• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 2496/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El CP de 1995 ha castigado siempre el delito de agresión sexual con penetración, cuando afecta a víctimas especialmente vulnerables con pena de prisión de 12 a 15 años. Pena que, en caso de continuidad delictiva, desde el 1-10-2004 que entró en vigor la LO 15/2003 puede llegar hasta los 17 años y 6 meses. Precisamente esta última norma modificó el art. 74 CP para permitir la elevación penológica del delito continuado hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. En ambos casos el plazo de prescripción es el mismo, 20 años. Y ese mismo plazo de 20 años es el que determinaba la prescripción del delito según la legislación vigente a la fecha de los hechos, el CP de 1973, a partir de que la LO 8/1983 modificó el art. 69 para permitir la elevación de la pena del delito continuado hasta el grado medio de la pena superior en grado. Cualquiera que sea la legislación porla que optemos, el delito no ha prescrito. Rechazó el Tribunal sentenciador que el tiempo transcurrido hasta que la víctima denunció los hechos afectase a la credibilidad. Criterio razonable a partir de las circunstancias que rodearon los distintos acometimientos, que se sucedieron durante varios años cuando el afectado todavía no había alcanzado la suficiente madurez. Los distintos informes explicaron como las rutinas traumáticas que le fueron impuestas de manera continuada hasta los 16 años, quedaron contenidas y bloqueadas en su psiquismo hasta que se produjo un suceso que provocó su eclosión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 2947/2017
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de responsabilidad civil por vicios constructivos dirigida contra la constructora-promotora y los arquitectos. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y declaró la responsabilidad solidaria de los demandados, condenándoles la la realización de los trabajos de reparación o al abono de la suma presupuestada más IVA e intereses moratorios. La AP estimó en parte el recurso interpuesto por los demandados, declaró prescrita la acción dirigida contra los arquitectos y analizó la acción únicamente en relación con la promotora-constructora demandada. Recurre en casación la comunidad de propietarios demandante y la sala estima el recurso; la sentencia recurrida parece confundir garantía y prescripción que son dos instituciones de contenido y significación jurídica diferente; así, en el presente caso, el certificado final de obra es de 1999 y el vicio tachado de ruinógeno apareció en 2008, es decir, dentro de los 10 años de garantía; habrá de estarse, por tanto, a esta fecha para iniciar el cómputo de la acción, por lo que la acción no estaba prescrita cuando se presentó la demanda. La estimación de la casación determina la devolución de las actuaciones a la AP, para que dicte nueva resolución sobre la cuestión de fondo planteada, tal y como, por otra parte, solicitó la recurrente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10286/2019
  • Fecha: 09/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio. La declaración de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, aun cuando fuera la única prueba disponible, como es frecuente que acaezca en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente con absoluta clandestinidad, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada. El tiempo de paralización de un procedimiento como consecuencia de una declaración de sobreseimiento parcial y provisional, no puede luego invocarse a efectos de integrar el fundamento material de la atenuante de dilaciones indebidas. Nuestra jurisprudencia refleja además que tampoco resulta oportuna la minoración penológica si no se aprecia una negligencia en la actuación procesal del Juez o una disfunción atribuible a la Administración de Justicia. El artículo 21.6 CP exige como base para su apreciación que la paralización sea indebida, no justificada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 6019/2019
  • Fecha: 06/03/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: ¿Conformidad a Derecho del inicio de una comprobación tributaria por el procedimiento de inspector con una propuesta de liquidación y sin que con posterioridad resulten investigaciones relevantes en relación con el mismo?- Efectos de las eventuales irregularidades en el procedimiento de comprobación.- Efecto interruptivo de la prescripción de las visitas consentidas al local del contribuyente.- Consideración de las visitas al local del negocio en relación con el plazo máximo del procedimiento de comprobación tributaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 3881/2017
  • Fecha: 05/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El retracto legal de comuneros es un derecho real limitado de adquisición preferente cuyo fin, considerado de interés público, es evitar el excesivo fraccionamiento de la propiedad. Por su naturaleza de limitación legal del dominio debe ser interpretado restrictivamente. Además del ejercicio tempestivo, exige presupuestos subjetivos (el retrayente debe ser copropietario y el comprador un extraño) y objetivos (debe existir un derecho en régimen de copropiedad y la enajenación debe ser onerosa, con contraprestación fungible y no personalísima (no se aplica en permuta, aportación a una sociedad o renta vitalicia). En el caso, no procede el retracto que se ejercitó cuando ya había sentencia de división de la cosa común y antes de su ejecución (i) porque el fin extintivo del condominio ya se había cumplido de forma más amplia por la estimación de la acción de división a través de una sentencia constitutiva: una vez firme, ya no subsiste la comunidad en términos que justifiquen la viabilidad del retracto; la necesidad de actuaciones ejecutivas no impide que ya haya mutado jurídicamente la comunidad; (ii) porque la transmisión sobre la que pretendía operar el retracto contenía, en parte, obligaciones no fungibles (cumplir el pacto que habían alcanzado varios comuneros -y que no había asumido el retrayente- sobre la forma de ejecutar la sentencia de división de la cosa común: se trata de un pacto lícito e inscribible que modaliza el alcance de la cuota). Se desestima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 1957/2019
  • Fecha: 05/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia inicial anuló la resolución sancionadora por contravenir los principios de graduación establecidos en los arts 63 y 54 Ley 15/2007, ordenando dictar nueva resolución. Dictada la nueva resolución de la CNMC lo recurrió en proceso aparte. Se plantea si la CNMC, en aquellos supuestos en que procede a ejecutar una sentencia que se limita a revocar la cuantía de la sanción impuesta, está sometida al plazo de caducidad del art 36.1 LDC. Con remisión a la STS 30-9-2019 que resuelve una cuestión similar, el TS afirma que la nueva resolución que recalcula el importe de la multa es un acto de ejecución que debe llevarse a cabo en los plazos establecidos para la ejecución de la sentencia (art 104 LJCA), sin que resulten de aplicación las previsiones contenidas en arts 42, 44 y 92 Ley 30/92 (actuales arts 21, 25 y 95 Ley 39/2015), sobre plazo para resolver y caducidad. El cumplimiento de la sentencia para recalcular la sanción, no exige la incoación y tramitación de un nuevo procedimiento administrativo, únicamente será necesario trámite de audiencia cuando lo ordene la sentencia por abordar temas no debatidos. Ello no significa que la Administración pueda postergar indefinidamente el dictado de la nueva resolución, sino que está sometido a la prescripción y a los plazos de ejecución (art 104 LJCA). No es necesario pronunciarse sobre la 2ª de las cuestiones ya que la sentencia no estableció ningún plazo concreto para que la CNMC dictara una nueva resolución recalculando.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 209/2017
  • Fecha: 04/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto del presente recurso se reduce a determinar si la acción del comprador contra la aseguradora que garantizaba la devolución de las cantidades entregadas a cuenta con arreglo a la Ley 57/1968 está sujeta al plazo de prescripción de dos años establecido en el art. 23 LCS (33) para el seguro de daños, como resuelve la sentencia recurrida, o, por el contrario, como sostiene la parte recurrente, el plazo aplicable es el general del art. 1964 CC, quince años en la redacción de este precepto aplicable al presente caso por razones temporales. La cuestión jurídica controvertida ha sido resuelta por sentencia de pleno 320/2019, según la cual, es aplicable el general del art 1964 CC. Admisión del recurso y estimación del mismo, con reposición de actuaciones a la AP para que dicte sentencia entrando ya en el fondo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 2958/2017
  • Fecha: 02/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de reclamación de cantidad por responsabilidad civil extracontractual, por un accidente de camión conducido por el demandante, que cayó a un aljibe de agua en la finca de los demandados. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la AP la confirmó. Recurren en casación los demandados y la sala desestima el recurso. Se discute en casación el efecto interruptivo de la prescripción de la acción de responsabilidad, por el envío de sendos telegramas que no se ha probado llegaran a conocimiento de los demandados. La sala, en el caso concreto, considera que ha quedado acreditada la remisión de los telegramas y su contenido, que denotan la intención conservadora de los derechos de los demandantes; del mismo modo declara que ha quedado acreditado que los telegramas llegaron a su destino, por lo que el hecho de que el destinatario obvie saber su contenido, que por otra parte intuye al constar el remitente, no puede perjudicar a este, tal y como ha declarado la jurisprudencia de la sala. La desestimación de la casación comporta la confirmación de la sentencia recurrida y la consiguiente estimación de la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 2782/2019
  • Fecha: 02/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se resuelve la cuestión que el auto de admisión consideró de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia -determinar "cuál sea la norma reguladora del plazo de prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos de convenios urbanísticos"- reproduciendo lo dicho en la STS dictada en el RC 694/18, en la cual, tras analizar la naturaleza de los convenios urbanísticos -como un instrumento contingente de acción concertada que permite a la Administración, titular de la potestad de planeamiento, ejercitar, de forma consensuada, sus potestades urbanísticas, como alternativap (previa) al ejercicio unilateral de las mismas- y su contemplación tanto normativa como jurisprudencial, concluye, en respuesta a la cuestión suscitada, que el plazo de prescripción que resulta de aplicación en los supuestos de incumplimiento de los convenios urbanísticos es el previsto en el art. 1964.2 CC (de quince años, pero hoy de cinco, desde la Ley 42/15, de 5 de octubre, de Modificación de la LEC 1/00) y no el de cuatro años que contempla el art. 25.1 de la LGP, partiendo de que la naturaleza jurídica que corresponde a los convenios urbanísticos es la de un contrato administrativo, tal y como se deduce de la jurisprudencia [con especial alusión a las SSTS en RRCC 4283/03 y 1812/16] y de las sucesivas y reiteradas normas jurídicas, en materia de contratos, que se han promulgado en nuestro ordenamiento [LCAP,LCSP,TRLCAP,TRLCSP,art. 25.1.b) y 2 Ley 9/17 y arts. 47 y ss LSP].
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 5392/2019
  • Fecha: 28/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión. Infracción leve prevista en el artículo 79.e) de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Retraso en la comunicación de los datos sobre las ventas de energía o de cualquier otra información que se solicite por la Administración, que no impida la determinación de las obligaciones de ahorro. Infracción permanente o instantánea. Inexistencia de jurisprudencia. Presunción de interés casacional objetivo del artículo 88.3.a) por inexistencia de jurisprudencia. Precedente relacionado: RCA 1857/2018, auto de admisión de 15 de octubre de 2018: misma cuestión jurídica en relación con la infracción contenida en el artículo 99.p) de la ley del Mercado de Valores. La cuestión planteada que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en precisar la doctrina jurisprudencial existente en relación con las infracciones permanentes y el comienzo en las mismas del plazo de prescripción, con respecto a la infracción contenida en el artículo 79.3.e) de la Ley 18/2014.

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