• La comunidad adquirirá con financiación municipal una finca para soportar mayor ocupación y luego la cederá al municipio

 

• Se llevará a cabo la demolición de parte de los áticos y el Ayuntamiento indemnizará a sus propietarios con un total 650.000 euros por la pérdida de superficie y daños morales

 

• En ningún caso los gastos de la ejecución deberán superar los 4,5 millones de euros

 

                                        

Santander, 18 de marzo de 2026.-

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dictado un auto en el que acuerda iniciar la ejecución alternativa propuesta por todas las partes en el pleito del edificio Tenis de Laredo.

 

En una resolución notificada en el día de hoy, el tribunal plasma el acuerdo alcanzado por todas las partes y agradece el esfuerzo realizado por todas ellas “para poder avanzar y terminar con esta ejecución de derribo”, cuya primera sentencia es del año 1990.

Según lo acordado, en un plazo de año y medio la ejecución quedaría finalizada y supondrá la adquisición de una finca por parte de la Comunidad de Propietarios para poder soportar mayor ocupación, así como la demolición de parte de los áticos.

 

El Ayuntamiento de Laredo, que es la parte condenada, asumirá todos los gastos, que, “en ningún caso”, superarán los 4,5 millones de euros, y los propietarios afectados serán indemnizados con un importe total de 650.000 euros por la pérdida de superficie y daños morales soportados.

 

 

Acuerdos de mediación “siempre satisfactorios”

 

En su resolución, la Sala celebra que las partes hayan buscado una alternativa y agradece al Ayuntamiento de Laredo “su nueva actitud de colaboración con la Administración de Justicia”.

 

También expresa su agradecimiento “al ejecutante, ya que sin su apoyo a la propuesta hubiera sido imposible llegar a un acuerdo”.

 

La Sala recuerda que ya se ha llegado a acuerdos de mediación en otros procedimientos similares de ejecución de demoliciones “y siempre ha sido satisfactorio”.

 

 

Pasos en la ejecución

 

El primer paso de esta propuesta alternativa es la adquisición por parte de la comunidad de propietarios del edificio Tenis de una parcela “que incremente la superficie de su finca para poder soportar una mayor ocupación”. Para este trámite, la Sala da cuatro meses desde el acuerdo.

 

La adquisición por los propietarios se realizará con financiación del Ayuntamiento de Laredo, que deberá consignar el importe del coste de la finca durante el plazo de adquisición de la misma y abonarlo antes de la escrituración.

 

El segundo paso de la ejecución consiste en la redacción de un proyecto “que reduzca la ocupación a un treinta y cinco por ciento de la superficie original, más un veinte por ciento de la superficie de la finca adquirida, y elimine la parte de los áticos que supere el gálibo de cuarenta y cinco grados medido a partir de los nueve metros de altura de la fachada, contados desde la rasante natural original de la finca”.

 

Este proyecto debe estar elaborado en un plazo no superior a dos meses desde la adquisición de la finca. Nuevamente, el Ayuntamiento asumirá el coste de la redacción del proyecto.

 

El tercer paso de la ejecución será que TRAGSA lleva a cabo las obras, para lo que se da un plazo de ocho meses después de que la Sala dé el visto bueno al proyecto de ejecución. El Ayuntamiento abonará los costes de la obra mes a mes contra certificación.

 

Por otro lado, el auto señala que las diferentes cuantías a financiar “será aprobadas por la Sala dentro del presupuesto máximo de ejecución, y deberán ser abonados por el Ayuntamiento en ejecución de la decisión judicial”.

 

 

Cuando cobren la indemnización se cederá la finca al municipio

 

En relación a los expedientes de responsabilidad patrimonial, estos se resolverán de mutuo acuerdo y las indemnizaciones se abonarán al acabar la obra. Justo después, los vecinos cederán la finca adquirida al municipio.

 

Para ello, el Ayuntamiento deberá tramitar un instrumento de planeamiento “que permita mantener legalmente el edificio cuando se ceda la finca adquirida”. El auto también contempla que “en caso de demora” en la tramitación de esa modificación puntual del planeamiento, la comunidad “abrirá a los ciudadanos la finca como si fuere un espacio libre público”.