Tolosa reivindica la figura del juez como representante de un poder del Estado y pide “que no se caiga en la tentación de funcionarizarlo”
A su juicio, “los actuales males de la Justicia no se derivan ni de una defectuosa o inapropiada regulación del Estatuto Orgánico de los jueces y magistrados españoles, ni de una inadecuada configuración de su órgano de gobierno”, sino que los problemas “provienen y tienen su origen en causas bien diferentes, cuya regulación debería ser objeto de una reforma sin mayores dilaciones”.
- Autor
- Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

• En la Apertura del Año Judicial 2012/2013 en Cantabria
• Ante la reforma de la LOPJ, afirma que el problema de la Justicia no está en el Estatuto del Juez ni en el CGPJ, sino en su financiación, leyes procesales y organización obsoletas y carencia de medios tecnológicos adecuados
• Apuesta por el trabajo conjunto del Ministerio, el CGPJ y las CCAA para diseñar un nuevo mapa judicial acorde a los tiempos
Santander, 18 de octubre de 2012
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa Tribiño, reivindicó hoy la figura de los jueces españoles como representantes de un poner del Estado, “por lo que ha de evitarse caer en la tentación de funcionarizar el ejercicio de su potestad jurisdiccional”.
En esta línea, Tolosa, que presidió el Solemne Acto de Apertura del Año Judicial 2012/2013 en Cantabria al que asistieron las principales autoridades de la región, hizo alusión a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se ha planteado desde el Ministerio de Justicia.
A su juicio, “los actuales males de la Justicia no se derivan ni de una defectuosa o inapropiada regulación del Estatuto Orgánico de los jueces y magistrados españoles, ni de una inadecuada configuración de su órgano de gobierno”, sino que los problemas “provienen y tienen su origen en causas bien diferentes, cuya regulación debería ser objeto de una reforma sin mayores dilaciones”.
En este punto, se refirió a los problemas de financiación, carencia de medios tecnológicos adaptados “a lo que debe entenderse por Administración eficiente”, “obsolescencia” del modelo organizativo o leyes procesales de siglos pasados, como ocurre con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como “retos que hay que afrontar con urgencia”.
CRISIS INSTITUCIONAL
“En la actual coyuntura de crisis, el Poder Judicial se ve profundamente afectado; afección que, desde luego, proviene de las restricciones presupuestarias de gasto pero también de la crisis institucional generalizada que, como no podía ser de otro modo, también sufre el Poder Judicial”, manifestó el presidente del Alto Tribunal.
Es “absolutamente necesario proceder de forma urgente a una reforma estructural de nuestra Justicia, que sea capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos en su sistema judicial y, también, la ilusión de los propios jueces en la realización de su quehacer diario”.
En su opinión, “el juez español posee un alto grado de preparación intelectual y de compromiso, supliendo con su esfuerzo personal la endémica carencia de medios en la que ejerce su labor jurisdiccional”; esfuerzo que “no tiene un reconocimiento social ni institucional”. “Es urgente que la sociedad conozca que nuestra actual planta judicial es insuficiente y su distribución, obsoleta”, señaló.
Sin embargo, el presidente del TSJC subrayó que, “pese a estas carencias y el desbocado incremento de la litigiosidad en los últimos años” –un 150% en la última década-, los jueces españoles alcanzan “unos muy altos índices de resolución” que han permitido hacer frente en 2011 a la totalidad de los asuntos ingresados, tendencia que se mantiene en el primer semestre de 2012.
Asimismo, se refirió a la situación que ha vivido el Consejo General del Poder Judicial en los últimos meses y señaló que la revisión de los errores cometidos “no debe revertir en perjuicio de su fortaleza y prestigio, ni determinar su atrofia institucional o un desapoderamiento de competencias”. “La crisis institucional que ha atravesado el Consejo no puede servir de excusa o argumento para tratar de debilitar el autogobierno del Poder Judicial”, apostilló.
NUEVA DEMARCACIÓN JUDICIAL
Durante su discurso, Tolosa repasó lo que considera necesidades urgentes de la Justicia. En primer lugar, se refirió a la conveniencia de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial que permita una “más racional redistribución de los órganos judiciales”.
En este sentido, apostó por un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia que dé como fruto un nuevo modelo organizativo de Administración de Justicia ”homogéneo y territorialmente accesible para el ciudadano y el profesional”.
No obstante, advirtió de que el diseño debe acometerse “de manera realista, sin olvidar las peculiaridades y características de cada territorio” y además “contando con los medios presupuestarios que son imprescindibles para que tenga éxito desde un primer momento”.
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
El segundo de los retos que Tolosa señaló es el de la modernización tecnológica, una necesidad “absolutamente inaplazable” dada la “evidente desproporción de medios con que cuenta nuestra Administración de Justicia respecto de otros servicios públicos estatales”.
No obstante, celebró que “es ya una realidad” en Cantabria la notificación de las resoluciones judiciales a los procuradores de forma telemática, un hito que va a permitir dar un paso más el próximo semestre, con la posibilidad de que se presenten de manera digital todos los escritos que se dirigen a los Juzgados y Tribunales de Cantabria.
NUEVOS JUZGADOS
Asimismo, Tolosa se refirió a la necesidad de dotar mejor la planta judicial en Cantabria. Pese a que en 2011 no se creó ningún órgano judicial y “parece que va a ser la tónica del presente año y sucesivos”, considera “absolutamente necesario un nuevo Juzgado en la ciudad de Torrelavega y completar la planta de las secciones civiles de la Audiencia Provincial”. “No son peticiones exageradas ni extravagantes, sino realizadas desde el máximo sentido de la responsabilidad y con plena conciencia de la situación por la que atraviesa nuestro país”.
También dedicó unas palabras a la situación de las sedes judiciales en Cantabria. Recordó que los edificios de Santander están “totalmente saturados” e instó al Gobierno regional a que busquen “soluciones alternativas” al edificio de Tabacalera –“inasumible económicamente al menos de momento”- “que nos permitan mejorar de forma significativa la situación que actualmente atravesamos”.
Celebró las mejoras acometidas por la Consejería de Justicia en el edificio de Laredo, si bien considera que sigue siendo necesaria una reforma integral. En el caso de Santoña, afirmó que las gestiones realizadas por el Gobierno regional para el traslado de las dependencias judiciales al edificio del Ayuntamiento “están muy avanzadas” por lo que confía en que sea factible “a corto plazo”.
BUENOS RESULTADOS
Finalmente, el presidente dedicó unas palabras a poner sobre la mesa la situación de la Justicia en Cantabria bajo la perspectiva de la estadística judicial. Durante 2011 se produjo una disminución en la entrada de asuntos, si bien la litigiosidad sigue siendo elevada y sitúa a nuestra región en los primeros puestos a nivel nacional.
La respuesta de los Juzgados y Tribunales a la entrada de asuntos fue positiva, ya que se resolvieron tantos asuntos como entraron, por lo que por primera vez en los últimos años la tasa de resolución alcanzó la cifra de 1,00. Estos buenos datos tuvieron como consecuencia una disminución –también por primera vez- en el número de asuntos que se estaba tramitando a 31 de diciembre de 2011.
“Los datos con los que contamos del año 2012, continúan siendo positivos”, señaló el presidente, que explicó que mientras que en el primer semestre de 2011 la tasa de resolución era de 1,03, en 2012 la tasa crece hasta el 1,11, esto es, “seguimos resolviendo por encima de lo que entra y con resultados aún mejores que el pasado año”.
Consecuentemente, la pendencia en este primer semestre ha bajado, pasando de una tasa de 0,60 a 0,50; y también la congestión en los órganos judiciales de Cantabria, de 1,62 a 1,50.
En el caso de la resolución, ésta ha experimentado un incremento del 5,24%, con datos aún más positivos en algunos órganos como el Juzgado de lo Mercantil, los Juzgados de Primera Instancia de la provincia, las Secciones Penales de la Audiencia Provincial, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o los Juzgados de lo Social, con un incremento de la resolución cercano o superior al 20%.
“Sin embargo y pese a que se producen coyunturales descensos de la litigiosidad -un 2,40% en los seis primeros meses de este año-, no podemos obviar que estamos ante una realidad dinámica y cambiante”, advirtió Tolosa.
En este sentido, se refirió a los últimos datos del CGPJ sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales, que ponen de relieve que los procedimientos judiciales abiertos por despido y las solicitudes de concurso de acreedores presentadas ante los órganos judiciales de Cantabria “se dispararon” durante el segundo trimestre de este año 2012.
En concreto, de abril a junio de 2012 los procedimientos por despido crecieron un 83,7%, y las solicitudes de concurso lo hicieron en un 109,1%. En ambos casos Cantabria se sitúa en los primeros puestos en cuanto a aumentos en número de procedimientos de este tipo, lejos de la media nacional, cuyo crecimiento fue del 30,3% en los procedimientos laborales y del 35,3% en los concursales.