• “Con unos medios insuficientes, estamos llamados a desempeñar un papel determinante en la resolución de graves problemas individuales y sociales”

• Apuesta por una “rápida y contundente represión de la corrupción” como clave para la recuperación de la confianza ciudadana en el Estado

Santander, 10 de octubre de 2013

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa Tribiño, presidió hoy el Solemne Acto de Apertura del Año Judicial en Cantabria y ante las principales autoridades de la región pronunció un discurso en el que destacó el papel que desarrolla el juez en la actual situación de crisis económica.

“Los jueces estamos contribuyendo con nuestra actuación a afrontar los graves problemas sociales, y hemos ofrecido soluciones concretas para paliar la rigidez de nuestro propio sistema, para potenciar la tutela del ciudadano”, manifestó Tolosa.

El presidente del TSJC estuvo acompañado por las vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial, Gemma Gallego y Margarita Uría, quienes hicieron balance de su paso por el órgano de gobierno de los jueces dado que su mandato ahora concluye, y por la fiscal superior de Cantabria, quien desgranó los objetivos que la Fiscalía se plantea en el curso que ahora comienza.

Además, en la Apertura del Año Judicial estuvieron presentes las principales autoridades de la región: el presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego; el presidente del Parlamento regional, José Antonio Cagigas; el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz; y el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

Asimismo y como cada año, asistieron a la Apertura la consejera del ramo, Leticia Díaz, y los representantes de las corporaciones jurídicas de Cantabria: abogados, procuradores y graduados sociales. Junto a ellos, una representación de todos los sectores sociales de la región.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY AJUSTADA A LA REALIDAD SOCIAL

Durante su discurso, Tolosa señaló que “la crisis económica ha supuesto un reto para los jueces”, pues no sólo “deben lograr mayor eficacia con unos medios insuficientes”, sino que “están llamados a desempeñar un determinante papel en la resolución de los graves problemas individuales y sociales”.

En este sentido, destacó que si bien la competencia legislativa corresponde a otro poder del Estado, el Poder Judicial debe “ejercer de forma responsable” su papel de interpretar las normas, “pues una cosa es no poder crear Derecho y otra diferente es privar a los jueces de su legítima libertad competencial para interpretar la ley, ajustándola, como establecen nuestros textos legales, a la realidad social”.

En la misma línea, manifestó que en los últimos tiempos existe “una mayor exigencia social en la tutela de la situación de aquellas personas económicamente más vulnerables”, que se encuentran en situaciones “más propensas a su exclusión social”, como es el caso de quienes sufren un procedimiento de ejecución hipotecaria.

REFUERZO PARA ATENDER DEMANDAS DE PREFERENTES

También aludió a quienes pleitean por encontrarse sometidos a contratos financieros complejos, esencialmente de participaciones preferentes. En este sentido, manifestó que ante el “riesgo serio” de que se produjera “un aumento torrencial de la litigiosidad”, la Sala de Gobierno acordó crear un refuerzo en el Juzgado de Primera Instancia nº7 para atender todas las demandas de este tipo que se presentaran en Santander.

Con ello, explicó Tolosa, se pretende “evitar la dilación de estos procedimientos, en los que se exterioriza un grave problema humano y social, y mantener un tiempo de respuesta razonable para los demás procedimientos civiles”.

Según los últimos datos de que dispone el Juzgado, desde la puesta en funcionamiento del refuerzo a primeros de julio hasta el 30 de septiembre pasado, han entrado 233 demandas, de las que el 65% corresponden a personas jubiladas.

La media de las cantidades reclamadas se sitúa en 50.000 euros, y se espera que a primeros de diciembre se dicten las primeras sentencias, lo que, a juicio de Tolosa, “supone un tiempo de tramitación ajustado a los trámites procedimentales exigidos legalmente que evita cualquier tipo de dilación”.

RESPUESTA EFICAZ FRENTE A LA CORRUPCIÓN

Reconoció que una de las principales preocupaciones de los ciudadanos es la corrupción y señaló que “el Poder Judicial debe responder a esta preocupación con eficacia, contribuyendo a que los ciudadanos crean en su sistema democrático, hoy gravemente perturbado por la constante aparición de conductas nada ejemplarizantes y que merecen el rechazo social y un contundente reproche social”.

Así, entiende Tolosa que la modernización de la Justicia “debe ser una de las claves, uno de los elementos estructurales” para recuperar la confianza en el Estado de Derecho “mediante una rápida y contundente represión de la corrupción”.

Por último, el presidente del Tribunal Superior subrayó el esfuerzo demostrado por los jueces cántabros en el último año, que han trabajado en “penosas circunstancias” como consecuencia de la crisis económica y, sin embargo, han logrado sacar adelante el trabajo con buenos resultados. Así, puso de manifiesto que durante el primer semestre de 2013, los jueces cántabros han logrado una tasa de resolución de 1,09 y una reducción en el número de asuntos significativa, “prácticamente el trabajo de un trimestre”.

REFORMA DEL CGPJ
Por su parte, las dos vocales territoriales pusieron sobre la mesa sus discrepancias con el nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial que va a comenzar a funcionar en cuanto se nombren sus nuevos miembros –el mandato de los actuales concluyó a finales del pasado mes de septiembre.

Gemma Gallego afirmó que le “inquieta y preocupa” que muchas de las competencias del CGPJ le hayan sido detraídas pues “la solidez institucional del órgano de gobierno de los jueces lo será en función de la autonomía de la que disponga para la toma de las decisiones propias de la carrera judicial”.
Además, repasó su paso por el CGPJ y subrayó, entre otros logros, la restricción del gasto en el órgano de gobierno de los jueces, que ronda el 24%, con un nivel de ejecución del presupuesto anual en torno al 80%. También destacó el enriquecimiento del Centro de Documentación del CGPJ –el CENDOJ- que alcanza las 5,5 millones de resoluciones en su acervo; o el fortalecimiento del punto Neutro Judicial, que permite el intercambio de datos con prácticamente todos los operadores jurídicos.

La vocal Margarita Uría también aprovechó su último discurso como vocal en Cantabria para referirse a la reforma del CGPJ. A su juicio, la nueva ley da al CGPJ un perfil “que no es el que le atribuye la Constitución Española” y criticó, entre otros elementos del nuevo marco normativo, el “ejercicio a tiempo parcial” de las funciones de vocal.

Por otro lado, recordó cómo en 2008 –cuando se inició su mandato- existía un “clamor generalizado” por las carencias que sufría la Administración de Justicia y que derivó un año después en “insólitos movimientos entre los jueces” que desembocaron en dos huelgas de la judicatura. Posteriormente, “aquello decayó,  llegó la crisis económica y los jueces supieron estar a la altura”, pese al “maltrato normativo y gestor” que han sufrido estos años.

“En un periodo de vicisitudes tan importante y que han incidido en la Justicia, ésta no las ha padecido de manera importante gracias a la profesionalidad de quienes han demostrado un ejercicio digno”, concluyó Uría.