• Las reclamaciones de cantidad, los procedimientos monitorios y las ejecuciones hipotecarias aumentaron
• El juzgado de cláusulas dictó 1.501 sentencias, de las que el 98,3 por ciento fueron estimatorias
• Se registraron 17 procedimientos por ocupación ilegal de la vivienda

Santander, 1 de marzo de 2019.-

Los juzgados de Cantabria practicaron el pasado año un total de 110 lanzamientos, recibieron 62 solicitudes de concurso de acreedores y registraron 1.036 demandas por despido, lo que supone una disminución de asuntos respecto a 2017 de un 33,3 por ciento en el caso de los lanzamientos, del 7,5 por ciento en los concursos y del 1,9 por ciento en el caso de los despidos.

Por el contrario, durante el pasado año se registraron más procedimientos judiciales de reclamación de cantidad en el seno de una relación laboral (un 3,6 por ciento), más monitorios (un seis por ciento) y también más asuntos de ejecución hipotecaria (un 2,7 por ciento).

Así se desprende del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los órganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido difundido con datos relativos al cuarto trimestre de 2018 y a la anualidad completa.

En el mismo, también se ofrece información sobre el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, encargado en exclusiva de tramitar todos los procedimientos relativos a cláusulas suelos y otras acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias. Durante 2018, el juzgado dictó 1.501 sentencias, de las que el 98,3 por ciento estimaron las pretensiones de los particulares.

Menos lanzamientos por ejecución hipotecaria

Durante 2018 se presentaron 299 procedimientos de ejecución hipotecaria ante los juzgados de primera instancia de Cantabria, ocho más que un año antes, lo que supone un aumento del 2,7 por ciento. A nivel nacional, este tipo de demandas disminuyó un 8,9 por ciento.

Por su parte, los lanzamientos practicados pasaron de 705 en 2017 a 576 en 2018, esto es, un 18,3 por ciento menos, caída más acusada que la registrada por la media nacional, que apenas descendió un 1,8 por ciento.

De esos 576 lanzamientos practicados, 110 respondieron a ejecuciones hipotecarias –un 33,3 por ciento menos que un año antes-, 427 a impagos de un alquiler –un 15,4 por ciento menos- y 39 a otros motivos.

Más concursos de particulares

Entre los indicadores que estudia el informe para detectar el efecto de la crisis en los órganos judiciales, se encuentra el movimiento de asuntos concursales, tanto los presentados en el Juzgado de lo Mercantil de Santander -que responden a empresas-, como los que se registran en los juzgados de primera instancia de la región -que son los que se refieren a particulares.

En 2018 se presentaron un total de 62 concursos –43 de empresas y 19 de persona física-, frente a 67 de 2017 -53 de empresas y 14 de persona física. Ello supone una disminución del 7,5 por ciento, en contraste con la media nacional, que registra una subida del veinte por ciento.

No obstante, se observa que mientras que los concursos de empresas disminuyeron en Cantabria durante 2018 –de 53 a 43-, en el caso de los que responden a particulares, éstos crecieron, pasando de 14 en 2017 a 19 en 2018.

Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil de Santander declaró 24 concursos; otros trece fueron declarados concluidos, en siete se abrió fase de convenio y en 28 se fue a la liquidación. Además, el juzgado recibió seis expedientes de regulación de empleo presentados por empresas que se encuentran en situación de concurso.

Más reclamaciones de cantidad

La incidencia de la situación económica también se evalúa en el movimiento de asuntos de los juzgados de lo social o laborales, donde se presentan tanto las demandas de despido como aquellas en las que los trabajadores reclaman el pago de una cantidad por parte de sus empleadores.

Durante 2018, los seis juzgados de lo social de Santander registraron un total de 1.036 demandas por despido, veinte menos que las que se presentaron un año antes, lo que supone un leve descenso del 1,9 por ciento. La media nacional aumentó un 2,4 por ciento.

Las reclamaciones de cantidad fueron 1.782 frente a las 1.720 de 2017, lo que supone un aumento del 3,6 por ciento, superior al de la media nacional, del 1,5 por ciento.

Por otro lado, los procedimientos monitorios, que se presentan en los juzgados de primera instancia y son aquellos en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios, ascendieron a 7.734, frente a los 7.294 de un año antes, un aumento del seis por ciento.

La media del conjunto de todas las comunidades registra un incremento del catorce por ciento en este tipo de procedimientos.

Junto a ello, en los últimos trimestres el informe incluye datos relativos a la actividad de los juzgados de primera instancia que están tramitando acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, como los procedimientos sobre cláusulas suelo.

En Cantabria, el órgano que tramita este tipo de procedimientos es el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, que a lo largo de 2018 recibió un total de 4.748 asuntos de este tipo, resolvió 1.743 y a 31 de diciembre permanecían en trámite 5.263. Además, dictó un total de 1.501 sentencias, de las que el 98,3 por ciento resultaron estimatorias.

Finalmente, el informe incluye, por primera vez, información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, dada la reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre este asunto.

Estos procedimientos verbales están destinados a que las personas físicas, y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda, que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas.

En Cantabria, en los dos últimos trimestres de 2018 –periodo en el que por primera vez tienen estos datos- los juzgados de primera instancia registraron 17 asuntos de este tipo, de los que nueve fueron resueltos y a 31 de diciembre once permanecían en trámite.