Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que desestima la demanda en reclamación por la aseguradora demandante a la demandada por los daños sufridos en la instalación eléctrica de un vivienda asegurada por la actora. Argumenta la Sala en síntesis ,que la principal cuestión sobre la que gira el presente procedimiento es de carácter probatorio y consiste en determinar cuál fue el origen de los daños cuestión para la que se requieren conocimientos técnicos especiales .Ambas partes han aportado Informes Periciales con conclusiones divergentes que el tribunal debe valorar en sana critica. El propio perito de la demandada, admitió la existencia de incidencias en el suministro eléctrico de la vivienda asegurada, sin embargo, esas incidencias, por sí solas, no explican la razón por la cual se produjo el incendio en el cuadro general de protección de la instalación eléctrica de la actora. El perito de la demandante no las explicó, ni dio razón técnica alguna al respecto. Por el contrario, el perito de la demandada sí que ofreció una explicación técnica de la causa y origen del siniestro, concretamente que estuvo en un exceso de consumo sobre la potencia contratada, en una sobrecarga, que dio lugar al incendio en la instalación eléctrica. Atendida esa divergencia, y las explicaciones técnicas del perito de la demandada frente a las del perito de la actora, es lo que lleva a Tribunal a confirmar la valoración efectuada por el Juez a "quo".
Resumen: Reclamación del precio de suministro de materiales, ejercitándose la acción contra la entidad que recibió los mismos, así como frente a otras sociedades en atención a la doctrina del levantamiento del velo, y en virtud de la responsabilidad solidaría de las mismas. La primera entidad fue declarada en rebeldía, no así las demás, que se opusieron, dictándose sentencia desestimando la demanda frente a todas por entender prescrita la acción tanto para las entidades personadas y que alegaron la excepción, como frente a la entidad rebelde al entender que le beneficia la prescripción alegada por las otras, Se plantea si el demandado rebelde puede beneficiarse de la prescripción alegada por el resto de las demandadas. En esta cuestión, en que se trata de una solidaridad impropia, la jurisprudencia ha entendido de una parte que no era de aplicación la regla del artículo 1974 CC respecto a que la interrupción de la prescripción perjudica a todos los deudores solidarios, pues únicamente se contempla el efecto interruptivo en el supuesto de obligaciones solidarias en sentido propio, y de otra que no puede beneficiarse de la prescripción quien no la ha alegado, por lo cual no puede entenderse prescrita la acción en relación a la entidad rebelde, procediendo estimar la acción respecto a ésta. En cuanto al levantamiento del velo, no consta el abuso en la personalidad jurídica de las demás sociedades, considerando además prescrita la acción, al no aparecer hechos interruptivos de la misma.
Resumen: Se ejercita acción de desahucio por precario de una nave industrial. Alega el demandado que le fue cedido por su propietario el uso de la nave industrial objeto del desahucio, a cambio de la ejecución de determinados trabajos destinados a la adecuación de la misma y de otras fincas de su propiedad, posesión que venia detentando desde hacía casi dos años. Desestimada la demanda, al entender que no pueden resolverse en el procedimiento cuestiones como la propiedad del inmueble objeto de la acción, recurre la actora. La Sala indica que el juicio de desahucio por precario, en su actual regulación, ha dejado de ser un juicio sumario en el que la sentencia que le pone término carezca de efectos de cosa juzgada. Quiere ello decir que en su seno se pueden discutir todas las cuestiones que afecten al título ocupacional que pueda esgrimir el demandado para justificar su situación posesoria, por más que no puedan abordarse en el mismo cuestiones relativas a la propia identificación de la finca cuando es dudosa o a la validez o ineficacia del título de la actora cuando es discutida con una mínima base. La actora acredita su titularidad mediante adquisición realizada a quien se adjudicó la finca en procedimiento de ejecución hipotecaria, mientras que la demandada y de quien trae causa no consta adquirieran en momento alguno la propiedad del inmueble. Por otra parte la adquisición por la actora es anterior a la que se dice realizada por la otra entidad y a su cesión a la demandada.
Resumen: Reclamación de cantidad contra herencia yacente del causante (fallecido el 17-1-2016), por el importe de suministros realizados de productos agrícolas. Se reclaman 33 albaranes comprendidos entre el 3-12-2015 y el 24-6-2016. El juzgado emplazó a la viuda e hijos del causante, tras ser identificados, personándose la viuda y alguno de los hijos, y negando que las compras a las que se referían los albaranes aportados fueran efectuadas por el fallecido, ni para la utilización en alguna de las fincas rústicas que explotaba. Posteriormente, el otro hijo se personó como persona individual, alegando que quien únicamente estaba legitimada para soportar la acción era su madre que era la usufructuaria de la herencia y administradora de la misma. Se dicta sentencia estimando parcialmente la demanda únicamente en cuanto a los albaranes anteriores al fallecimiento del causante, los comprendidos entre el 3-12-2015 y el 14-1-2016, no los posteriores. Recurre la sentencia este último hijo, si bien no se hace ninguna petición concreta, pareciendo haberse interpuesto en función a un efecto indirecto o reflejo de la sentencia, en cuanto que los albaranes posteriores al fallecimiento del padre están firmados por el, deduciéndose que no lo fueron en beneficio de la herencia yacente, sino en el suyo propio. Se desestima el recurso pues no consta con claridad lo que se solicita, ya que el mismo en su contestación pidió la desestimación de la demanda, y no la condena a la herencia yacente.
Resumen: Reclamación de cantidad por aseguradora contra empresa distribuidora de electricidad, por daños causados a su asegurado y abonados por la misma, derivados de anomalías en el suministro eléctrico. Estimada parcialmente la demanda recurre la demandada. Se rechaza la alegación de falta de legitimación activa, pues consta, no solo el contrato de seguro, sino el abono de los daños sufridos por el asegurado, con deducción de la franquicia, teniendo por tanto plena acción para el ejercicio de los derechos derivados del pago. Se rechaza asimismo la impugnación sobre la valoración de la prueba, tanto en cuanto a la causa de la avería, como en cuanto a la relación causal entre el daño y su origen. Así, se desprende del informe pericial acompañado a la demanda y de las fotografías obrantes en autos, que el origen del daño sufrido por los aparatos electrónicos y eléctricos existentes en la nave industrial de la asegurada es una sobretensión procedente de la red de la demandada que dañó uno de los aparatos de protección existentes en la nave, quedando la protección inoperativa y produciéndose todos los daños reclamados. Se rechaza también la pluspetición alegada por la sustitución de aparatos e instalaciones nuevos por otros que ya estaban en uso, pues lo que se ha procedido es a la reparación de las instalaciones y aparatos dañados mediante la sustitución de determinados mecanismos y no a la sustitución del propio aparato dañado por uno nuevo, por lo que no se aplica depreciación.
Resumen: Resolución de contrato de opción de compra, con devolución del doble de la cantidad entregada. Alega el actor que firmó con la demandada un contrato de opción de compra sobre una vivienda unifamiliar, estableciendo el contrato que el inmueble se entregaría libre de cargas y gravámenes e indicando que sobre el mismo no existían expedientes por infracción urbanística, si bien no coincidían los metros reales del solar con los que figuraban en el registro. No obstante, se alega que el actor posteriormente detectó que gran parte de los metros construidos eran ilegales e ilegalizables, lo que no se le había indicado por el vendedor, por lo que solicitó la resolución del contrato de opción a lo que se opuso el demandado. Desestimada la demanda recurre el actor. El litigio se centra en determinar si el hecho de que por parte del actor que no ejercitara en plazo la opción de compra, estaría justificado por un previo incumplimiento de la demandada constitutivo de causa de resolución del contrato de opción. Si bien es cierta la existencia de esa serie de defectos y limitaciones, también lo es que el actor conocía perfectamente dichas circunstancias antes de firmar el contrato de opción, habiendo sido plenamente advertido de las mismas tanto por su letrado como por un arquitecto que le asesoraron, no obstante lo cual firmó el contrato. No parece razonable imputar a la demandada un incumplimiento contractual por una infracción urbanística que la compradora conocía con anterioridad.
Resumen: Se solicita sea declarada nulidad de actuaciones por no haberle dado a la arrendataria la facultad de enervar pues no se hizo constar ni se facilitó número de cuenta, si bien, en este caso, no puede considerarse que se cause indefensión pues esa actuación procesal vino motivada por haberse hecho constar en la demanda que no cabía la enervación, sin que además presentara recurso contra el decreto en el que así se establecía o realizara consignación judicial o notarial, y ni tan siquiera señaló esta cuestión en el escrito de contestación. La alegación de infracción de normas o garantías procesales requiere para su estimación que se acredite que se denunció oportunamente la infracción si hubiere tenido oportunidad para hacerlo y en este caso, las infracciones del Decreto pudo hacerlas valer mediante recurso y al no haberlo interpuesto, no puede ahora alegar el defecto en apelación. En todo caso, la demandada ha negado que deba suma alguna pues considera que existe un crédito compensable, pero este crédito debería ser analizado en sentencia y no a efecto de tener por enervada la acción de desahucio. Se reclaman gastos del inmueble y no consta pacto por el cual se asuman por la arrendataria por lo que son de cargo del arrendador salvo los de suministros individualizados por contador. Analizados los pagos realizados, existen recibos impagados, por lo que se confirma el desahucio pero existe un crédito compensable que se reconoce.
Resumen: Reclamación de cantidad en virtud del suministro de materiales. Desestimada la demanda por estimar la prescripción de la acción por aplicación del plazo de prescripción de tres años del art. 1967.4 CC, al considerar que se trata de una compraventa civil, recurre la actora, alegando el carácter mercantil de dichas ventas o suministros pues eran destinados al desarrollo de la actividad empresarial de la compradora. La propia compradora reconoce que se trataba de materiales para la conformación de los productos cuya fabricación, venta e instalación constituye objeto de su actividad empresarial, desarrollada evidentemente con ánimo de lucro, no para una reventa de tales materiales a terceros. La Sala, partiendo de dicha cuestión estima el recurso, pues se debe considerar mercantil la adquisición de productos que se van a integrar en el proceso productivo, negocial o especulativo del adquirente, con la finalidad de obtener un beneficio, cosa que determina la aplicación a las acciones para reclamar su precio del plazo prescriptivo de 15 años conforme a los art. 944 CCo en relación con el art. 1.964 CC. En consecuencia no puede entenderse prescrita la acción ejercitada, ni en aplicación de la ley 42/2005. En cuanto al fondo del asunto, acreditados los suministros reclamados, y no habiéndose acreditado, pese a alegarlo, el pago de los mismos al tratarse de prueba que incumbía al demandado, debe estimarse la demanda interpuesta.
Resumen: Reclamación de cantidad por el suministro de energía eléctrica, habiendo detectado al realizar una inspección la existencia de una manipulación del contador, y habiendo procedido a refacturar la energía suministrada. Estimada la demanda recurre el demandado, alegando que acción estaría prescrita por aplicación del art. 1.967.4 CC, debiéndose considerar que el dies a quo es el de la fecha de la ultima factura y no el del día en el que se detectó la manipulación. La Sala indica que en estos casos de suministros de luz el plazo de prescripción ha de ser el trienal del art 1967.4 CC, si bien el "dies a quo" del cómputo del plazo de prescripción debe comenzar a la fecha en que se detectó la manipulación del contador. El no ejercicio de la reclamación por la parte actora se debió, única y exclusivamente, a la falta de conocimiento de la existencia de la doble acometida, de tal modo que no puede existir una presunción favorable de renuncia al ejercicio de una acción cuando se ha actuado por la contraparte de forma ilícita o fraudulenta, sin posibilidad de que la empresa suministradora conociera la realidad de ese consumo ilícito, por lo que se rechaza la prescripción. En cuanto a la inexistencia de manipulación, consta la valoración de la prueba, por el juzgador de instancia, así como el hecho de que la misma se encontraba realizada dentro del local del demandado, habiéndose realizado asimismo la valoración del suministro conforme a lo fijado legalmente.
Resumen: Reclamación de cantidad por el consumo de energía eléctrica. Estimada la demanda recurre el demandado. Consta que el demandado traspasó el local, donde se realizaba le suministro, a una tercera persona, no obstante, el contrato de suministro no fue rescindido al efectuar el traspaso del local por lo que el contrato inicial continuaba vigente. Esta es la base jurídica de la sentencia que el recurrente no ataca. El contrato como fuente de obligaciones que liga a los litigantes debe ser cumplido por ellas, sin posibilidad de desvincularse de forma unilateral. Por ello, el hecho de que el recurrente hubiese cesado en el disfrute del servicio no le exime de forma automática de su pago, sin perjuicio de las acciones de repetición a que hubiere lugar, puesto que, en definitiva, el obligado frente al actor es él mismo. La pretensión de desligarse unilateralmente del contrato chocaría frontalmente con los principios generales de vinculación negocial y en particular, violaría el art. 1.256 CC, que rechaza que el cumplimiento del contrato se deje al arbitrio de uno solo de los contratantes, y colisionaría también con la norma reglamentaria que impone al consumidor que pretende darse de baja del servicio la tramitación del traspaso y la subrogación del contrato de suministro, comunicándolo de manera fehaciente a la entidad eléctrica, no pudiendo serle exigida al suministrador la averiguación de la persona concreta, que se aprovecha de la electricidad y con la que no ha contratado.
