Resumen: El tribunal del Jurado condena por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia familiar con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuante de embriaguez y la agravante de reincidencia. Condena, también, por un delito de asesinato concurriendo las circunstancias agravantes de parentesco y de género. También como autor de un delito continuado de estafa. El tribunal no aprecia la concurrencia de la circunstancia de arrebato u obcecación al no darse los requisitos exigidos por la atenuante. El fundamento se encuentra en la disminución de la imputabilidad que se produce por la ofuscación de la mente y de las vivencias pasionales determinados por una alteración emocional fugaz (arrebato) o por la más persistente de incitación personal (obcecación) pero siempre produciéndose por una causa o estimulo poderoso. En ambas modalidades precisa para su estimación que haya en su origen un determinante poderoso de carácter exógeno o exterior y de entidad suficiente para desencadenar un estado anímico de perturbación y oscurecimiento de sus facultades psíquicas con disminución de las cognoscitivas o volitivas del agente, de modo que sin alcanzar la cualidad propia del trastorno mental transitorio completo o incompleto, exceda del leve aturdimiento que suele acompañar a ciertas infracciones.
Resumen: El auto de admisión de pruebas se dictó antes de que hubiera transcurrido el plazo para la presentación del escrito de defensa y, por tanto, no se pronunció sobre las pruebas de dicho, reconocimiento forense del acusado, lo que no causó indefensión material, por cuanto no privó a la defensa de su derecho a una resolución motivada que se pronunciara sobre la prueba solicitada, se dictan hasta dos providencias, que denegaron la prueba propuesta y contra las que, propiamente (en cuanto decisiones que deberían haberse adoptado en el auto de admisión de pruebas) no cabría recurso alguno, conforme al artículo 785.1.2º de la LECR sin perjuicio de que la parte pueda reproducir su petición al inicio de las sesiones del juicio oral, lo que suscitó de nuevo la cuestión (aunque bajo la impropia forma de un recurso de reforma de tramitación oral que la ley no prevé), que fue desestimada, y que se recoge también en la sentencia, por lo cual, desde esta perspectiva no se causó indefensión. Tampoco la denegación de prueba es digna de censura en cuanto al fondo (útil, pertinente y necesaria), solicitado informe de imputabilidad, tendente a determinar si la capacidad de culpabilidad del acusado (sus facultades intelectivas y volitivas) estaba mermada en el momento de la comisión de los hechos, este informe sería, propiamente, una diligencia de investigación que, de ordinario, ha de practicarse en esa fase, además, no constan indicios que pudieran hacer suponer esta afectación.
Resumen: Se condenó a cuatro delitos de robo con violencia, tres de detención ilegal, uno de tenencia ilícita de armas, uno de amenazas no condicionales, uno de lesiones y un delito leve de lesiones. Delitos de robo y detención ilegal. Se plantea a la Sala la circunstancia de que, apreciado en régimen de concurso real en la instancia dichos delitos y sancionados cada uno de ellos con una pena de cinco años de prisión, no se fija límite máximo de cumplimiento efectivo, tomando como referencia una de esas penas de cinco años, el de quince, a lo que se venía obligado, porque, al sumar esas penas junto con las demás por el resto de delitos por los que también se condenó, superaban los cuarenta años de prisión. Planteado recurso de apelación por el condenado, se estima en parte, en el sentido de considerar en régimen de concurso medial lo que el tribunal de instancia había considerado concurso real, con la consecuencia de fijar una única pena para los dos delitos de seis años y seis meses de prisión, de manera que, aunque la suma total de todas las penas es inferior al sumatorio de las de la primera instancia, esa pena ha de ser tomada como referencia a efectos de tiempo máximo de cumplimiento, cuyo triple llega a los diecinueve años y seis meses. La consecuencia es que la estimación del recurso de apelación tuvo un efecto peyorativo, lo que lleva a la Sala a determinar que el tiempo máximo de cumplimiento no sea superior a quince años de prisión.
Resumen: ABANDONO DE FAMILIA: conocimiento de la obligación e impago de la cantidad establecida durante un periodo superior a dos años pese a disponer de medios para hacerlo. LEGITIMACIÓN: tiene la condición de agraviado por el delito, y por ello está legitimado, el progenitor que sufraga los gastos y convive con el hijo mayor de edad al que corresponde percibir la pensión impagada. VALORACIÓN DE LA PRUEBA: probada la capacidad económica del sujeto y la falta de abono alguno, siquiera de forma parcial, la acción típica resulta probada. DOLO: el conocimiento de la obligación y la posibilidad de pago permiten considerar la conducta dolosa.
Resumen: La Sala considera que la acusada es responsable de un continuado de estafa al haber obtenido un beneficio económico del acusado de quien, aprovechándose de su ingenuidad, haciéndole creer que se hallaba en una situación de acuciante necesidad económica, consiguió que le entregase numerosas sumas de dinero que no tenía intención de devolver. Reforzando la apariencia de verdad de su embuste remitiéndole diversos documentos que pretendían ser actas notariales, o documentos judiciales o de la Junta de Castilla y León. Así se considera acreditado después recibirse, con las indudables garantías que representa la inmediación, los testimonios vertidos por la misma y por el denunciante y la amplia prueba documental incorporada a las actuaciones, permitiendo alcanzar el suficiente grado de certeza que todo pronunciamiento penal condenatorio requiere. Concurrente la agravante de reincidencia y le impone pena de 4 años de prisión y multa de 10 meses, en atención a las características del hecho teniendo en cuenta, el prolongado periodo de tiempo a lo largo del cual se desarrollaron los hechos enjuiciados, las circunstancias concurrentes en la forma de realización, las circunstancias personales de la víctima del fraude y la relación personal que les ligaba, así como la importante cuantía del dinero apropiado,169.384,99 euros. La responsabilidad civil se fija en la cantidad interesada, al corresponderse con la documentalmente acreditada de los sucesivos ingresos en la cuenta de la acusada.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que absuelve a un acusado del delito de amenazas. Acusado que a través del whatsapp remite a quien fuere su pareja sentimental varios mensajes en que le dice "te vas a enterar" y "vas a pagar caro lo me estás haciendo pasar". Recurso de apelación contra sentencias absolutorias y limitación de las facultades revisorias del tribunal de apelación. Delito de amenazas. Elementos requeridos para la aparición del tipo penal. El delito de amenazas constituye un ataque al derecho de la persona a disfrutar y ejercer con tranquilidad y sosiego su libertad. El contenido de los mensajes remitidos por el acusado no revisten los elementos necesarios para poder considerarlo una amenaza desde la perspectiva penal, dada la vaguedad, indeterminación e imprecisión del pretendido mal futuro, con el que el acusado anuncia a la víctima, puesto que no son tenidos en concepto público como determinantes de la causación de un desasosiego en la persona a la que van dirigidos.
Resumen: El Tribunal analiza donde radican las especiales dificultades que el tipo delictivo del abandono de familia por impago de pensiones tiene para su acreditación, puesto que si bien los elementos objetivos son fácilmente perceptibles en cuanto a su concurrencia, el dolo específico de incumplir, pudiendo hacerlo, obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas familiares, debe ser malicioso, o lo que es lo mismo, arbitrario y sin base alguna, lo que no ocurre lógicamente en los casos en que aquél se produce por la insuficiencia de medios económicos, dejando aparte los precisos para la propia subsistencia con criterios medios de dignidad del acusado.
Resumen: Confirma la condena por delito de amenazas, concurriendo la agravante de parentesco. El delito de amenazas requiere: 1) una conducta del agente integrada por expresiones o actos idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo, intimidándole con la comunicación de un mal injusto, determinado y posible, de realización más o menos inmediata, que depende exclusivamente de la voluntad del sujeto activo; 2) al ser un delito de simple actividad, de expresión o de peligro, y no de verdadera lesión, si la lesión se produce actuará como complemento del tipo; 3) que la expresión o acto de dicho propósito por parte del agente sea serio, firme y creíble, atendiendo a las circunstancias concurrentes (relaciones previas entre las partes, momento en el que se producen, reiteración, hechos anteriores, simultáneos y, sobre todo, posteriores a la emisión de la amenaza, etc.); y 4) que estas mismas circunstancias, subjetivas y objetivas, doten a la conducta de la entidad suficiente para merecer su calificación como delictiva. Es un delito que se consuma con la llegada del anuncio a su destinatario. Se alega la embriaguez como atenuante. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, cuya carga probatoria compete a la parte que las alega, deben estar acreditadas como el hecho delictivo mismo y se requiere la existencia de anomalía o alteración psíquica que tenga su causa en dicha adicción y que exista relación causal o motivacional entre dependencia y comisión del delito.
Resumen: En el art. 379 del CP se constituye una conducta delictiva de las llamadas de peligro abstracto. Esta naturaleza de delito de peligro abstracto supone la posibilidad de consumación del tipo delictivo sin que se haya producido una situación de concreto peligro para el bien jurídico de la seguridad vial. Bastará, para apreciar el tipo delictivo, que resulte acreditado que una persona conduce un vehículo a motor o un ciclomotor, habiendo consumido previamente bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y que la acción de las mismas influyó efectivamente en la conducción de quien las consumió. El Tribunal Constitucional ha afirmado que la prueba de impregnación alcohólica puede dar lugar, tras ser valorada conjuntamente con otras pruebas, a la condena del conductor del vehículo, pero ni es la única prueba que puede producir esa condena, ni es una prueba imprescindible para su existencia. En el presente caso no pudiéndose medir la existencia o no de alcohol en el organismo del acusado, la sintomatología ofrece una conclusión certera de dicho consumo, por lo que se desestima el recurso fundado en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y en el error en la valoración de la prueba.
Resumen: Basándose en la declaración de los policías, la Sala confirma la condena del recurrente por conducir un vehículo de motor sin contar con el preceptivo permiso. La Sala descarta que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del recurrente. La sentencia se refiere al contenido del derecho a la presunción de inocencia señalando: "La función revisora encomendada al Tribunal de apelación respecto de la posible vulneración del derecho, consagrado en el art. 24.2 CE ha de limitarse a la comprobación de tres únicos aspectos, a saber: que el Juzgador de Instancia dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración. Que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido y, que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de Instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba. En definitiva, como establece el Tribunal Supremo, para que pueda ser apreciada en el proceso penal una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria".
