Martes, 28 de abril

 

10:00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Juicio del Procedimiento Abreviado 3/2025

Delitos de fraude a la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores

 

Acusado de no abonar las cotizaciones sociales de sus trabajadores, y de quebrantar sus derechos.

 

Según el escrito de acusación de la fiscalía, el acusado, “con clara intención de eludir el pago de las cotizaciones con la Seguridad Social y dificultar el control que esta pudiera realizar de sus actividades”, entre los años 2014 y 2017 diseñó un “entramado de empresas” de las que era administrador único.

 

Una de ellas, dedicada al comercio de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados, tenía dados de alta a seis trabajadores, pero nunca ingresó las cotizaciones a las que estaba obligada. Además, formalmente carecía de domicilio donde desarrollar sus actividades y no contaba con maquinaria.

 

Sin embargo, “la actividad era, de facto, desarrollada por otras sociedades” creadas por el propio acusado, que no tenían trabajadores, maquinarias o vehículos. Una se dedicaba a fabricar fertilizantes, otra a hormigón, yeso y cemento, y la tercera a comercializar productos de uso industrial ganadero.

 

“Toda esta amalgama de sociedades creaba una confusión y opacidad en la labor inspectora y recaudadora de la Seguridad Social, finalidad última del acusado, ascendiendo las cuotas eludidas a la suma de 167.000 euros”, concluye la fiscalía.

 

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la Tesorería de la Seguridad Social, define la actuación del acusado como “pura ficción jurídica” y “absolutamente contraria al orden socioeconómico”, ya que “ni el derecho laboral ni el derecho de la Seguridad Social existe para ella”.

 

Explica el letrado de la Seguridad Social que “alrededor de una mercantil dedicada al por menor de la ferretería se articula un pequeño emporio empresarial por el que se fabrican piensos y abonos para el sector agropecuario, se realiza adicionalmente una actividad de valorización de materias primas y se realizan prefabricados de hormigón”.

 

La actividad se desarrolla en la misma nave por trabajadores que están formalmente incorporados a la empresa de ferretería, pero que “realizan tareas polivalentes para el resto, reciben sus salarios en mano, siempre en cifras redondas y con dos o tres meses de retraso”.

 

Los hechos son calificados por la fiscalía como un delito de fraude a la Seguridad Social, merecedor de tres años de prisión, 501.156 de multa, cinco años de pérdida de posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, y el pago de una indemnización a la Tesorería General de 167.000 euros.

 

Esta, sin embargo, va más allá y acusa de fraude fiscal y también de delito continuado contra los derechos de los trabajadores, por lo que pide una pena de seis años de prisión, 375.697 euros de multa y ocho años de pérdida de posibilidad de obtener subvenciones, ayudas e incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

 

Además, como indemnización a la Tesorería, solicita el pago de 1.068.123 euros “por el total del perjuicio sufrido”, y subsidiariamente 167.000 euros por el periodo 2014/2017.

 

Nota:

Está previsto que este juicio continúe los días 29 y 30 de abril, a las diez de la mañana.