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Principales vistas orales señaladas en los órganos judiciales de Cantabria.
Lunes, 27 de junio
10,00 horas
Sección Primera de la Audiencia Provincial
PA 20/16
Acusado de portar varios envoltorios de anfetamina para su distribución entre terceros cuando fue intervenido por la policía en las inmediaciones de un club de alterne al que había llegado conduciendo un coche bajo los efectos de las drogas.
El ministerio fiscal solicita una condena de veinte meses de prisión, multa de 1.086 euros y privación del permiso de conducir durante un año, por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y otro contra la seguridad vial.
Martes, 28 de junio
09,30 horas
Sección Primera de la Audiencia Provincial
PA 14/16
Acusada de desvalijar el patrimonio de su tía abuela, quien disfrutaba de propiedades, ahorros y una situación desahogada con la que se pagaba la residencia en la que vivía.
La acusada, residente en Málaga, se trasladó a Cantabria para ponerse en contacto con su tía abuela. Ésta, que residía en un centro geriátrico, había delegado en una sobrina la administración de sus bienes.
Sin embargo, según el relato del ministerio público, desde la aparición de la acusada la situación cambió, y fue ésta quien “a base de halagos, zalamas y faltas promesas”, obtuvo toda la confianza de la anciana convirtiéndose en su única gestora económica.
Tal y como detalla el fiscal en su calificación, la acusada “desvalijó” todo el patrimonio de la anciana, que desde entonces no pudo sufragar la residencia ni disponer de metálico alguno para sus pequeños gastos individuales.
Requerida por la residencia, la acusada se excusó inicialmente, y después pasó a desoír sistemáticamente las llamadas.
El ministerio fiscal considera los hechos un delito de estafa, por lo que reclama cuatro años de cárcel, multa de 1.350 euros de multa e indemnización a la anciana en 54.900 euros.
Miércoles, 29 de junio
09,30 horas
Sección Primera de la Audiencia Provincial
PA 19/16
Acusada de estafar a quien le había avalado para la concesión de un préstamo hipotecario. Como aquella no lo pudo pagar, la ahora querellante perdió su casa.
Entonces, según el fiscal, la acusada firmó dos cheques –uno a su nombre y otro al de su marido, falsificando la firma- a favor de la querellante, cheques que resultaron no tener fondos.
El ministerio público pide una condena de siete meses de cárcel y multa de 1.470 euros por un delito de falsedad en documento mercantil.
La acusación particular, que ejerce la querellante, entiende que además existió un delito de estafa, por el que reclama cinco años de cárcel y multa de 6.750 euros.