Lunes, 19 de diciembre

 

09:30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Procedimiento Abreviado 25/2022

Estafa procesal

 

Dos acusados de urdir una “estrategia judicial” para perjudicar a la exmujer de uno de ellos, tal y como sostiene la acusación particular que ejerce aquella.

 

Por el contrario, en este procedimiento el ministerio fiscal considera que los acusados no han cometido delito alguno y solicita su libre absolución.

 

Según el escrito de la acusación particular, los dos acusados, que eran amigos desde hace años porque habían trabajado juntos, suscribieron un contrato de préstamo en República Dominicana por el cual el primero prestaba al segundo 158.400 euros, “sin plazo de pago ni fijación de intereses”.

 

Sostiene la acusación que lo hicieron para “perjudicar a la mujer del segundo y a su hija en relación con el uso de la vivienda familiar”, que por sentencia se les había atribuido.

 

Entiende la acusación que acordaron que el primero reclamara judicialmente al segundo la devolución del préstamo, lo que supuso el embargo del cincuenta por ciento de la vivienda familiar.

 

“La finalidad de ambos amigos –continúa el escrito- era subastar la vivienda familiar adjudicada en uso a la hija de la pareja y a la mujer, y que interviniese un tercero como subastero, quedándose con el cincuenta por ciento de la vivienda conyugal, repartiéndose entre todos ellos varias cantidades”.

 

Por eso, considera a los acusados autores de un delito de estafa procesal, merecedor de una pena para cada uno de ellos de seis años de prisión y 7.200 euros de multa.

 

Por su parte, el ministerio fiscal narra en su escrito de calificación los hechos –la suscripción del contrato de préstamo, la reclamación y el procedimiento judicial- y añade que “no se ha podido acreditar que el contrato (de préstamo) fuera simulado y ambas partes estuvieran concertadas para embargar el antiguo domicilio familiar a través del procedimiento de ejecución judicial”.

 

 

10:00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Procedimiento Abreviado 63/2022

Apropiación indebida y falseamiento contable

 

Acusada, en su condición de responsable contable en Santander de una cooperativa, de apropiarse durante casi una década de hasta 861.300 euros y de modificar la contabilidad para ocultar el descuadre en la caja.

 

Según el escrito de la fiscalía, la acusada era trabajadora cooperativista, secretaria de tal órgano e incluso apoderada de la entidad, de modo que era una persona “de la máxima confianza de los demás cooperativistas y responsables de la entidad”.

 

“De hecho, ejercía como gerente de la cooperativa en Santander, desempeñando las máximas funciones en el ámbito contable y administrativo” y “era la única persona con acceso a las cajas de efectivo” y quien “tenía el control de la contabilidad de la sociedad a través de la aplicación informática de gestión empleada”, señala el escrito.

 

Así las cosas, explica la fiscalía que “aprovechándose de la confianza y responsabilidad de las que gozaba, con intención de injusto enriquecimiento, desde el año 2010 y hasta 2018 se apoderó de numerosas cantidades de dinero de la caja de la sociedad, que incorporó a su patrimonio de forma paulatina”, hasta alcanzar una suma de 861.300 euros.

 

Con el fin de evitar que otros responsables y trabajadores “se percatasen de dichas apropiaciones, procedió a modificar en multitud de ocasiones la contabilidad de la sociedad a través de la aplicación informática”, “ocultando de este modo el descuadre de la caja”.

 

En ocasiones, “introdujo asientos contables falsos que reflejaban pagos que no respondían a operaciones reales” y en otras, “modificó asientos contables que sí respondían a operaciones reales de compra (…) para hacer constar cantidades mucho mayores”.

 

Todos estos hechos constituyen, a juicio de la fiscalía, un delito continuado de apropiación indebida y otro continuado de falseamiento contable, merecedores de una condena de siete años y tres meses de prisión y multa de 9.000 euros.

 

En concepto de responsabilidad civil, solicita el ministerio público que la acusada indemnice a la cooperativa en 861.300 euros por las cantidades apropiadas indebidamente.

 

Por su parte, la representación legal de la cooperativa ejerce la acusación particular y solicita en su escrito once años de prisión y 12.960 euros de multa, además de la misma indemnización pedida por la fiscalía.

 

 

Nota:

 

Está previsto que este juicio continúe el martes 20 de diciembre y el miércoles 21 de diciembre en sesiones que darán comienzo a las diez de la mañana.