Resumen: Se ejercita por la Comunidad de Propietarios acción contra la promotora para que se condene a la misma a realizar las obras de reparación y sustitución necesarias para la subsanación de los defectos constructivos existentes, tanto en elementos comunes como privativos. Dicha demandada provocó la intervención de los técnicos en el pleito, siendo estimada parcialmente la demanda en relación a la promotora y desestimada en cuanto a los demás, imponiendo a la misma las costas de dichos técnicos cuya intervención provocó. Alega la promotora apelante la prescripción de la acción, lo que se desestima, pues la condena se ha producido conforme a la acción contractual que nace de la compraventa por incumplimiento, por lo que el plazo de prescripción que ha de analizarse es el de 15 años. En cuanto al fondo, la responsabilidad del promotor, deriva del incumplimiento contractual al no reunir las viviendas las condiciones de aptitud para su finalidad, respondiendo el promotor solidariamente de dichos defectos, "en todo caso" con los demás agentes intervinientes. En cuanto a las costas de esos terceros absueltos, las mismas se podrán imponer a quien solicitó su intervención, y determinó que estuviesen presentes en el juicio, por lo que procede la desestimación del recurso.
Resumen: No cabe responsabilidad contractual cuando en la audiencia previa precisó la parte que la acción ejercitada era por responsabilidad extracontractual, sin que tampoco concreta cuál es la relación contractual que le une con el establecimiento sanitario, pues fue su esposo el tratado y ella reclama aquí, sin que este supuesto se corresponda con aquellos en los que se ha admitido la unidad de la culpa civil. La normativa de consumidores que se cita no conduce a un plazo de prescripción del art 1964 CC. No cabe considerar que la acción ejercitada por su esposo por los daños sufridos es distinta de la aquí planteada sin que le pueda extender a ésta el efecto interruptivo de aquélla. El trastorno depresivo al no entenderse acreditado no puede tomarse en consideración para el inicio del cómputo del plazo de prescripción, pues se aportó un informe psicológico al respecto admitido como documental y no se admitió la declaración de su autora en el juicio como perito en resoluciones que quedaron firmes sin que la parte hiciera alegaciones sobre ello. En cambio la parte demandada aportó informe médico que lo descarta al no aportarse documentación médica. Tampoco consta la existencia de tratamiento médico, pues los antidepresivos requieren prescripción médica, que no consta. Desde la fecha en que se determinó el estado del esposo, producido el daño moral y el lucro cesante, ya había transcurrido el plazo anual. Tampoco se acredita la continuación y final cierre del negocio familiar.
Resumen: Se platea una reclamación de cantidad a la demandada por el importe del precio de los servicios prestados para la conservación y mantenimiento de una piscina en virtud del contrato celebrado con la Federación Insular de Natación de... Estimada la demanda recurre la referida Federación con diversas alegaciones. La Sala rechaza las mismas e indica que el hecho de que se trate de una asociación sin ánimo de lucro es una cuestión irrelevante a los presentes efectos; en cuanto a la calificación de la relación existente considera que no se trata de ninguna compraventa, sino de un genuino contrato de prestación o arrendamiento de servicios para la conservación y mantenimiento de una piscina a cambio de un precio y ello al margen de que para el cumplimiento de esa obligación por el prestador del servicio se tenga que utilizar determinados bienes o productos tendentes a realizar la prestación que es objeto de la misma. Se rechaza la prescripción alegada de tres años, siendo intrascendentes las alegaciones sobre la existencia o no de la reclamación previa como acto de interrupción de la prescripción, pues el plazo de prescripción aplicable no ha transcurrido con reclamación o sin ella. Se indica asimismo que el hecho de que la titularidad de la piscina corresponda a algún órgano o ente público no implica falta de legitimación de la demandada pues el contrato celebrado se realizó por la misma independientemente de quien sea el titular de la piscina, por lo que se rechaza el recurso.
Resumen: Los actores suscribieron con la entidad PI S.L. tres contratos de compraventa de vivienda; la referida vendedora, en relación a las cantidades anticipadas en la venta de viviendas, suscribió con la demandada un contrato de contragarantía general por el que se aseguraban las cantidades entregadas por los compradores de la promoción sin que la avalista hiciera entrega a los demandantes de los correspondientes certificados individuales. Paralizadas las obras, los compradores requirieron a la avalista para que devolviera las cantidades anticipadas, a lo que esta se negó pues alegó que había rechazado la operación, en uso de la facultad conferida en el contrato de contragarantía "de estudiar cada operación por separado y, una vez calificada, y comprobado que reúna los requisitos legales, decidir sobre su aceptación", sin notificar este hecho ni a la promotora ni a los compradores. Por ello se estima que no hay relación contractual con la demandada, pero que la falta de notificación del rechazo ha causado un perjuicio a los actores, pues impidió a la promotora la suscripción de un nuevo contrato con otra entidad financiera. Se rechaza la prescripción pues la misma empieza a correr desde que la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para litigar, lo que no sucede en el supuesto de autos hasta que la demandada aportó al juzgado la referida documentación, no habiendo trascurrido desde entonces el plazo de un año.
Resumen: Se ejercita acción de reclamación de cantidad en concepto de daños y perjuicios por incumplimiento contractual por mora en la entrega de la vivienda en construcción que la demandante compró a la demandada, así como por daños en la misma. Estimada parcialmente la demanda recurre el actor. La Sala rechaza la incongruencia alagada, pues entiende que el deber de congruencia se ha cumplido escrupulosamente en este caso así como el de motivación y exhaustividad de las sentencias de modo tal que ninguna indefensión se ha causado a la apelante. Se reclama la indemnización por tres conceptos, lucro cesante, daños morales y daños o defectos encontrados en la vivienda. En cuanto al primero, es preciso la constancia de la existencia o realidad del daño y de su cuantía, lo que no ha realizado el apelante, pues si reclama "lucro cesante" por la privación del uso de la vivienda durante el periodo en que la demandada incurrió en mora, sobre la base del "valor de uso" deben tomarse como referencia los precios de un alquiler medio en la misma zona en que se ubique la vivienda de que se trate, lo que no ha sido probado. En cuanto a los daños morales, sin negar el estado de zozobra que puede generar el hecho de que una vivienda adquirida no se entregue en plazo, no existen datos que objetivamente demuestren o hagan presumir la concurrencia de tal daño, y sobre el ultimo punto, los defectos advertidos son meros defectos de acabado cuya reclamación conforme al art. 17.1 LOE estaba prescrita.
Resumen: No hay razón para variar esta doctrina en el supuesto de la apertura de un expediente de fraude: su viabilidad depende de una previa actuación administrativa de comprobación que induzca al órgano de gestión a apreciar la posibilidad de que concurra el tipo descrito en el art. 24 de LGT de 1963, momento en que para alcanzar las consecuencias fiscales que en el mismo se autorizan, impone la Ley la garantía complementaria del expediente especial que, no obstante, no deja de ser una derivación del ordinario y en torno a los mismos hechos y en este sentido perfectamente integrable en el procedimiento general de comprobación e investigación y por esto afectado por los actos de interrupción de la prescripción que concurran en el mismo, todo lo cual determina que debamos estimar el motivo. En consecuencia de cuanto se ha expuesto, procede estimar el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, casar la sentencia, en cuanto aprecia la prescripción y, de conformidad con lo previsto en el art. 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, dictar sentencia sustitutoria en contemplación de las alegaciones aducidas en la instancia.
Resumen: Se pretende en proceso de conflicto colectivo que los complementos de puesto de trabajo denominados por trabajo de superior categoría, de nocturnidad y de rotación integren el concepto de salario o haber regulador del plan de pensiones de Altadis S.A. Aunque tenga repercusión concreta sobre los afectados, el proceso versa sobre conflicto colectivo, por existir un grupo homogéneo de trabajadores y un interés colectivo. Tiene legitimación ad causam la Comisión Sindical, aunque no es un órgano de representación unitaria, sino sindical. Plazo de prescripción de la obligación de contribuir al plan de pensiones. No es aplicable el plazo de impugnación de los convenios colectivos, sino el relativo a las concretas aportaciones mensuales que resultasen obligadas más allá del período del año anterior a la fecha de la reclamación. Los complementos por trabajo de superior categoría, plus de nocturnidad, y plus de rotación son realmente complementos de puesto de trabajo, en el Convenio Colectivo al que el Plan de Pensiones se remite, y se integran en el concepto Gratificaciones de Puesto de Trabajo en el Convenio Colectivo vigente en noviembre de 1990.
Resumen: Se analiza en el presente supuesto el momento a partir del cual ha de procederse a computar los plazos de prescripción corta (60 días) y larga (seis meses) cuando el trabajador, directivo de una sucursal bancaria, es acusado de simular y ocultar operaciones bancarias precisamente por su posición de directivo. Los hechos se descubrieron, cuando, una vez pasado el tiempo, merced a una denuncia de terceros perjudicados, se descubrió, tras realizar la oportuna auditoria contable, los hechos imputados al trabajador, alegando la empresa transgresión de la buena fe o abuso de confianza. Tras una amplia cita jurisprudencial, recuerda el TS que el cómputo del período de prescripción ha de concurrir una vez que se tenga cabal, pleno y exacto conocimiento de los hechos, y no un mero conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas. Como consecuencia de ello, desestima la Sala la excepción de prescripción, entendiendo que el plazo de seis meses ha de computarse desde que los terceros denunciaron los hechos, cesó la ocultación y la empresa tuvo noticia de la posible conducta irregular del actor, iniciándose el cómputo de los 60 días de prescripción corta una vez que se firmó el informe de auditoria, fecha en la que la empresa tuvo conocimiento cabal de la realidad y alcance de los hechos cometidos.
Resumen: Se plantea, como cuestión de fondo, la valoración del retraso desleal en el ejercicio de una acción de ejecución hipotecaria instada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por los ejecutados se formuló una acción declarativa de prescripción de la acción hipotecaria contra la entidad pública ejecutante alegándose que la acción de ejecución hipotecaria estaba prescrita, por haberse requerido fuera de plazo, y de modo tardío y desleal (23 años después del vencimiento del primer pago). En ambas instancias se apreció la prescripción y se estimó la demanda declarándose improcedente la ejecución. Inexistencia de incongruencia: aunque se interesó la prescripción, en la propia demanda se invocó el restraso desleal como causa de pedir. Requisitos para apreciar retraso desleal: debe operar antes del término del plazo prescriptivo. Y requiere omisión del ejercicio del derecho (inactividad dilatada) y una objetiva deslealtad respecto de la razonable confianza suscitada en el deudor acerca de la no reclamación del crédito, que debe surgir de actos propios del acreedor. En este caso no concurrió este último requisito pues la mera inactividad o el transcurso dilatado de un periodo de tiempo en la reclamación del crédito no comporta, por sí solo, un acto propio del acreedor que cree, objetivamente, una razonable confianza en el deudor acerca de la no reclamación del derecho de crédito.
Resumen: Accidente de circulación: lesiones y secuelas. Mora de la aseguradora. El beneficio de la exención del recargo se hace depender del cumplimiento de la obligación de pago o consignación en plazo cuando sean daños personales con duración superior a tres meses o cuyo exacto alcance no puede ser determinado tras la consignación, de que la cantidad se declare suficiente por el órgano judicial a la vista del informe forense si fuera pertinente, siendo este un pronunciamiento que debe solicitar la aseguradora. La existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en que consisten los intereses de demora. La mera existencia de un proceso no constituye causa que justifique por sí el retraso. No se aprecia justificación cuando, sin cuestionarse la realidad del siniestro ni su cobertura, la incertidumbre surge únicamente en torno a la concreta cuantía de la indemnización, o respecto de la influencia causal de la culpa del asegurado en su causación. Se considera la indemnización como una deuda que, con independencia de cuándo se cuantifique, existe ya en el momento de producirse el siniestro, como hecho determinante del deber de indemnizar y porque la responsabilidad civil derivada de la circulación se asienta sobre el riesgo generado por la conducción. Factor corrector por incapacidad permanente: finalidad. Valoración del daño personal. Periodo de incapacidad temporal. Prescripción. Postura jurisprudencial.