Resumen: Reclamación de cantidad en concepto de precio de una compraventa. Se desestima la demanda por entender el juez que ha prescrito la acción por entender que nos encontramos ante una compraventa civil no mercantil. Recurre la actora impugnando la prescripción estimada y alegando que se trata de una compraventa mercantil. La jurisprudencia admite la mercantilidad de una compraventa cuando el objeto de dicho contrato es especulativo, es decir, cuando se incorpora a un proceso productivo o empresarial cuya única finalidad sea la obtención de un beneficio, si lo que es objeto de la compraventa excede del uso particular o familiar y se puede calificar como consumo empresarial dicha compraventa ha de estimarse mercantil. El TS establece la diferencia entre la venta civil y mercantil en el destino de los enseres vendidos y su integración en la explotación negocial a la que se dedicaba el comprador y a la que se destinaba el objeto adquirido para un fin empresarial o negocial de producción, transformación o inversión productiva que permite obtener un beneficio. El objeto de la deuda reclamada es el suministro de materiales y la entidad demandada tiene como objeto o actividad la fabricación y venta de productos del hogar, de lo que deviene inexorablemente la imposibilidad de aplicar el plazo de tres años del mencionado artículo 1967.4 del CC, al venir esta compra sujeta al plazo de prescripción de quince años del artículo 1964 del Código Civil, por lo que se estima el recurso
Resumen: Reclamación de cantidad por el importe del precio de una compraventa de productos cárnicos. Estimada la demanda recurre la demandada. Se plantea esencialmente la prescripción de la acción. Lo decisivo debe ser si el supuesto litigioso es susceptible de ser incluido en el supuesto de hecho del art. 1967.4ª del Código Civil, esto es, si se trata de una venta efectuada por un comerciante a un comprador que no lo sea o que aun siéndolo se dedique a tráfico distinto. Dado que la compradora era comerciante y en ningún caso iba a dedicar los productos cárnicos objeto de la compraventa (jamones, morcón, caña de lomo) a su propio consumo, sino, como mantiene, para lo propio de un bar/restaurante: transformarlo y utilizarlo en la cocina en sus platos, el plazo de prescripción será el general del art. 1964 del Código Civil, es decir, el de 15 años. No cabe apreciar tampoco la prescripción de parte de la deuda, pues la referida prescripción habría quedado interrumpida por el reconocimiento de deuda que sigue a la efectividad de los pagos aplazados de la deuda. Dicho de otro modo, de haberse aplazado el pago de la deuda ahora reclamada, habiéndose hecho pago efectivo de distintos plazos con posterioridad al momento de exigibilidad de la deuda conforme al art. 1500 del Código Civil, la prescripción de la acción para la reclamación del precio impagado habría quedado interrumpida, por lo que se desestima el recurso..
Resumen: Reclamación de cantidad derivada de la inserción en un periódico de una serie de anuncios publicitarios concretados. Estimada la demanda, recurre la demandada desestimándose el recurso. Se alega la prescripción trienal prevista en el artículo 1967.4ª para el abono a los mercaderes de los géneros vendidos a otros que no lo sean o que, siéndolo, se dediquen a distinto tráfico. La excepción ha sido correctamente rechazada en la sentencia de instancia. El contrato que liga a las partes, cuya realidad se admite en la alzada, no es de compraventa mercantil sino un contrato de difusión publicitaria, considerado como aquel por el que, a cambio de una contraprestación fijada en tarifas preestablecidas, un medio se obliga en favor de un anunciante o agencia a permitir la utilización publicitaria de unidades de espacio o de tiempo disponibles y a desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr el resultado publicitario. Se trata de un contrato típico a cuyo través se persigue "el resultado publicitario", considerándolo como una modalidad del arrendamiento de obra. Se rige por la ley general de publicidad 34/1988 de 11 de noviembre y, en su defecto, por las reglas generales del Derecho Común. Ante la falta de norma expresa sobre la prescripción de las acciones derivadas del mismo, resulta aplicable el plazo general de quince años previsto en el artículo 1964 CC para las acciones personales que no tengan señalado término especial, por lo que se desestima el recurso.
Resumen: Se ejercita acción negatoria de servidumbre de luces y vistas. Condenado el demandado a proceder al cierre de las dos ventanas aperturadas en la pared oeste de su propiedad, recurre el mismo alegando error en la valoración de la prueba, respecto al tiempo transcurrido desde la apertura de las ventanas, extremo esencial para las cuestiones planteadas. Los testigos son contradictorios los aportados por cada una de las partes, y tampoco la prueba pericial es concluyente, si bien merece, no obstante, significarse que los vendedores de la finca al demandado, citados de evicción, reconocieron que las ventanas se hallaban tapiadas cuando procedieron a la transmisión, dato especialmente relevante, contrario a la tesis del demandado. Partiendo, pues, de la ausencia de prueba sobre la apertura de las ventanas de modo continuado cae por su base la argumentación que sustenta el motivo de impugnación relativo a la prescripción de la acción real por el transcurso de mas de treinta años desde su apertura. A su vez, la doctrina seguida invariablemente por el Tribunal Supremo es la favorable al cierre de huecos cuando no existe derecho de servidumbre, cualquiera que sea la fecha de su apertura. Ello unido a que la no oposición a la apertura, por si sola, es insuficiente para estimar adquirido el gravamen, pues no tiene otro significado que el de un acto de tolerancia, y como tal no afectante a la posesión ni generador del derecho a la adquisición, determina la desestimación del recurso.
Resumen: Se ejercita una acción de reclamación de cantidad por incumplimiento contractual contra los vendedores debido a irregularidades urbanísticas que afectaban al edificio y la existencia de un procedimiento administrativo en relación con el mismo. Estimada la demanda recurren los demandados. Tras alegar una serie de excepciones procesales que fueron desestimadas en la audiencia previa y no se incluyeron en el escrito de preparación del recurso, por lo que devienen intempestivas, se plantea la ausencia de elemento culpabilístico en la actuación de los vendedores. La Sala concluye que tenían pleno conocimiento de las irregularidades urbanísticas que afectaban al edificio y la existencia de un procedimiento administrativo, y la omitieron a los compradores, existiendo dolo en su actuación, pues el mismo lo integra también la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe. Alega el recurrente la prescripción de la acción, pues la Ley 6/1998 del Régimen del Suelo, vigente a la fecha del contrato establece el plazo de un año para la reclamación de daños y perjuicios. Se rechaza tal alegación pues se ejercita una acción de reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento contractual que está sometida al plazo de prescripción de 15 años que, obviamente, no ha transcurrido. Por último, se impugna la valoración de la prueba pericial, que también se rechaza por el principio de la libre valoración de la misma.
Resumen: Reclamación de cantidad por el importe del precio de una serie de mercancías que adquiría la demandada para su posterior reventa. Estimada la demanda recurre la demandada alegando que desconocía el negocio de su marido por lo que no debe asumir la deuda y, en todo caso, lo sería al 50%, indicando que debe apreciarse la falta de litisconsorcio pasivo necesario y que concurre la prescripción trienal del artículo 1.967.4º CC. Se desestima el recurso, pues consta que la entidad que adquiría las mercancías era una Comunidad de bienes que se montó cuando estaban casados la demandada y su marido, reconociendo la demandada que le llegaban deudas de la empresa y que pagó algunas, por lo que no puede alegar desconocimiento de la empresa y la actividad comercial que realizaba. Se trata de una comunidad sin personalidad jurídica propia por lo que los terceros acreedores pueden dirigirse contra cualquiera de los partícipes respondiendo estos íntegramente de las deudas, con independencia de las relaciones internas entre los mismos y las acciones que correspondan entre ellos. Por tanto no puede apreciarse tampoco la falta de litisconsorcio pasivo necesario, estando acreditado que en el tiempo de nacimiento de la deuda no estaban separados la demandada y su esposo. En cuanto a la prescripción, al tratarse de una compraventa mercantil ya que las mercancías se adquirían para su posterior reventa, procede la aplicación del 1.964 del Código Civil, con la prescripción genérica de quince años.
Resumen: Caso que se plantea: compañía de seguros que paga indemnización a tercero por daños causados por el asegurado, y que paga a éste por los daños por él sufridos, y posteriormente reclama a su asegurado el reembolso de las sumas abonadas al haber sido condenado el asegurado, por sentencia penal firme, por conducción en estado de embriaguez. Sentencia recurrida: las acciones ejercitadas se derivan del contrato de seguro por expresa exclusión de cobertura en caso de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, pero las considera prescritas (salvo en relación con cantidad correspondiente a asistencia sanitaria de urgencia del asegurado) por el transcurso de un año desde que pudo ser ejercitada (en relación con los daños materiales) y de dos años (en relación con los daños corporales), tomando el día en que se efectúan los pagos como fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción. Decisión del tribunal de apelación: revoca la sentencia recurrida porque el inicio del cómputo del plazo tiene lugar desde que adquiere firmeza la sentencia penal que condena al asegurado por conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, porque constituye el presupuesto para el ejercicio de acciones frente al asegurado, y desde ese momento pueden ser ejercitadas. Desde la firmeza de la sentencia penal hasta el requerimiento de pago no habían transcurrido los plazos legalmente establecidos, por lo que las pretensiones fueron íntegramente estimadas.
Resumen: Juicio ordinario de menor cuantía al amparo del artículo 1902 del Código Civil en reclamación de daños y perjuicios por el fallecimiento de nueve personas por causa de la explosión del contenido de varios miles de envases. Prescripción de la acción: Ha de regirse por la norma segunda del art. 1968 del CC; cuando interpusieron la demanda había transcurrido con creces el año desde que tuvieron conocimiento de la conclusión del proceso penal por lo que la acción se encuentra prescrita; el auto de sobreseimiento dictado por la Audiencia Provincial, respecto de uno de los demandantes, no necesitaba, para ganar firmeza, ser notificado a quienes no se habían personado en las fases del proceso penal a tramitar ante la Audiencia Provincial, al no haber disposición que expresamente lo exigiera;y respecto de los otros demandantes, la presunción de conocimiento en que se basó la resolución recurrida, además de lógica, no ha sido destruida.Carga de la prueba: El art. 1214 del CC sólo resulta infringido si se produce una incorrecta identificación de la parte que tiene que soportar las consecuencias desfavorables de que permanezcan dudosos hechos relevantes para la decisión del litigio. No cabe intentar, mediante la invocación de dicho precepto, una revisión en casación de la valoración de la prueba practicada.
Resumen: Responsabilidad médica. Infección por el virus del VIH debido a transfusión efectuada a menor de edad. Recurso de casación. Prescripción: en los supuestos de lesiones que dejan secuelas físicas o psíquicas susceptibles de curación o mejora, mediante el oportuno tratamiento continuado, el cómputo del plazo para el ejercicio de la correspondiente acción de responsabilidad civil no puede comenzar a contarse desde la fecha del informe de sanidad o de alta, en el que se consignen o expresen las referidas secuelas, sino que ha de esperarse a conocer el alcance o efecto definitivo de éstas. La determinación de este día inicial para el cómputo del plazo de prescripción de las acciones es función que corresponde en principio a la Sala de instancia. El conocimiento del padecimiento de la enfermedad y de su origen, junto con la confirmación médica de su posible evolución según el estado de la ciencia, el que ha de determinar el inicio del plazo de prescripción, pues desde ese momento lo supo el agraviado. Recurso extraordinario por infracción procesal. Falta de cita de precepto infringido. Ninguna indefensión se ha producido a quien la invoca puesto que en ningún momento solicitó de la Audiencia Provincial que resolviera en apelación sobre dicha infracción por no haberse acordado la retroacción de las actuaciones que, por lo demás, no es posible conforme al mismo, puesto que la solicitud de intervención no suspende el curso del procedimiento, y las actuaciones no se retrotraen.
Resumen: Mandato. Buena fe contractual. Responsabilidad contractual por dolo. Los demandados vulneraron la base del negocio que informó el contrato de mandato, esto es, la finalidad económica de la gestión encomendada conforme al interés consustancial de la relación negocial proyectada, realizando una instrumentalización negocial contraria al principio de buena fe contractual. Supuesto de la cuestión al partirse de una base fáctica diversa a la constatada por la sentencia recurrida. Extensión de la indemnización. Lucro cesante. Restitución de frutos del poseedor de mala fe. El deudor doloso asume un resarcimiento integral de los daños ocasionados, esto es, de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. El menor precio de venta obtenido respecto del que se debiera haber producido, constituye un lucro cesante que debe ser contemplado dentro del resarcimiento integral de la lesión contractual. Prescripción extintiva, no procede al ser la responsabilidad contractual, estar sujeta al plazo de quince años y haber quedado interrumpida por el procedimiento penal. Sentencia penal absolutoria previa: constituye un medio de prueba documental cualificado de los hechos en ella contemplados y valorados. Incongruencia, inexistencia de alteración de la causa de pedir. Motivación: la sentencia motiva su decisión sin que las razones aducidas resulten absurdas o encubran una absoluta arbitrariedad. Valoración de prueba, inexistencia de error.