Martes, 24 de marzo

 

 

10:00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Audiencia Preliminar del Procedimiento Abreviado 75/2025

Delito de tráfico de drogas, receptación y blanqueo de capitales

 

Ocho acusados de formar una organización dedicada al tráfico de drogas y a la adquisición de vehículos de alta gama robados que luego vendían haciéndolos pasar por legales.

 

Según explica la fiscalía en su escrito, traficaban con cocaína y con hachís, y tenían una plantación de marihuana en una localidad de Segovia.

 

Además, se dedicaban a trasladar vehículos desde Italia a España y viceversa, “modificándolos con carácter previo a su transferencia a terceras personas para encubrir su origen ilícito”.

 

Constituyeron una sociedad para adquirir los vehículos sustraídos y luego legalizarlos.

 

También crearon una sociedad supuestamente dedicada a inversiones para dar apariencia de legalidad a los beneficios que el grupo obtenía.

 

En los registros de las viviendas de los acusados en Castro Urdiales, Baracaldo y Mozoncillo (Segovia), se encontraron sustancias estupefacientes, instrumental dedicado a preparar la droga y numerosas placas de matrícula. Uno de ellos guardaba además dos armas sin tener licencia para ello.

 

La fiscalía califica los hechos como delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, receptación, falsedad, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

 

La pena solicitada para el principal acusado, al que se atribuye el tráfico de drogas, la receptación y el blanqueo de capitales, asciende a 13 años de prisión y 30.000 euros de multa.

 

El resto tiene penas inferiores, en función de los delitos cometidos y las cuantías de la droga intervenida: once años y diez años para otros dos, con multas de 28.000 y 25.000 euros, por el tráfico de drogas, la receptación y la falsedad; para otros dos acusados ocho años de cárcel y multas de 8.000 euros y 25.000 euros, por las drogas y por la receptación uno y la tenencia de armas el otro; cinco años y 30.000 euros para la hermana del principal acusado por blanquear los beneficios ilícitos obtenidos; y tres años de prisión a otros dos por la receptación.

 

 

11:00 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Juicio del Procedimiento Sumario Ordinario 78/2024

Delitos de agresión sexual

 

Acusado un joven de dieciocho años de agredir sexualmente a una chica de trece años con la que mantenía una relación de noviazgo.

 

Según la fiscalía, ambos eran novios, él conocía la edad de la menor y no habían mantenido relaciones sexuales previamente.

 

Encontrándose los dos junto a más amigos en la pista de un colegio y después de haber bebido alcohol, él la dijo que fueran a la parte trasera del colegio y allí “le pidió que se subiese encima de él”.

Entonces, el joven le levantó el vestido, le apartó la ropa interior y la penetró “sin utilizar preservativo y sin consentimiento de ella, quedándose esta en estado de estupor y marchándose después a casa sin contar lo sucedido”.

 

Días después, él la telefoneó porque “estaba muy embriagado y que fuera a buscarle para acompañarle a casa”. La chica acudió a su encuentro y al ir a darle un abrazo este “de forma repentina le bajó el pantalón y la ropa interior, la sujetó de cara a una pared y la penetró vaginalmente sin consentimiento de la misma durante breves instantes, ya que ella logró subirse el pantalón y marcharse corriendo a casa”.

 

Días después la chica lo contó a su madre e interpusieron denuncia.

 

Señala el escrito del ministerio fiscal que la joven “padece daños psicológicos, encontrándose en una situación de vulnerabilidad social que afecta a diversas áreas de su vida de origen multifactorial, siendo uno de ellos los hechos denunciados”.

 

Para la fiscalía, el acusado es autor de dos delitos de agresión sexual a menor de edad por los que pide una pena de 22 años de prisión, 13 de años de alejamiento e incomunicación respecto de la joven, 17 años de inhabilitación para empleo con menores, 8 años de privación de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, y 10 años de libertad vigilada tras la privación de libertad.

 

En concepto de responsabilidad civil, solicita que el acusado indemnice a la menor con 15.000 euros por los daños morales ocasionados y las secuelas que padece.