Martes, 1 de octubre

 

10:00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria (Salón de Actos)

Procedimiento Abreviado 45/2021

Delito de tráfico de drogas

 

Veinte acusados por la fiscalía de dedicarse al tráfico de cannabis, cocaína y anfetamina, sustancias que procedían, principalmente, de Cataluña y Panamá.

 

Tras distintas investigaciones realizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Castro Urdiales incoó diligencias contra estos veinte acusados, algunos residentes en Cantabria, otros en el País Vasco, en La Rioja y en Cataluña.

 

Se juzgan hechos acaecidos en Francia, donde dos de los acusados que habían viajado a Barcelona a cargar droga abandonaron un vehículo con un cargamento de casi 500 kilos de marihuana, valorada en 250.000 euros, cuando gendarmes franceses les dieron el alto.

 

Asimismo, el seguimiento a otros de los acusados llevó a los investigadores hasta Torredembarra, donde uno de los acusados cargó droga en el domicilio de otro de ellos, y regresó a Erandio.

 

Allí, en el momento en que iba a entregar la mercancía a otro de los acusados la Guardia Civil intervino diez kilos de anfetamina y cinco kilos de cafeína con la que cortar la droga, sustancias valoradas en 400.000 euros.

 

Otro de los hechos que se juzga en esta vista es la recepción de un paquete procedente de Panamá que contenía 990 gramos de cocaína, valorada en 30.000 euros.

 

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar en los años 2012, 2013 y 2014, y constituyen delitos contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño, delitos contra la salud pública de sustancias que sí causan grave daño y delito de falsedad en documento oficial, por el uso de matrículas falsas.

 

La fiscalía considera que concurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal atenuante de dilaciones indebidas.

 

Las penas solicitadas por el tráfico de cannabis, delito de sustancias que no afectan gravemente a la salud, oscilan entre los tres años de prisión hasta los cuatro años de prisión, y las multas desde 3.000 a 300.000 euros.

 

En el caso de las penas pedidas por el tráfico de sustancias que sí afectan gravemente a la salud, la pena privativa de libertad va desde los cuatro hasta los siete años, mientras que la multa más baja es de 2.000 euros y la más elevada, de 600.000 euros.

 

Finalmente, por el delito de falsedad al emplear matrículas falsas, la pena solicitada es de dos años de prisión y 1.800 euros de multa.

 

 

Nota:

 

Están señaladas catorce sesiones para el desarrollo de este juicio: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de octubre.

 

 

Jueves, 3 de octubre

 

12:00 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Procedimiento del Tribunal del Jurado 67/2024. Vista de conformidad

Delitos de allanamiento de morada, amenazas y daños

 

Acusado de entrar por la fuerza en la vivienda de su expareja y amenazarla con matarla y quitarle a su hija.

 

Según el escrito elevado a la Audiencia Provincial y suscrito por el ministerio fiscal, la acusación particular y la defensa del acusado, este acudió al domicilio de su expareja y llamó al portero automático. Cuando la mujer descolgó el telefonillo, el investigado le exigió que le abriera para ver a la hija que tienen en común y, ante la negativa de ella, comenzó a gritarle “te voy a matar, te voy a quitar a la niña”.

 

El hombre golpeó el cristal de la puerta del portal hasta que lo quebró.

 

La mujer, que había oído lo sucedido en la puerta de acceso al edificio, cerró todas las persianas de la vivienda y se encerró en la única habitación de la vivienda que tenía cerrojo junto con su hija y su compañera de piso, que llamó a la policía.

 

Entre tanto, el acusado subió al piso donde ella vivía, aporreó la puerta con fuerza hasta que la rompió. Una vez dentro, comenzó a golpear la puerta de la habitación en la que se encontraban refugiadas las inquilinas de la casa.

 

El hombre, que en todo momento gritaba amenazando a la mujer, no abandonó la vivienda pese a los requerimientos que le hacía su expareja. Finalmente llegaron los agentes de la policía local.

Los hechos son calificados por las partes como un delito de allanamiento de morada, otro de violencia de género en la modalidad de amenazas y otro de daños.

 

Concurren dos circunstancias modificativas de la responsabilidad penal: una agravante de parentesco y otra atenuante de reparación del daño, ya que el hombre ha abonado 325 euros para el pago de los daños producidos en el edificio.

 

El escrito consensuado por todas las partes señala que los delitos son merecedores de una pena de dos años de prisión, 3.960 euros de multa, prohibición de acercarse y comunicar con la víctima durante siete años, 75 días de trabajos en beneficio de la comunidad y dos años de privación del derecho a tenencia y porte de armas.

 

Además, en concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a su expareja con 1.000 euros por los daños morales causados.