Resumen: Se admite el recurso de casación preparado por la mercantil "SUPERFUEL SL" -en tanto que se inadmite el preparado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Orense, por cuanto que la cuestión que el mismo plantea ya ha sido ya resuelta por, entre otras, STS de 20 de septiembre de 2006 (RCA 6568/03- al entender que la cuestión que en el mismo plantea reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consistiendo la misma en determinar si la titulación de Ingeniería Técnica Industrial es título habilitante para la elaboración de un proyecto de ejecución de unidad de suministro de combustible a los efectos del otorgamiento de licencia de obra para ejecutar una unidad de suministro de vehículos, licencia que fue anulada por la sentencia recurrida en casación.
Resumen: Tres son las las cuestiones en el presente recurso en las que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia: i) si es de aplicación alguno de los supuestos del art. 106 Ley 30/1992 (actual, art. 110 de la ley 39/2015), como justificación de la inadmisión a trámite de una revisión de oficio; ii) si la mera alegación de una causa de nulidad de pleno derecho conlleva automáticamente la admisión a trámite la solicitud de revisión de oficio; y iii) si el trámite de subsanación recogido en el artículo 71 Ley 30/1992 es de aplicación al procedimiento de revisión de oficio. La respuesta del TS a las mismas es la siguiente: i) para apreciar que una revisión de oficio es contraria a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes, debe realizarse en una resolución tras la incoación del correspondiente procedimiento administrativo; ii) las solicitudes de revisión de oficio han de contener con claridad la invocación de una causa concreta de nulidad de las establecidas legalmente, así como los hechos en que se funda dicha causa, los fundamentos para considerar aplicable la causa de nulidad invocada y la petición concreta de iniciar el procedimiento de revisión de oficio; y iii) el trámite de subsanación y mejora de solicitudes debe aplicarse a las peticiones de revisión de oficio, sin que exista, en principio, especialidad alguna por el hecho de que quien solicita dicha revisión sea una Administración Pública.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto por Ayuntamiento considerando que la Administración autonómica interpuso el recurso contencioso-administrativo extemporáneamente conforme a la doctrina que sienta respondiendo a las cuestiones planteadas en los siguientes términos: 1) la Administración autonómica (en este caso, C.A. de Cataluña) resulta legitimada a los efectos del artículo 103 Ley 30/1992 para solicitar de un Ayuntamiento que inicie la revisión de oficio de un acto consistente en la concesión de una licencia municipal de obras que se considera incurre en causa de anulabilidad según el art. 208.1 del Decreto Legislativo 1/2010, sin que ello responda a la condición de interesada en el sentido del ejercicio de derechos o intereses legítimos propios, pues su intervención responde al ejercicio de esa concreta potestad administrativa reconocida por el indicado precepto; y 2) el plazo al que debe sujetarse la Administración autonómica para efectuar el requerimiento del artículo 103 LJCA es el de cuatro años establecido en el mismo, y para interponer recurso contencioso-administrativo frente al rechazo por silencio del requerimiento efectuado al Ayuntamiento, el general dos meses establecido en el art. 46.6 al que remite el art. 65 de la LRBRL, computado desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado el requerimiento.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Andalucía y se declara que en los litigios sobre cumplimiento de contratos del sector público, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que debe soportar la entidad contratante forma parte del precio, y, a los efectos procesales de la cuantía del litigio, integra el valor económico total de la reclamación. El importe resultante incrementar en la cuantía de la cuota por el IVA que grava la operación, cuya suma deriva de aplicar el tipo impositivo que estuviere vigente sobre el precio de la prestación o servicio cuyo pago se reclama no constituye, en modo alguno, un recargo en el sentido del art. 42 de la LJCA, ya que la prestación que asume el órgano de contratación es la de abonar el precio del contrato, en el que se incluye el IVA. En el litigio no se dilucida cuestión alguna relativa al citado impuesto, que exigiera estar al importe de su base imponible, de su cuota o cualquier otro elemento del tributo, sino al pago de la prestación del contrato administrativo, y en el concepto de precio del contrato debe incluirse el importe del IVA.
Resumen: Efectos de la anulación de ponencias de valores. Posibilidad de interponer recurso directo contra liquidación de IBI y impugnar los valores catastrales mediante la invocación de defectos o vicios afectantes a la ponencia de valores.
Resumen: Fijar el dies a quo del cómputo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos del ICIO. La sentencia razona que el recurrente confunde la determinación del dies a quo para el nacimiento de la acción, tesis de la actio nata, con la ejecutividad del acto de declaración de caducidad de la licencia, que indica precisamente el inicio de la accio nata, pues es evidente que siendo el acto ejecutivo, hubiera precisado de la suspensión de la ejecutividad para entender no nacido el plazo de prescripción para el ejercicio de la devolución, pues aunque pudiera resultar ilógico con el mantenimiento del recurso para impugnar la declaración de caducidad, lo cierto es que, no suspendida esta declaración la recurrente no podía haber ejecutado la licencia concedida en su día y declarada caducada, por lo que la acción para la solicitud de devolución de un acto ejecutivo, aunque no firme, había comenzado. En consecuencia, procede desestimar el recurso de casación, pues cuando se produce la declaración de caducidad del plazo concedido para la ejecución de la obra, que se recurre, pero no consta la suspensión de su ejecutividad, comienza el plazo para solicitar la devolución.
Resumen: Precisa inicialmente la Sala que las dos cuestiones delimitadas como de interés casacional en el auto de admisión [determinar la necesidad de reserva de suelo para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública; y, si puede estimarse cumplida la exigencia del informe de sostenibilidad económica] vienen referidas a los Planes Parciales de Reforma Interior, propios de la normativa autonómica de la Comunidad de Madrid, siendo realmente las leyes autonómicas respectivas las que, con una tan amplia como variada potestad legislativa, han regulado estos específicos instrumentos de planificación de desarrollo, que difícilmente pueden someterse a un estudio uniforme y cuya interpretación, por tratarse de legislación autonómica, queda bajo la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia. Por ello, refiere el debate no ya tanto a determinar si esos concretos PPRI de la normativa urbanística de la Comunidad de Madrid exigen los presupuestos señalados, sino a considerar hasta donde alcanza la exigencia que impone la normativa estatal. Desde esta perspectiva, tras examinar ambas cuestiones, concluye que: toda actuación de urbanización, cuyo uso determinante sea el residencial, debe estar condicionada a la reserva de suelo para vivienda de promoción pública, de conformidad con lo establecido en el antiguo art. 16 del TRLS de 2008; y, es preceptiva la elaboración de una memoria que asegure la viabilidad económica en toda actuación urbanística en suelo urbanizado.
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto en el que había que dilucidar los supuestos en los que un plan debe incorporar una reserva de suelo para viviendas de protección oficial y si en un supuesto de Plan Parcial de Reforma interior tal requisito resulta exigible. Y, establecer si el informe del artículo 25 de la Ley de Aguas resulta exigible en los Planes de desarrollo y, más en concreto, en un supuesto de Plan Parcial de Reforma Interior. La conclusión de lo expuesto es que toda actuación de urbanización, cuyo uso determinante sea el residencial, debe estar condicionada a la reserva de suelo para vivienda de promoción pública, de conformidad con lo establecido en el artículo del TRLS 2015 (antiguo artículo 16 del TRL de 2008), con independencia de la naturaleza del instrumento concreto del planeamiento que habilite la menciona actuación y la clasificación del terreno sobre el que se ejecuta dicha actuación de transformación urbanística. Y, en relación a la segunda cuestión concluye que en el supuesto de planeamiento de desarrollo no se requiere el informe de la Confederaciones Hidrográficas, en la medida que, cuando se trate de uso residencial, no existe un específico aumento de población por encima de las previsiones generales que ya se contemplen en el planeamiento general.
Resumen: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Devolución de ingresos indebidos. Intereses de demora: nulidad de la licencia de obras declarada judicialmente siete años después de su otorgamiento. Dies a quo. Relevancia, a estos efectos, de la imposibilidad de ejecutar las obras amparadas en la licencia por impedirlo un auto de medidas cautelares que suspendía la ejecutividad de la licencia. Ha de reputarse indebido el ingreso efectuado en la liquidación provisional del ICIO, a efectos de su devolución, en aquellos supuestos en que las obras no se pueden realizar porque la licencia de edificación ha sido anulada judicialmente y se acordó la suspensión cautelar de su ejecutividad en el seno del proceso en el que se dictó la sentencia anulatoria correspondiente, de manera que deben computarse los intereses de demora en favor del contribuyente desde el ingreso del importe de dicha liquidación. Principio de buena administración.
Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dualidad gestión catastral-gestión tributaria y sus consecuencias cuando, como sucede en el caso, el contribuyente impugna una liquidación de IBI por considerar ?como había declarado un tribunal de justicia respecto de otros contribuyentes- que la Ponencia de Valores aplicable incurría en defectos formales determinantes de su ilegalidad. No cabe que la declaración en sentencia firme de que una Ponencia carece de Estudio de Mercado, realizada a los solos efectos de analizar la concreta impugnación del valor catastral efectuada por un concreto contribuyente respecto del IBI que le fue girado, se sitúe por encima de un pronunciamiento judicial, también firme, pero realizado por el órgano judicial competente para analizar la legalidad de dicho acto y en el que se declara ajustada a Derecho esa Ponencia al no apreciar aquel vicio formal, señalando, además, que consta el Estudio de Detalle y que la Ponencia está motivada. El ayuntamiento no estaba obligado a anular la liquidación por defectos de la Ponencia de Valores cuando la declaración judicial previa que así lo establecía carece de cosa juzgada material, pues no impide que el órgano judicial encargado de enjuiciar la legalidad de los actos de gestión catastral adopte ?en plenitud- la decisión que proceda.
