Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar el día inicial para el cómputo de los intereses de demora en los supuestos en que la prestación de servicios continúe, a solicitud de la Administración, una vez finalizada la duración del contrato de servicios.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en reafirmar, complementar, matizar y, en su caso, corregir o rectificar la doctrina jurisprudencial referida a las prórrogas de las concesiones demaniales en dominio público marítimo-terrestre y, concretamente, determinar si la duración de la prórroga de las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, debe establecerse conforme a los criterios que previene el artículo 135 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. Precedentes jurisprudenciales: SSTS nº 642/2023, de 18 de mayo (RCA 8431/2021) y nº 265/2023 y nº 260/2023, de 2 de marzo (RCA 8406/2021 y 70/2022).
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en reafirmar, complementar, matizar y, en su caso, corregir o rectificar la doctrina jurisprudencial referida a las prórrogas de las concesiones demaniales en dominio público marítimo-terrestre existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, y concretamente, determinar: (i) el eventual carácter no reglado de estas prórrogas y la posibilidad de su denegación por razones de interés general -singularmente de naturaleza medioambiental o por seguridad de las personas- y ello aun cuando la prórroga en cuestión verse sobre una concesión referida a una actividad para la que no resulta exigible informe ambiental autonómico; y (ii) si el plazo de concesión de la prórroga ha de ser necesariamente por 75 años o, tratándose este de un plazo máximo, puede modularse su duración en función de los usos específicos y atendiendo a dichas razones de interés general. Precedentes jurisprudenciales: SSTS nº 642/2023, de 18 de mayo (RCA 8431/2021) y nº 265/2023 y nº 260/2023, de 2 de marzo (RCA 8406/2021 y 70/2022). Relacionado con: RC 2929/2023.
Resumen: La sección de admisión aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de la siguiente cuestión: determinar si, en el marco de un contrato de concesión para la conservación y explotación de autovías en régimen de peaje, se debe ponderar o no el grado de culpabilidad del concesionario, cuando se trata de aplicar penalidades previstas en el pliego en función de índices o indicadores objetivos de estado y calidad del servicio, específicamente el referido a seguridad vial.
Resumen: Nulidad de contrato de préstamo y de garantía hipotecaria vinculados a productos financieros complejos por la participación de entidades de inversión colectiva que no tienen autorización para actuar en España. El préstamo litigioso no se concedió con la única finalidad de dotar de capital a los prestatarios sino que estaba incluido en un negocio jurídico conexo por el cual el dinero obtenido con el préstamo se invertía casi en su totalidad en un fondo de inversión sugerido por la propia prestamista, que además contrató un seguro de vida con prima única. El conjunto compuesto por el préstamo y su aplicación a un fondo de inversión constituye un instrumento financiero de los enumerados en el art. 2 LMV, el cual incluye las participaciones y acciones de instituciones de inversión colectiva, así como las de las entidades de capital-riesgo y las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. Quien manejaba el fondo inversor era la misma sociedad prestamista y las demás empresas intervinientes eran meros agentes suyos. Resulta artificioso pretender que se demandara a terceras empresas cuando quien manejaba el fondo inversor era la misma sociedad prestamista y tales empresas eran meros agentes suyos. Las entidades comercializadoras de instrumentos financieros deben estar inscritas en los correspondientes registros administrativos y tener autorización para tal actividad. Los efectos restitutorios son los derivados del art. 1303 CC adaptados a las peculiaridades del caso.
Resumen: Acción de nulidad del clausulado multidivisa, con las consecuencias derivadas de tal pronunciamiento, estimada en las instancias por falta de transparencia por la insuficiencia del documento de primera disposición. No existen medios tasados para obtener el resultado que con el requisito de la transparencia material se persigue: un consumidor suficientemente informado. En este caso, procede declarar en casación, como juicio de valoración jurídica, que la conclusión de la Audiencia sobre que dicho documento era insuficiente a efectos de transparencia no se ajusta a la doctrina jurisprudencial, por cuanto que ofreció una información suficiente, y fácilmente comprensible, sobre las características y riesgos del producto. Como quiera que la AP no resolvió el resto de cuestiones, se acuerda devolver las actuaciones para que dicte nueva sentencia, resolviendo todas las cuestiones de hecho y derecho derivadas de la interposición del recurso de apelación
Resumen: Acción de nulidad de clausulado multidivisa, estimada en ambas instancias, por falta de transparencia por insuficiencia del documento de solicitud de préstamo o documento de primera disposición. Excepcionalidad del control de la valoración probatoria del tribunal sentenciador. No todos los errores tienen relevancia. Requisitos para ello. La conclusión de la sentencia recurrida, sobre la insuficiencia de la información precontractual recibida por los consumidores, sin dar el valor pretendido por la entidad bancaria a la segunda hoja del denominado documento de primera disposición cuando no aparece firmada por los prestatarios, podrá ser cuestionada, pero no cabe establecer que muestre un error patente o arbitrariedad. En consecuencia, el plantamiento del recurso de casación incurre en hacer supuesto de la cuestión al obviar esa base fáctica. La falta de transparencia de las cláusulas relativas a la denominación en divisa del préstamo no es inocua para el consumidor. Es intrascendente que el consumidor tuviera la oportunidad temporal de modificar la divisa a la que referenciaba el préstamo. Necesidad de que la información que ha de facilitar la comprensión del funcionamiento de la cláusula sea recibida por el cliente con antelación suficiente, siendo intrascendente la recibida en el momento de la escritura o en otro posterior. Improcedente planteamiento de cuestión prejudicial europea.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; redacción clara e inteligible para un consumidor medio; de fácil comprensión por cualquier consumidor de las consecuencias jurídicas y económicas que supone la definitiva supresión de la cláusula suelo previa aplicación temporal de un interés remuneratorio a tipo fijo. La novación pactada no dejó sin objeto la acción de nulidad de la cláusula suelo, pues ésta provoca efectos restitutorios ex tunc y la novación sólo efectos ex nunc. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones que es abusiva porque adolece de falta de transparencia ya que no consta acreditado que se hubieran facilitado al consumidor los datos e información exigible sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dicha renuncia. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS de Pleno 44/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019, que se recoge en STS la 457/2020. Carácter abusivo de las cláusulas de gastos en préstamos hipotecarios anteriores a la Ley 5/2019: de no existir la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, puesto que en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables no le corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de esos gastos. Esas cláusulas implican un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes. Efectos de la declaración de abusividad: a) Los gastos notariales de constitución del préstamo deben ser abonados por mitad por ambas partes, los de la escritura de cancelación por el prestatario y los de las copias por quien las solicite; b) Los gastos de gestoría (conforme a STS 555/2020) y los de tasación (conforme a STS Pleno 35/2021) deben ser abonados por el prestamista en tanto no sea de aplicación la Ley 5/2019. Se modifica la sentencia de apelación en el único sentido de imponer a la demanda las costas devengadas en primera instancia, sin modificar el alcance de la restitución acordada por gastos de gestoría.
Resumen: Nulidad del clausulado multidivisa, en atención a su falta de transparencia y abusividad y subsidiariamente, su anulabilidad y responsabilidad contractual de la demandada, por incumplimiento de sus obligaciones de información en relación al clausulado multidivisa, con las consecuencias derivadas de tales pronunciamientos. En primera instancia se desestimó la nulidad del clausulado multidivisa en atención a la normativa de protección de consumidores y sobre cláusulas abusivas, al examinar la información precontractual del documento denominado de "primera disposición" pues advertía expresamente sobre los riegos y exoneraba al banco de los mismos. En apelación, se estimó el recurso de los actores al considerar que el documento denominado de primera disposición con la información necesaria para el conocimiento del contrato fue entregado solo 4 días antes de la firma de la escritura y ello no era suficiente. Interpuestos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal la sala estimó el recurso de casación. Examinó el documento de primera disposición aportado con la contestación a la demanda y conforme a lo dispuesto en SSTS 613/2022. de 20 de septiembre, 418/2023, de 28 de marzo o 1083/2023, de 4 de julio consideró que la información que aportaba era suficiente y que, de acuerdo con lo dispuesto en STS 1054/2023 de 28 de junio, se había entregado con antelación suficiente para cumplir con el deber de transparencia. Devolución de las actuaciones a la Audiencia.
