Lunes, 12 de diciembre

 

09,30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial

Abusos sexuales

 

Acusado de animar a beber a una menor, de 16 años y sobrina de su esposa, para después abusar sexualmente de ella.

 

El ministerio público considera los hechos un delito de abusos sexuales y solicita una condena de siete años de cárcel, alejamiento e indemnización de 6.000 euros por el daño moral.

 

 

Martes, 13 de diciembre

 

09,30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial

Tráfico de drogas

 

Acusado de portar 64 papelinas de cocaína y un cilindro de cannabis que llevaba introducidos en el ano, cuando regresaba de un permiso penitenciario al centro de El Dueso.

 

El fiscal solicita una condena de seis años de cárcel y multa de 6.415 euros por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño.

 

 

 

 

 

10,00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial

Estafa

 

Las empresas adjudicatarias de la UTE Dícido para el aprovechamiento de unos terrenos de las Juntas Vecinales de Lusa y Mioño (Castro Urdiales) ejercen acusación particular contra los alcaldes de ambas corporaciones.

 

En sus escritos de acusación, consideran que el arrendamiento de unos terrenos en los que antiguamente existió una explotación minera para extraer y aprovechar los restos minerales aún existentes que la UTE ganó resulta un contrato de imposible ejecución y cumplimiento.

 

Sostienen que los dos representantes públicos conocían esa imposibilidad y lo ocultaron.

 

Según su versión, los acusados idearon un modo de estafar a la UTE y apropiarse ilegítimamente de 1,2 millones de euros, para ingresarlo primero en cuentas bancarias de las Juntas y, después, hacerlo desaparecer.

 

La acusación particular considera estos hechos un delito de estafa, otro de prevaricación administrativa, otro de coacciones y otro de malversación de fondos públicos.

 

Por ello, solicita siete años de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo público para el pedáneo de Mioño, y diez años de prisión y quince de inhabilitación para cargo  público para el de Lusa.

 

Por su parte, el ministerio público no acusa dado que considera que no se ha acreditado que los alcaldes infringieran de forma palmaria el ordenamiento con el fin de perjudicar injustamente a la UTE.

 

Entiende el fiscal que el contrato de arrendamiento de los terrenos no ha sido un artificio para el fraude, y lo que ha existido ha sido una discrepancia contractual que debe dirimirse en la vía civil.

 

Tampoco considera acreditado que los alcaldes se hayan apropiado de dinero público alguno.

 

Nota:

Este juicio está previsto que continúe el miércoles y el jueves a la misma hora.