Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Utilizamos cookies propias y de terceros únicamente para realizar mediciones y análisis estadísticos de la navegación por las diferentes secciones de la página web con la finalidad de mejorar el contenido que ofrecemos. Al hacer click en 'Aceptar todas las cookies', consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo. Para configurarlas o rechazar su uso haga click en el botón 'Configurar Cookies'.
Para más información consulte nuestra política de cookies
Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
A propuesta de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción y para agilizar la instrucción de procedimientos con una relevancia económica total de 28 millones de euros
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy, a propuesta de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), adscribir a una jueza sustituta como refuerzo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales (Cantabria).
El objetivo de la medida de apoyo, que tendrá una duración de tres meses, es que el magistrado titular del Juzgado pueda dedicarse en exclusiva a la instrucción de cuatro procedimientos de gran complejidad y volumen incoados en 2008 y cuya relevancia económica total se estima en 28,1 millones de euros.
Para conseguir una investigación más rápida y eficaz, la Comisión Permanente también ha acordado solicitar a la Dirección General de Justicia de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria el nombramiento de un funcionario del cuerpo de gestión procesal para que auxilie directamente al juez titular en la instrucción de esas causas.
Los procedimientos que se pretenden agilizar se siguen por los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos y suman 56 imputados, incluidos varios responsables municipales actuales o pasados.