Resumen: El actor alega que los ciento cincuenta mil euros que habían sido retirados de la cuenta del causante, en los dos dos meses anteriores a su fallecimiento, mediante disposiciones de distintas fechas, le fueron entregados directamente al mismo, quien los gastó o invirtió en aquello que consideró oportuno, y sin que, ni el recurrente, ni sus hermanos, tengan, ni deban tener, idea alguna de en qué gastó o invirtió su tío dicho dinero. Las manifestaciones efectuadas por los propios herederos, y la declaración de uno de ellos, a los que afecta la regularización practicada por la Administración, y que, además, no acreditan el destino dado a los fondos retirados, no puede servir para desvirtuar la presunción de que forman parte del caudal hereditario los bienes de todas clases que hubiesen pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes del fallecimiento.
Resumen: La sentencia comienza por rechazar todos los argumentos de la demanda que hacen referencia a que esta forma de responsabilidad tenga un componente sancionador puesto que no es cierto que se exija dolo en la actuación del administrador para que se pueda imputar la responsabilidad definida en el artículo 43.1.a) de la LGT.
Se confirma la derivacion sobre la base de que la Sentencia dictada por la Sección Segunda de esta misma Sala en el recurso 303/2018 en el que se impugnaba la liquidación del IS y la sanción que son objeto de derivación, rechazó todos los argumentos (que coinciden con los que se han expuesto en el presente recurso contencioso)
Resumen: La nulidad del planeamiento urbanístico que clasifica un sector como suelo urbanizable, y en particular de un plan parcial de mejora, habida cuenta de los efectos ex tunc y erga omnes que despliega, y la reviviscencia del planeamiento urbanístico vigente anterior al declarado nulo, comporta que los terrenos afectados vuelvan a tener la clasificación de suelo no urbanizable a efectos catastrales por no existir proyecto de reparcelación, de tal forma que la vigencia recobrada del anterior plan parcial no es suficiente para mantener su carácter de urbano, al margen de su situación física y de la carencia de proyecto de reparcelación.
Resumen: La sentencia fija la siguiente jurisprudencia: (1) Resulta posible, por parte de un Ayuntamiento, exigir el pago de una tasa por el ejercicio de una actividad o servicio público de su competencia, en un mercado de abastos, aun si tal servicio lo gestiona la corporación no de forma directa, sino indirecta, a través de un contrato de concesión administrativa cuyo titular es un concesionario privado -con la exigencia mensual como contraprestación a todos sus usuarios de una tarifa según el contrato de concesión administrativa-, siempre que la actividad o servicio a que se refiera la tasa sea diferente en su objeto del que se recibe del concesionario que lo presta y que se retribuye mediante tarifa. (2) A tal efecto, la ordenanza reguladora de la tasa debe establecer con total claridad y precisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, cuál es el objeto de la tasa, la identidad del servicio público o competencia local que se presta al efecto, así como los elementos esenciales del tributo, a fin de que su destinatario conozca cuál es exactamente dicho objeto y pueda descartar que esté incluido entre las actividades o servicios que presta el concesionario y se satisfacen por medio de la tarifa aludida.
Resumen: La prescripción es un vicio de anulabilidad y no de nulidad de pleno derecho por lo que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, que no basta con la infracción de alguno de los trámites del procedimiento, sino que es necesario la ausencia total de éste o que el defecto fuera de tal naturaleza, que se equiparara a esta circunstancia.
La Sala concluye que Los actos administrativos debieron haber sido impugnados, en su caso, a través de la vía ordinaria de recursos que se pudieron ejercitar en su momento, no siendo ya posible someter a nuevo examen y revisión los mismos por la vía excepcional del procedimiento de revisión instado.
Resumen: Tipo reducido a la transmisión de viviendas a sociedades inmobiliarias para su reventa. Si el contrato privado de compraventa se otorga dentro de los tres años siguientes de la adquisición beneficiada por el tipo reducido del 2 por ciento, pero la transmisión de las viviendas tuviera lugar en fecha posterior, y fuera de dicho plazo, no se cumpliría la condición establecida en la letra e) del artículo 30.1 del Texto Refundido, por lo que se perdería el beneficio fiscal aplicado. En este caso, aun siendo válido el contrato privado de compraventa: el título, la falta de entrega o tradición determina la inexistencia de la transmisión. La liquidación reconoce la validez del contrato, pero la transmisión del inmueble es fundamental, y esto es lo esencial, el hecho de que el contrato privado "no ha sido presentado en esta Administración, ni tampoco ha sido elevado a público la transmisión", circunstancia de la que se desprende la fundamentación de la denegación en la falta de prueba de fecha del contrato y con ello de la entrega del inmueble respecto a terceros, que no se presentó en Registro Público, ni se elevó a escritura pública, no habiendo intentado acreditar la transmisión tampoco por cualquier otro medio.
Resumen: El artículo 4, apartado octavo, de la Ley 19/1991, de 6 de junio , del Impuesto sobre Patrimonio, establece: letra e) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la empresa, negocio o entidad en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante los cinco años siguientes a la fecha de escritura pública de donación. De la lectura de dicho texto se desprende claramente que el negocio y el domicilio fiscal donado debe mantenerse al menos cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación. Es cierto que, en otras reducciones igualmente transcritas, se contiene una letra específica para señalar que sea preciso que el negocio se documente en documento público, pero ello no desvirtúa el hecho de que la donación de empresa individual, caso que nos ocupa, no requiera su formalización en escritura pública.
Resumen: Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Siendo por ello que se regula la protección de las familias numerosas. Este precepto no solo constituye fundamento de la bonificación tributaria de que ahora conocemos, sino también criterio de interpretación. Conforme al art. 29 del Código Civil, al concebido se le tendrá por nacido a todos los efectos que le sean favorables. Es procedente considerar al hijo concebido como nacido, en la fecha de devengarse este impuesto y a los efectos de determinar su importe. No pudiéndose diferenciar lo que beneficia económicamente a los padres y de lo que beneficia a este hijo no nacido.
Resumen: Si toda la prestación por jubilación proviene de aportaciones que sí pudieron ser minoradas o reducidas en la base imponible del impuesto, la prestación se integra en su totalidad en la base imponible como rendimientos del trabajo; mientras que si la prestación por jubilación trae causa tanto de aportaciones que fueron reducidas o minoradas como de otras que no lo fueron, la integración se efectúa en la medida en que la prestación exceda de las aportaciones no minoradas, es decir, hay reducción de la integración de la prestación en la parte que se corresponde con cuotas que no fueron minoradas o reducidas, justamente porque éstas ya tributaron; por el contrario, si toda la prestación se corresponde con aportaciones que no pudieron ser minoradas ni reducidas en la base imponible, no procede la integración de la prestación en la base imponible del impuesto como rendimientos del trabajo. Asimismo, al no constar la cuantía concreta de las aportaciones a la ITP que no pudieron ser objeto de reducción o minoración en la base imponible, la reducción a aplicar sobre la proporción de la pensión será del 25 por 100, conforme dispone el apartado 3 de la citada disposición transitoria.
Resumen: La sentencia conoce de un supuesto en el que el transmitente de las participaciones no acredita que el precio declarado sea el de mercado entre partes independientes, pero aporta múltiples informes económicos de valoración de la empresa, que a su vez ofrecen resultados muy distintos entre sí. Declara que el interés de la ceustión residía en si el valor ínfimo declarado de cada participación era o no el de mercado, y no cumpliendo esta carga de la prueba, tampoco hace cuestión que el aplicado es el mayor de entre los dos teóricos que recoge la ley del tributo, sin que sea de interés en este aspecto la valoración de la empresa según los distintos métodos económicos que propone.
