urgencia de la misma. De ello se desprende que el comprador conocía de forma palmaria, que el contrato que celebraba estaba pendiente de una ratificación. Ratificación ésta que no ha acreditado que se produjese, ni de forma tacita (falsus procurator), ni de forma expresa. En cuanto a los efectos de la nulidad, la obligación de devolver la cosa con sus frutos y el precio con sus intereses, no nace del contrato anulado, sino de la Ley que lo establece, por lo cual no necesita la petición expresa de la parte pudiendo ser declarada por el Juez en virtud del principio iura novit curia, ya que se trata de una consecuencia ineludible de la nulidad.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Ceuta
  • Ponente: EMILIO JOSE MARTIN SALINAS
  • Nº Recurso: 39/2012
  • Fecha: 19/06/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Existiendo acuerdo entre ambas partes consistente en que existió un suministro de determinadas mercancías relativas al giro comercial de la actora, que era en gran medida la venta de recambios, accesorios, herramientas y maquinaria de carrocerías de toda clase de embarcaciones a cambio de una remuneración y el precio finalmente establecido, se plantea únicamente por la demandada hoy apelante la existencia de la prescripción de la acción. Del contrato de compraventa deriva la obligación principal de pago del precio de las mercancías vendidas, cuya acción de reclamación se extingue por la prescripción, como consecuencia del mero transcurso del plazo determinado. En este caso el plazo de prescripción del derecho a percibir el precio de las mercancías de que se trata en este caso según su naturaleza, que resultó incontrovertida, es de 1 año, tal como establece el artículo 952.1º del código de comercio. Ahora bien este plazo debe iniciarse desde la entrega de los efectos y dinero o de los plazos estipulados para su pago, y el plazo señalado era hasta el 04/08/2009. En su consecuencia el pago parcial efectuado por la recurrente el 19/07/2010 supuso un acto de reconocimiento con eficacia interruptiva, sin que transcurriese de nuevo en su integridad el plazo de prescripción cuando se formuló la petición inicial de proceso monitorio, 25/11/2010, por lo cual no procede estimar la prescripción alegada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MARIA ANTONIA LALLANA DUPLA
  • Nº Recurso: 756/2009
  • Fecha: 28/12/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La prescripción respecto del responsable subsidiario comienza cuando se puede ejercitar la acción contra él, en aplicación del principio de actio nata, y no desde la fecha en la que se devenga originariamente la liquidación que fija la obligación del sujeto pasivo. La prescripción del derecho de la Administración a exigir el pago de la deuda tributaria comienza a correr desde el día en que finaliza el plazo reglamentario establecido para el pago voluntario, pero ha de entenderse referida al obligado principal. Si no estuviera prescrita la acción para él, debido a los actos de interrupción legalmente previstos, resultaría absurdo entender que el plazo de prescripción sigue corriendo, al margen de dichas circunstancias, para los obligados secundarios. Descartada en el caso la prescripción, la sentencia declara ajustada a Derecho la sanción impuesta al responsable subsidiario al constatar que las correspondientes infracciones las cometió la sociedad cuanto el responsable era administrador de la misma, constatando la clara negligencia en que incurrió pues, como representante máximo y único le incumbía el deber de cumplir o velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad, es clara su participación directa y cuando menos negligente en la comisión de tales actos, no habiendo actuado con la diligencia exigible a un ordenado comerciante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 765/2009
  • Fecha: 07/12/2011
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Control de oficio de la falta de jurisdicción: la jurisdicción es un presupuesto procesal absoluto para el válido desarrollo de la relación jurídico procesal y como tal de obligada observancia por su naturaleza de orden público y el tribunal superior tiene competencia para apreciar de oficio la falta de jurisdicción con motivo de un recurso. Razones de tutela efectiva justifican que no se aprecie de oficio la falta de jurisdicción para el conocimiento de una demanda interpuesta ante la jurisdicción civil, de acuerdo con el criterio jurisprudencial imperante en el momento de su interposición, aunque la evolución del criterio jurisprudencial establece, al tiempo del recurso de casación, que es materia competencia del orden jurisdiccional social. Día inicial del plazo de prescripción: no puede entenderse como fecha inicial del cómputo la del alta en la enfermedad, sino la de la determinación del efecto de invalidez de las secuelas, es decir, el momento en que queda determinada la incapacidad o los defectos permanentes originados. El demandante no debía aguardar al resultado del proceso laboral que promovió antes del civil, para iniciar las acciones civiles, pues aquel proceso no tiene el efecto de interrumpir el plazo de prescripción de la acción civil, lo perseguido en la jurisdicción social era una declaración que no era prejudicial ni antecedente de la que pudiera obtener en la jurisdicción civil.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MARIA BELEN CASTELLO CHECA
  • Nº Recurso: 1320/2013
  • Fecha: 02/06/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El día de inicio del procedimiento de inspección no es el del inicio del expediente sancionador, de forma que el plazo del computo del plazo a efectos de la caducidad se produce el día en el que inicia el especifico procedimiento de inspección. La comunicación notificada al obligado tributario de inicio de actuaciones inspectoras en relación con el IVA ejercicios 2006 a 2007, interrumpe la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda mediante la oportuna liquidación, así como para imponer las sanciones que deriven de la misma. El actor ha recurrido la resolución del TEAR desestimatoria de su reclamación económico- administrativa contra la sanción, por lo que las cuestiones referentes a la liquidación exceden del objeto del presente recurso.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS SOBRINO BLANCO
  • Nº Recurso: 999/2012
  • Fecha: 10/09/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: 1.-Caso que se plantea: entidad bancaria que, por razón del préstamo contratado, reclama el pago de la suma adeudada que no pudo obtener al realizar la garantía hipotecaria. Los demandados adquirieron las fincas objeto de la hipoteca y, al hacerlo, retuvieron del precio pactado el importe del principal del préstamo para hacer frente a su pago y se subrogaron solidariamente en la posición de prestatarios; subrogación consentida por la prestamista. La sentencia recurrida estima la demanda y condena a los demandados al pago de 47.145,26 €. 2.-Decisión del tribunal de apelación: confirma la sentencia en lo relativo a la condición de deudores de los demandados, como subrogados en la obligación de pago del préstamo. Consideran interrumpido el plazo de prescripción para exigir el pago del principal con la presentación de la demanda de ejecución hipotecaria, y hasta que no finalizó ésta. El interés remuneratorio se capitaliza al ser reclamado judicialmente y pierde su naturaleza originaria y pasa a formar parte del capital, por lo que sigue la misma suerte que la reclamación del principal adeudado en todo lo relativo a una eventual prescripción de la acción. Rechaza la prescripción de la acción para exigir el pago de intereses. Sí estima el recurso porque la sentencia condena a todos los demandados al pago del total reclamado (47.145,26€) cuando se pide la condena por separado (23.543,52€ para dos de ellos y otro tanto para otra) por congruencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL AGUALLO AVILÉS
  • Nº Recurso: 1257/2009
  • Fecha: 01/12/2011
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS desestima el recurso de casación planteado por el Abogado del Estado frente a la SAN que estimó el Contencioso-Administrativo interpuesto contra la sanción en relación con el IRPF del ejercicio 1989. Respecto a los Actas extendidas tras la entrada en vigor de la Ley 1/1998 y antes de la entrada en vigor de la Ley 14/2000, la separación entre los procedimientos de regularización y los de sanción conllevaba que los actos de inspección y comprobación no interrumpieran la prescripción de la infracción. En el caso analizado habiéndose extendido el Acta en dicho periodo , resulta aplicable lo anterior, por lo que la infracción había prescrito cuando se inició el procedimiento sancionador.