Martes, 1 de diciembre

 

09,30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial (Salón de Actos)

Procedimiento del Jurado 16/2020

Asesinato

 

Un acusado de acabar con la vida de otro hombre al que apuñaló tras una discusión.

 

Según el escrito del ministerio fiscal, el 18 de agosto de 2018, tras pasar toda la noche de fiesta, el acusado llegó en compañía de otras personas a un pub. En la puerta de acceso se encontraba otro hombre, con el que inició una discusión.

 

Entonces, el acusado comenzó a “propinar empujones” al otro hombre, ante lo cual el portero del pub trató de calmarle, pero no lo logró.

 

En ese punto, el portero les pidió que se apartaran, y estando ya alejados del local, el acusado utilizó “un instrumento incisivo tipo navaja de un solo fijo y con hoja de al menos 14 centímetros” con el que le propinó nueve puñaladas “con clara intención de causarle la muerte”, encontrándose el otro hombre “totalmente desarmado y no constando que este propinara golpe alguno” al acusado.

 

El acusado pinchó hasta en seis ocasiones a la víctima en la zona cervical, produciendo heridas de escasa profundidad; también le clavó el arma en el costado y en una rodilla.

 

Junto a ello, “le asestó una puñalada con gran fuerza” en la zona izquierda del tórax que le afectó al pulmón, a la aurícula izquierda y a la arteria pulmonar, “provocando esta última una salida de sangre del sistema circulatorio y un estado de hipovolemia, con importante contusión en cara posterior del corazón”.

 

Además de las puñaladas, la fiscalía sostiene en su escrito que le propinó varios golpes en la cara.

 

La víctima se desplazó huyendo pero fue perseguido y alcanzado por el acusado. Al desmoronarse por estar “herido mortalmente, fue golpeado con patadas” por el acusado.

 

Entonces, se acercó al lugar el primo del acusado –también enjuiciado en esta causa- que “le propinó al menos una patada en la zona de la cabeza, con la intención de causar al mismo un menoscabo físico y moral dada la total ausencia de capacidad de reacción” del lesionado.

 

Aunque la víctima fue atendida de forma inmediata, falleció horas después en el hospital.

 

Ese mismo día, el acusado abandonó Cantabria acompañado de su familia. Fue localizado nueve meses después en Seseña (Toledo) tras “múltiples seguimientos a sus familiares e intervenciones telefónicas”. Allí residía utilizando una identidad falsa.

 

El ministerio fiscal considera los hechos descritos un delito de asesinato, por el que pide una condena de veinte años de prisión y el pago de una indemnización de 94.000 euros para el hijo del fallecido y 78.000 euros para la madre y los hermanos.

 

El primo del acusado también será enjuiciado en esta causa. La fiscalía le atribuye un delito de maltrato de obra, por el que pide una multa de 1.200 euros.

 

Por su parte, la acusación particular, que ejercen la madre y los dos hermanos del fallecido, se suma a la petición de pena del ministerio fiscal sobre el primer acusado pero eleva la petición de indemnización a 117.500 euros.

 

Para el otro acusado, la representación legal de la familia de la víctima pide 15 meses de prisión e indemnización por daños morales de 30.000 euros, pues le considera autor de un delito contra la integridad moral.

 

También le imputan un delito de maltrato de obra y se suman a la pena de multa solicitada por el ministerio público.

 

Nota:

 

El  jurado ya se ha constituido, por lo que el juicio dará comienzo el próximo martes con los interrogatorios de los acusados. Se extenderá a lo largo de varias jornadas que darán comienzo a las nueve y media de la mañana según sigue:

 

-      Martes, 1 de diciembre: audiencia de los acusados y testificales policiales.

-      Miércoles, 2 de diciembre: testificales policiales.

-      Jueves, 3 de diciembre: testificales.

-      Viernes, 4 de diciembre: testificales y periciales.

-      Lunes, 7 de diciembre: conclusiones e informes.

-      Miércoles, 9 de diciembre: entrega de objeto del veredicto y deliberación del jurado.

 

 

 

10,30 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Abreviado 10/2020

Contra la Seguridad Social

 

Acusado de, en su condición de administrador de una empresa dedicada a la explotación de negocios de hostelería, dejar de abonar las cuotas a la Seguridad Social entre 2013 y 2017, por un importe de 177.208 euros.

 

Según la fiscalía, el perjuicio sufrido asciende a 234.405 euros, incluyendo los intereses de demora y los recargos.

 

Por todo ello, le considera autor de un delito de fraude a la Seguridad Social y solicita una condena de tres años y medio de prisión, multa de 531.624 euros y la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, o de gozar de beneficios o incentivos fiscales durante seis años.

 

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio fiscal considera que el acusado debe indemnizar a la Tesorería de la Seguridad Social en 234.405 euros, el importe del perjuicio.

 

Nota:

Está previsto que el juicio continúe el miércoles 3 de diciembre, a las diez de la mañana.

 

 

Miércoles, 2 de diciembre

 

10,00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Abreviado 13/2020

Estafa y falsedad

 

Tres acusados de delitos de estafa y falsedad.

 

El ministerio fiscal relata en su escrito que el principal acusado aprovechó la “relación de gran confianza” que tenía con una mujer propietaria de varios inmuebles -quien le había encomendado la gestión de diversas inversiones inmobiliarias- para sacar rédito de esta relación sin el consentimiento de la propietaria.

 

La mujer le había encargado intermediar y, en algunos casos, representarla en la compra y venta de diversas viviendas, incluyendo a veces su posterior acondicionamiento y alquiler a terceros. Por ello, el hombre disponía de las llaves y la documentación de dichos inmuebles.

 

En una ocasión, “aprovechándose de dicha circunstancia, sin autorización de la mujer y con intención de injusto enriquecimiento”, el acusado concertó el alquiler de una de las viviendas, para lo que simuló la firma de la propietaria.

 

Posteriormente, se apropió de la fianza y de las sucesivas mensualidades, que fueron abonadas en un primer momento en efectivo y después en una cuenta abierta por el hermano del acusado, también enjuiciado en esta causa, “con el fin de poder recibir y disponer libremente de estos pagos fraudulentos”.

 

En otra ocasión, el acusado, que contaba con un “amplísimo poder notarial” para la gestión de un inmueble que le facultaba “incluso para vender o gravar” el mismo, concertó su venta por 100.000 euros.

 

El importe fue abonado en tres pagos. Los dos primeros mediante dos transferencias de 10.000 y 5.000 euros a una cuenta abierta a nombre del hijo del acusado, en la que aparecen autorizados los padres del titular –el principal acusado y su esposa, también imputada en esta causa.

 

El resto (85.000 euros) fue abonado por los compradores mediante un cheque a favor de la propietaria. Para poder cobrarlo, el acusado y su esposa abrieron una nueva cuenta a nombre de su hijo, en la que ellos figuraban como únicos disponentes.

 

A continuación, el acusado imitó la firma de la propietaria en el reverso del cheque y logró ingresar el importe del mismo en la cuenta que acababan de abrir él y su esposa.

 

Durante los meses siguientes, el matrimonio dispuso de tal cantidad mediante reintegros, pagos y transferencias, éstas a la cuenta corriente propiedad del hermano de él, también aquí acusado.

 

Posteriormente, al reiterarle la dueña su interés en vender dicha vivienda, el acusado trató de ocultar dicha transmisión y para ello le informó de que había dos personas –los verdaderos compradores- que estaban interesados en un alquiler con opción a compra.

 

Así, confeccionó un contrato de arrendamiento y simuló la firma de los ya propietarios de la vivienda, se lo envió a la mujer y le fue abonando en concepto de operación diversas cantidades: 18.000 euros por la firma del contrato y posteriormente 350 euros en concepto de las mensualidades.

 

Todos estos hechos constituyen delitos de estafa y falsedad documental, que el fiscal imputa al principal acusado como autor, y a su hermano y a su esposa como cómplices.

 

La pena solicitada para él asciende a siete años de prisión y multa de 5.400 euros.

 

Para sus familiares, considerados por el ministerio público como cómplices, pide un año y nueve meses de cárcel y 2.700 euros en concepto de multa.

 

En concepto de responsabilidad civil, el acusado debe indemnizar en 6.650 euros por el alquiler de la primera vivienda. Su hermano debe responder solidariamente con él hasta 5.250 euros, las cantidades abonadas por el alquiler mediante transferencia bancaria a la cuenta de la que era titular.

 

Además, el principal acusado debe indemnizar en 80.600 euros por la venta de la segunda vivienda, con la responsabilidad civil de su hijo –el titular de la cuenta donde se ingresó el dinero- a título lucrativo, y con la responsabilidad subsidiaria de su esposa y de su hermano como cómplices; en el caso de éste, limitada a 6.400 euros.