Los juzgados y tribunales de Cantabria resolvieron en 2019 un 5,6 por ciento más

Los asuntos ingresados crecieron un 2,8 por ciento respecto a 2018, lo que supone una tasa de 134,6 pleitos por cada mil habitantes, por encima de la media del conjunto del país

Autor
Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)
  • La duración media de los asuntos en primera instancia es de 4,4 meses y de 3,7 meses en segunda instancia

 

 

Santander, 13 de marzo de 2020.-

 

Los juzgados y tribunales de Cantabria resolvieron en 2019 un total de 77.094 asuntos, un 5,6 por ciento más que los ventilados un año antes, e ingresaron 78.217, lo que supone un aumento del 2,8 por ciento.

 

Estos 78.217 asuntos que llegaron a los órganos judiciales de Cantabria se traducen en una tasa de litigiosidad de 134,6 asuntos por cada mil cántabros, tasa que se encuentra por encima de la media del país –de 133,5 pleitos por cada mil españoles.

 

Por jurisdicciones, Cantabria fue en 2019 la segunda comunidad autónoma, tras Asturias, donde más pleitos civiles se presentaron -61,6 asuntos por cada mil habitantes-, y la cuarta, tras Canarias, Asturias y Galicia, donde más demandas laborales –once asuntos por cada mil habitantes.

 

Todos estos datos proceden del Informe sobre la situación de los órganos judiciales que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido dado a conocer con datos correspondientes al cuarto trimestre de 2019 y a la anualidad completa.

 

Junto a este documento, también ha sido difundido el informe Indicadores Clave, donde se analizan distintos parámetros que permiten advertir la calidad de la justicia impartida en cada territorio.

 

En el mismo se constata que la duración media de los asuntos estimada en primera instancia y en segunda instancia en Cantabria es de 4,4 y 3,7 meses, respectivamente mientras que la media nacional se sitúa en 5,2 meses en primera instancia y 4,5 meses en segunda.

 

 

Mayor peso de los asuntos civiles y laborales

 

En 2019, los juzgados cántabros ingresaron 78.217 asuntos, lo que representa un incremento del 2,8 por ciento respecto a 2018. A nivel nacional, el aumento de asuntos durante el pasado año fue del 4,8 por ciento.

 

Si se analiza por jurisdicciones, la mayor subida en la entrada de asuntos se observa en la laboral –un 14,4 por ciento, seguida de la jurisdicción civil –un 6,2 por ciento. A nivel nacional, los asuntos laborales aumentaron un 1,2 por ciento, y los civiles, un siete por ciento.

 

Por su parte, los asuntos penales y contencioso-administrativos experimentaron descensos del 2,2 y del 1,8 por ciento, respectivamente. En el conjunto de las comunidades autónomas, los asuntos penales crecieron un dos por ciento, y los contencioso-administrativos, un 19,7 por ciento.

 

Según los Indicadores Clave, la media de asuntos ingresados por cada miembro de la carrera judicial en Cantabria fue de 1.029 en 2019, lo que supone un incremento del 2,8 por ciento respecto al año anterior. La media del conjunto del país registra una cifra de 1.178 asuntos ingresados por cada juez o jueza.

 

 

Resolución y pendencia

 

Durante el pasado año se resolvieron en Cantabria un total de 77.094 asuntos, lo que supone un incremento del 5,6 por ciento respecto a 2018. A nivel nacional la resolución creció el 5,1 por ciento.

 

Los juzgados de la región dictaron 76.339 resoluciones judiciales, entre sentencias (23.443), autos (31.939) y decretos (20.957).

 

La media de sentencias dictadas por cada juez en Cantabria fue de 308,46, lo que supone un incremento del 8,7 por ciento respecto a las dictadas de media por cada miembro de la carrera judicial en 2018. La media de sentencias que dicta cada juez o jueza a nivel nacional se sitúa en 294,3.

 

Por otro lado, la tasa de resolución -que pone en relación los asuntos resueltos y los ingresados- fue de 0,99, superior a la de un año antes (0,96) y a la tasa de la media nacional (0,97).

 

A 31 de diciembre los juzgados y tribunales de Cantabria seguían tramitando un total de 28.773 asuntos, un 5,6 por ciento más. A nivel nacional, la pendencia también crece y lo hace un 8,6 por ciento.

 

Si se analiza este dato por jurisdicciones, se observa que los mayores incrementos tienen lugar en el ámbito laboral –donde los asuntos que permanecían en trámite a 31 de diciembre aumentaron un 24,1 por ciento respecto a 2018- y en la civil –donde lo hicieron un seis por ciento.

 

En el primer caso hay que tener en cuenta el incremento del 14,4 por ciento de la entrada de asuntos laborales, mientras que en el segundo tienen un papel relevante las demandas relacionadas con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea una persona física –por ejemplo, las cláusulas suelo-, que en los últimos años han llegado masivamente a los tribunales.

 

No obstante, la tasa de pendencia -que pone en relación los asuntos que permanecen en trámite al final del periodo con los resueltos-, sigue estando en Cantabria por debajo de la media: 0,37 frente a 0,47.

 

 

Litigiosidad y congestión

 

La tasa de congestión, al igual que la de pendencia, arroja cifras que colocan a Cantabria entre las comunidades autónomas con mejor situación.

 

Así, al poner en relación el total de asuntos por resolver –los que ya estaban en el juzgado al comienzo del año y los nuevos que entraron en el periodo- con los que se resuelven, nuestra región se encuentra entre las que menos congestión tienen.

 

Mientras que la media española está en una ratio de 1,46, Cantabria se sitúa en 1,37, por detrás de Navarra (1,30), Aragón (1,32) y Asturias (1,33).

 

Esta baja congestión, que se observa en todas las jurisdicciones, contrasta con la tasa de litigiosidad, que pone en relación los asuntos presentados en el territorio con la población.

 

Los órganos judiciales de Cantabria registraron una tasa de litigiosidad superior a la media nacional (134,6 pleitos por cada mil habitantes frente a 133,5), si bien cabe subrayar de nuevo que en civil Cantabria sigue siendo la segunda comunidad con mayor litigiosidad (61,6), superior a una media nacional de 50,7, y solo por detrás de Asturias (63).