• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 221/2017
  • Fecha: 09/01/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En orden a integrar el concepto normativo de "injusticia", se deben recordar las coincidencias entre el delito de prevaricación del artículo 404 y la llamada prevaricación urbanística del artículo 320, en cuanto al bien jurídico protegido, a la condición del autor, a la arbitrariedad de la actuación administrativa de que se trate y a la actuación "a sabiendas de la injusticia". También se ha señalado la existencia de algunas diferencias, pues en el caso del art. 320 CP, nos encontramos ante una prevaricación especial por razón de la materia sobre la que se realiza (la normativa urbanística), y mientras que la modalidad genérica del art. 404 CP exige que la autoridad o funcionario, además de una actuación a sabiendas de su injusticia, produzca una resolución arbitraria, en la urbanística el contenido de la conducta consiste en informa o resolver favorablemente a sabiendas de su injusticia. El delito de prevaricación no trata de sustituir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su labor genérica de control del sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al Derecho, sino de sancionar supuestos-límite en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la Autoridad o Funcionario, perjudicando al ciudadano afectado en un injustificado ejercicio de abuso de poder.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10233/2017
  • Fecha: 11/12/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se alega que la recurrente fue condenada con anterioridad como autora de un delito de prevaricación, fraude a la administración y revelación de información confidencial y que el concierto fraudulento de esa sentencia es el mismo de la sentencia que ahora se impugna. Estima que se da un concurso de normas y que la pena del delito de fraude debe tomarse en consideración minorando la que se puede imponer en la segunda sentencia. Relación entre los delitos de fraude a la Administración y el de cohecho. Doctrina del concurso de leyes. Supone una unidad valorativa frente al hecho cometido. Reglas aplicables en síntesis, diferencia entre concurso real e ideal de delitos y concurso de normas. Los hechos relatan unos actos administrativos y unas gestiones necesarias para la enajenación irregular de una finca que constituirían delitos de prevaricación y fraude a la administración, pero que son distintos del cohecho. Sin perjuicio de que tengan los hechos una relación temporal, tienen sustantividad propia, por un lado, el acuerdo para defraudar a la Administración y, por otro, la solicitud y percepción de una dádiva. Diferencias entre ambos tipos de delito. El simple concierto defraudatorio supone la consumación del delito y la mera solicitud de dádiva la consumación del delito de cohecho. No hay tampoco identidad de bien jurídico protegido. Dilaciones indebidas, requisitos. Solución caso por caso por ser el concepto retraso injustificado un concepto abierto e indeterminado. No concurre
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER
  • Nº Recurso: 605/2017
  • Fecha: 28/11/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Pleno no jurisdiccional de 9-2-2005, adoptó el siguiente Acuerdo. Los autos de sobreseimiento dictados en apelación en un procedimiento abreviado solo son recurribles en casación cuando concurran estas tres condiciones. Se trate de un auto de sobreseimiento libre, haya recaído imputación judicial equivalente a procesamiento, entendiéndose por tal la resolución judicial en que se describa el hecho, se consigne el derecho aplicable y se indiquen las personas responsables y el auto haya sido dictado en procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación. En el caso de autos, si bien concurren el primero y el tercer requisito, no lo hace el segundo, pues no existe una imputación formal equivalente a procesamiento. Y ello porque, si bien el auto del Juzgado de Instrucción incoó Procedimiento Abreviado por delito de falsificación de documento público, sin embargo, otro Auto del mismo Juzgado dejó sin efecto el anterior, acordando el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones, resolución confirmada por el Auto dictado en apelación por la Audiencia provincial que constituye el objeto del presente recurso. Cualquier resolución administrativa con la que se discrepe no puede dar lugar a un delito de prevaricación y, menos aún, a prevaricación omisiva si se carece de competencia para las modificaciones instadas. En ningún supuesto se solicitó ninguna instancia de modificación de planeamiento por lo que la certificación emitida no es falsa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 331/2017
  • Fecha: 10/11/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Error en la apreciación de la prueba. Reclamación de integración de elementos fácticos, en el relato de hechos probados descrito en la sentencia de instancia. Necesidad de que el dato de hecho cuya incorporación se pide tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo. Falsedad documental. Antijuricidad formal y material. Dolo falsario. Irrelevancia en el delito de falsedad de que determinados destinatarios del documento falso puedan conocer su desajuste con la realidad, cuando esta mutación lo que busca es superar determinadas limitaciones contractuales o legales que se sobreponen a la capacidad decisoria de estos destinatarios. Prevaricación administrativa. Alcaldesa que dicta un Decreto dejando sin efecto un reparo suspensivo formulado por la intervención municipal, conociendo que las objeciones son reales e impiden la culminación del expediente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE RAMON SORIANO SORIANO
  • Nº Recurso: 549/2017
  • Fecha: 27/10/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso formulado por el Ministerio Fiscal contra la sentencia absolutoria. En opinión del Fiscal, se había acreditado un nombramiento irregular para cubrir dos puestos de libre designación ya existentes, atribuyendo a los nombrados funciones distintas de las normativamente previstas. Se dictó sentencia absolutoria por no haberse acreditado el dolo o patente conciencia de la antijuridicidad. Diferencia entre la irregularidad administrativa y el delito de prevaricación. Importancia del artículo 47 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Incorrecta interpretación de un precepto por los técnicos de la administración en el ejercicio de la función de análisis. La firma de una resolución arbitraria no determina de por sí que concurra el elemento subjetivo de la prevaricación. El acusado consultó en todo caso con técnicos. Límites a la revocación de una sentencia absolutoria en casación, cuando los razonamientos del Tribunal de instancia son racionales y no incurren en arbitrariedad. Modificación por la acusación incluyendo nuevos hechos y nueva calificación jurídica. La determinación del objeto del proceso no se realiza en el auto de apertura de juicio oral, sino en el escrito de calificación. Se estima el motivo y, por ello, se confirma la absolución respecto del delito de prevaricación y se acuerda la devolución a la instancia para tratar la acusación por delito de falsedad, que el Tribunal de instancia no abordó por considerarla sorpresiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1146/2016
  • Fecha: 20/07/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condena a un juez que dicta un auto en el que se acuerda el sobreseimiento de las Diligencias Previas respecto de un delito de omisión del deber de socorro, y que declara que las lesiones derivadas del atropello a un peatón en un paso de cebra pueden ser constitutivas de una falta de lesiones por imprudencia leve, cuando la única diligencia de investigación practicada fue la declaración del conductor denunciado. El Tribunal valora que la decisión se adoptó eludiendo completar la investigación con otras diligencias que se habían reclamado por la Acusación Particular y el Ministerio Fiscal, y que eran de conveniencia incontrovertida. Concretamente: la declaración del testigo que socorrió a la víctima, apuntó la matrícula del vehículo causante del atropello y avisó a la policía, así como la declaración de la víctima o la reclamación del atestado policial levantado con ocasión de los hechos. En la inferencia del elemento subjetivo del injusto (a sabiendas) se contempla la tergiversación de argumentos en la decisión de sobreseimiento inicial del delito de omisión del deber de socorro, la ausencia de motivos en los que se hiciera descansar que la imprudencia tuviera la consideración de leve, la nula expresión de argumentos al desestimar unos recursos de reforma que defendían pormenorizadamente el pronóstico de tipicidad delictivo y las vías de investigación que existían para el esclarecer los hechos, así como la estrecha relación de amistad entre el juez y el conductor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARLOS GRANADOS PEREZ
  • Nº Recurso: 41/2017
  • Fecha: 12/07/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La jurisprudencia ha señalado en numerosas ocasiones que para apreciar la existencia de un delito de prevaricación será necesario. En primer lugar, una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo. En segundo lugar que sea objetivamente contraria al Derecho, es decir, ilegal. En tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable. En cuarto lugar, que ocasiones un resultado materialmente injusto. En quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho. En cuanto al elemento objetivo, argumentan que las resoluciones administrativas incurrirán en prevaricación cuando contradigan las normas de forma patente y grosera o desborden la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso, o muestren una desviación o torcimiento del derecho de tal manera grosera, clara y evidente que sea de apreciar el plus de antijuricidad que requiere el tipo penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 1221/2016
  • Fecha: 12/07/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La jurisprudencia ha señalado que en el recurso de casación solo es posible defender derechos propios, sin que sea lícita la defensa de los que corresponden a terceros cuya representación no se ostenta. Con la excepción derivada de que la defensa de los derechos ajenos repercuta directamente en el mantenimiento de la integridad de los propios. La inspección ocular es una prueba de carácter excepcional pues al tener que practicarse fuera de la sala donde se celebra el juicio, lleva consigo una ruptura de la concentración y publicidad de las sesiones y unos trastornos por la necesaria constitución de todos los que intervienen en el juicio oral en un lugar diferente, de modo que "sólo debe practicarse cuando las partes no dispongan de ninguna otra prueba para llevar al juicio los datos que se pretendan. El auto de transformación en Procedimiento Abreviado tiene la finalidad de fijar la legitimación pasiva así como el objeto del proceso penal. El contenido delimitador que tiene el auto de transformación para las acusaciones, se circunscribe a los hechos allí reflejados y a las personas imputadas, no a la calificación jurídica que haya efectuado el Instructor. Para excluir hechos que fueron objeto de investigación, que fueron imputados, sobre los que se recibió declaración y que aparecen implícitamente en el auto de transformación en Procedimiento Abreviado sería necesario para ello un sobreseimiento expreso que habría podido ser objeto de recurso por las partes acusadoras.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 1439/2016
  • Fecha: 24/05/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala Segunda establece que el derecho al secreto de las comunicaciones puede considerarse una plasmación singular de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de su personalidad, que constituyen el fundamento del orden político y de la paz social, por lo que trasciende de mera garantía de la libertad individual, para constituirse en medio necesario para ejercer otros derechos fundamentales. Por ello la protección constitucional del secreto de las comunicaciones abarca todos los medios de comunicación conocidos en el momento de aprobarse la norma fundamental, y también los que han ido apareciendo o puedan aparecer en el futuro, no teniendo limitaciones derivadas de los diferentes sistemas técnicos que puedan emplearse. El derecho al secreto es independiente del contenido de la comunicación, debiendo respetarse aunque lo comunicado no se integre en el ámbito de la privacidad. En nuestro ordenamiento la principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías. Respecto al tráfico de influencias, la utilización conjunta de los términos influir y prevalimiento nos indica que no basta la mera sugerencia sino que la conducta delictiva debe ser realizada por quien ostenta una determinada situación de ascendencia y que el influjo debe tener entidad suficiente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10572/2016
  • Fecha: 03/05/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delitos de malversación continuada, prevaricació y fraude a la administración. El TS desestima el recurso de casación. En cuanto a la inhabilitación especial el TS recuerda la obligación del Tribunal sentenciador de concretar los empleos, cargos y derechos sobre los que recae, tanto se imponga como pena principal, como cuando se imponga como pena accesoria, por más que en estos supuestos es obligado además, expresar el vínculo entre el delito cometido y la inhabilitación que se establece. La inhabilitación especial mira al título jurídico que habilita para el desempeño que propició la comisión del delito, alcanzado por ello al ejercicio de las ocupaciones laborales básicas y cualquiera otras de carácter temporal que puedan estarle vinculadas. Asimismo, recuerda que la ejecución parcial ya agotada, no es revisable. La pena de inhabilitación absoluta presenta un doble contenido, de un lado, la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tuviera el penado; de otro, la prohibición de reingreso o de retorno al desempeño de cualquier actividad o cargo de esa naturaleza, durante el tiempo de la condena. Ejecutada la pérdida del cargo, la revisión sólo puede alcanzar a la alteración del tiempo y los cargos que quedaran abarcados por la prohibición de retorno. Aplicación del punto 3 de la Disposición Transitoria Segunda de la LO 1/2015.

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