Martes, 13 de enero

 

09:30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Juicio del Procedimiento Abreviado 36/2025

Delito continuado de estafa

 

Acusado de quedarse con casi 13.000 euros que unos clientes le habían entregado para la organización de un viaje a las islas Maldivas.

 

Según el escrito de la fiscalía, “actuando con ánimo de enriquecimiento injusto y aprovechando la credibilidad que le otorgaba el hecho de que en ocasiones anteriores había gestionado viajes similares”, el acusado “se comprometió a organizar” un viaje a las islas Maldivas para practicar surf.

 

El viaje incluía vuelo de ida y vuelta, alojamiento y pensión completa durante ocho días, por lo que el acusado, “con el pretexto de iniciar los trámites para la reserva del viaje y a sabiendas de que este no se iba a llevar a cabo”, recibió de siete clientes un total de 12.980 euros en tres pagos. Seis de los clientes abonaron cada uno 1.840 euros, y el séptimo, 1.940 euros, dado que hizo la reserva más tarde.

 

Semanas después de recibir los últimos pagos, el acusado se puso en contacto con los clientes “para comunicarles que el viaje no se podía realizar”, y “se desvinculó del viaje manifestando que él no era el responsable”, sin devolver el dinero a los afectados.

 

Para el ministerio fiscal, estos hechos constituyen un delito continuado de estafa merecedor de una pena de dos años y medio de prisión, así como del pago de una indemnización a los perjudicados de 13.000 euros, la cantidad que recibió de ellos.

 

La acusación particular eleva la petición de condena a ocho años de prisión y 21.600 euros de multa, al considerar que se trata de una estafa agravada porque el acusado aprovechó su credibilidad empresarial, dado que, según argumenta, era conocido en el mundo del surf por llevar más de veinte años organizando este tipo de viajes.

 

Nota:

Está previsto que este juicio continúe el miércoles 14 de enero, a las nueve y media de la mañana.

 

 

 

10:00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Juicio del Procedimiento Sumario Ordinario 6/2025

Delito contra la libertad sexual

 

Acusado de agredir sexualmente a una chica con la que había quedado.

Según relata el ministerio público en su escrito de acusación, el joven se encontró con la chica y una amiga de esta en la calle. Minutos después, la amiga se marchó y los dos comenzaron a conversar mientras paseaban.

 

La fiscalía señala que “se adentraron en una casa abandonada, donde aquel se acercó a ella y, de forma sorpresiva y con ánimo de satisfacer sus libidinosos deseos, comenzó a desnudarse mientras le propuso tener relaciones sexuales”.

 

La joven no accedió a ello, pero el acusado le levantó la ropa y le introdujo los dedos en la vagina. Después, sacó un preservativo y le propuso de nuevo tener sexo, pero ella, “llorosa, le pidió que parase, cesando en aquel momento el acusado su conducta”.

 

Añade el ministerio fiscal que la joven padece como secuela trastorno por estrés postraumático grave y posiblemente crónico.

 

Por todo ello, solicita una condena de ocho años de prisión, nueve años de alejamiento e incomunicación respecto de la joven, siete años de libertad vigilada tras la cárcel y veinte años de inhabilitación para desempeño con menores.

 

En concepto de responsabilidad civil, pide que sea condenado al pago de una indemnización a la joven de 7.000 euros por los daños y perjuicios, así como de la cantidad que se estime en ejecución de sentencia por el tratamiento psiquiátrico que la mujer ha recibido.

 

La defensa del acusado pide su absolución porque sostiene que solo mantuvo un contacto verbal con la joven y que no se produjo “contacto físico ni conducta de carácter sexual”.

 

 

 

Miércoles, 14 de enero

 

10:00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Juicio del Procedimiento Abreviado 18/2025

Delito de fraude a la hacienda pública

 

Acusada una sociedad dedicada a la hostelería en Suances, así como el apoderado de la misma de eludir el pago de sus obligaciones tributarias. El administrador de la mercantil se encuentra en paradero desconocido y está declarado en rebeldía.

 

Según el escrito de calificación de la fiscalía, la empresa vendió un hotel a otra sociedad y no hizo frente al pago del correspondiente impuesto de sociedades por el incremento patrimonial que obtuvo.

 

Asimismo, eludió “de forma sistemática sus obligaciones tributarias”, como las autodeclaraciones trimestrales del IVA o la declaración informativa de operaciones con terceros. Tampoco cumplía con las obligaciones mercantiles básicas de presentación de cuentas en el Registro Mercantil.

 

El administrador de la sociedad, que se encuentra en paradero desconocido por lo que no se puede dirigir contra él este procedimiento, “con la intención de provocar un vaciamiento patrimonial de la empresa”, realizó una serie de reintegros y transferencias desde la cuenta de la mercantil a otras cuentas de su propiedad, “aprovechando la falta de controles, de ningún tipo, en material de prevención del fraude dentro de la estructura societaria de la empresa”.

 

Por otro lado, un apoderado de la mercantil, que sí está acusado en este procedimiento, conocedor de la “precaria situación económica de la mercantil”, hizo uso del poder otorgado años atrás para realizar cuatro transferencias desde la cuenta de la empresa a distintas personas y sociedades, algunas suyas.

 

Además, en la cuenta de la empresa se abonó un cheque bancario por un importe de 242.000 euros que, tras su ingreso, el acusado “con clara intención de evitar que hubiere saldo con el que hacer traba Hacienda de las sumas debidas”, emitió un total de nueve transferencias, dejando el saldo en 3.000 euros.

 

La agencia tributaria había iniciado años atrás un procedimiento de comprobación inspectora y, tras numerosas investigaciones y actuaciones ejecutivas, logró cobrar por vía de apremio ejecutivo.

 

Para la fiscalía, los hechos constituyen un delito contra la hacienda pública y un delito de frustración de la ejecución, que atribuye a la empresa hostelera y al apoderado.

 

Para la primera, solicita una pena de casi 430.000 euros de multa, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de incentivos fiscales durante cuatro años.

 

Para el apoderado, la pena solicitada por el ministerio público es de dos años de prisión y 6.750 euros de multa.

 

 

Jueves, 15 de enero

 

10:00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Juicio del Procedimiento Abreviado 35/2025

Delito continuado de estafa

 

Acusado de persuadir a una anciana para que le entregara dinero, aprovechando que la mujer padecía deterioro cognitivo.

 

Explica la fiscalía que el acusado, que regentaba un bar en Santoña, “movido por la idea de obtener de forma rápida un ilícito beneficio” y “prevaliéndose de la amistad y confianza que en él tenía depositada” una mujer mayor que acudía diariamente a su bar, “consiguió persuadirla” para que, a lo largo de catorce meses, le entregara grandes cantidades de dinero.

 

Así, el hombre “utilizó distintas argucias y embustes” para convencerla, aprovechándose de datos de su vida que la mujer le había confiado.

 

Así, logró, por ejemplo, que le entregara dinero para recuperar unas joyas que le habían hurtado a la mujer, o que le diera otra cantidad para recuperar un dinero que ella le había prestado años atrás a un sobrino.

 

La fiscalía señala en su escrito que la mujer le entregó hasta 187.000 euros, mientras que la acusación particular cifra el quebranto en 237.500 euros.

 

Como autor de un delito continuado de estafa, el ministerio público solicita para el acusado cuatro años de prisión, 3.240 euros de multa y prohibición de aproximarse y comunicar con la mujer durante cinco años.

 

Por su parte, la acusación particular eleva la petición de pena a seis años de cárcel y 4.320 euros de multa.

 

La petición de indemnización difiere entre las dos acusaciones en función de la cantidad que estiman sustraída.

 

 

10:30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Juicio del Procedimiento Abreviado 55/2025

Delitos de tráfico de drogas y contra la seguridad vial

 

Acusado de conducir sin permiso y llevar consigo droga para su venta.

 

Según el escrito del ministerio fiscal, el acusado conducía por Santander a pesar de haber sido privado del derecho a conducir por sentencia judicial.

 

Cuando fue interceptado por los agentes de la Policía Local, portaba 152 gramos de cocaína destinada a su distribución entre terceros, así como un sobre con 5.550 euros procedente de la venta de drogas.

 

La fiscalía le considera autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, así como de un delito contra la seguridad vial, con la concurrencia en este caso de la circunstancia agravante de reincidencia.

 

La pena solicitada asciende a cuatro años y medio de prisión, y 10.000 euros de multa.

 

 

12:00 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Vista de conformidad del Procedimiento Sumario Ordinario 30/2025

Delito de agresión sexual

 

Vista para formalizar la conformidad alcanzada por todas las partes en un procedimiento que se sigue contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer con la que había intimado.

 

Según el escrito de la fiscalía y que suscriben la acusación particular y la defensa, el acusado y la joven se habían conocido y acudieron al domicilio de esta.

 

“Pese a que ella le había advertido de que solo le permitiría dormir en el cuarto de su hermano y que no iban a mantener relaciones sexuales, una vez hubo subido al piso, el acusado la cogió de manera sorpresiva, la agarró del pelo violentamente y acercó su cara para darla un beso, conminándole ella a que la soltase, ya que la hacía daño”, señala el escrito.

 

Pero “lejos de hacerla caso, el acusado la agarró fuertemente de los brazos, la sujetó y la tumbó boca arriba sobre la cama, sin que ella pudiera zafarse ni defenderse del ataque”.

 

El acusado la desnudó, la penetró y finalmente eyaculó sobre su abdomen, “todo ello sin consentimiento” de la mujer.

 

Los delitos constituyen, según las partes, un delito de agresión sexual con penetración vaginal cometido con violencia, así como un delito leve de lesiones, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de reparación del daño, ya que el acusado ha consignado 47.000 euros para indemnizar a la mujer.

 

Por ello, la pena solicitada por todos es de tres años de prisión, cuatro años de prohibición de acercamiento y comunicación con la mujer, y 150 euros de multa por el delito leve.

 

En concepto de responsabilidad civil, solicitan que el hombre sea condenado a indemnizar en 47.000 euros a la mujer por los daños morales y lesiones físicas, cantidad que ya está consignada judicialmente.