• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS
  • Nº Recurso: 217/2008
  • Fecha: 27/10/2011
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamación de daños y perjuicios por paralización de actividad de empresa al sustraerles parte de la maquinaria por parte de la empresa vendedora de la maquinaria. Prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual por hecho ajeno. En el litigio no ha sido objeto de controversia el diferente plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada de un delito y de la acción de responsabilidad extracontractual derivada de culpa o negligencia. La alteración de la causa de pedir determina incongruencia extra petita que en el caso absorbería la incongruencia por omisión de pronunciamiento sobre la acción verdaderamente ejercitada y no puede ser examinada a través del recurso de casación, que queda limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico. Las cuestiones procesales son ajenas al ámbito del recurso de casación y deben ser examinadas en el marco del recurso extraordinario por infracción procesal. No podía entenderse ejercitada contra la demandada una acción de responsabilidad civil derivada de delito, pues la demandada no fue condenada como penalmente responsable en la causa penal. No podía entenderse ejercitada una acción de responsabilidad civil derivada de delito, subsidiaria, ya que nada se dijo en la demanda. Se ejercitó una acción de responsabilidad extracontractual del empresario por hechos cometidos por sus trabajadores. Revisión de la valoración de la prueba: no es posible en un recurso de casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS RAMON MARTINEZ GARRIDO
  • Nº Recurso: 3137/2006
  • Fecha: 25/09/2007
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En un asunto en el que se combate por parte de la empleadora la declarada improcedencia del despido, la Sala desestima el recurso de casación unificadora por apreciar que no cumple con las exigencias del art. 217 de la LPL. En efecto, respecto de la primera cuestión plateada destinada a interesar la nulidad de las actuaciones por haber aceptado la Sala de suplicación la aportación de documentos por parte del demandante en ese trámite, se aprecia falta de contradicción porque ambas resoluciones adoptan la misma decisión, sin que la recurrida apoyara la modificación del relato histórico en dichos documentos. En lo que atañe a los motivos segundo y tercero que combaten los hechos probados que fijan la antigüedad y salario, la Sala señala que carecen de contenido casacional y, en todo caso, de falta de contradicción, ya que las resoluciones comparadas calcularon la indemnización con arreglo a la antigüedad real y no a la reconocida, tampoco las circunstancias referidas al salario son homogéneas. Por lo que atañe a la prescripción de la falta sancionada, nuevamente se aprecia falta de contradicción, al no constar en la sentencia combatida ocultación maliciosa por parte del trabajador. Finalmente, la ausencia de contradicción se predica igualmente del motivo destinado a combatir el fondo del asunto, toda vez que las circunstancias que condujeron a declarar la procedencia del despido en la sentencia referencial resultan ajenas a la recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOAQUIN HUELIN MARTINEZ DE VELASCO
  • Nº Recurso: 2381/2011
  • Fecha: 10/12/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso enjuiciado, de haberse producido la prescripción que se reclama, no sería la del derecho a recaudar o a exigir la deuda tributaria, sino la del derecho a determinarla. Efectivamente, la Sala de instancia, en la sentencia de 28 de febrero de 2003, anuló las sanciones impuestas, por lo que difícilmente puede hablarse de su ejecución, puesto que se trataba de actos anulados, de modo que, conforme a lo ordenado por la Sala de instancia, se precisaba de otros en los que se atendiera a los nuevos criterios de graduación fijados por los jueces a quo. Así pues, el fallo expulsó de la realidad jurídica las sanciones, lo que hacía inviable su ejecución. La única posibilidad que tenía la Administración tributaria, una vez interpuesto el recurso de casación, era instar de la Sala de instancia la ejecución provisional de la sentencia, que le permitiera practicar la liquidación de la sanción en los términos fijados en la misma. Tal y como se contempla en el artículo 91.1 de la Ley reguladora de esta jurisdicción.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SAGRARIO ARROYO GARCIA
  • Nº Recurso: 85/2014
  • Fecha: 13/10/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resuelve la sentencia sobre la acción colectiva ejercitada por AVITE, Asociación de Víctimas de la Talidomina en España, en reclamación de 20.000 euros para cada uno de los afectados por la talidomina, como producto defectuoso causante de los daños que aquejan a aquellos. Rechaza el tribunal la alegación de falta de legitimación activa (justifica la legitimación para la acción colectiva y para reclamar por los afectados). Rechaza también el defecto en el modo de proponer la demanda en atención a las precisiones efectuadas en el acto de la audiencia previa y de los documentos en ella aportados. Rechaza también la falta de litisconsorcio por no haberse dirigido demanda frente a la Administración del Estado porque la acción se dirige frente al laboratorio titular de la patente del medicamento, y por el mismo motivo la rechaza por no haberse dirigido la demanda frente a los laboratorios que comercializaron especialidades con la talidomina. Aprecia la prescripción de la acción a partir de un análisis que lo supone el concepto de daño continuado, del que diferencia lo que supone el daño fraccionado, de modo que el inicio del cómputo de la prescripción tiene lugar cuando pudieron identificar las dolencias y su relación con el fármaco, aunque en el futuro puedan producirse daños inciertos, incluso aunque sean previsibles, porque ello supondría mantener abierto indefinidamente el plazo para el ejercicio de la acción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS
  • Nº Recurso: 2933/2003
  • Fecha: 27/05/2009
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de responsabilidad civil contra empresa auditora por los daños ocasionados a consecuencia de la defectuosa verificación de las cuentas en una operación de aumento de capital. Desestimación de la demanda en ambas instancias por apreciación de la excepción de prescripción por el transcurso del plazo de un año contemplado para la responsabilidad extracontractual. Naturaleza de la responsabilidad reclamada: la responsabilidad exigida por los socios a los auditores fuera del ámbito de legitimación reconocido para el ejercicio de la acción social de responsabilidad en la LSA tiene carácter extracontractual (dado que quien ejercita la acción es sujeto distinto de la sociedad que celebró el contrato con los auditores) y está sujeta al plazo de prescripción establecida para este tipo de acción (un año desde que lo supo el agraviado). Inaplicación del 1257 CC, pues los efectos en favor de terceros, entre los cuales se encuentran los socios, que puedan deducirse del cumplimiento del contrato de auditoría constituyen efectos reflejos del contrato a los que no resulta de aplicación dicho precepto. Tampoco procede invocar el principio de unidad de culpa civil, reservado a zonas mixtas. La fijación del dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones corresponde a la Sala de instancia, al estar ligado al examen de los hechos. Inaplicación de la doctrina sobre daños continuados. No interrupción por procedimiento instado por DGS.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ZARZUELO DESCALZO
  • Nº Recurso: 737/2010
  • Fecha: 29/06/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: 1. No es de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 121-21-d) del Código Civil de Cataluña: la disposición transitoria del Código Civil de Cataluña (apartado a) establece que el inicio, la interrupción y el reinicio del cómputo de la prescripción producidos antes del día 1 de enero de 2004 se regulan por las normas vigentes hasta aquel momento (en este caso, las normas del Derecho Civil Común: prescripción de un año). 2. Inicio del cómputo del plazo de prescripción (daños físicos): al producirse el alta; se declaran estabilizadas las lesiones y se concretan las secuelas y, en definitiva se determina en toda su dimensión el daño personal y los conceptos indemnizables (en relación con el inicio del cómputo del plazo de prescripción en caso de daño continuado). Matizaciones: - Cuando las secuelas permanentes dan lugar a cualquier grado de invalidez no puede entenderse como fecha inicial del cómputo la del alta en la enfermedad, sino la de la determinación de ese efecto de invalidez de las secuelas, es decir, cuando queda determinada la incapacidad o los defectos permanentes originados. - En caso de enfermedades crónicas cuyos síntomas pueden variar o manifestarse durante todo el curso de la vida de una persona (daño duradero o permanente) el cómputo del plazo de prescripción se inicia desde que el perjudicado tuvo cabal conocimiento de la dolencia y pudo medir su trascendencia mediante un pronóstico razonable.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Lugo
  • Ponente: JOSE RAFAEL PEDROSA LOPEZ
  • Nº Recurso: 735/2012
  • Fecha: 05/12/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se solicita la realización de las obras precisas para la corrección de las deficiencias y lesiones constructivas existentes en la vivienda adquirida. Desestimada la demanda recurre el actor, alegando que los defectos existentes no son defectos de acabado sino funcionales o estructurales y, en consecuencia, el plazo prescriptivo no sería el de un año sino el de tres años y en cuanto a las responsabilidades excluye la del Arquitecto, pero considera que existe responsabilidad contractual de la promotora, del arquitecto técnico director de ejecución y del constructor, solicitando para terminar la reparación "in natura". La Sala indica que no puede sostenerse la tesis del recurrente respecto a que los defectos afectan a la estanqueidad o habitabilidad de la vivienda, sino que examinada la prueba pericial, tanto de parte como la judicial, no cabe sino que concluir que son simples defectos de acabado que no afectan a la habitabilidad. Debe rechazarse por tanto la responsabilidad de los codemandados arquitecto técnico y constructor, por cuanto que el plazo de garantía habría transcurrido sobradamente. En cuanto a la responsabilidad contractual de la promotora, la misma tiene un plazo prescriptivo de 15 años, por lo que la acción contractual frente al promotor-vendedor estaría vigente, y acreditados los desperfectos, debe condenarse a la misma a la reparación "in natura" de los defectos observados.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Córdoba
  • Ponente: CRISTINA MIR RUZA
  • Nº Recurso: 23/2017
  • Fecha: 29/12/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para la prescripción de intereses remuneratorios será aplicable el plazo de cinco años del art 1966.3 Cc. El pago del principal tiene carácter unitario pese a pactarse su abono fraccionado, lo que se hace para facilitar el cumplimiento del deudor sin que ello altere el derecho del acreedor al total inicialmente determinado por lo que el plazo de prescripción será de quince años. El día inicial para su cómputo será aquél en que se produjo el impago sino cuando el acreedor dio por vencida la obligación, aunque pudiera hacerlo con anterioridad a cuando lo hizo. Aun cuando se entendiera interrumpida la prescripción con la presentación de demanda de juicio monitorio, desde esa fecha hasta la de la demanda de este proceso había transcurrido con exceso el plazo de cinco años, pero, además, no consta la admisión a trámite o archivo del mismo. Se impugna la renuncia al beneficio de exclusión pero no la solidaridad pactada del fiador con el deudor principal por lo que aquella va renuncia en esa solidaridad, sin que se acepte que se trata de un lenguaje técnico pues se entiende que el no lego en derecho alcanza a conocer lo que significa esa solidaridad y los términos de la cláusula son claros. Fuera de casos de incapacidad natural -que aquí no consta-, los actos ejecutados por el incapaz antes de ser declarada su incapacidad judicialmente son válidos salvo que se obtenga la nulidad del acto concreto.El vicio del consentimiento debe de ser acreditado por quien lo invoca.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Bilbao
  • Ponente: LEONOR ANGELES CUENCA GARCIA
  • Nº Recurso: 91/2016
  • Fecha: 08/07/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida desestima la demanda promovida por doña Casilda contra don Jesus Carlos al apreciar la prescripción de la acción. La acción ejercitada lo es la de reclamación de daños y perjuicios ocasionados por contagio sexual durante el matrimonio, no estando ante una acción de responsabilidad extracontractual, siendo el causante del daño no un tercero, sino un miembro de la pareja. Se niega la prescripción, pues alega que el dermatólogo, el Dr. Bruno, fija el alta médica el día 14 de mayo de 2012 y que su informe definitivo lo es el día 14 de marzo de 2013; que la Dra. Mariola, su médico de atención primaria, emite informe el día 11 de junio de 2013, habiéndose presentado la demanda el día 3 de febrero de 2014, cuando se pudo conocer el alcance de los daños prolongados en el tiempo, con motivo del contagio sin que hubiera desaparecido la causa del daño hasta entonces, que es cuando se da el resultado definitivo. A lo así considerado se une que igualmente se ha acreditado que el tratamiento por condilomas se prolongó en el tiempo.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Vigo
  • Ponente: JULIO CESAR PICATOSTE BOBILLO
  • Nº Recurso: 96/2012
  • Fecha: 15/05/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se reclama a la demandada parte del precio de la venta de diversos bienes muebles realizados en dos contratos celebrados en septiembre-2004 y enero-2004. En cada contrato se estipulaba el pago aplazado de los respectivos importes. La demandada ha hecho diversas entregas a cuenta de cada uno los contratos expresados, y dejó a deber la cantidad reclamada. La sentencia de instancia acoge la prescripción alegada aplicando el art. 1967-4ª del CC. La demandante recurre por entender que el plazo aplicable es el de 15 años y que, además, han existido reclamaciones que han supuesto una interrupción de la prescripción. La Sala entiende que si bien no es de aplicación el art. 1966 pues no son prestaciones periódicas, sino que se trata de un precio unitario determinado desde el principio, cuyo pago se fracciona en mensualidades, tampoco es aplicable el plazo general de 15 años, porque se trata de la compraventa a que se refiere el art. 1967-4ª, conforme al cual por el transcurso de 3 años prescriben las acciones para el cumplimiento de la obligación de abonar a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico. En el presente supuesto se trata de una venta hecha por comerciante a un consumidor, por lo que el plazo es de 3 años. No cabe apreciar que la prescripción se haya visto interrumpido, pues no constan actos concretos de requerimiento o reclamación, por lo que procede la confirmación de la sentencia.