Agenda de juicios de la semana del 8 de septiembre de 2025

Principales vistas orales señaladas en los órganos judiciales de Cantabria.

Autor
Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

Lunes, 5 de septiembre

 

09:30 horas

Juzgado de lo Penal n.º 4 de Santander (Salón de Actos)

Procedimiento Abreviado 75/2025

Delito continuado de daños por incendio

 

Cinco acusados –cuatro hombres y una mujer- de quemar 34 vehículos en distintos municipios de Cantabria durante el verano de 2022.

 

Según el escrito del ministerio fiscal, las cinco personas, que permanecieron en prisión provisional desde su detención en septiembre de 2022 hasta febrero de 2023, actuaron “de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la propiedad ajena”.

 

A lo largo de trece días entre los meses de mayo y agosto, los acusados actuaron de madrugada “utilizando artefactos incendiarios” para prender vehículos en las poblaciones de Pontejos, Pedreña, Zurita, Puente Arce, Santiurde de Toranzo, Los Corrales de Buelna, Renedo, Revilla de Camargo, Somo, Rinconeda, Reocín, Maliaño, Herrera de Camargo, Santander y Torrelavega.

 

En sus acciones, los acusados quemaron un total de 34 vehículos, así como contenedores, y en algún caso las llamas alcanzaron viviendas, “con grave riesgo para la vida de los habitantes de las mismas”.

 

La fiscalía les considera autores de un delito continuado de daños por incendio, merecedor de una pena de tres años de prisión.

 

En concepto de responsabilidad civil, solicita en su escrito el ministerio público que los acusados abonen, de manera conjunta y solidaria, indemnizaciones a los perjudicados que suman 192.500 euros.

 

 

Nota:

 

Está previsto que el juicio continúe los días 9, 10 y 11 de septiembre, a las nueve y media.

 

 

 

Miércoles, 10 de septiembre

 

09:30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Procedimiento Sumario Ordinario 1/2025

Delitos continuados de agresión sexual, elaboración de pornografía infantil y exhibicionismo

 

Acusado de agredir sexualmente a la hija de su pareja, de diez años de edad, durante varios meses, así como grabarla manteniendo relaciones sexuales y exhibirle películas pornográficas.


Según el escrito de la fiscalía, el acusado “ejercía un rol casi paterno, participando en los cuidados diarios de la niña durante su convivencia”.

 

Durante varios meses, “aprovechando que en muchos momentos se hallaba al cuidado de la menor y se encargaba de acostarla por la noche en su dormitorio, con intención de satisfacer su ánimo libidinoso sometió a la menor a toda clase de actos sexuales a los que la misma no se oponía, dada la relación análoga a la parental que mantenía con el acusado”.

 

Así, “prevaliéndose de dicha relación, en decenas de ocasiones el acusado realizó a la menor tocamientos, la penetró vaginal y analmente, y la obligó a practicarle felaciones”.

 

La menor, “que por su corta edad y por temor a las consecuencias de que se supieran tales hechos no informó a nadie, apenas comprendía la naturaleza de tales actos”.

 

Por ello, “el acusado en varias ocasiones procedió a exhibir ante la misma películas pornográficas, requiriendo a su hijastra para que realizase las prácticas sexuales que se veían en tales vídeos, tales como felaciones”.

 

Además, “le pidió que se tomase fotos y videos en los que apareciese desnuda”, y en otras ocasiones “el propio acusado grababa con su teléfono móvil a la menor mientras mantenía con ella relaciones sexuales”.

 

Los hechos fueron denunciados por la madre de la menor cuando tuvo conocimiento de los mismos. Al acusado le fue intervenido su teléfono móvil, donde se encontraban almacenados videos de la menor que el acusado había grabado.

 

Para el ministerio público, el acusado es autor de un delito continuado de agresión sexual, otro continuado de elaboración de pornografía infantil y otro continuado de exhibicionismo.

 

La pena solicitada asciende a 22 años de prisión, 18 años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, 40 años de inhabilitación para trabajar con menores, 29 años de prohibición de acercarse y comunicar con la menor, y 10 años de libertad vigilada tras la finalización de la pena privativa de libertad.

 

En concepto de responsabilidad civil, pide la fiscalía que el acusado indemnice a la menor mediante el pago de 20.000 euros por el daño moral que le ha ocasionado.

 

 

Nota:

 

Está previsto que el juicio continúe el jueves 11 de septiembre, a las nueve y media.