Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Utilizamos cookies propias y de terceros únicamente para realizar mediciones y análisis estadísticos de la navegación por las diferentes secciones de la página web con la finalidad de mejorar el contenido que ofrecemos. Al hacer click en 'Aceptar todas las cookies', consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo. Para configurarlas o rechazar su uso haga click en el botón 'Configurar Cookies'.
Para más información consulte nuestra política de cookies
Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
La Seguridad Social se lo denegó y ahora el titular de la Plaza Social n.º 4 condena a la administración a abonarle una pensión mensual equivalente al 100 % de una base reguladora de 1.955 euros
Santander, 18 de noviembre de 2026.-
El titular de la Plaza Social n.º 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha reconocido la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo a una mujer que sufre síndrome post-COVID.
En una sentencia notificada recientemente y que no es firme porque contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el magistrado condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social a abonar a la trabajadora una pensión mensual equivalente al cien por ciento de una base reguladora de 1.955 euros.
La mujer, expendedora de gasolina en una estación de servicio, contrajo el COVID en el año 2021.
Según informe médico, tras la infección se produjo un “inicio abrupto” del cuadro que ahora presenta, cuya patología principal es síndrome post-COVID y en cuyo contexto se diagnostican fatiga crónica, síndrome de sensibilización central con fibromialgia, disautonomía, sensibilidad química múltiple y deterioro cognitivo, entre otras.
Para el magistrado, “la valoración conjunta” de las dolencias “conduce a estimar la pretensión principal y reconocer a la actora una incapacidad permanente absoluta”.
Explica que tal conclusión “no se sustenta en la mera acumulación de diagnósticos, sino en la concurrencia de limitaciones físicas y cognitivas que apreciadas en su conjunto impiden mantener una actividad profesional con las exigencias mínimas de continuidad, rendimiento y eficacia”.
Por todo ello, el magistrado concluye que “sufre un cuadro pluripatológico que le provoca limitaciones funcionales severas que le impiden una actividad profesional regular” y que “procede estimar la pretensión principal y reconocerla el grado absoluto de incapacidad”.