Lunes, 8 de junio

 

10:00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Audiencia Preliminar del Procedimiento Abreviado 26/2026

Delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil

 

Acusado de tomar fotografías, almacenarlas y crear imágenes de pornografía infantil para satisfacer su propio interés sexual.

 

Según el escrito de calificación del ministerio fiscal, el acusado, “valiéndose de diversas cámaras fotográficas de su propiedad, acudió reiteradamente a la zona de playas de Santander y, con intención de atender su propio ánimo libidinoso, realizó más de 8.000 fotografías y vídeos de niños menores de dieciséis años no identificados que se hallaban en la plaza desnudos, bañándose o jugando, ajenos a su presencia”.

 

El acusado almacenaba los vídeos y fotografías, “que año tras año iba tomando”, en discos duros que guardaba en su domicilio.

 

Junto a ese material, también guardaba en el ordenador “para su propio uso” otras fotografías “en las que se representaban de forma hiperrealista y confundible con la realidad menores de edad desnudos y posando provocativamente, fotografías creadas mediante inteligencia artificial y descargadas de internet”.

 

En julio de 2024, el acusado acudió una vez más a la playa de El Sardinero y desde los jardines de Piquio trató de tomar imágenes de los menores y sus genitales.

 

Sin embargo, “su comportamiento fue observado por un agente de movilidad que, tras comprobar los hechos, dio aviso a la Policía Local de Santander”.

 

Entonces, el acusado huyó al ser descubierto y se subió en un autobús, donde le encontraron los agentes, que le requirieron para que se bajara del vehículo.

 

El acusado se negó, trató de borrar los archivos y, cuando un agente le quitó la cámara, “reaccionó violentamente, agrediéndole”.

 

Los hechos constituyen, a juicio de la fiscalía, un delito continuado de elaboración de pornografía infantil, un delito de posesión de pornografía infantil y un delito de atentado a los agentes de la autoridad.

 

La pena solicitada asciende a diez años y diez meses de prisión; trece años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento; dieciocho años de inhabilitación para profesión o desempeño con menores, y diez años de libertad vigilada.

 

 

10:15 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Vista de conformidad del Procedimiento Abreviado 24/2026

Tráfico de drogas

 

Vista para formalizar la conformidad alcanzada por las partes en un procedimiento de tráfico de sustancias estupefacientes.

 

Según el escrito suscrito por la fiscalía y por la defensa, el acusado fue sorprendido en las inmediaciones de una discoteca de Camargo con tres cápsulas de MDMA. Además, en su vehículo guardaba otras 35 cápsulas destinadas, como las anteriores, a su venta entre consumidores.

 

Los hechos constituyen un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal atenuante de adicción a las drogas.

 

La pena solicitada asciende a tres años de prisión y 600 euros de multa.

 

 

10:45 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Audiencia Preliminar del Procedimiento Abreviado 6/2026

Delito contra la libertad sexual

 

Acusado de agredir sexualmente a la hija de su pareja, desde los catorce años.

 

Según se desprende del escrito de calificación de la fiscalía, el acusado convivía con su pareja y la hija de ella.

 

Durante aproximadamente dos años, el acusado, “con ánimo de atentar contra la libertad sexual de la menor y sin consentimiento alguno”, “aprovechando los momentos en los que se encontraban a solas”, le realizaba tocamientos por encima de la ropa.

 

Añade la fiscalía que en varias ocasiones obligó a la chica a permanecer junto a él mientras se masturbaba.

 

Los hechos constituyen, a juicio del ministerio público, un delito continuado de agresión sexual a menores, merecedor de cinco años y nueve meses de prisión, nueve años de alejamiento e incomunicación respecto de la chica, y catorce años de inhabilitación para trabajo con personas menores de edad.

 

La acusación particular, por su parte, eleva la petición de pena a seis años de cárcel, ocho años de libertad vigilada, diez años de alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima, y quince años de inhabilitación para desempeño con menores.

 

En concepto de responsabilidad civil, pide una indemnización de 6.000 euros por los daños morales ocasionados a la joven.

 

 

11:00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Audiencia Preliminar del Procedimiento Abreviado 28/2026

Delito contra la libertad sexual

 

Acusado de agredir sexualmente a su hija durante los periodos en los que la menor permanecía con él en virtud del régimen de visitas.

 

Según el escrito de la acusación que formula la fiscalía, cuando la menor tenía doce años y estaba con el acusado en su vivienda, acostados en la misma cama para dormir, él, “actuando con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, introdujo las manos por dentro del pantalón del pijama y de la ropa interior de la menor y le tocó las nalgas”. Añade el escrito que estos hechos se repitieron en otra ocasión.

 

Para la fiscalía, el acusado es autor de un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años, merecedor de cinco años y medio de prisión, cinco años de libertad vigilada, seis años y siete meses de incomunicación y alejamiento de su hija, cuatro años de privación de la patria potestad respecto de ella y once años de inhabilitación para trabajar con menores.

 

En concepto de responsabilidad civil, pide la fiscalía que el acusado indemnice a su hija en 6.000 euros por el perjuicio moral derivado de los hechos.

 

 

12:00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Audiencia Preliminar del Procedimiento Abreviado 27/2026

Delito de fraude a la Seguridad Social

 

Acusada de cobrar indebidamente la pensión de viudedad.

 

Según el escrito del ministerio público, “con la intención de obtener de forma indebida y procurarse un enriquecimiento que no le correspondía por no cumplir con los requisitos legales”, la acusada solicitó a la Seguridad Social el cobro de la pensión de viudedad tras el fallecimiento de quien tiempo atrás había sido su pareja.

 

Señala la fiscalía que “no mantuvieron una convivencia estable y notoria y no inferior a cinco años antes de que aquel falleciera, por lo que la Seguridad Social le denegó la percepción de la pensión”.

 

Ante esa situación, la acusada presentó una demanda judicial acompañada de un certificado de empadronamiento en el que constaba que ella y el finado estaban empadronados en el mismo domicilio, lo que llevó al órgano judicial a reconocer el derecho a percibir la pensión.

 

Sin embargo, explica la fiscalía que la acusada ocultó que desde dos años antes del fallecimiento de él ya no convivían, que en esas fechas se quedó embarazada de otro hombre y que se fue a vivir a Alemania y ya no regresó a España.

 

Por ese motivo, seis meses después de reconocerle el derecho a la percepción de la pensión, el mismo órgano judicial ordenó suspender la prestación.

 

Los hechos constituyen, para el ministerio fiscal, un delito de fraude a la Seguridad Social, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal atenuante de dilaciones indebidas.

 

La pena solicitada asciende a seis meses de prisión y tres años en los que no podrá obtener subvenciones ni gozar de beneficios o incentivos fiscales. Además, pide que la acusada indemnice al Instituto Nacional de la Seguridad Social en la cantidad que percibió indebidamente durante seis meses.

 

 

 

Martes, 9 de junio

 

09:30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Vista de conformidad del Tribunal del Jurado 19/2026

Delitos de allanamiento, daños, injurias, maltrato y lesiones

 

Acusado de acudir a la vivienda de su expareja, forzar la puerta y agredir al hombre que se encontraba con la mujer.

 

Explica la fiscalía en su escrito de calificación que el acusado acudió al domicilio de su expareja “sabedor de que esta se encontraba dentro en compañía de otra persona”.

“Guiado por una actitud profundamente celosa, empezó a aporrear insistentemente la puerta mientras gritaba”, añade.

 

Dentro estaba su expareja y un vecino, que guardaron silencio para simular que no estaban allí. Pero el investigado “continuó gritando y dando patadas y golpes con sus brazos y hombros en la puerta de la casa, con el propósito de entrar para descubrir si su expareja estaba acompañada”.

 

Finalmente, logró abrir la puerta rompiendo la cerradura y el marco.

 

Una vez dentro y tras comprobar que ella se encontraba acompañada de otro hombre, “a consecuencia de sus celos y el propósito de agredir a ambos”, apartó a la mujer con un fuerte empujón y propinó una bofetada al hombre, comenzando un fuerte forcejeo entre ambos. El acusado le agredió con numerosos puñetazos en la nariz, cabeza y oreja izquierda.

 

No abandonó la vivienda, “pese a los constantes requerimientos que le hizo ella, hasta que acudieron al lugar, alertadas por los gritos, la madre y la hermana” del otro hombre.

 

Los hechos constituyen, para la fiscalía, un delito de allanamiento de morada, otro leve de daños, un delito leve de injurias, otro de maltrato y un delito leve de lesiones. Concurre la agravante de parentesco en el delito de allanamiento de morada.

 

La pena solicitada por estos delitos asciende a un año y cuatro meses de prisión, tres años y medio de alejamiento e incomunicación respecto de quien era su pareja, seis días de localización permanente, 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad, dos años de privación del derecho a tener y portar armas y 240 euros de multa.