Martes, 20 de enero

 

09:30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Juicio del Procedimiento Abreviado 55/2024

Delito de tráfico de drogas

 

Dos acusados de tráfico de drogas.

 

Explica la fiscalía que fueron sorprendidos por los agentes cuando se encontraban en un vehículo detenido en la Avenida de Los Castros de Santander recostados en sus asientos para evitar ser vistos.

 

En el registro al vehículo se encontraron 25 gramos de cocaína y ambos llevaban consigo dinero procedente de la venta de droga.

 

La fiscalía les considera autores de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, merecedor de una pena para cada uno de cuatro años de prisión y multa de 2.000 euros.

 

 

11:30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Juicio del Procedimiento Abreviado 44/2025

Delito de tráfico de drogas

 

Acusado de traficar con drogas en Castro Urdiales.

 

Relata el ministerio público en su escrito que el acusado fue sorprendido en una discoteca de Castro Urdiales portando droga que guardaba en una bolsa negra y en su ropa y calzado: MDMA, anfetamina, cocaína y resina de cannabis, todo ello destinado a su venta a terceros.

 

Los hechos son considerados por la fiscalía un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, por lo que solicita una pena para él de cuatro años de prisión y 1.500 euros de multa.

 

 

 

 

Miércoles, 21 de enero

 

09:30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Juicio del Procedimiento Sumario Ordinario 79/2024

Delito de homicidio intentado

 

Acusado un matrimonio de intentar acabar con la vida de dos hermanos.

 

Según se desprende del escrito de calificación fiscal, los acusados se encontraban en la zona de aparcamiento del tanatorio La Montañesa de Santander cuando, al ver aparecer a dos hombres, hermanos entre sí, “puestos de común acuerdo y con la intención de acabar con sus vidas”, la mujer “facilitó a su esposo un arma de fuego corta que guardaba en su bolso”.

 

Con esta arma, el hombre “tras montarla, apuntó y disparó, al menos en tres ocasiones y desde una distancia no superior a veinte metros, a los hermanos”.

 

Señala la fiscalía que los disparos fueron dirigidos al cuerpo de ambos, pero no lograron su objetivo “al esconderse ellos entre dos vehículos allí estacionados”.

 

Los hechos constituyen a juicio de la fiscalía un delito de homicidio en grado de tentativa que atribuye al matrimonio, merecedor de una pena para cada uno de ellos de siete años de prisión y ocho años de prohibición de acercarse y comunicar con los dos hermanos.

 

 

Jueves, 22 de enero

 

10:00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Audiencia Preliminar del Procedimiento Abreviado 71/2025

Delito de odio y discriminación

 

Acusada de increpar a una mujer que hacía topless en la playa y aludir a su procedencia extranjera.

 

Explica la fiscalía que, encontrándose ambas de la playa de La Concha de Santander, la acusada dijo en voz alta: Esta está para que la meen en las tetas, y después se le acercó “y de muy malos modos” le dijo que se tapara. Al negarse la mujer, la acusada le amenazó con agredirla y se marchó.

 

Continúa el relato del ministerio público señalando que “al poco rato la acusada regresó para reiterar su exigencia y al comprobar en el acento que la mujer no era española, con ánimo de humillarle y alterar su estado anímico, le espetó en voz alta: Ya sabemos a lo que venís las extranjeras”.

 

A continuación, le dijo: Seguro que tú tendrás una casa, que yo tengo ocho hijos y pago un alquiler, y después “le amenazó con hacer unas fotos de sus tetas y subirlas a Instagram”.

 

Personada la policía local a petición de la mujer que fue increpada, “la acusada reiteró en su presencia su desacuerdo con el topless de la mujer y que como era extranjera todos sabemos lo que hacen los extranjeros, o que como venían de donde venían”.

 

Para la fiscalía, las expresiones utilizadas por la acusada “para referirse con carácter peyorativo” a la procedencia de la mujer, así como “el tono elevado de las mismas” y “el escenario en la que las pronunció (una playa atestada de público) captando la atención de varias personas que se encontraban en las inmediaciones, provocaron en la víctima sentimientos de humillación y de desprecio hacia sí misma en menoscabo de su dignidad”.

 

Por eso, considera a la acusada autora de un delito de odio y discriminación en concurso con un delito contra la integridad moral, con la concurrencia de la circunstancia agravante de la responsabilidad penal de discriminación.

 

La pena solicitada por el ministerio público asciende a un año de prisión, 2.400 euros de multa y cuatro años de inhabilitación para profesión u oficio educativo.

 

En concepto de responsabilidad civil, solicita que la acusada indemnice a la perjudicada en 500 euros por los daños morales causados.

 

La acusación particular que ejerce la perjudicada solicita, por su parte, un año de prisión y 3.600 euros de multa.

 

 

10:15 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Audiencia Preliminar del Procedimiento Abreviado 78/2025

Delito de tráfico de drogas

 

Acusado de traficar con cocaína y cannabis en Santander.

 

La fiscalía explica en su escrito de acusación que en la entrada y registro de su domicilio se encontraron 25 gramos de cocaína y 160 gramos de resina de cannabis para su venta a terceros, así como 25.350 euros procedentes del tráfico de drogas y dos básculas para el pesaje de las dosis.

 

Los hechos constituyen, para el ministerio público, un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, merecedor de cuatro años de prisión y 1.000 euros de multa.

 

Viernes, 23 de enero

 

10:00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Vista para formalizar conformidad en el caso Gesvicán

 

Vista en la que la fiscalía, el Gobierno de Cantabria como acusación particular y los investigados en el caso Gesvicán formalizarán el acuerdo al que llegaron tras la instrucción de la causa.

 

Este acuerdo evita la constitución de un jurado, que sería el tribunal encargado de enjuiciar a los investigados. Dado que estos han anunciado que van a reconocer los hechos y se van a conformar con las penas pedidas por las acusaciones, el juicio no se celebrará.

 

El pasado mes de noviembre, el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Santander abrió juicio oral contra dos empleados públicos de Gesvicán que cobraban por elaborar proyectos para empresas que optaban a concursos de Obras Públicas.

 

También lo hizo contra los responsables de SENOR y RUCECAN, por pagar a los primeros para asegurarse una buena valoración en las adjudicaciones.

 

Los cinco investigados anunciaron entonces que reconocían los hechos y se adhirieron al escrito de acusación del ministerio fiscal y del Gobierno de Cantabria, que ejerce la acusación particular. Ahora, la vista formalizará este acuerdo ante el magistrado presidente del órgano enjuiciador.

 

Según explicaba el magistrado instructor en su auto, Gesvicán tenía como cometido, entre otros, revisar la documentación inicial que presentaban las empresas aspirantes a los concursos que convocaba la Dirección General de Obras Públicas con el fin de determinar la evaluación de la misma.

 

“Dicha actividad, referida por tanto a valorar ofertas con fórmulas matemáticas y juicios de valor, no entrañaba en modo alguno capacidad decisoria”, añadía.

 

Pues bien, señalaba la resolución que “ambos empleados, que venían efectuando puntuaciones concretas conforme a baremos y establecían prelación de clasificados, se concertaron con distintas sociedades que operaban habitualmente en el sector de obra pública para revisar o elaborar técnicas de las ofertas, solicitando a cambio precios”.

 

Por elaborar las condiciones técnicas y de calidad cobraban 2.500 euros, si la técnica colocaba a la empresa licitadora en primera posición la tarifa era de 2.000 euros y si finalmente la empresa resultaba adjudicataria entonces recibían 5.000 euros.

 

Así las cosas, el auto señalaba que en el año 2019 las empresas SENOR y RUCECAN se presentaron en unión temporal de empresas a tres proyectos, y que uno de los empleados, que era el encargado de Gesvicán para la elaboración de proyectos y análisis de condiciones técnicas y de calidad, “con el auxilio puntual en algunos trabajos del otro acusado, se dedicó a preparar conjuntamente para las empresas los estudios técnicos de sus licitaciones”.

 

De este modo, explicaba el magistrado instructor que alteraron “la libre concurrencia entre competidores, quebrantando sus deberes inherentes al cargo de forma reiterada a cambio de precio por prestación de sus trabajos”.

 

Las empresas abonaron al cincuenta por ciento la tarifa de los dos empleados públicos y sus ofertas resultaron ser las adjudicadas.

 

Añadía la resolución que no se puede determinar la cantidad exacta que cobraron, pero “cuando menos, la cantidad de 53.000 euros, según se desprende de las anotaciones recogidas en los registros practicados”.

 

El perjuicio de la defraudación entendía el magistrado que “recae en las arcas del Gobierno de Cantabria, ya que obviamente ha afectado a la cuantía de las ofertas por las que se adjudicaron los contratos y probablemente también haya sido trasladado a una ejecución minorada de la calidad de las obras públicas”.

 

 

11:00 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Audiencia Previa del Procedimiento Sumario Ordinario 37/2024

Delito continuado de agresión sexual

 

Acusado de agredir sexualmente de manera continuada a una mujer con discapacidad a la que periódicamente debía trasladar desde su domicilio hasta un centro psicosocial.

 

Explica el ministerio fiscal en su escrito de calificación que el acusado, cuando comenzó a realizar el transporte, empezó dirigiéndose a la mujer con expresiones como “qué guapa eres” o “dejas un olor en la furgoneta que me dan ganas de comerte”.

 

Al cabo de dos meses, el acusado “con ánimo de atentar contra la libertad sexual de la mujer y sin consentimiento alguno, comenzó a cogerla la mano y ponérsela encima de la bragueta”, hasta el punto de sacarse el pene y obligar a la mujer a que se lo metiera en la boca.

 

Añade la fiscalía que llegó a pedirla que le masturbara, eyaculando sobre ella, y en otras ocasiones le tocaba los pechos y los genitales, penetrándola con los dedos.

 

La mujer, que presenta un grado de discapacidad permanente del 75 por ciento, sufre síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático.

 

Los hechos constituyen, a juicio del ministerio público, un delito continuado de agresión sexual a persona con discapacidad, merecedor de trece años de prisión, nueve años de libertad vigilada y diez años de alejamiento y prohibición de comunicar con la perjudicada.

 

En concepto de responsabilidad civil, solicita que se le condene a indemnizar a la mujer en la cantidad que se determine en el juicio.

 

La acusación particular, por su parte, añade a la calificación la circunstancia agravante de la responsabilidad penal de abuso de confianza, y pide una pena de quince años de prisión, diez de libertad vigilada y diez de alejamiento e incomunicación con la mujer.