Santander, 8 de octubre de 2018.-

 

Los juzgados de Cantabria practicaron durante el segundo trimestre de este año 2018 un total de 182 lanzamientos, lo que supone una disminución del 6,2 por ciento de los llevados a cabo en el mismo periodo de 2017.

 

La media nacional refleja un ligero aumento en el número total de lanzamientos, que crecieron un 1,7 por ciento, tal y como se desprende del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los órganos Judiciales que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido difundido con datos de abril a junio de este año.

 

Durante el periodo analizado también disminuyeron las demandas por despido –un 2,1%-, y los concursos de acreedores de empresas –un 36,4%-, mientras que el resto de indicadores que examina el informe experimentaron incrementos de distinta intensidad.

 

Así,  las reclamaciones de cantidad en el seno de una relación laboral crecieron un 30,6%; los procedimientos de ejecución hipotecaria, un 41,4%; y los procedimientos monitorios, un 5,2%.

 

En cuanto a los concursos de acreedores presentados en los juzgados de primera instancia –que afectan a personas físicas-, pasaron de 4 a 10, lo que, siendo cifras pequeñas, dispara el incremento hasta un 150%.

 

Ejecuciones hipotecarias y lanzamientos

 

En el segundo trimestre de 2018 se presentaron 82 procedimientos de ejecución hipotecaria ante los juzgados de primera instancia de Cantabria, 24 más que en el mismo periodo de un año antes, lo que supone un aumento del 41,4%, frente a la tendencia descendente de la media nacional, que experimenta una bajada del 6,2%.

 

Por su parte, los lanzamientos practicados pasaron de 194 en el segundo trimestre de 2017 a 182 en el de 2018, un 6,2% menos, lo que también se traduce en una disminución tanto de los que se deben al impago de una hipoteca como los que responden a la falta del pago del alquiler.

 

Así, de esos 182 lanzamientos practicados, 35 respondieron a ejecuciones hipotecarias –dos menos que un año antes-, 131 a impagos de un alquiler -17 menos que en el mismo periodo de 2017- y 19 a otros motivos –siete menos.

 

Menos concursos de empresas y más de particulares

 

Entre los indicadores que estudia el informe para detectar el efecto de la crisis en los órganos judiciales, se encuentra el movimiento de asuntos concursales, tanto los presentados en el Juzgado de lo Mercantil de Santander, que responden a empresas, como los que se registran en los juzgados de primera instancia de la región, que son los que se refieren a particulares.

 

Durante el segundo trimestre de 2018 se presentaron un total de 17 concursos -diez de particulares y siete de empresas-, frente a quince de 2017, lo que supone un incremento de 13,3%.

 

No obstante, si se analizan por separado, se observa que los concursos referidos a personas jurídicas disminuyeron un 36,4%, mientras que los que tienen por objeto personas físicas se incrementaron un 150%.

 

A nivel nacional, los concursos de acreedores tanto de un tipo como de otro se incrementaron una media del 20,7%.

 

Además de esos siete concursos presentados ante el Juzgado de lo Mercantil de Santander, este órgano declaró cinco concursos -un 61,5% menos que un año antes-; declaró concluidos otros cinco –un 150% más que en 2017, cuando fueron dos-; en tres casos se abrió la fase de convenio –la mitad que en el mismo periodo del año pasado-; y en nueve casos se fue a la liquidación –una bajada del 30,8%.

 

Además, se presentó en el Juzgado de lo Mercantil un expediente de regulación de empleo relativo a una empresa concursada; en 2017 fueron dos los EREs.

 

Menos despidos y reclamaciones de cantidad

 

La incidencia de la situación económica también se evalúa en el movimiento de asuntos de los juzgados de lo social o laborales, donde se presentan tanto las demandas de despido como las demandas en las que los trabajadores reclaman el pago de una cantidad por parte de sus empleadores.

 

En el segundo trimestre de 2018, los seis juzgados de lo social de Santander registraron un total de 231 demandas por despido, un 2,1% menos que las que se presentaron un año antes, cuando se formalizaron 236. La media nacional apenas disminuyó un 0,3%.

 

Las reclamaciones de cantidad, por su parte, fueron 465 frente a las 356 de 2017, lo que supone un aumento del 30,6%, superior al de la media nacional, del 4,8%.

 

Finalmente, los procedimientos monitorios, que se presentan en los juzgados de primera instancia y son aquellos en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios, ascendieron a 1.973, frente a los 1.875 de un año antes.

 

Este indicador sufrió, por tanto, un aumento del 5,2%, inferior al registrado a nivel nacional, donde la media creció un 25,4%.