• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS CUDERO BLAS
  • Nº Recurso: 681/2018
  • Fecha: 06/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados. Escritura pública de prórroga de derecho opción de compra en la que se mantienen las condiciones establecidas en la escritura pública de establecimiento del derecho, salvo el nuevo plazo. El procedimiento de verificación de datos no es apto para determinar si el documento público en el que se consigna la prórroga está o no sujeto al tributo, pues excede los límites de dicho procedimiento. Interpretación de la expresión "aplicación indebida de las normas que resulte patente" supuesto que habilita la utilización del procedimiento de verificación de datos según el artículo 13 de la Ley General Tributaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 8174/2019
  • Fecha: 06/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado en el que la cuestión casacional que haya que dilucidar consistirá en determinar: 1) Si la Administración Autonómica puede ser considerada interesada a los efectos del artículo 103 Ley 30/1992, de 26 de noviembre para solicitar de un Ayuntamiento que inicie la revisión de oficio de un acto consistente en la concesión de una licencia municipal de obras que se considera incurre en causa de anulabilidad; y, 2) en el caso de que se considere que la Administración Autonómica está legitimada a los efectos del citado artículo 103, cuáles son los plazos a los que debe sujetarse dicha Administración, tanto para efectuar el requerimiento del artículo 103, como para interponer recurso contencioso- administrativo frente al silencio del Ayuntamiento requerido. Las normas a interpretar serán los artículos 103.1 Ley 30/92, de 26 de noviembre (actual artículo 107.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con el artículo 65 y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL), y en relación con los artículos 44 y 46.6 Ley 29/98, de 13 de julio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 51/2018
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acuerdo de 15 de diciembre de 2017 del Consejo de Ministros por el que se inadmite la solicitud de revisión de oficio del Decreto 137/1960, de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa por gastos y remuneraciones en dirección e inspección de las obra. El acuerdo de inadmisión impugnado resulta conforme con nuestro ordenamiento jurídico dado que el Consejo de Ministros ha acordado motivadamente, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 106, la inadmisión a trámite de una solicitud, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado, en un caso, como el ahora examinado, en el que la solicitud carece manifiestamente de fundamento. Partiendo, pues, de que nuestro ordenamiento jurídico no reconoce una acción de nulidad a los interesados contra las disposiciones generales, ello nos conduce a desestimar el recurso por ser conforme a Derecho la resolución recurrida, lo que, a su vez, nos releva del examen del resto de cuestiones suscitadas en este recurso contencioso administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 1713/2020
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado cuya cuestión casacional se concreta en determinar si la Junta de Compensación constituida con base en el planeamiento anulado por la Sentencia de la Sala Tercera (Sección 5ª) de 28 de septiembre de 2012 (rec. 1009/2011), ha de reputarse extinguida o, si por el contrario, puede tener cobertura jurídica en el artículo 73 LJCA en tanto que acto administrativo firme dictado en aplicación del citado planeamiento declarado nulo. Y si la aplicación del artículo 73 de la Ley 29/1998 a los actos de gestión dictados en ejecución de planeamiento anulado supone la exclusión de todos los procedimientos regulados en la normativa urbanística en orden a la formalización y aprobación de dicha iniciativa, pudiendo la Administración dar continuidad a la ejecución del planeamiento anulado, o si por el contrario siendo la nueva ordenación presupuesto necesario de cualquier actividad de ejecución, se requiere que la Administración cumpla los procedimientos regulados en la norma en orden a verificar que los actos en su día aprobados se acomodan a la nueva ordenación. Y, en consonancia con esta cuestión, la norma jurídica que, en principio, habría de ser objeto de interpretación en sentencia es el artículo 73 de la ley 29/1998 reguladora de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR
  • Nº Recurso: 8187/2018
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula la resolución del concurso para la construcción y explotación en régimen de concesión de dominio público de un bar terraza en la zona exterior del Faro de Maspalomas. Desestimación. Cuando el legislador prescribe que al "objeto de preservar el patrimonio arquitectónico que constituyen los faros" se pueden autorizar otros usos en los espacios afectados al servicio de señalización, está recogiendo la posibilidad de que sean precisamente estas actividades las que coadyuven a la conservación del faro, bien sea por la obtención de los ingresos que con la participación de la iniciativa privada en la explotación se obtenga, bien porque así contribuya a mantener la decencia y seguridad de la edificación, o bien por el desarrollo social que estas actividades suponen. Aunque la realización de otros usos no portuarios y diversos al de señalización marítima en los faros pueden ser autorizados siempre que se justifique que persiguen o que coadyuvan a preservar el patrimonio arquitectónico que constituyen los faros, sin embargo, en el presente caso, falta esa justificación. La cuestión sobre el cumplimiento o incumpliendo de la normativa urbanística es una cuestión de derecho autonómico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 4692/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El sujeto pasivo del IBI puede discutir la valoración catastral del inmueble, base imponible del impuesto, para obtener su anulación, en supuestos en los que concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas, análogas o similares a la modificación por sentencia firme de la clasificación urbanística del suelo afectado, incluso en los casos en los que la valoración catastral ha ganado firmeza en vía administrativa. A efectos catastrales, los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica. En el ámbito del IBI, la revisión de liquidaciones firmes como consecuencia de la necesidad de que el suelo, para ser urbano, cuente con desarrollo urbanístico establecido por instrumento urbanístico apto debe efectuarse por los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la LGT, lo cual no se ha realizado en el presente caso, en el que se pretende la devolución del IBI correspondiente a las liquidaciones firmes, sin que los contribuyentes hubiesen impugnado en plazo las liquidaciones tributarias.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 4325/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El devengo del ICIO se produce en el momento de iniciarse materialmente la construcción, instalación y obra que exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. No después y, desde luego, no está condicionada a la previa comunicación de dicho comienzo. Es decir, tratándose de la liquidación provisional a cuenta lo que importa es el inicio de la obra, sucediendo lo mismo con respecto a la liquidación definitiva: el legislador se ha fijado, exclusivamente, en su finalización, sin exigir nada más. El cómputo del plazo para girar la liquidación definitiva no se demora hasta que se comunique la finalización de la obra, construcción e instalación al Ayuntamiento. No se condiciona a ello, ni se supedita a cualquier otra circunstancia. La mera finalización de la construcción, instalación u obra, automáticamente, determina que el día en que ello se produzca se inicie el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria a comprobar la base imponible autoliquidada en el impuesto, teniendo en cuenta su coste real y efectivo para practicar la liquidación definitiva, al margen de la fecha del visado del certificado de finalización de las obras e independientemente de que la finalización de las obras sea conocida formalmente por la Administración.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 3446/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No se puede solicitar la devolución de las liquidaciones cuya firmeza se ha consentido sin seguir el mandato de lo dispuesto en el artículo 221 LGT (procedimiento para la devolución de ingresos indebidos) y, particularmente, lo dispuesto en su apartado 3, en cuya virtud cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL AGUALLO AVILÉS
  • Nº Recurso: 652/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala se remite a la sentencia de 5 de marzo de 2019, dictada en el recurso de casación RCA/1431/2017, en la que se dijo que la interpretación conjunta de los artículos 61.3, 65, 77.1 y 5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como de los artículos 4 y 7.2 del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, permite, mediante la impugnación de las liquidaciones por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en las excepcionales circunstancias del caso, discutir el valor catastral del inmueble (base imponible del impuesto), aun existiendo una valoración catastral firme en vía administrativa, excepcionalidad representada por una situación urbanística de absoluta inestabilidad, derivada de varios recursos jurisdiccionales, declaraciones de nulidad e intentos de subsanación a posteriori, en el marco de la anulación de las disposiciones que clasificaban un sector como suelo urbanizable, con incidencia directa sobre la consideración catastral como urbano o rústico del bien inmueble en cuestión -al comportar que los terrenos afectados volviesen a tener la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección- en virtud de múltiples sentencias, algunas de las cuales, además, fueron dictadas con posterioridad al acto de alteración catastral, de manera que no pudieron ser invocadas frente a dicho acto por los interesados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 1418/2019
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de casación en donde la cuestión que el auto de admisión consideró de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consistente en determinar: "Cuál sea el plazo de prescripción a considerar respecto de las cuotas de urbanización, si el cuatrienal previsto en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el cuatrienal previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o el quincenial/quinquenal previsto para las acciones personales en el Código Civil", ha de estarse a los pronunciamientos que ya ha efectuado esta Sala en sentencias anteriores a las que se refiere el propio auto de admisión, que se recogen en la de 4 de abril de 2019 (rec. 460/2017) y que, por ello, conviene reproducir, entendiendo que el plazo de prescripción a considerar respecto de las cuotas de urbanización es el de quince/cinco años previsto para las acciones personales en el art. 1964 del Código Civil. La interpretación de las normas que acabamos de mantener conduce a la desestimación de este recurso de casación, por cuanto el plazo de prescripción aplicable a la deuda urbanística contraída por la recurrente con la adquisición de finca en cuestión es el de quince años.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.