La exalcaldesa de Cieza reconoce que se apropió de 3.600 euros del Ayuntamiento
La Audiencia la condena por malversación y falsedad a un año y nueve meses de prisión, 960 euros de multa e inhabilitación para cargo público durante quince meses
- Autor
- Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)
Santander, 4 de febrero de 2025.-
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año y nueve meses de prisión a la que era alcaldesa de Cieza en el año 2023 por apropiarse de 3.600 euros del Ayuntamiento.
La sentencia se ha dictado tras el acuerdo alcanzado por la fiscalía y la defensa, lo que ha evitado la celebración del juicio por jurado. En la vista, se ha declarado la firmeza de la sentencia y tanto la defensa como la fiscalía han solicitado la suspensión de la pena, al carecer la acusada de antecedentes penales.
Como autora de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad documental, la exalcaldesa deberá pagar una multa de 960 euros y estará inhabilitada para empleo o cargo público durante quince meses.
A la hora de fijar la pena, se ha tenido en cuenta la concurrencia de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de reparación del daño y confesión, y es que cuando fue detenida, reconoció los hechos y colaboró en su esclarecimiento.
Además, procedió a la entrega del talonario de cheques que utilizó para extraer el dinero y ha consignado en la cuenta del juzgado 3.600 euros, la cantidad de la que se apoderó, que ahora pasará a ser entregada al Ayuntamiento en concepto de indemnización.
Expidió cuatro cheques y simuló la firma
Según el relato de hechos, la que fuera alcaldesa del Ayuntamiento de Cieza en 2023, “con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, se apoderó del talonario de cheques del Ayuntamiento y expidió cuatro cheques al portador con el fin de extraer dinero de la cuenta” del consistorio para “apoderarse de dicho dinero”.
Para ello, “simuló” la firma de la persona que hacía de secretaria, tesorera e interventora en el Ayuntamiento sin que esta “consintiese de ninguna manera el cobro de dichos cheques, ni tuviese conocimiento de la conducta de la acusada”.
La entonces regidora acudió en tres ocasiones a sucursales bancarias para cobrar tres cheques por un importe total de 3.600 euros.
Además, en una cuarta ocasión entregó un cheque a otra persona para que hiciera lo propio, sin que esta “fuera conocedora de la procedencia ilícita de dicho cheque”.
Esta vez “la acusada no logró su objetivo ya que, ante las sospechas de la dirección de la sucursal, no se hizo efectivo dicho cheque”.